REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 53 - 61 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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• Angélica González
INTRODUCCIÓN
El mundo se encuentra enfrentando la pandemia del SARS-CoV-19, enfermedad infecciosa que se ha expandido a más de 188
países, generando efectos en la vida humana a nivel de salud, social, económico, político. A medida que los países se ven
obligados a declarar un estado de cuarentena obligatoria, con el fin de evitar el contacto social y salvaguardar la vida de las
personas, surge un conjunto de efectos colaterales con efecto dominó como la caída de los mercados bursátiles mundiales,
negocios, comercializadores (Patel, 2020), el cierre de fronteras y con ello la imposibilidad del intercambio comercial y
turístico, el cierre de empresas multinacionales de turismo, la paralización de la cadena de transporte aérea, terrestre, maríti-
mo por tanto el colapso de puntos referenciales de turismo del mundo y del Ecuador.
El análisis de la cadena turística desde las empresas constituidas hasta los pequeños emprendimientos arroja resultados donde
los hoteles, restaurantes, guías de turismo, centros comunitarios (Zumba, 2020) apenas podrían resistir la ausencia de trabajo
por 31 días; sin embargo, el tiempo ha transcurrido y aquellas empresas que han logrado mantenerse se encuentran enfrentan-
do diversos riesgos estratégicos y operacionales, por ejemplo el cambio en la demanda de los clientes, el incremento de
costos, el recorte de personal, y con principal atención los problemas de protección de la salud y seguridad para los clientes
internos y externos. Por consiguiente, la relación entre las normas de bioseguridad y los hábitos laborales del personal que
trabajan en los establecimientos de alojamiento es un aspecto relevante en la entrega del servicio de hospedaje y a su vez en
caso de omisión podría constituir un factor de riesgo en la transmisión del coronavirus COVID-19 ante el contacto directo o
indirecto con huéspedes, material orgánico proveniente de los turistas y/o la manipulación del mobiliario o equipamiento
hotelero; cabe indicar que desde el año 1957 la Organización Mundial de la Salud [OMS] y la Organización Sanitaria Pana-
mericana [OSP] aprobaron el primer reglamento sanitario para hoteles y restaurantes (Comité Regional Organización
Mundial de la Salud, 1957), y a partir de ese año los hoteles empezaron a tener mayor cuidado; sin embargo, pocos son los
sitios de alojamiento que estrictamente han aplicado dichas normas, y es a partir de la declaración de la pandemia cuando los
trabajadores hoteleros en conjunto con las entidades gubernamentales empiezan a trabajar en la validación y aplicación de los
protocolos de bioseguridad (Ministerio de Turismo [MINTUR], 2020).
De acuerdo con Rodríguez et al., (2013) el carácter del problema de salud pública justifica la búsqueda de instrumentos capaces
de evaluar el nivel de conocimiento y cuando se trata de un problema que asecha a toda la humanidad con más razón; en ese
contexto, en la actividad turística y principalmente en la industria hotelera se vuelve trascendental el conocimiento sobre los
procesos y procedimientos que implican los protocolos de bioseguridad ante la presencia de la COVID-19, debido a que en los
establecimientos de alojamiento se recibe a un sinnúmero de personas procedentes de diferentes partes del mundo. En ese senti-
do, quienes trabajan en estos sitios deben desempeñarse profesionalmente con un alto nivel, con conocimientos que les permita
identificar en su diaria labor factores de riesgo e implementar acciones de prevención. Por consiguiente, se decidió utilizar un
cuestionario por ser una técnica poco costosa, con capacidad para llegar a un amplio número de participantes (Batista, Coenders
y Alonso, 2004), reduciendo el factor subjetivo de interactuar como entrevistadora a causa de la pandemia y generando un
análisis relativamente sencillo, que a su vez permite “garantizar la calidad de la metodología, para la cual es imprescindible que
los resultados puedan ser correctamente interpretados, y necesariamente validados los instrumentos de medición” (Carvajal,
Centeno, Watson, Martínez y Sanz, 2011).
En consecuencia, el diseño, validación y aplicación del cuestionario está dado por cuatro fases: 1) validación de expertos, 2)
aplicación de una prueba piloto, 3) cálculo de Alpha de Cronbach y 4) aplicación del pre-test y post-test en quienes participa-
ron en el programa de vinculación denominado “Protocolos para al sector hotelero y zonas de recreación y ocio ante el
COVID-19”, permitiendo evaluar el nivel de conocimiento en relación a los protocolos de bioseguridad en los trabajadores de
los establecimientos de alojamiento ubicados en la provincia de Tungurahua.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.