REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 27 - 40 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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• Michelle Parra
• Esteban Carrera
En este contexto, Ecuador es uno de los países que ha realizado menos pruebas para diagnosticar COVID-19. Además, los tests
se han enfocado de manera preferencial en la población con síntomas de neumonía, y esta puede ser una de las razones por las
cuales su porcentaje de positividad de 34,59% es uno de los más altos, no solo a nivel mundial sino también en el continente
americano. Sin embargo, también hay que aclarar que este porcentaje podría incrementar significativamente cuando se
terminen de analizar más de 40.000 muestras pendientes.
A su vez, es preocupante que todas las provincias de la Amazonía presenten las cifras más altas de casos de COVID-19
acumulados por cada 10.000 habitantes, principalmente porque dadas sus condiciones sociales y económicas, es difícil que
puedan acceder a una asistencia médica oportuna y eficaz cuando contraigan la enfermedad. Sin embargo, su elevada tasa de
positividad también se puede explicar porque son las provincias con menor población del país. Por esta razón, sería
fundamental conocer el número de pruebas PCR y rápidas que se han realizado en cada provincia para poder calcular el
porcentaje de positividad y tomar medidas basadas en evidencia y adaptadas a la realidad que enfrenta cada provincia.
En este sentido, Ecuador no debería flexibilizar por completo las medidas adoptadas para combatir la pandemia porque a pesar
de que la curva de contagios ha mostrado un crecimiento lento en las provincias de Guayas y Santa Elena, que al inicio eran los
epicentros de la enfermedad, en el resto de las provincias se observa un incremento acelerado a partir de mayo que coincide con
el desconfinamiento en el país. Además, las cifras de los indicadores de la evolución del COVID-19 en el país aún se
encuentran sobre la media mundial y según la OMS no es recomendable levantar las medidas de confinamiento, sobre todo
cuando la tasa de positividad en los exámenes practicados es mayor al 10%.
Por otra parte, en provincias como Carchi, Imbabura, Azuay, Cotopaxi, Loja, Sucumbíos, y Tungurahua, que en los primeros
meses tuvieron pocos casos, desde el mes de mayo se evidencia un incremento significativo; mientras que la curva de las provin-
cias que tuvieron el mayor número de casos en los meses de marzo y abril, no se ha estancado, únicamente crece de manera lenta.
Por esta razón, las autoridades deben reforzar las medidas de prevención y el compromiso comunitario, principalmente en las
provincias donde se observa un crecimiento acelerado del número de casos positivos durante los últimos meses.
Otro indicador que nos permite conocer la gravedad de la enfermedad es la tasa de letalidad que se refiere al número de
fallecidos con relación al total de personas contagiadas con una determinada enfermedad en un momento específico (Morán,
2020). A nivel mundial la letalidad para COVID-19 es de 3,45% y para América es de 4%. Hasta el 31 de agosto, Ecuador tenía
una tasa de letalidad de 5,76%, convirtiéndose en el tercer país de la región con el mayor porcentaje de letalidad para
COVID-19, después de México (11%) y Canadá (8%). Este porcentaje incrementa a 9,25% si se consideran a los fallecidos
probables por la enfermedad.
Según la evolución de la tasa de letalidad del COVID-19 en Ecuador, la media mundial se superó desde la tercera semana de
marzo hasta la actualidad y su incremento fue significativo en los meses de abril a mayo. Sin embargo, a pesar de que el
porcentaje de letalidad ha decrecido desde junio, el valor aún sigue siendo preocupante. Como mencionan Gómez y Orellana
(2020), la letalidad es un indicador que varía por múltiples factores como el número de test realizados e informados, número
de camas de hospitalización y camas de cuidados intensivos, capacidad de atención hospitalaria y el número de profesionales
de salud capacitados para la atención. Es así que, a nivel provincial, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí y El Oro presentan
las tasas más altas de letalidad porque fueron los primeros lugares donde se propagó el virus y su sistema de salud colapsó.
Actualmente, la curva de letalidad en las provincias del Ecuador, con excepción de Galápagos, muestran un incremento durante
el último mes, siendo Sucumbíos la que mayor aumento ha presentado. Como mencionan Inca e Inca (2020), es importante
analizar la tasa de letalidad para fortalecer las medidas de prevención en aquellas provincias que tienen pocos o ineficientes
servicios de salud y baja capacidad de respuesta. Por esta razón, hay que poner especial atención en las provincias de la Ama-
zonía y en Carchi, Imbabura, Loja y Azuay porque la cifra de contagios ha crecido significativamente durante los meses de
julio y agosto.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.