REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 80 - 87 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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En Venezuela el diagnóstico se ha venido realizando mayormente con los resultados obtenidos en las pruebas rápidas, ocasio-
nando un sesgo desde el punto de vista diagnóstico (Carrero, 2020). En este sentido, los casos confirmados deben ser
reportados de acuerdo con los resultados de las RT-PCR realizadas y no tomando en cuenta las pruebas rápidas. Un resultado
positivo en las pruebas rápidas de detección de| anticuerpos para la COVID-19, lo que realmente indica es que la persona
estuvo en contacto con el virus, mientras que la prueba RT-PCR, detecta ARN del virus, y si el resultado es positivo esto
indica que el paciente tiene el SARS-CoV-2, en algunos casos aun cuando no se ha producido la respuesta inmune específica
mediante el desarrollo de anticuerpos o incluso que la cantidad de estos es insuficiente para poder ser detectados (Oletta y
Walter, 2020).
El 23 de mayo de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, informó que en
Venezuela se han realizado un total de 16.577 pruebas de RT-PCR, correspondiente a un 2,37% del total de pruebas aplicadas
en el país para diagnosticar la presencia del nuevo coronavirus (Souquett, 2020). Para el 4 de agosto de 2020 se han realizado
un total de 52.042 test por millón de habitantes poniendo a Venezuela como el segundo país del continente americano en
números de pruebas para el diagnóstico de la COVID-19 realizadas (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y
Control del Coronavirus, 2020), pero al mismo tiempo se ubica en el país con menor número de pruebas moleculares realiza-
da, cuando se compara con otros países de Sur América.
Hasta el 4 de agosto de 2020 no hay información actualizada sobre el número de pruebas de RT-PCR realizadas y el número
de casos confirmados, solo se tiene el reporte de las pruebas rápidas realizadas con un total de 1.561.272, según la Comisión
Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus. La realización de pruebas de RT-PCR, hace que los
reportes de casos de cada país sean más confiables, permite identificar un mayor número de personas infectadas con síntomas,
teniendo una estimación más precisa de la magnitud de la epidemia y disminuye el sesgo de solo estar identificando los asinto-
máticos y personas mayores. Según datos aportados por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del
Coronavirus se ha reportado hasta el 4 de agosto de 2020 un total de 21.438 casos, de los cuales 12.977 masculinos 61% y
8.461 femeninos 39%. Casos activos 9.376, 11.875 recuperados y 187 fallecidos. Dentro de los primeros 5 estados con el
mayor número de casos están: Distrito Capital (5.015), Zulia (3.684), Miranda (2.703), Apure (2.008) seguido de Bolívar
(1.398) (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus, 2020).
La pandemia, no sólo encuentra a un país profundamente debilitado con un sistema sanitario destruido, una población en
medio de una emergencia humanitaria compleja y un deterioro importante en la calidad de vida, pobreza extrema, desnutri-
ción, limitado acceso a los servicios básicos como: agua, luz, gas, combustible, empleo y una caída del precio del petróleo,
sino que además esta pandemia puede tener una mayor tasa de letalidad de la enfermedad en Venezuela por la presencia de
todos estos factores que agravan las condiciones de los enfermos y el panorama actual de la pandemia en el país. Venezuela
a pesar del relativo aislamiento en el que ya se encuentra, es un potencial punto de distribución de la pandemia, esto basado
en el hecho de que tiene una amplia y fácilmente penetrable frontera con Brasil y Colombia y su conexión con el Caribe, que,
a pesar de estar sus fronteras cerradas, el intercambio de personas de forma ilegal se sigue manteniendo.
Resulta necesario e imprescindible, planificar las nuevas acciones de comunicación y orientación a la población, sobre todo
en este momento cuando está en pleno desarrollo de la fase expansiva de la epidemia, tiempo en que se acentuarán las penu-
rias, barreras y privaciones de las personas para la disponibilidad de bienes esenciales, el desarrollo de la vida normal, y el
acceso a los servicios de salud, indispensables para las personas afectadas por la pandemia y a la vez garantizar la atención
de las personas afectadas por otras causas, que también demandan servicios de atención.
Se realizó por medio de una búsqueda sistemática entre los meses marzo y agosto de 2020, en la cual se incluyeron artículos
científicos, boletines epidemiológicos, artículos en prensa e información correspondiente al comportamiento epidemiológico
de la COVID-19 en Venezuela, medidas aplicadas por el gobierno venezolano frente al coronavirus, aspectos relacionados
con la tasa de incidencia acumulada de casos confirmados según la prueba de reacción en cadena de polimerasa [PCR] y
pruebas rápidas, para el territorio nacional y entidad federal, caracterización epidemiológica de los casos confirmados de la
COVID-19 según edad y sexo, número de fallecidos y recuperados y sobre las condiciones socioeconómicas actuales que
tiene el país para enfrentar esta pandemia.
Enfermedad por coronavirus (COVID-19)
La pandemia actual de la COVID-19 representa una crisis de salud mundial aguda y de rápido desarrollo, declarada el 11 de
marzo de 2020 por la OMS. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN perteneciente al género Betacoronavirus, forma parte de las
7 especies de coronavirus que pueden causar infección en los humanos y está estrechamente relacionado con otros coronavi-
rus considerados altamente patogénicos dado que comparte información genética con el virus causante del síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), ambos son de origen zoonótico (León et al., 2020; Millán-Oñate et al., 2020;
Yang et al., 2020); en la última década se han reportado brotes de estos dos importantes coronavirus, los cuales se han caracte-
rizado ser una gran amenaza para la salud pública (Baharoon y Memish, 2019; Rothan y Byrareddy, 2020).
De acuerdo con la OMS, los signos característicos de la COVID-19 son fiebre, tos seca y fatiga; adicionalmente, se han repor-
tado síntomas como dificultad para respirar, dolores, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto o el olfato. Con
menos frecuencia se presentan síntomas como náuseas, vómitos y diarrea (Guan et al., 2020). Según Menni et al. (2020),
alrededor del 80% de los infectados presentan síntomas leves o ausencia de los mismos (asintomáticos) y generalmente no
requieren tratamiento hospitalario; otro 15% desarrolla enfermedad moderada o grave, como neumonía, edema pulmonar,
síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica múltiple o incluso la muerte (Li et al., 2020; Pierre y Harrisc,
2020; WHO, 2020;), requiriendo asistencia avanzada, en muchos casos con apoyo ventilatorio y cuidados intensivos. La
letalidad por esta enfermedad fluctúa entre 4% y 6%, con un riesgo incrementado de complicarse o morir en los casos de
personas infectadas en edades avanzadas y que además tengan enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes,
cáncer y cardiopatías (Flint y Tahrani, 2020; Rodacki, 2020; Zhou et al., 2020; Yang et al., 2020). La OMS anunció que la
COVID-19 debería caracterizarse como una nueva enfermedad pandémica (Gudbjartsson et al., 2020).
De Lusignan et al. (2020), en su estudio realizado entre la población general encontraron evidencia de posibles factores socio-
demográficos asociados con una prueba de SARSCoV- 2 positiva como: edad avanzada, el sexo masculino, habitar en zonas
menos favorecidas, vivir en un área densamente poblada, raza negra, la obesidad y la enfermedad renal crónica, exceptuando
el tabaquismo. Sin embargo, se reconoce la necesidad de mayores estudios para dilucidar con mayor robustez los resultados.
La susceptibilidad al virus es general, debido a que se trata de un agente infeccioso nuevo para el humano y su comportamien-
to se está evaluando continuamente a fin de identificar los factores de riesgo o de protección inherentes a la infección; en la
actualidad, se encuentran en curso estudios de investigación para el desarrollo de vacunas que prevengan el contagio o de
medicamentos que contengan la historia natural de la enfermedad en el hombre. Al ser una enfermedad transmisible por la vía
aérea, la aplicación de medidas de control para limitar la transmisión es bastante compleja, ya que van desde la recomenda-
ción de uso de mascarilla hasta la restricción de viajes y comercio internacional, pasando por cuarentena masiva, aislamiento
estricto de casos confirmados, entre otras (Sánchez et al., 2020).
COVID-19 en Venezuela
A raíz de la declaración realizada por el director de la OMS, el 30 de enero de 2020, algunos países latinoamericanos comenzaron
a tomar previsiones e implementar medidas extraordinarias de seguridad y salud pública ante el posible arribo de la enfermedad
a sus territorios. El virus entra a Venezuela el 13 de marzo de 2020, donde las autoridades reportaron los dos primeros casos
que resultaron ser importados y en función de esa información, se sumó como uno de los últimos países de América Latina
en reportar casos de infectados y declarar estado de alarma nacional (Olmo, 2020). El 21 de marzo se reportó la primera
muerte a consecuencia de la enfermedad (Reuters, 2020). Posteriormente se detectó y reportó un caso importado que presentaba
síntomas desde el 29 de febrero de 2020 (Fermín, 2020). Se cree que la primera persona portadora del virus ingresó al país el
25 de febrero de 2020 (Souquett, 2020).
Las autoridades venezolanas comenzaron a realizar protocolos para contener la enfermedad como: suspensión de vuelos
nacionales e internacionales, cuarentena social extendida a todo el país y cierre de frontera con Colombia y Brasil. Sin embargo,
a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando y todas las medidas sanitarias implementadas, la cantidad de
contagios y la rápida propagación del virus siguen en ascenso, poniendo actualmente al país en cuarentena radical. En el país
no hay información precisa con respecto al número de casos importados y a los que tiene relación con estos, tampoco con los
considerados casos propios debido a brotes o cadenas de transmisión comunitaria, a partir de casos de origen desconocido, lo
cual hace que aumente la dificultad para la contención. Es de hacer notar las inconsistencias, limitaciones y contradicciones
de los datos ofrecidos por los voceros oficiales, y la ausencia de un boletín epidemiológico periódico, que permita analizar los
datos con detalle. Otra situación que se ha suscitado en el país es que se desconoce el número actualizado de casos sospechosos
o probables, así como lo recomienda la OMS-OPS y cuántos han sido descartados mediante pruebas moleculares (Souquett,
2020). Desde diciembre de 2016 fue restringido de forma arbitraria el acceso a los datos oficiales epidemiológicos, situación
que se ha mantenido hasta la actualidad (Oletta y Walter, 2020).
El diagnóstico de la enfermedad ha tenido una limitada capacidad y sigue siendo insuficiente cuando se ve que el número de
casos aumenta diariamente, para explicar el pobre desempeño en la realización de pruebas confirmatorias en el país, es necesario
mencionar que se dispone de un solo laboratorio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel [INHRR]
ubicado en la ciudad capital, autorizado para el procesamiento de las muestras a través de pruebas moleculares [RT-PCR], cuya
capacidad es alrededor de 100 a 200 pruebas diarias (Oletta y Walter, 2020), aunado al tiempo que tarda en llegar la muestra al
laboratorio, retraso en la entrega de los resultados, las dificultades para la preservación de las mismas, bajo condiciones de
refrigeración, durante el transporte, lo que contribuye a riesgos de daño y extravío del material. Todo esto trae como consecuen-
cia perjuicios para el paciente, en cuanto a la aplicación temprana del protocolo de fármacos que han establecido las autoridades
de salud, poniendo en riesgo la vida de este, por lo que se hace necesario mejorar la estrategia de control del virus para detectar
los casos y sus contactos de forma eficaz y oportuna.
