Entre las políticas de restricción de importaciones
aplicadas, destacaron las salvaguardias cambiarias, que
iniciaron el 5 de enero del 2015 y se impusieron sobre
productos importados desde países fronterizos, siendo
sustituida el 11 de marzo del mismo año por salvaguardias
por balanza de pagos, más amplias y agresivas, con
sobretasas arancelarias del 5% al 45% en más de 2.800
partidas, cuyo propósito era precautelar el saldo en
balanza comercial, y con ello, el sistema monetario
dolarizado (Ministerio de Comercio Exterior, 2015).
Así, después de siete años consecutivos de déficit
comercial, en el 2016 se logró un superávit de US$1,2 mil
millones, que no se explicó por el aumento de la
competitividad del sector exportador, sino por la reducción
del 41% del monto importado en el 2015 y 2016, sufriendo
las mayores contracciones las importaciones de
combustibles y lubricantes con una reducción del 61%
(perjudicadas también por la baja del precio del crudo),
mientras que las importaciones de bienes de capital
cayeron en 41%, de consumo en 35% y de materias
primas en 30% (Banco Central del Ecuador, 2019).
Aunque las salvaguardias se concibieron con una duración
de 15 meses, por la coyuntura desfavorable, se amplió su
plazo de caducidad hasta mediados del 2017. Próximas a
su expiración, diversos sectores propusieron negociar con
la Comunidad Andina de Naciones la implementación de
salvaguardias cambiarias automáticas que se activen con
la devaluación de las monedas de Colombia y Perú, sin
que la iniciativa sea aceptada por el Lcdo. Moreno, quien
ordenó la aplicación inmediata del cronograma progresivo
para su eliminación (Menéndez, T., 2017), por lo cual, las
importaciones crecieron en US$3,5 mil millones entre el
2016 y 2017, reduciendo el superávit comercial a US$89
millones, y para el 2018, alcanzaron los US$22,1 mil
millones, superando al monto importado en el 2015, y
generando un déficit comercial de US$515 millones.
Se evidencia que la necesidad latente de modificar la
matriz productiva ecuatoriana, complementada con la
ideología denominada socialismo del siglo XXI, y
financiada con recursos coyunturales provenientes del
precio extraordinario del petróleo crudo, así como
estructurales producto de la intensificación tributaria,
generaron un modelo económico que se cristalizó en OD
presentes en los tres Planes Nacionales de Desarrollo de
los correspondientes mandatos de Rafael Correa, y con
menor intensidad en el del gobierno de Lenin Moreno,
surgiendo una renacida propuesta de ISI, que al estilo
cepalino de tinte keynesiano, requirió de un Estado
planificador y direccionador de las actividades económicas,
cuya intervención proteccionista procuró aminorar, sino
eliminar, la competencia para una industria naciente cuya
demanda se limitó al mercado nacional (Iturralde Durán,
2019).
Tomando líneas neomarxistas y weberianas de la teoría de
la dependencia, el modelo endógeno identificó áreas
prioritarias de desarrollo productivo, así como sectores
económicos donde emergerían las industrias locales, cuya
productividad debería crecer paulatinamente hasta lograr
la exportación de productos con alto valor agregado,
mejorando los términos de intercambio, e insertando al
país de una mejor manera al comercio internacional (Polo,
2016).
Es conocido que la implementación de la ISI demanda de
un aparataje público voluminoso que se traduce en un
gasto público elevado, por lo que el gobierno requiere de
recursos suficientes para financiarlo durante el periodo en
que se mantengan las barreras al comercio y la industria
nacional gane competitividad. El exceso de paternalismo, y
el apoderamiento de la oligarquía sobre la toma de
decisiones públicas, derivaron en el fracaso del modelo en
gran parte de los países latinoamericanos que lo aplicaron,
originándose los déficits gemelos, es decir, la presencia
simultánea de déficit comercial y déficit fiscal.
En el contexto coyuntural de los elevados precios del
crudo que generaron ingresos extraordinarios al país, el
intento de acoplar un modelo de ISI no tuvo los resultados
esperados, esto es, un cambio en la matriz productiva,
pues el incremento del gasto superó al de los ingresos
públicos, provocando un déficit creciente que se amortiguó
con ahorro externo, en forma de deuda externa, preventas
petroleras, entre otros. Además, la ausencia de política
monetaria producto de la dolarización, mermó el accionar
del ejecutivo que enfrentó una balanza comercial con un
déficit que aumentó a ritmos importantes, poniendo en
riesgo al sistema monetario, y provocando la aplicación de
las controversiales salvaguardias, que no fueron más que
una medida coyuntural para aplacar un problema
estructural que no ha sido resuelto hasta la actualidad.
Con egresos que crecen a tasas superiores a los ingresos
públicos, e incluso a los de la economía, y con
importaciones cuyo aumento rebasa al de las
exportaciones, de tal forma que la tercera parte de cada
dólar en que crece la economía se destina al consumo de
productos importados, aparecen en el 2008, y persisten
hasta hoy, los déficits gemelos que mermaron la intención
inicial de fomentar el sector secundario, desembocando en
un proceso de industrialización débil y una economía aun
más dependiente del ahorro externo.
Conclusiones
La adopción del dólar como moneda de uso forzoso,
profundizó los problemas de competitividad internacional
del Ecuador, cuya dependencia de las remesas de los
emigrantes y del precio internacional del crudo, variables
que no responden a las políticas nacionales, así como la
concentración de las exportaciones en un solo producto
primario (el petróleo crudo) y un solo destino (Estados
Unidos), revelan la alta vulnerabilidad de su economía ante
shocks externos y contagios de crisis internacionales.
Con el objetivo de cambiar esta realidad, los planes de
desarrollo vigentes entre el 2007 y 2017, orientaron el
accionar público hacia la transformación de la matriz
productiva precautelando el saldo en balanza de pagos,
propuesta basada en el modelo cepalino ISI, que inició en
el 2008 en el contexto de una recesión global, y se utilizó
como justificativo para incrementar significativamente el
gasto público, conllevando a un marcado déficit
presupuestario que, conjuntamente con la necesidad de