Introducción
La política comercial de los países tiene varios instrumentos
sobre los que basan su accionar, de ellos los aranceles son
los más antiguos y sencillos de aplicar (Hill, 2015), estos no
son más que los derechos de aduana que gravan los países
a las mercancías importadas, a través de los cuales
obtienen una ventaja en materia de precios para las
mercancías producidas en el país con respecto a sus
similares importadas, además de que constituyen una
fuente de ingresos para los gobiernos (OMC, 2019). Su
aplicación ha sido recurrente y proteccionista, cuyos
resultados no siempre son positivos, así vemos que la
historia comercial de Latinoamérica ha estado marcada por
la Industrialización por Sustitución de Importaciones que se
la empleó como estrategia de desarrollo entre los años
cincuenta y los ochenta y que se convirtió en un legado
ideológico y actitudinal que terminó convirtiéndose en el
mayor obstáculo para la adopción de nuevas prácticas que
tornen competitivos a los países en el entorno internacional
(Pérez, 1996). No obstante, los incontenibles efectos de la
globalización que, aunque para muchos es una actitud
mental (Vargas, 2007), es en realidad la integración de la
economía mundial que ha cambiado la forma de actuar de
las sociedades, ha derribado barreras culturales, políticas y
económicas (Zúñiga; Espinoza; Campos; Tapia; Muñoz,
2016) obligando a los países a cambiar sus estrategias de
producción y de comercialización. Ha significado, además,
un giro a la política comercial, tornándola más abierta e
inclinada hacia acuerdos comerciales que proporcionan un
ambiente institucional más estable y promueven un flujo
comercial más intenso, favoreciendo la integración
productiva (Corbella, 2017). Esta es una tendencia que en
la última década del siglo anterior estaba ya bien
identificada, tal como lo afirman Bayoumi & Eichengreen
(1997) al decir que el crecimiento de las naciones
soberanas y los consecuentes problemas con las
instituciones económicas globales son motivos para pensar
que los acuerdos económicos regionales, cuya negociación
implica menos costos de transacción, será la ola del futuro
(Bayoumi & Eichengreen, 1997), ello se comprueba
actualmente, pues, según de la Reza (2015), entre 1994 y
2014 el número de acuerdos regionales ha crecido de forma
exponencial, al punto en que en la actualidad acoge a más
de la mitad del comercio mundial (De la Reza, 2015).
En este contexto, Ecuador firmó un acuerdo comercial con
la Unión Europea, el cual entró en vigencia a partir de enero
de 2017 (SNC Pública, 2020). La importancia del mercado
europeo para el Ecuador es tal que, si verificamos el flujo
comercial no petrolero, constituye el principal socio
comercial para el país (Unión Europea, 2020). Es por lo que
medir los efectos de la aplicación del acuerdo comercial
resulta especialmente importante, pues esos resultados
facilitarán un análisis objetivo y podrían conducir a una toma
de decisiones favorables para orientar la producción
nacional y el enfoque adecuado de las líneas de productos
a exportar e importar, hacia y desde la Unión Europea.
Un primer estudio sobre este tema lo realizaron los autores
cuando se cumplieron 18 meses de vigencia del acuerdo, al
haber transcurrido tres años, consideramos un buen
momento para revisar los avances en cuanto al intercambio
de productos no petroleros y verificar los efectos de la
aplicación del acuerdo comercial entre los dos socios.
Revisión de literatura
Los procesos de integración económica y los tratados de
libre comercio (TLC) se han desarrollado en medio de
criterios contrapuestos, por un lado están quienes
consideran que la globalización y los TLC profundizan las
inequidades por lo que es necesario diseñar las estrategias
para afrontarlas, ya que si el libre comercio se lo
desarrollara en forma franca y entre países iguales con
economías simétricas sería ideal, pero la realidad es que en
un mundo multipolar afectado por una profunda crisis
financiera los supuestos del libre comercio son
cuestionables (Falcony y Oleas, 2012); por otro lado están
quienes consideran que no hay países autosuficientes, ni
siquiera los más desarrollados que obtienen los recursos
que carecen a través de acuerdos y negociaciones, por lo
que el desarrollo del comercio internacional hace que los
países prosperen (Villagómez, 2017), puntualmente en
relación con el acuerdo multipartes se ha dicho que significa
profundizar la integración económica garantizando la libre
circulación de bienes y servicios y la aplicación de reglas
comunes en distintos campos (Sanahuja, 2013). En
cualquier caso, las relaciones comerciales transnacionales
y la firma de acuerdos comerciales constituyen una pieza
clave en la estrategia geopolítica de los países, haciendo
que las cuestiones relacionadas al libre comercio adquieran
una importancia extraordinaria en sus agendas ya que son
conscientes de que parte de su liderazgo mundial se juega
en los tratados de libre comercio; lo expuesto ha dado lugar
al incremento de los acuerdos comerciales tanto en número
como en alcance geográfico, con la particularidad de que
últimamente hay mayor profundidad y amplitud de los
asuntos abordados ya que en los tratados nuevo siglo
incorporan temas de interés social y económico como los
derechos laborales, la protección de datos, anticorrupción,
el medioambiente o la salud, entre otros (Lucio, 2019).
En ese nuevo entorno político y económico, los países de
América Latina empezaron a abrir sus mercados
procurando la integración de la región en aras de hacer de
ella un espacio que favorezca el diálogo y los acuerdos
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales
que permitan adoptar estrategias a través de las cuales se
genere apertura de mercados, zonas de libre comercio,
uniones aduaneras, eliminación de restricciones
arancelarias y otros mecanismos (Herrera, 2017). La
subregión andina propició su propio espacio de integración
cuando el 26 de mayo de 1969 suscribe el Acuerdo de
Cartagena, Tratado Constitutivo que fija los objetivos de la
integración andina, a partir de entonces se puso en marcha
el proceso andino de integración conocido primeramente
como Pacto Andino, en la actualidad Comunidad Andina
(CAN, 2019). Actualmente, la CAN está conformada por
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y ha impulsado varios
procesos para promover el desarrollo de los países
miembros y mejorar el nivel de vida de sus habitantes.
La CAN y la Unión Europea inician los acercamientos para
la firma de un acuerdo comercial en la década de los