Es importante conocer de forma diaria el número de pruebas de RT-PCR con el propósito de poder calcular la tasa de positivos
y de utilizar este indicador para seguir el comportamiento de la epidemia, pero hasta ahora en Venezuela se eligió erradamente
la utilización de las pruebas rápidas, basadas en la determinación serológica de anticuerpos, sin embargo, esta medida que no ha
sido recomendada por la OMS ya que estas pruebas no han sido suficientemente validadas (WHO, 2020). Es bien sabido como
se hace con otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que las pruebas serológicas, suelen ser útil para estudios de
seroprevalencia, por lo que pueden ser usadas después de la pandemia. Sin embargo, hasta ahora los únicos datos confiables que
se tienen a cerca de los casos confirmados por RT-PCR son los reportados por Sánchez et al. (2020), en un estudio realizado entre
el 21 de febrero hasta el 22 de junio de 2020 donde se obtuvo un total 4.014 casos confirmados considerados importados de otros
países, principalmente de Colombia (65%), Brasil (19%), Perú y Ecuador (4% cada uno), de 39.328 muestras recibidas para
investigación de casos sospechosos en el INHRR procedentes de todas las entidades geográficas de Venezuela para diagnóstico
por RT-PCR.
• Jennifer Gotera
• Johan Linares
COVID -19. LA PANDEMIA EN VENEZUELA
COVID -19. THE PANDEMIC IN VENEZUELA
RESUMEN
En China a principios de diciembre de 2019 fueron identificados los primeros casos de neumonía de etiología desconocida, en
la ciudad de Wuhan. Posteriormente se identificó que el causante de esta infección era un tipo de coronavirus, al cual se
denominó SARS-CoV-2, y a la enfermedad que produce COVID-19. Actualmente el continente americano es el más afectado
y Venezuela no escapa de la realidad mundial. Después de la confirmación de los primeros casos en el país, el Ministerio del
Poder Popular para la Salud [MPPS] por medio de la base de datos del Sistema Único de Información en Salud [SUIS],
manifestó una estabilidad en la incidencia de los casos hasta mediados del mes de mayo de 2020, cuando la curva de casos
confirmados presentó un cambio abrupto, esto relacionado en su mayoría con casos importados provenientes de países vecinos.
El virus afecta principalmente a las personas menores de 40 años, con una proporción importante de casos asintomáticos y una
baja tasa de mortalidad por esta enfermedad en Venezuela. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados y las medidas
sanitarias implementadas, la cantidad de contagios y la rápida propagación del virus siguen en ascenso. Esta investigación
analizará la situación de la COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela, lo que permitirá conocer cómo está afectando
esta nueva enfermedad a la población del país.
Palabras claves: COVID-19, Venezuela, pandemia, virus, SARS-CoV-2.
ABSTRACT
In China in the beginning of December 2019, the first cases of pneumonia of unknown etiology were identified in the city of
Wuhan. Subsequently, it was discovered that the cause of this infection was a type of coronavirus, called SARS-CoV-2, and
COVID-19 the disease that it produces. Currently, the American continent is the most affected, and Venezuela does not escape
the world reality. After the confirmation of the first cases in the country, the Ministry of Popular Power for Health [MPPS],
through the database of the Unified Health Information System [SUIS], expressed stability in the incidence of cases until the
middle of May 2020, when the curve of confirmed cases presented an abrupt change, this mostly related to imported cases
from neighboring countries. The virus mainly affects people under 40, with a significant proportion of asymptomatic cases
and a low mortality rate in Venezuela. However, despite all the efforts made and the health measures implemented, the
number of infections and the rapid spread of the virus continue to rise. This research will analyze the situation of COVID-19
in the Bolivarian Republic of Venezuela, which will allow us to know how this new disease is affecting the population of the
country.
Key words: COVID-19, Venezuela, pandemic, virus, SARS-CoV-2.
INTRODUCCIÓN
Una de las mayores amenazas para la humanidad es la aparición de un virus pandémico. Es bien sabido que el virus de la
influenza y coronavirus son aquellos con el mayor potencial para que se produzca tal evento. En China a principios de diciem-
bre de 2019 fueron identificados los primeros casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan,
epidemiológicamente todos tenían una exposición compartida en el mercado mayorista de mariscos donde también se
vendían animales de granja, murciélagos y serpientes (Biscayart et al., 2020; Cuartas et al., 2020; Zhu et al., 2020). Se identi-
ficó que el causante de esta infección era generado por el coronavirus, denominado SARS-CoV-2, llamada enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19), nombre oficial que anuncio la Organización Mundial de la Salud [OMS] el 22 de febrero de
2020 (León et al., 2020; Li et al., 2020).
Para el 11 de marzo del mismo año se reconoció la situación de la enfermedad como pandemia, debido a su rápida y fácil
transmisión, la cantidad de casos, mortalidad observada y su expansión a nivel mundial (OMS, 2020). Hasta principios del
mes de agosto (3 de agosto 2020), a nivel mundial se han registrado un total de 18.506.901 casos confirmados, con 700.784
muertes, siendo actualmente el continente americano el más afectado con 5.129.680 casos en total (BBC mundo, 2020).
Según los reportes de la OMS el primer caso que se reportó en América fue el 23 de enero en USA y en Latinoamérica el 27
de febrero en Brasil; y para la fecha USA es el más afectado con 4.070.480 casos confirmados, seguido de Brasil con
2.287.475 casos confirmados (Johns Hopkins University, 2020; Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada,
2020; Consórcio de veículos de imprensa, 2020). Venezuela no escapa de la realidad mundial, esta pandemia de COVID-19
se ha expandido en todo su territorio nacional (MPPS, 2020).
Después de la confirmación de los primeros casos en el país, el Ministerio del Poder Popular para la Salud [MPPS] por medio
de la base de datos del Sistema Único de Información en Salud [SUIS], manifestó una estabilidad en la incidencia de los casos
hasta mediados del mes de mayo de 2020, cuando la curva de casos confirmados presentó un cambio abrupto, esto relaciona-
do en su mayoría con casos importados provenientes de países vecinos. Desde la llegada de la pandemia a Venezuela, la
información actualizada sobre el coronavirus, pruebas realizadas, tasa de recuperados y fallecidos, entre otros, es limitada,
debido a que los portales web no dan la opción de descargar los datos correspondientes, muchos menos de realizar búsquedas
dinámicas o acceder a un portal de datos abiertos, por lo que dicha información solo se obtiene a través de noticias mostradas
en medios públicos y privados o acceder a portales que en su mayoría no tienen nada que ver con el MPPS, donde solo se
recopilan aspectos en forma de notas periodísticas, lo cual, esto ha traído como consecuencia contradicciones, divergencias,
poca transparencia en las cifras e incluso los datos se reportan de forma tardía debido a que la confirmación del diagnóstico
no se hace de forma oportuna.
La COVID-19 en Venezuela es mucho más que una crisis de salud. Hoy en día ha tenido el potencial de aumentar la crisis
social, económica y política, que ya existe en el país. Con América convertida en el epicentro mundial, mientras la vecina
Brasil y otros países latinoamericanos transitan hacia la cima de su curva de mayores contagios, Venezuela ha evitado de
momento un estallido que muchos expertos consideran inevitable, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo
como consecuencia del confinamiento de la población en las fases iniciales del contagio, sin embargo, en este momento no
parece factible que la epidemia detenga su avance, en los últimos días la estadística venezolana de contagios ha comenzado a
aumentar de forma rápida. En realidad, no importa en qué región o país del mundo, si es uno o son dos millones. Cada enfer-
mo, cada muerte, cada recuperación cuenta.
Esta investigación plantea como objetivo analizar la situación de la COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela,
dado que como esta enfermedad es nueva tanto en su aparición como en sus aspectos clínicos, permitirá conocer cómo está
afectando a la población del país.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
Jennifer Gotera ; Johan Linares
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Universidad del Zulia- Venezuela, Departamento de Salud Pública y Social. Escuela de Bioanálisis.
Facultad de Medicina, Zulia- Venezuela, E-mail: jennifergotera@hotmail.com
Universidad del Zulia- Venezuela, Departamento de Ciencias Morfológicas. Escuela de Medicina.
Facultad de Medicina, Zulia- Venezuela, E-mail: drjohanlinaresccv@gmail.com
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En Venezuela el diagnóstico se ha venido realizando mayormente con los resultados obtenidos en las pruebas rápidas, ocasio-
nando un sesgo desde el punto de vista diagnóstico (Carrero, 2020). En este sentido, los casos confirmados deben ser
reportados de acuerdo con los resultados de las RT-PCR realizadas y no tomando en cuenta las pruebas rápidas. Un resultado
positivo en las pruebas rápidas de detección de| anticuerpos para la COVID-19, lo que realmente indica es que la persona
estuvo en contacto con el virus, mientras que la prueba RT-PCR, detecta ARN del virus, y si el resultado es positivo esto
indica que el paciente tiene el SARS-CoV-2, en algunos casos aun cuando no se ha producido la respuesta inmune específica
mediante el desarrollo de anticuerpos o incluso que la cantidad de estos es insuficiente para poder ser detectados (Oletta y
Walter, 2020).
El 23 de mayo de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, informó que en
Venezuela se han realizado un total de 16.577 pruebas de RT-PCR, correspondiente a un 2,37% del total de pruebas aplicadas
en el país para diagnosticar la presencia del nuevo coronavirus (Souquett, 2020). Para el 4 de agosto de 2020 se han realizado
un total de 52.042 test por millón de habitantes poniendo a Venezuela como el segundo país del continente americano en
números de pruebas para el diagnóstico de la COVID-19 realizadas (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y
Control del Coronavirus, 2020), pero al mismo tiempo se ubica en el país con menor número de pruebas moleculares realiza-
da, cuando se compara con otros países de Sur América.
Hasta el 4 de agosto de 2020 no hay información actualizada sobre el número de pruebas de RT-PCR realizadas y el número
de casos confirmados, solo se tiene el reporte de las pruebas rápidas realizadas con un total de 1.561.272, según la Comisión
Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus. La realización de pruebas de RT-PCR, hace que los
reportes de casos de cada país sean más confiables, permite identificar un mayor número de personas infectadas con síntomas,
teniendo una estimación más precisa de la magnitud de la epidemia y disminuye el sesgo de solo estar identificando los asinto-
máticos y personas mayores. Según datos aportados por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del
Coronavirus se ha reportado hasta el 4 de agosto de 2020 un total de 21.438 casos, de los cuales 12.977 masculinos 61% y
8.461 femeninos 39%. Casos activos 9.376, 11.875 recuperados y 187 fallecidos. Dentro de los primeros 5 estados con el
mayor número de casos están: Distrito Capital (5.015), Zulia (3.684), Miranda (2.703), Apure (2.008) seguido de Bolívar
(1.398) (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus, 2020).
La pandemia, no sólo encuentra a un país profundamente debilitado con un sistema sanitario destruido, una población en
medio de una emergencia humanitaria compleja y un deterioro importante en la calidad de vida, pobreza extrema, desnutri-
ción, limitado acceso a los servicios básicos como: agua, luz, gas, combustible, empleo y una caída del precio del petróleo,
sino que además esta pandemia puede tener una mayor tasa de letalidad de la enfermedad en Venezuela por la presencia de
todos estos factores que agravan las condiciones de los enfermos y el panorama actual de la pandemia en el país. Venezuela
a pesar del relativo aislamiento en el que ya se encuentra, es un potencial punto de distribución de la pandemia, esto basado
en el hecho de que tiene una amplia y fácilmente penetrable frontera con Brasil y Colombia y su conexión con el Caribe, que,
a pesar de estar sus fronteras cerradas, el intercambio de personas de forma ilegal se sigue manteniendo.
Resulta necesario e imprescindible, planificar las nuevas acciones de comunicación y orientación a la población, sobre todo
en este momento cuando está en pleno desarrollo de la fase expansiva de la epidemia, tiempo en que se acentuarán las penu-
rias, barreras y privaciones de las personas para la disponibilidad de bienes esenciales, el desarrollo de la vida normal, y el
acceso a los servicios de salud, indispensables para las personas afectadas por la pandemia y a la vez garantizar la atención
de las personas afectadas por otras causas, que también demandan servicios de atención.
Se realizó por medio de una búsqueda sistemática entre los meses marzo y agosto de 2020, en la cual se incluyeron artículos
científicos, boletines epidemiológicos, artículos en prensa e información correspondiente al comportamiento epidemiológico
de la COVID-19 en Venezuela, medidas aplicadas por el gobierno venezolano frente al coronavirus, aspectos relacionados
con la tasa de incidencia acumulada de casos confirmados según la prueba de reacción en cadena de polimerasa [PCR] y
pruebas rápidas, para el territorio nacional y entidad federal, caracterización epidemiológica de los casos confirmados de la
COVID-19 según edad y sexo, número de fallecidos y recuperados y sobre las condiciones socioeconómicas actuales que
tiene el país para enfrentar esta pandemia.
Enfermedad por coronavirus (COVID-19)
La pandemia actual de la COVID-19 representa una crisis de salud mundial aguda y de rápido desarrollo, declarada el 11 de
marzo de 2020 por la OMS. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN perteneciente al género Betacoronavirus, forma parte de las
7 especies de coronavirus que pueden causar infección en los humanos y está estrechamente relacionado con otros coronavi-
rus considerados altamente patogénicos dado que comparte información genética con el virus causante del síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), ambos son de origen zoonótico (León et al., 2020; Millán-Oñate et al., 2020;
Yang et al., 2020); en la última década se han reportado brotes de estos dos importantes coronavirus, los cuales se han caracte-
rizado ser una gran amenaza para la salud pública (Baharoon y Memish, 2019; Rothan y Byrareddy, 2020).
De acuerdo con la OMS, los signos característicos de la COVID-19 son fiebre, tos seca y fatiga; adicionalmente, se han repor-
tado síntomas como dificultad para respirar, dolores, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto o el olfato. Con
menos frecuencia se presentan síntomas como náuseas, vómitos y diarrea (Guan et al., 2020). Según Menni et al. (2020),
alrededor del 80% de los infectados presentan síntomas leves o ausencia de los mismos (asintomáticos) y generalmente no
requieren tratamiento hospitalario; otro 15% desarrolla enfermedad moderada o grave, como neumonía, edema pulmonar,
síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica múltiple o incluso la muerte (Li et al., 2020; Pierre y Harrisc,
2020; WHO, 2020;), requiriendo asistencia avanzada, en muchos casos con apoyo ventilatorio y cuidados intensivos. La
letalidad por esta enfermedad fluctúa entre 4% y 6%, con un riesgo incrementado de complicarse o morir en los casos de
personas infectadas en edades avanzadas y que además tengan enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes,
cáncer y cardiopatías (Flint y Tahrani, 2020; Rodacki, 2020; Zhou et al., 2020; Yang et al., 2020). La OMS anunció que la
COVID-19 debería caracterizarse como una nueva enfermedad pandémica (Gudbjartsson et al., 2020).
De Lusignan et al. (2020), en su estudio realizado entre la población general encontraron evidencia de posibles factores socio-
demográficos asociados con una prueba de SARSCoV- 2 positiva como: edad avanzada, el sexo masculino, habitar en zonas
menos favorecidas, vivir en un área densamente poblada, raza negra, la obesidad y la enfermedad renal crónica, exceptuando
el tabaquismo. Sin embargo, se reconoce la necesidad de mayores estudios para dilucidar con mayor robustez los resultados.
La susceptibilidad al virus es general, debido a que se trata de un agente infeccioso nuevo para el humano y su comportamien-
to se está evaluando continuamente a fin de identificar los factores de riesgo o de protección inherentes a la infección; en la
actualidad, se encuentran en curso estudios de investigación para el desarrollo de vacunas que prevengan el contagio o de
medicamentos que contengan la historia natural de la enfermedad en el hombre. Al ser una enfermedad transmisible por la vía
aérea, la aplicación de medidas de control para limitar la transmisión es bastante compleja, ya que van desde la recomenda-
ción de uso de mascarilla hasta la restricción de viajes y comercio internacional, pasando por cuarentena masiva, aislamiento
estricto de casos confirmados, entre otras (Sánchez et al., 2020).
COVID-19 en Venezuela
A raíz de la declaración realizada por el director de la OMS, el 30 de enero de 2020, algunos países latinoamericanos comenzaron
a tomar previsiones e implementar medidas extraordinarias de seguridad y salud pública ante el posible arribo de la enfermedad
a sus territorios. El virus entra a Venezuela el 13 de marzo de 2020, donde las autoridades reportaron los dos primeros casos
que resultaron ser importados y en función de esa información, se sumó como uno de los últimos países de América Latina
en reportar casos de infectados y declarar estado de alarma nacional (Olmo, 2020). El 21 de marzo se reportó la primera
muerte a consecuencia de la enfermedad (Reuters, 2020). Posteriormente se detectó y reportó un caso importado que presentaba
síntomas desde el 29 de febrero de 2020 (Fermín, 2020). Se cree que la primera persona portadora del virus ingresó al país el
25 de febrero de 2020 (Souquett, 2020).
Las autoridades venezolanas comenzaron a realizar protocolos para contener la enfermedad como: suspensión de vuelos
nacionales e internacionales, cuarentena social extendida a todo el país y cierre de frontera con Colombia y Brasil. Sin embargo,
a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando y todas las medidas sanitarias implementadas, la cantidad de
contagios y la rápida propagación del virus siguen en ascenso, poniendo actualmente al país en cuarentena radical. En el país
no hay información precisa con respecto al número de casos importados y a los que tiene relación con estos, tampoco con los
considerados casos propios debido a brotes o cadenas de transmisión comunitaria, a partir de casos de origen desconocido, lo
cual hace que aumente la dificultad para la contención. Es de hacer notar las inconsistencias, limitaciones y contradicciones
de los datos ofrecidos por los voceros oficiales, y la ausencia de un boletín epidemiológico periódico, que permita analizar los
datos con detalle. Otra situación que se ha suscitado en el país es que se desconoce el número actualizado de casos sospechosos
o probables, así como lo recomienda la OMS-OPS y cuántos han sido descartados mediante pruebas moleculares (Souquett,
2020). Desde diciembre de 2016 fue restringido de forma arbitraria el acceso a los datos oficiales epidemiológicos, situación
que se ha mantenido hasta la actualidad (Oletta y Walter, 2020).
El diagnóstico de la enfermedad ha tenido una limitada capacidad y sigue siendo insuficiente cuando se ve que el número de
casos aumenta diariamente, para explicar el pobre desempeño en la realización de pruebas confirmatorias en el país, es necesario
mencionar que se dispone de un solo laboratorio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel [INHRR]
ubicado en la ciudad capital, autorizado para el procesamiento de las muestras a través de pruebas moleculares [RT-PCR], cuya
capacidad es alrededor de 100 a 200 pruebas diarias (Oletta y Walter, 2020), aunado al tiempo que tarda en llegar la muestra al
laboratorio, retraso en la entrega de los resultados, las dificultades para la preservación de las mismas, bajo condiciones de
refrigeración, durante el transporte, lo que contribuye a riesgos de daño y extravío del material. Todo esto trae como consecuen-
cia perjuicios para el paciente, en cuanto a la aplicación temprana del protocolo de fármacos que han establecido las autoridades
de salud, poniendo en riesgo la vida de este, por lo que se hace necesario mejorar la estrategia de control del virus para detectar
los casos y sus contactos de forma eficaz y oportuna.
Es importante conocer de forma diaria el número de pruebas de RT-PCR con el propósito de poder calcular la tasa de positivos
y de utilizar este indicador para seguir el comportamiento de la epidemia, pero hasta ahora en Venezuela se eligió erradamente
la utilización de las pruebas rápidas, basadas en la determinación serológica de anticuerpos, sin embargo, esta medida que no ha
sido recomendada por la OMS ya que estas pruebas no han sido suficientemente validadas (WHO, 2020). Es bien sabido como
se hace con otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que las pruebas serológicas, suelen ser útil para estudios de
seroprevalencia, por lo que pueden ser usadas después de la pandemia. Sin embargo, hasta ahora los únicos datos confiables que
se tienen a cerca de los casos confirmados por RT-PCR son los reportados por Sánchez et al. (2020), en un estudio realizado entre
el 21 de febrero hasta el 22 de junio de 2020 donde se obtuvo un total 4.014 casos confirmados considerados importados de otros
países, principalmente de Colombia (65%), Brasil (19%), Perú y Ecuador (4% cada uno), de 39.328 muestras recibidas para
investigación de casos sospechosos en el INHRR procedentes de todas las entidades geográficas de Venezuela para diagnóstico
por RT-PCR.
ARTÍCULO RECIBIDO: 28/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 20/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
INTRODUCCIÓN
Una de las mayores amenazas para la humanidad es la aparición de un virus pandémico. Es bien sabido que el virus de la
influenza y coronavirus son aquellos con el mayor potencial para que se produzca tal evento. En China a principios de diciem-
bre de 2019 fueron identificados los primeros casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan,
epidemiológicamente todos tenían una exposición compartida en el mercado mayorista de mariscos donde también se
vendían animales de granja, murciélagos y serpientes (Biscayart et al., 2020; Cuartas et al., 2020; Zhu et al., 2020). Se identi-
ficó que el causante de esta infección era generado por el coronavirus, denominado SARS-CoV-2, llamada enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19), nombre oficial que anuncio la Organización Mundial de la Salud [OMS] el 22 de febrero de
2020 (León et al., 2020; Li et al., 2020).
Para el 11 de marzo del mismo año se reconoció la situación de la enfermedad como pandemia, debido a su rápida y fácil
transmisión, la cantidad de casos, mortalidad observada y su expansión a nivel mundial (OMS, 2020). Hasta principios del
mes de agosto (3 de agosto 2020), a nivel mundial se han registrado un total de 18.506.901 casos confirmados, con 700.784
muertes, siendo actualmente el continente americano el más afectado con 5.129.680 casos en total (BBC mundo, 2020).
Según los reportes de la OMS el primer caso que se reportó en América fue el 23 de enero en USA y en Latinoamérica el 27
de febrero en Brasil; y para la fecha USA es el más afectado con 4.070.480 casos confirmados, seguido de Brasil con
2.287.475 casos confirmados (Johns Hopkins University, 2020; Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada,
2020; Consórcio de veículos de imprensa, 2020). Venezuela no escapa de la realidad mundial, esta pandemia de COVID-19
se ha expandido en todo su territorio nacional (MPPS, 2020).
Después de la confirmación de los primeros casos en el país, el Ministerio del Poder Popular para la Salud [MPPS] por medio
de la base de datos del Sistema Único de Información en Salud [SUIS], manifestó una estabilidad en la incidencia de los casos
hasta mediados del mes de mayo de 2020, cuando la curva de casos confirmados presentó un cambio abrupto, esto relaciona-
do en su mayoría con casos importados provenientes de países vecinos. Desde la llegada de la pandemia a Venezuela, la
información actualizada sobre el coronavirus, pruebas realizadas, tasa de recuperados y fallecidos, entre otros, es limitada,
debido a que los portales web no dan la opción de descargar los datos correspondientes, muchos menos de realizar búsquedas
dinámicas o acceder a un portal de datos abiertos, por lo que dicha información solo se obtiene a través de noticias mostradas
en medios públicos y privados o acceder a portales que en su mayoría no tienen nada que ver con el MPPS, donde solo se
recopilan aspectos en forma de notas periodísticas, lo cual, esto ha traído como consecuencia contradicciones, divergencias,
poca transparencia en las cifras e incluso los datos se reportan de forma tardía debido a que la confirmación del diagnóstico
no se hace de forma oportuna.
La COVID-19 en Venezuela es mucho más que una crisis de salud. Hoy en día ha tenido el potencial de aumentar la crisis
social, económica y política, que ya existe en el país. Con América convertida en el epicentro mundial, mientras la vecina
Brasil y otros países latinoamericanos transitan hacia la cima de su curva de mayores contagios, Venezuela ha evitado de
momento un estallido que muchos expertos consideran inevitable, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo
como consecuencia del confinamiento de la población en las fases iniciales del contagio, sin embargo, en este momento no
parece factible que la epidemia detenga su avance, en los últimos días la estadística venezolana de contagios ha comenzado a
aumentar de forma rápida. En realidad, no importa en qué región o país del mundo, si es uno o son dos millones. Cada enfer-
mo, cada muerte, cada recuperación cuenta.
Esta investigación plantea como objetivo analizar la situación de la COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela,
dado que como esta enfermedad es nueva tanto en su aparición como en sus aspectos clínicos, permitirá conocer cómo está
afectando a la población del país.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 80 - 87 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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En Venezuela el diagnóstico se ha venido realizando mayormente con los resultados obtenidos en las pruebas rápidas, ocasio-
nando un sesgo desde el punto de vista diagnóstico (Carrero, 2020). En este sentido, los casos confirmados deben ser
reportados de acuerdo con los resultados de las RT-PCR realizadas y no tomando en cuenta las pruebas rápidas. Un resultado
positivo en las pruebas rápidas de detección de| anticuerpos para la COVID-19, lo que realmente indica es que la persona
estuvo en contacto con el virus, mientras que la prueba RT-PCR, detecta ARN del virus, y si el resultado es positivo esto
indica que el paciente tiene el SARS-CoV-2, en algunos casos aun cuando no se ha producido la respuesta inmune específica
mediante el desarrollo de anticuerpos o incluso que la cantidad de estos es insuficiente para poder ser detectados (Oletta y
Walter, 2020).
El 23 de mayo de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, informó que en
Venezuela se han realizado un total de 16.577 pruebas de RT-PCR, correspondiente a un 2,37% del total de pruebas aplicadas
en el país para diagnosticar la presencia del nuevo coronavirus (Souquett, 2020). Para el 4 de agosto de 2020 se han realizado
un total de 52.042 test por millón de habitantes poniendo a Venezuela como el segundo país del continente americano en
números de pruebas para el diagnóstico de la COVID-19 realizadas (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y
Control del Coronavirus, 2020), pero al mismo tiempo se ubica en el país con menor número de pruebas moleculares realiza-
da, cuando se compara con otros países de Sur América.
Hasta el 4 de agosto de 2020 no hay información actualizada sobre el número de pruebas de RT-PCR realizadas y el número
de casos confirmados, solo se tiene el reporte de las pruebas rápidas realizadas con un total de 1.561.272, según la Comisión
Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus. La realización de pruebas de RT-PCR, hace que los
reportes de casos de cada país sean más confiables, permite identificar un mayor número de personas infectadas con síntomas,
teniendo una estimación más precisa de la magnitud de la epidemia y disminuye el sesgo de solo estar identificando los asinto-
máticos y personas mayores. Según datos aportados por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del
Coronavirus se ha reportado hasta el 4 de agosto de 2020 un total de 21.438 casos, de los cuales 12.977 masculinos 61% y
8.461 femeninos 39%. Casos activos 9.376, 11.875 recuperados y 187 fallecidos. Dentro de los primeros 5 estados con el
mayor número de casos están: Distrito Capital (5.015), Zulia (3.684), Miranda (2.703), Apure (2.008) seguido de Bolívar
(1.398) (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus, 2020).
La pandemia, no sólo encuentra a un país profundamente debilitado con un sistema sanitario destruido, una población en
medio de una emergencia humanitaria compleja y un deterioro importante en la calidad de vida, pobreza extrema, desnutri-
ción, limitado acceso a los servicios básicos como: agua, luz, gas, combustible, empleo y una caída del precio del petróleo,
sino que además esta pandemia puede tener una mayor tasa de letalidad de la enfermedad en Venezuela por la presencia de
todos estos factores que agravan las condiciones de los enfermos y el panorama actual de la pandemia en el país. Venezuela
a pesar del relativo aislamiento en el que ya se encuentra, es un potencial punto de distribución de la pandemia, esto basado
en el hecho de que tiene una amplia y fácilmente penetrable frontera con Brasil y Colombia y su conexión con el Caribe, que,
a pesar de estar sus fronteras cerradas, el intercambio de personas de forma ilegal se sigue manteniendo.
Resulta necesario e imprescindible, planificar las nuevas acciones de comunicación y orientación a la población, sobre todo
en este momento cuando está en pleno desarrollo de la fase expansiva de la epidemia, tiempo en que se acentuarán las penu-
rias, barreras y privaciones de las personas para la disponibilidad de bienes esenciales, el desarrollo de la vida normal, y el
acceso a los servicios de salud, indispensables para las personas afectadas por la pandemia y a la vez garantizar la atención
de las personas afectadas por otras causas, que también demandan servicios de atención.
• Jennifer Gotera
• Johan Linares
Se realizó por medio de una búsqueda sistemática entre los meses marzo y agosto de 2020, en la cual se incluyeron artículos
científicos, boletines epidemiológicos, artículos en prensa e información correspondiente al comportamiento epidemiológico
de la COVID-19 en Venezuela, medidas aplicadas por el gobierno venezolano frente al coronavirus, aspectos relacionados
con la tasa de incidencia acumulada de casos confirmados según la prueba de reacción en cadena de polimerasa [PCR] y
pruebas rápidas, para el territorio nacional y entidad federal, caracterización epidemiológica de los casos confirmados de la
COVID-19 según edad y sexo, número de fallecidos y recuperados y sobre las condiciones socioeconómicas actuales que
tiene el país para enfrentar esta pandemia.
Enfermedad por coronavirus (COVID-19)
La pandemia actual de la COVID-19 representa una crisis de salud mundial aguda y de rápido desarrollo, declarada el 11 de
marzo de 2020 por la OMS. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN perteneciente al género Betacoronavirus, forma parte de las
7 especies de coronavirus que pueden causar infección en los humanos y está estrechamente relacionado con otros coronavi-
rus considerados altamente patogénicos dado que comparte información genética con el virus causante del síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), ambos son de origen zoonótico (León et al., 2020; Millán-Oñate et al., 2020;
Yang et al., 2020); en la última década se han reportado brotes de estos dos importantes coronavirus, los cuales se han caracte-
rizado ser una gran amenaza para la salud pública (Baharoon y Memish, 2019; Rothan y Byrareddy, 2020).
De acuerdo con la OMS, los signos característicos de la COVID-19 son fiebre, tos seca y fatiga; adicionalmente, se han repor-
tado síntomas como dificultad para respirar, dolores, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto o el olfato. Con
menos frecuencia se presentan síntomas como náuseas, vómitos y diarrea (Guan et al., 2020). Según Menni et al. (2020),
alrededor del 80% de los infectados presentan síntomas leves o ausencia de los mismos (asintomáticos) y generalmente no
requieren tratamiento hospitalario; otro 15% desarrolla enfermedad moderada o grave, como neumonía, edema pulmonar,
síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica múltiple o incluso la muerte (Li et al., 2020; Pierre y Harrisc,
2020; WHO, 2020;), requiriendo asistencia avanzada, en muchos casos con apoyo ventilatorio y cuidados intensivos. La
letalidad por esta enfermedad fluctúa entre 4% y 6%, con un riesgo incrementado de complicarse o morir en los casos de
personas infectadas en edades avanzadas y que además tengan enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes,
cáncer y cardiopatías (Flint y Tahrani, 2020; Rodacki, 2020; Zhou et al., 2020; Yang et al., 2020). La OMS anunció que la
COVID-19 debería caracterizarse como una nueva enfermedad pandémica (Gudbjartsson et al., 2020).
De Lusignan et al. (2020), en su estudio realizado entre la población general encontraron evidencia de posibles factores socio-
demográficos asociados con una prueba de SARSCoV- 2 positiva como: edad avanzada, el sexo masculino, habitar en zonas
menos favorecidas, vivir en un área densamente poblada, raza negra, la obesidad y la enfermedad renal crónica, exceptuando
el tabaquismo. Sin embargo, se reconoce la necesidad de mayores estudios para dilucidar con mayor robustez los resultados.
La susceptibilidad al virus es general, debido a que se trata de un agente infeccioso nuevo para el humano y su comportamien-
to se está evaluando continuamente a fin de identificar los factores de riesgo o de protección inherentes a la infección; en la
actualidad, se encuentran en curso estudios de investigación para el desarrollo de vacunas que prevengan el contagio o de
medicamentos que contengan la historia natural de la enfermedad en el hombre. Al ser una enfermedad transmisible por la vía
aérea, la aplicación de medidas de control para limitar la transmisión es bastante compleja, ya que van desde la recomenda-
ción de uso de mascarilla hasta la restricción de viajes y comercio internacional, pasando por cuarentena masiva, aislamiento
estricto de casos confirmados, entre otras (Sánchez et al., 2020).
COVID-19 en Venezuela
A raíz de la declaración realizada por el director de la OMS, el 30 de enero de 2020, algunos países latinoamericanos comenzaron
a tomar previsiones e implementar medidas extraordinarias de seguridad y salud pública ante el posible arribo de la enfermedad
a sus territorios. El virus entra a Venezuela el 13 de marzo de 2020, donde las autoridades reportaron los dos primeros casos
que resultaron ser importados y en función de esa información, se sumó como uno de los últimos países de América Latina
en reportar casos de infectados y declarar estado de alarma nacional (Olmo, 2020). El 21 de marzo se reportó la primera
muerte a consecuencia de la enfermedad (Reuters, 2020). Posteriormente se detectó y reportó un caso importado que presentaba
síntomas desde el 29 de febrero de 2020 (Fermín, 2020). Se cree que la primera persona portadora del virus ingresó al país el
25 de febrero de 2020 (Souquett, 2020).
Las autoridades venezolanas comenzaron a realizar protocolos para contener la enfermedad como: suspensión de vuelos
nacionales e internacionales, cuarentena social extendida a todo el país y cierre de frontera con Colombia y Brasil. Sin embargo,
a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando y todas las medidas sanitarias implementadas, la cantidad de
contagios y la rápida propagación del virus siguen en ascenso, poniendo actualmente al país en cuarentena radical. En el país
no hay información precisa con respecto al número de casos importados y a los que tiene relación con estos, tampoco con los
considerados casos propios debido a brotes o cadenas de transmisión comunitaria, a partir de casos de origen desconocido, lo
cual hace que aumente la dificultad para la contención. Es de hacer notar las inconsistencias, limitaciones y contradicciones
de los datos ofrecidos por los voceros oficiales, y la ausencia de un boletín epidemiológico periódico, que permita analizar los
datos con detalle. Otra situación que se ha suscitado en el país es que se desconoce el número actualizado de casos sospechosos
o probables, así como lo recomienda la OMS-OPS y cuántos han sido descartados mediante pruebas moleculares (Souquett,
2020). Desde diciembre de 2016 fue restringido de forma arbitraria el acceso a los datos oficiales epidemiológicos, situación
que se ha mantenido hasta la actualidad (Oletta y Walter, 2020).
El diagnóstico de la enfermedad ha tenido una limitada capacidad y sigue siendo insuficiente cuando se ve que el número de
casos aumenta diariamente, para explicar el pobre desempeño en la realización de pruebas confirmatorias en el país, es necesario
mencionar que se dispone de un solo laboratorio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel [INHRR]
ubicado en la ciudad capital, autorizado para el procesamiento de las muestras a través de pruebas moleculares [RT-PCR], cuya
capacidad es alrededor de 100 a 200 pruebas diarias (Oletta y Walter, 2020), aunado al tiempo que tarda en llegar la muestra al
laboratorio, retraso en la entrega de los resultados, las dificultades para la preservación de las mismas, bajo condiciones de
refrigeración, durante el transporte, lo que contribuye a riesgos de daño y extravío del material. Todo esto trae como consecuen-
cia perjuicios para el paciente, en cuanto a la aplicación temprana del protocolo de fármacos que han establecido las autoridades
de salud, poniendo en riesgo la vida de este, por lo que se hace necesario mejorar la estrategia de control del virus para detectar
los casos y sus contactos de forma eficaz y oportuna.
Es importante conocer de forma diaria el número de pruebas de RT-PCR con el propósito de poder calcular la tasa de positivos
y de utilizar este indicador para seguir el comportamiento de la epidemia, pero hasta ahora en Venezuela se eligió erradamente
la utilización de las pruebas rápidas, basadas en la determinación serológica de anticuerpos, sin embargo, esta medida que no ha
sido recomendada por la OMS ya que estas pruebas no han sido suficientemente validadas (WHO, 2020). Es bien sabido como
se hace con otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que las pruebas serológicas, suelen ser útil para estudios de
seroprevalencia, por lo que pueden ser usadas después de la pandemia. Sin embargo, hasta ahora los únicos datos confiables que
se tienen a cerca de los casos confirmados por RT-PCR son los reportados por Sánchez et al. (2020), en un estudio realizado entre
el 21 de febrero hasta el 22 de junio de 2020 donde se obtuvo un total 4.014 casos confirmados considerados importados de otros
países, principalmente de Colombia (65%), Brasil (19%), Perú y Ecuador (4% cada uno), de 39.328 muestras recibidas para
investigación de casos sospechosos en el INHRR procedentes de todas las entidades geográficas de Venezuela para diagnóstico
por RT-PCR.
INTRODUCCIÓN
Una de las mayores amenazas para la humanidad es la aparición de un virus pandémico. Es bien sabido que el virus de la
influenza y coronavirus son aquellos con el mayor potencial para que se produzca tal evento. En China a principios de diciem-
bre de 2019 fueron identificados los primeros casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan,
epidemiológicamente todos tenían una exposición compartida en el mercado mayorista de mariscos donde también se
vendían animales de granja, murciélagos y serpientes (Biscayart et al., 2020; Cuartas et al., 2020; Zhu et al., 2020). Se identi-
ficó que el causante de esta infección era generado por el coronavirus, denominado SARS-CoV-2, llamada enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19), nombre oficial que anuncio la Organización Mundial de la Salud [OMS] el 22 de febrero de
2020 (León et al., 2020; Li et al., 2020).
Para el 11 de marzo del mismo año se reconoció la situación de la enfermedad como pandemia, debido a su rápida y fácil
transmisión, la cantidad de casos, mortalidad observada y su expansión a nivel mundial (OMS, 2020). Hasta principios del
mes de agosto (3 de agosto 2020), a nivel mundial se han registrado un total de 18.506.901 casos confirmados, con 700.784
muertes, siendo actualmente el continente americano el más afectado con 5.129.680 casos en total (BBC mundo, 2020).
Según los reportes de la OMS el primer caso que se reportó en América fue el 23 de enero en USA y en Latinoamérica el 27
de febrero en Brasil; y para la fecha USA es el más afectado con 4.070.480 casos confirmados, seguido de Brasil con
2.287.475 casos confirmados (Johns Hopkins University, 2020; Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada,
2020; Consórcio de veículos de imprensa, 2020). Venezuela no escapa de la realidad mundial, esta pandemia de COVID-19
se ha expandido en todo su territorio nacional (MPPS, 2020).
Después de la confirmación de los primeros casos en el país, el Ministerio del Poder Popular para la Salud [MPPS] por medio
de la base de datos del Sistema Único de Información en Salud [SUIS], manifestó una estabilidad en la incidencia de los casos
hasta mediados del mes de mayo de 2020, cuando la curva de casos confirmados presentó un cambio abrupto, esto relaciona-
do en su mayoría con casos importados provenientes de países vecinos. Desde la llegada de la pandemia a Venezuela, la
información actualizada sobre el coronavirus, pruebas realizadas, tasa de recuperados y fallecidos, entre otros, es limitada,
debido a que los portales web no dan la opción de descargar los datos correspondientes, muchos menos de realizar búsquedas
dinámicas o acceder a un portal de datos abiertos, por lo que dicha información solo se obtiene a través de noticias mostradas
en medios públicos y privados o acceder a portales que en su mayoría no tienen nada que ver con el MPPS, donde solo se
recopilan aspectos en forma de notas periodísticas, lo cual, esto ha traído como consecuencia contradicciones, divergencias,
poca transparencia en las cifras e incluso los datos se reportan de forma tardía debido a que la confirmación del diagnóstico
no se hace de forma oportuna.
La COVID-19 en Venezuela es mucho más que una crisis de salud. Hoy en día ha tenido el potencial de aumentar la crisis
social, económica y política, que ya existe en el país. Con América convertida en el epicentro mundial, mientras la vecina
Brasil y otros países latinoamericanos transitan hacia la cima de su curva de mayores contagios, Venezuela ha evitado de
momento un estallido que muchos expertos consideran inevitable, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo
como consecuencia del confinamiento de la población en las fases iniciales del contagio, sin embargo, en este momento no
parece factible que la epidemia detenga su avance, en los últimos días la estadística venezolana de contagios ha comenzado a
aumentar de forma rápida. En realidad, no importa en qué región o país del mundo, si es uno o son dos millones. Cada enfer-
mo, cada muerte, cada recuperación cuenta.
Esta investigación plantea como objetivo analizar la situación de la COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela,
dado que como esta enfermedad es nueva tanto en su aparición como en sus aspectos clínicos, permitirá conocer cómo está
afectando a la población del país.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 80 - 87 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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En Venezuela el diagnóstico se ha venido realizando mayormente con los resultados obtenidos en las pruebas rápidas, ocasio-
nando un sesgo desde el punto de vista diagnóstico (Carrero, 2020). En este sentido, los casos confirmados deben ser
reportados de acuerdo con los resultados de las RT-PCR realizadas y no tomando en cuenta las pruebas rápidas. Un resultado
positivo en las pruebas rápidas de detección de| anticuerpos para la COVID-19, lo que realmente indica es que la persona
estuvo en contacto con el virus, mientras que la prueba RT-PCR, detecta ARN del virus, y si el resultado es positivo esto
indica que el paciente tiene el SARS-CoV-2, en algunos casos aun cuando no se ha producido la respuesta inmune específica
mediante el desarrollo de anticuerpos o incluso que la cantidad de estos es insuficiente para poder ser detectados (Oletta y
Walter, 2020).
El 23 de mayo de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, informó que en
Venezuela se han realizado un total de 16.577 pruebas de RT-PCR, correspondiente a un 2,37% del total de pruebas aplicadas
en el país para diagnosticar la presencia del nuevo coronavirus (Souquett, 2020). Para el 4 de agosto de 2020 se han realizado
un total de 52.042 test por millón de habitantes poniendo a Venezuela como el segundo país del continente americano en
números de pruebas para el diagnóstico de la COVID-19 realizadas (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y
Control del Coronavirus, 2020), pero al mismo tiempo se ubica en el país con menor número de pruebas moleculares realiza-
da, cuando se compara con otros países de Sur América.
Hasta el 4 de agosto de 2020 no hay información actualizada sobre el número de pruebas de RT-PCR realizadas y el número
de casos confirmados, solo se tiene el reporte de las pruebas rápidas realizadas con un total de 1.561.272, según la Comisión
Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus. La realización de pruebas de RT-PCR, hace que los
reportes de casos de cada país sean más confiables, permite identificar un mayor número de personas infectadas con síntomas,
teniendo una estimación más precisa de la magnitud de la epidemia y disminuye el sesgo de solo estar identificando los asinto-
máticos y personas mayores. Según datos aportados por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del
Coronavirus se ha reportado hasta el 4 de agosto de 2020 un total de 21.438 casos, de los cuales 12.977 masculinos 61% y
8.461 femeninos 39%. Casos activos 9.376, 11.875 recuperados y 187 fallecidos. Dentro de los primeros 5 estados con el
mayor número de casos están: Distrito Capital (5.015), Zulia (3.684), Miranda (2.703), Apure (2.008) seguido de Bolívar
(1.398) (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus, 2020).
La pandemia, no sólo encuentra a un país profundamente debilitado con un sistema sanitario destruido, una población en
medio de una emergencia humanitaria compleja y un deterioro importante en la calidad de vida, pobreza extrema, desnutri-
ción, limitado acceso a los servicios básicos como: agua, luz, gas, combustible, empleo y una caída del precio del petróleo,
sino que además esta pandemia puede tener una mayor tasa de letalidad de la enfermedad en Venezuela por la presencia de
todos estos factores que agravan las condiciones de los enfermos y el panorama actual de la pandemia en el país. Venezuela
a pesar del relativo aislamiento en el que ya se encuentra, es un potencial punto de distribución de la pandemia, esto basado
en el hecho de que tiene una amplia y fácilmente penetrable frontera con Brasil y Colombia y su conexión con el Caribe, que,
a pesar de estar sus fronteras cerradas, el intercambio de personas de forma ilegal se sigue manteniendo.
Resulta necesario e imprescindible, planificar las nuevas acciones de comunicación y orientación a la población, sobre todo
en este momento cuando está en pleno desarrollo de la fase expansiva de la epidemia, tiempo en que se acentuarán las penu-
rias, barreras y privaciones de las personas para la disponibilidad de bienes esenciales, el desarrollo de la vida normal, y el
acceso a los servicios de salud, indispensables para las personas afectadas por la pandemia y a la vez garantizar la atención
de las personas afectadas por otras causas, que también demandan servicios de atención.
ARTÍCULO RECIBIDO: 28/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 20/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Se realizó por medio de una búsqueda sistemática entre los meses marzo y agosto de 2020, en la cual se incluyeron artículos
científicos, boletines epidemiológicos, artículos en prensa e información correspondiente al comportamiento epidemiológico
de la COVID-19 en Venezuela, medidas aplicadas por el gobierno venezolano frente al coronavirus, aspectos relacionados
con la tasa de incidencia acumulada de casos confirmados según la prueba de reacción en cadena de polimerasa [PCR] y
pruebas rápidas, para el territorio nacional y entidad federal, caracterización epidemiológica de los casos confirmados de la
COVID-19 según edad y sexo, número de fallecidos y recuperados y sobre las condiciones socioeconómicas actuales que
tiene el país para enfrentar esta pandemia.
Enfermedad por coronavirus (COVID-19)
La pandemia actual de la COVID-19 representa una crisis de salud mundial aguda y de rápido desarrollo, declarada el 11 de
marzo de 2020 por la OMS. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN perteneciente al género Betacoronavirus, forma parte de las
7 especies de coronavirus que pueden causar infección en los humanos y está estrechamente relacionado con otros coronavi-
rus considerados altamente patogénicos dado que comparte información genética con el virus causante del síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), ambos son de origen zoonótico (León et al., 2020; Millán-Oñate et al., 2020;
Yang et al., 2020); en la última década se han reportado brotes de estos dos importantes coronavirus, los cuales se han caracte-
rizado ser una gran amenaza para la salud pública (Baharoon y Memish, 2019; Rothan y Byrareddy, 2020).
De acuerdo con la OMS, los signos característicos de la COVID-19 son fiebre, tos seca y fatiga; adicionalmente, se han repor-
tado síntomas como dificultad para respirar, dolores, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto o el olfato. Con
menos frecuencia se presentan síntomas como náuseas, vómitos y diarrea (Guan et al., 2020). Según Menni et al. (2020),
alrededor del 80% de los infectados presentan síntomas leves o ausencia de los mismos (asintomáticos) y generalmente no
requieren tratamiento hospitalario; otro 15% desarrolla enfermedad moderada o grave, como neumonía, edema pulmonar,
síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica múltiple o incluso la muerte (Li et al., 2020; Pierre y Harrisc,
2020; WHO, 2020;), requiriendo asistencia avanzada, en muchos casos con apoyo ventilatorio y cuidados intensivos. La
letalidad por esta enfermedad fluctúa entre 4% y 6%, con un riesgo incrementado de complicarse o morir en los casos de
personas infectadas en edades avanzadas y que además tengan enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes,
cáncer y cardiopatías (Flint y Tahrani, 2020; Rodacki, 2020; Zhou et al., 2020; Yang et al., 2020). La OMS anunció que la
COVID-19 debería caracterizarse como una nueva enfermedad pandémica (Gudbjartsson et al., 2020).
De Lusignan et al. (2020), en su estudio realizado entre la población general encontraron evidencia de posibles factores socio-
demográficos asociados con una prueba de SARSCoV- 2 positiva como: edad avanzada, el sexo masculino, habitar en zonas
menos favorecidas, vivir en un área densamente poblada, raza negra, la obesidad y la enfermedad renal crónica, exceptuando
el tabaquismo. Sin embargo, se reconoce la necesidad de mayores estudios para dilucidar con mayor robustez los resultados.
La susceptibilidad al virus es general, debido a que se trata de un agente infeccioso nuevo para el humano y su comportamien-
to se está evaluando continuamente a fin de identificar los factores de riesgo o de protección inherentes a la infección; en la
actualidad, se encuentran en curso estudios de investigación para el desarrollo de vacunas que prevengan el contagio o de
medicamentos que contengan la historia natural de la enfermedad en el hombre. Al ser una enfermedad transmisible por la vía
aérea, la aplicación de medidas de control para limitar la transmisión es bastante compleja, ya que van desde la recomenda-
ción de uso de mascarilla hasta la restricción de viajes y comercio internacional, pasando por cuarentena masiva, aislamiento
estricto de casos confirmados, entre otras (Sánchez et al., 2020).
COVID-19 en Venezuela
A raíz de la declaración realizada por el director de la OMS, el 30 de enero de 2020, algunos países latinoamericanos comenzaron
a tomar previsiones e implementar medidas extraordinarias de seguridad y salud pública ante el posible arribo de la enfermedad
a sus territorios. El virus entra a Venezuela el 13 de marzo de 2020, donde las autoridades reportaron los dos primeros casos
que resultaron ser importados y en función de esa información, se sumó como uno de los últimos países de América Latina
en reportar casos de infectados y declarar estado de alarma nacional (Olmo, 2020). El 21 de marzo se reportó la primera
muerte a consecuencia de la enfermedad (Reuters, 2020). Posteriormente se detectó y reportó un caso importado que presentaba
síntomas desde el 29 de febrero de 2020 (Fermín, 2020). Se cree que la primera persona portadora del virus ingresó al país el
25 de febrero de 2020 (Souquett, 2020).
Las autoridades venezolanas comenzaron a realizar protocolos para contener la enfermedad como: suspensión de vuelos
nacionales e internacionales, cuarentena social extendida a todo el país y cierre de frontera con Colombia y Brasil. Sin embargo,
a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando y todas las medidas sanitarias implementadas, la cantidad de
contagios y la rápida propagación del virus siguen en ascenso, poniendo actualmente al país en cuarentena radical. En el país
no hay información precisa con respecto al número de casos importados y a los que tiene relación con estos, tampoco con los
considerados casos propios debido a brotes o cadenas de transmisión comunitaria, a partir de casos de origen desconocido, lo
cual hace que aumente la dificultad para la contención. Es de hacer notar las inconsistencias, limitaciones y contradicciones
de los datos ofrecidos por los voceros oficiales, y la ausencia de un boletín epidemiológico periódico, que permita analizar los
datos con detalle. Otra situación que se ha suscitado en el país es que se desconoce el número actualizado de casos sospechosos
o probables, así como lo recomienda la OMS-OPS y cuántos han sido descartados mediante pruebas moleculares (Souquett,
2020). Desde diciembre de 2016 fue restringido de forma arbitraria el acceso a los datos oficiales epidemiológicos, situación
que se ha mantenido hasta la actualidad (Oletta y Walter, 2020).
El diagnóstico de la enfermedad ha tenido una limitada capacidad y sigue siendo insuficiente cuando se ve que el número de
casos aumenta diariamente, para explicar el pobre desempeño en la realización de pruebas confirmatorias en el país, es necesario
mencionar que se dispone de un solo laboratorio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel [INHRR]
ubicado en la ciudad capital, autorizado para el procesamiento de las muestras a través de pruebas moleculares [RT-PCR], cuya
capacidad es alrededor de 100 a 200 pruebas diarias (Oletta y Walter, 2020), aunado al tiempo que tarda en llegar la muestra al
laboratorio, retraso en la entrega de los resultados, las dificultades para la preservación de las mismas, bajo condiciones de
refrigeración, durante el transporte, lo que contribuye a riesgos de daño y extravío del material. Todo esto trae como consecuen-
cia perjuicios para el paciente, en cuanto a la aplicación temprana del protocolo de fármacos que han establecido las autoridades
de salud, poniendo en riesgo la vida de este, por lo que se hace necesario mejorar la estrategia de control del virus para detectar
los casos y sus contactos de forma eficaz y oportuna.
Es importante conocer de forma diaria el número de pruebas de RT-PCR con el propósito de poder calcular la tasa de positivos
y de utilizar este indicador para seguir el comportamiento de la epidemia, pero hasta ahora en Venezuela se eligió erradamente
la utilización de las pruebas rápidas, basadas en la determinación serológica de anticuerpos, sin embargo, esta medida que no ha
sido recomendada por la OMS ya que estas pruebas no han sido suficientemente validadas (WHO, 2020). Es bien sabido como
se hace con otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que las pruebas serológicas, suelen ser útil para estudios de
seroprevalencia, por lo que pueden ser usadas después de la pandemia. Sin embargo, hasta ahora los únicos datos confiables que
se tienen a cerca de los casos confirmados por RT-PCR son los reportados por Sánchez et al. (2020), en un estudio realizado entre
el 21 de febrero hasta el 22 de junio de 2020 donde se obtuvo un total 4.014 casos confirmados considerados importados de otros
países, principalmente de Colombia (65%), Brasil (19%), Perú y Ecuador (4% cada uno), de 39.328 muestras recibidas para
investigación de casos sospechosos en el INHRR procedentes de todas las entidades geográficas de Venezuela para diagnóstico
por RT-PCR.
INTRODUCCIÓN
Una de las mayores amenazas para la humanidad es la aparición de un virus pandémico. Es bien sabido que el virus de la
influenza y coronavirus son aquellos con el mayor potencial para que se produzca tal evento. En China a principios de diciem-
bre de 2019 fueron identificados los primeros casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan,
epidemiológicamente todos tenían una exposición compartida en el mercado mayorista de mariscos donde también se
vendían animales de granja, murciélagos y serpientes (Biscayart et al., 2020; Cuartas et al., 2020; Zhu et al., 2020). Se identi-
ficó que el causante de esta infección era generado por el coronavirus, denominado SARS-CoV-2, llamada enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19), nombre oficial que anuncio la Organización Mundial de la Salud [OMS] el 22 de febrero de
2020 (León et al., 2020; Li et al., 2020).
Para el 11 de marzo del mismo año se reconoció la situación de la enfermedad como pandemia, debido a su rápida y fácil
transmisión, la cantidad de casos, mortalidad observada y su expansión a nivel mundial (OMS, 2020). Hasta principios del
mes de agosto (3 de agosto 2020), a nivel mundial se han registrado un total de 18.506.901 casos confirmados, con 700.784
muertes, siendo actualmente el continente americano el más afectado con 5.129.680 casos en total (BBC mundo, 2020).
Según los reportes de la OMS el primer caso que se reportó en América fue el 23 de enero en USA y en Latinoamérica el 27
de febrero en Brasil; y para la fecha USA es el más afectado con 4.070.480 casos confirmados, seguido de Brasil con
2.287.475 casos confirmados (Johns Hopkins University, 2020; Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada,
2020; Consórcio de veículos de imprensa, 2020). Venezuela no escapa de la realidad mundial, esta pandemia de COVID-19
se ha expandido en todo su territorio nacional (MPPS, 2020).
Después de la confirmación de los primeros casos en el país, el Ministerio del Poder Popular para la Salud [MPPS] por medio
de la base de datos del Sistema Único de Información en Salud [SUIS], manifestó una estabilidad en la incidencia de los casos
hasta mediados del mes de mayo de 2020, cuando la curva de casos confirmados presentó un cambio abrupto, esto relaciona-
do en su mayoría con casos importados provenientes de países vecinos. Desde la llegada de la pandemia a Venezuela, la
información actualizada sobre el coronavirus, pruebas realizadas, tasa de recuperados y fallecidos, entre otros, es limitada,
debido a que los portales web no dan la opción de descargar los datos correspondientes, muchos menos de realizar búsquedas
dinámicas o acceder a un portal de datos abiertos, por lo que dicha información solo se obtiene a través de noticias mostradas
en medios públicos y privados o acceder a portales que en su mayoría no tienen nada que ver con el MPPS, donde solo se
recopilan aspectos en forma de notas periodísticas, lo cual, esto ha traído como consecuencia contradicciones, divergencias,
poca transparencia en las cifras e incluso los datos se reportan de forma tardía debido a que la confirmación del diagnóstico
no se hace de forma oportuna.
La COVID-19 en Venezuela es mucho más que una crisis de salud. Hoy en día ha tenido el potencial de aumentar la crisis
social, económica y política, que ya existe en el país. Con América convertida en el epicentro mundial, mientras la vecina
Brasil y otros países latinoamericanos transitan hacia la cima de su curva de mayores contagios, Venezuela ha evitado de
momento un estallido que muchos expertos consideran inevitable, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo
como consecuencia del confinamiento de la población en las fases iniciales del contagio, sin embargo, en este momento no
parece factible que la epidemia detenga su avance, en los últimos días la estadística venezolana de contagios ha comenzado a
aumentar de forma rápida. En realidad, no importa en qué región o país del mundo, si es uno o son dos millones. Cada enfer-
mo, cada muerte, cada recuperación cuenta.
Esta investigación plantea como objetivo analizar la situación de la COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela,
dado que como esta enfermedad es nueva tanto en su aparición como en sus aspectos clínicos, permitirá conocer cómo está
afectando a la población del país.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 80 - 87 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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• Jennifer Gotera
• Johan Linares
En Venezuela el diagnóstico se ha venido realizando mayormente con los resultados obtenidos en las pruebas rápidas, ocasio-
nando un sesgo desde el punto de vista diagnóstico (Carrero, 2020). En este sentido, los casos confirmados deben ser
reportados de acuerdo con los resultados de las RT-PCR realizadas y no tomando en cuenta las pruebas rápidas. Un resultado
positivo en las pruebas rápidas de detección de| anticuerpos para la COVID-19, lo que realmente indica es que la persona
estuvo en contacto con el virus, mientras que la prueba RT-PCR, detecta ARN del virus, y si el resultado es positivo esto
indica que el paciente tiene el SARS-CoV-2, en algunos casos aun cuando no se ha producido la respuesta inmune específica
mediante el desarrollo de anticuerpos o incluso que la cantidad de estos es insuficiente para poder ser detectados (Oletta y
Walter, 2020).
El 23 de mayo de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, informó que en
Venezuela se han realizado un total de 16.577 pruebas de RT-PCR, correspondiente a un 2,37% del total de pruebas aplicadas
en el país para diagnosticar la presencia del nuevo coronavirus (Souquett, 2020). Para el 4 de agosto de 2020 se han realizado
un total de 52.042 test por millón de habitantes poniendo a Venezuela como el segundo país del continente americano en
números de pruebas para el diagnóstico de la COVID-19 realizadas (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y
Control del Coronavirus, 2020), pero al mismo tiempo se ubica en el país con menor número de pruebas moleculares realiza-
da, cuando se compara con otros países de Sur América.
Hasta el 4 de agosto de 2020 no hay información actualizada sobre el número de pruebas de RT-PCR realizadas y el número
de casos confirmados, solo se tiene el reporte de las pruebas rápidas realizadas con un total de 1.561.272, según la Comisión
Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus. La realización de pruebas de RT-PCR, hace que los
reportes de casos de cada país sean más confiables, permite identificar un mayor número de personas infectadas con síntomas,
teniendo una estimación más precisa de la magnitud de la epidemia y disminuye el sesgo de solo estar identificando los asinto-
máticos y personas mayores. Según datos aportados por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del
Coronavirus se ha reportado hasta el 4 de agosto de 2020 un total de 21.438 casos, de los cuales 12.977 masculinos 61% y
8.461 femeninos 39%. Casos activos 9.376, 11.875 recuperados y 187 fallecidos. Dentro de los primeros 5 estados con el
mayor número de casos están: Distrito Capital (5.015), Zulia (3.684), Miranda (2.703), Apure (2.008) seguido de Bolívar
(1.398) (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus, 2020).
La pandemia, no sólo encuentra a un país profundamente debilitado con un sistema sanitario destruido, una población en
medio de una emergencia humanitaria compleja y un deterioro importante en la calidad de vida, pobreza extrema, desnutri-
ción, limitado acceso a los servicios básicos como: agua, luz, gas, combustible, empleo y una caída del precio del petróleo,
sino que además esta pandemia puede tener una mayor tasa de letalidad de la enfermedad en Venezuela por la presencia de
todos estos factores que agravan las condiciones de los enfermos y el panorama actual de la pandemia en el país. Venezuela
a pesar del relativo aislamiento en el que ya se encuentra, es un potencial punto de distribución de la pandemia, esto basado
en el hecho de que tiene una amplia y fácilmente penetrable frontera con Brasil y Colombia y su conexión con el Caribe, que,
a pesar de estar sus fronteras cerradas, el intercambio de personas de forma ilegal se sigue manteniendo.
Resulta necesario e imprescindible, planificar las nuevas acciones de comunicación y orientación a la población, sobre todo
en este momento cuando está en pleno desarrollo de la fase expansiva de la epidemia, tiempo en que se acentuarán las penu-
rias, barreras y privaciones de las personas para la disponibilidad de bienes esenciales, el desarrollo de la vida normal, y el
acceso a los servicios de salud, indispensables para las personas afectadas por la pandemia y a la vez garantizar la atención
de las personas afectadas por otras causas, que también demandan servicios de atención.
Se realizó por medio de una búsqueda sistemática entre los meses marzo y agosto de 2020, en la cual se incluyeron artículos
científicos, boletines epidemiológicos, artículos en prensa e información correspondiente al comportamiento epidemiológico
de la COVID-19 en Venezuela, medidas aplicadas por el gobierno venezolano frente al coronavirus, aspectos relacionados
con la tasa de incidencia acumulada de casos confirmados según la prueba de reacción en cadena de polimerasa [PCR] y
pruebas rápidas, para el territorio nacional y entidad federal, caracterización epidemiológica de los casos confirmados de la
COVID-19 según edad y sexo, número de fallecidos y recuperados y sobre las condiciones socioeconómicas actuales que
tiene el país para enfrentar esta pandemia.
Enfermedad por coronavirus (COVID-19)
La pandemia actual de la COVID-19 representa una crisis de salud mundial aguda y de rápido desarrollo, declarada el 11 de
marzo de 2020 por la OMS. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN perteneciente al género Betacoronavirus, forma parte de las
7 especies de coronavirus que pueden causar infección en los humanos y está estrechamente relacionado con otros coronavi-
rus considerados altamente patogénicos dado que comparte información genética con el virus causante del síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), ambos son de origen zoonótico (León et al., 2020; Millán-Oñate et al., 2020;
Yang et al., 2020); en la última década se han reportado brotes de estos dos importantes coronavirus, los cuales se han caracte-
rizado ser una gran amenaza para la salud pública (Baharoon y Memish, 2019; Rothan y Byrareddy, 2020).
De acuerdo con la OMS, los signos característicos de la COVID-19 son fiebre, tos seca y fatiga; adicionalmente, se han repor-
tado síntomas como dificultad para respirar, dolores, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto o el olfato. Con
menos frecuencia se presentan síntomas como náuseas, vómitos y diarrea (Guan et al., 2020). Según Menni et al. (2020),
alrededor del 80% de los infectados presentan síntomas leves o ausencia de los mismos (asintomáticos) y generalmente no
requieren tratamiento hospitalario; otro 15% desarrolla enfermedad moderada o grave, como neumonía, edema pulmonar,
síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica múltiple o incluso la muerte (Li et al., 2020; Pierre y Harrisc,
2020; WHO, 2020;), requiriendo asistencia avanzada, en muchos casos con apoyo ventilatorio y cuidados intensivos. La
letalidad por esta enfermedad fluctúa entre 4% y 6%, con un riesgo incrementado de complicarse o morir en los casos de
personas infectadas en edades avanzadas y que además tengan enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes,
cáncer y cardiopatías (Flint y Tahrani, 2020; Rodacki, 2020; Zhou et al., 2020; Yang et al., 2020). La OMS anunció que la
COVID-19 debería caracterizarse como una nueva enfermedad pandémica (Gudbjartsson et al., 2020).
De Lusignan et al. (2020), en su estudio realizado entre la población general encontraron evidencia de posibles factores socio-
demográficos asociados con una prueba de SARSCoV- 2 positiva como: edad avanzada, el sexo masculino, habitar en zonas
menos favorecidas, vivir en un área densamente poblada, raza negra, la obesidad y la enfermedad renal crónica, exceptuando
el tabaquismo. Sin embargo, se reconoce la necesidad de mayores estudios para dilucidar con mayor robustez los resultados.
La susceptibilidad al virus es general, debido a que se trata de un agente infeccioso nuevo para el humano y su comportamien-
to se está evaluando continuamente a fin de identificar los factores de riesgo o de protección inherentes a la infección; en la
actualidad, se encuentran en curso estudios de investigación para el desarrollo de vacunas que prevengan el contagio o de
medicamentos que contengan la historia natural de la enfermedad en el hombre. Al ser una enfermedad transmisible por la vía
aérea, la aplicación de medidas de control para limitar la transmisión es bastante compleja, ya que van desde la recomenda-
ción de uso de mascarilla hasta la restricción de viajes y comercio internacional, pasando por cuarentena masiva, aislamiento
estricto de casos confirmados, entre otras (Sánchez et al., 2020).
COVID-19 en Venezuela
A raíz de la declaración realizada por el director de la OMS, el 30 de enero de 2020, algunos países latinoamericanos comenzaron
a tomar previsiones e implementar medidas extraordinarias de seguridad y salud pública ante el posible arribo de la enfermedad
a sus territorios. El virus entra a Venezuela el 13 de marzo de 2020, donde las autoridades reportaron los dos primeros casos
que resultaron ser importados y en función de esa información, se sumó como uno de los últimos países de América Latina
en reportar casos de infectados y declarar estado de alarma nacional (Olmo, 2020). El 21 de marzo se reportó la primera
muerte a consecuencia de la enfermedad (Reuters, 2020). Posteriormente se detectó y reportó un caso importado que presentaba
síntomas desde el 29 de febrero de 2020 (Fermín, 2020). Se cree que la primera persona portadora del virus ingresó al país el
25 de febrero de 2020 (Souquett, 2020).
Las autoridades venezolanas comenzaron a realizar protocolos para contener la enfermedad como: suspensión de vuelos
nacionales e internacionales, cuarentena social extendida a todo el país y cierre de frontera con Colombia y Brasil. Sin embargo,
a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando y todas las medidas sanitarias implementadas, la cantidad de
contagios y la rápida propagación del virus siguen en ascenso, poniendo actualmente al país en cuarentena radical. En el país
no hay información precisa con respecto al número de casos importados y a los que tiene relación con estos, tampoco con los
considerados casos propios debido a brotes o cadenas de transmisión comunitaria, a partir de casos de origen desconocido, lo
cual hace que aumente la dificultad para la contención. Es de hacer notar las inconsistencias, limitaciones y contradicciones
de los datos ofrecidos por los voceros oficiales, y la ausencia de un boletín epidemiológico periódico, que permita analizar los
datos con detalle. Otra situación que se ha suscitado en el país es que se desconoce el número actualizado de casos sospechosos
o probables, así como lo recomienda la OMS-OPS y cuántos han sido descartados mediante pruebas moleculares (Souquett,
2020). Desde diciembre de 2016 fue restringido de forma arbitraria el acceso a los datos oficiales epidemiológicos, situación
que se ha mantenido hasta la actualidad (Oletta y Walter, 2020).
El diagnóstico de la enfermedad ha tenido una limitada capacidad y sigue siendo insuficiente cuando se ve que el número de
casos aumenta diariamente, para explicar el pobre desempeño en la realización de pruebas confirmatorias en el país, es necesario
mencionar que se dispone de un solo laboratorio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel [INHRR]
ubicado en la ciudad capital, autorizado para el procesamiento de las muestras a través de pruebas moleculares [RT-PCR], cuya
capacidad es alrededor de 100 a 200 pruebas diarias (Oletta y Walter, 2020), aunado al tiempo que tarda en llegar la muestra al
laboratorio, retraso en la entrega de los resultados, las dificultades para la preservación de las mismas, bajo condiciones de
refrigeración, durante el transporte, lo que contribuye a riesgos de daño y extravío del material. Todo esto trae como consecuen-
cia perjuicios para el paciente, en cuanto a la aplicación temprana del protocolo de fármacos que han establecido las autoridades
de salud, poniendo en riesgo la vida de este, por lo que se hace necesario mejorar la estrategia de control del virus para detectar
los casos y sus contactos de forma eficaz y oportuna.
Es importante conocer de forma diaria el número de pruebas de RT-PCR con el propósito de poder calcular la tasa de positivos
y de utilizar este indicador para seguir el comportamiento de la epidemia, pero hasta ahora en Venezuela se eligió erradamente
la utilización de las pruebas rápidas, basadas en la determinación serológica de anticuerpos, sin embargo, esta medida que no ha
sido recomendada por la OMS ya que estas pruebas no han sido suficientemente validadas (WHO, 2020). Es bien sabido como
se hace con otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que las pruebas serológicas, suelen ser útil para estudios de
seroprevalencia, por lo que pueden ser usadas después de la pandemia. Sin embargo, hasta ahora los únicos datos confiables que
se tienen a cerca de los casos confirmados por RT-PCR son los reportados por Sánchez et al. (2020), en un estudio realizado entre
el 21 de febrero hasta el 22 de junio de 2020 donde se obtuvo un total 4.014 casos confirmados considerados importados de otros
países, principalmente de Colombia (65%), Brasil (19%), Perú y Ecuador (4% cada uno), de 39.328 muestras recibidas para
investigación de casos sospechosos en el INHRR procedentes de todas las entidades geográficas de Venezuela para diagnóstico
por RT-PCR.
INTRODUCCIÓN
Una de las mayores amenazas para la humanidad es la aparición de un virus pandémico. Es bien sabido que el virus de la
influenza y coronavirus son aquellos con el mayor potencial para que se produzca tal evento. En China a principios de diciem-
bre de 2019 fueron identificados los primeros casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan,
epidemiológicamente todos tenían una exposición compartida en el mercado mayorista de mariscos donde también se
vendían animales de granja, murciélagos y serpientes (Biscayart et al., 2020; Cuartas et al., 2020; Zhu et al., 2020). Se identi-
ficó que el causante de esta infección era generado por el coronavirus, denominado SARS-CoV-2, llamada enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19), nombre oficial que anuncio la Organización Mundial de la Salud [OMS] el 22 de febrero de
2020 (León et al., 2020; Li et al., 2020).
Para el 11 de marzo del mismo año se reconoció la situación de la enfermedad como pandemia, debido a su rápida y fácil
transmisión, la cantidad de casos, mortalidad observada y su expansión a nivel mundial (OMS, 2020). Hasta principios del
mes de agosto (3 de agosto 2020), a nivel mundial se han registrado un total de 18.506.901 casos confirmados, con 700.784
muertes, siendo actualmente el continente americano el más afectado con 5.129.680 casos en total (BBC mundo, 2020).
Según los reportes de la OMS el primer caso que se reportó en América fue el 23 de enero en USA y en Latinoamérica el 27
de febrero en Brasil; y para la fecha USA es el más afectado con 4.070.480 casos confirmados, seguido de Brasil con
2.287.475 casos confirmados (Johns Hopkins University, 2020; Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada,
2020; Consórcio de veículos de imprensa, 2020). Venezuela no escapa de la realidad mundial, esta pandemia de COVID-19
se ha expandido en todo su territorio nacional (MPPS, 2020).
Después de la confirmación de los primeros casos en el país, el Ministerio del Poder Popular para la Salud [MPPS] por medio
de la base de datos del Sistema Único de Información en Salud [SUIS], manifestó una estabilidad en la incidencia de los casos
hasta mediados del mes de mayo de 2020, cuando la curva de casos confirmados presentó un cambio abrupto, esto relaciona-
do en su mayoría con casos importados provenientes de países vecinos. Desde la llegada de la pandemia a Venezuela, la
información actualizada sobre el coronavirus, pruebas realizadas, tasa de recuperados y fallecidos, entre otros, es limitada,
debido a que los portales web no dan la opción de descargar los datos correspondientes, muchos menos de realizar búsquedas
dinámicas o acceder a un portal de datos abiertos, por lo que dicha información solo se obtiene a través de noticias mostradas
en medios públicos y privados o acceder a portales que en su mayoría no tienen nada que ver con el MPPS, donde solo se
recopilan aspectos en forma de notas periodísticas, lo cual, esto ha traído como consecuencia contradicciones, divergencias,
poca transparencia en las cifras e incluso los datos se reportan de forma tardía debido a que la confirmación del diagnóstico
no se hace de forma oportuna.
La COVID-19 en Venezuela es mucho más que una crisis de salud. Hoy en día ha tenido el potencial de aumentar la crisis
social, económica y política, que ya existe en el país. Con América convertida en el epicentro mundial, mientras la vecina
Brasil y otros países latinoamericanos transitan hacia la cima de su curva de mayores contagios, Venezuela ha evitado de
momento un estallido que muchos expertos consideran inevitable, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo
como consecuencia del confinamiento de la población en las fases iniciales del contagio, sin embargo, en este momento no
parece factible que la epidemia detenga su avance, en los últimos días la estadística venezolana de contagios ha comenzado a
aumentar de forma rápida. En realidad, no importa en qué región o país del mundo, si es uno o son dos millones. Cada enfer-
mo, cada muerte, cada recuperación cuenta.
Esta investigación plantea como objetivo analizar la situación de la COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela,
dado que como esta enfermedad es nueva tanto en su aparición como en sus aspectos clínicos, permitirá conocer cómo está
afectando a la población del país.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 80 - 87 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 28/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 20/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
CONCLUSIONES
CONFLICTO DE INTERESES
En Venezuela el diagnóstico se ha venido realizando mayormente con los resultados obtenidos en las pruebas rápidas, ocasio-
nando un sesgo desde el punto de vista diagnóstico (Carrero, 2020). En este sentido, los casos confirmados deben ser
reportados de acuerdo con los resultados de las RT-PCR realizadas y no tomando en cuenta las pruebas rápidas. Un resultado
positivo en las pruebas rápidas de detección de| anticuerpos para la COVID-19, lo que realmente indica es que la persona
estuvo en contacto con el virus, mientras que la prueba RT-PCR, detecta ARN del virus, y si el resultado es positivo esto
indica que el paciente tiene el SARS-CoV-2, en algunos casos aun cuando no se ha producido la respuesta inmune específica
mediante el desarrollo de anticuerpos o incluso que la cantidad de estos es insuficiente para poder ser detectados (Oletta y
Walter, 2020).
El 23 de mayo de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, informó que en
Venezuela se han realizado un total de 16.577 pruebas de RT-PCR, correspondiente a un 2,37% del total de pruebas aplicadas
en el país para diagnosticar la presencia del nuevo coronavirus (Souquett, 2020). Para el 4 de agosto de 2020 se han realizado
un total de 52.042 test por millón de habitantes poniendo a Venezuela como el segundo país del continente americano en
números de pruebas para el diagnóstico de la COVID-19 realizadas (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y
Control del Coronavirus, 2020), pero al mismo tiempo se ubica en el país con menor número de pruebas moleculares realiza-
da, cuando se compara con otros países de Sur América.
Hasta el 4 de agosto de 2020 no hay información actualizada sobre el número de pruebas de RT-PCR realizadas y el número
de casos confirmados, solo se tiene el reporte de las pruebas rápidas realizadas con un total de 1.561.272, según la Comisión
Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus. La realización de pruebas de RT-PCR, hace que los
reportes de casos de cada país sean más confiables, permite identificar un mayor número de personas infectadas con síntomas,
teniendo una estimación más precisa de la magnitud de la epidemia y disminuye el sesgo de solo estar identificando los asinto-
máticos y personas mayores. Según datos aportados por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del
Coronavirus se ha reportado hasta el 4 de agosto de 2020 un total de 21.438 casos, de los cuales 12.977 masculinos 61% y
8.461 femeninos 39%. Casos activos 9.376, 11.875 recuperados y 187 fallecidos. Dentro de los primeros 5 estados con el
mayor número de casos están: Distrito Capital (5.015), Zulia (3.684), Miranda (2.703), Apure (2.008) seguido de Bolívar
(1.398) (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus, 2020).
La pandemia, no sólo encuentra a un país profundamente debilitado con un sistema sanitario destruido, una población en
medio de una emergencia humanitaria compleja y un deterioro importante en la calidad de vida, pobreza extrema, desnutri-
ción, limitado acceso a los servicios básicos como: agua, luz, gas, combustible, empleo y una caída del precio del petróleo,
sino que además esta pandemia puede tener una mayor tasa de letalidad de la enfermedad en Venezuela por la presencia de
todos estos factores que agravan las condiciones de los enfermos y el panorama actual de la pandemia en el país. Venezuela
a pesar del relativo aislamiento en el que ya se encuentra, es un potencial punto de distribución de la pandemia, esto basado
en el hecho de que tiene una amplia y fácilmente penetrable frontera con Brasil y Colombia y su conexión con el Caribe, que,
a pesar de estar sus fronteras cerradas, el intercambio de personas de forma ilegal se sigue manteniendo.
Resulta necesario e imprescindible, planificar las nuevas acciones de comunicación y orientación a la población, sobre todo
en este momento cuando está en pleno desarrollo de la fase expansiva de la epidemia, tiempo en que se acentuarán las penu-
rias, barreras y privaciones de las personas para la disponibilidad de bienes esenciales, el desarrollo de la vida normal, y el
acceso a los servicios de salud, indispensables para las personas afectadas por la pandemia y a la vez garantizar la atención
de las personas afectadas por otras causas, que también demandan servicios de atención.
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Es la hora de una tregua en la lucha política para diseñar y ejecutar acciones de manera conjunta, uniendo las fuerzas de todos
los actores sociales y políticos con poder, para hacer frente a la pandemia del coronavirus en Venezuela. Además, es importan-
te mencionar que, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno venezolano para mantener a la población informada
sobre la evolución de la enfermedad en el país, es muy cierto que existe poca información lo cual pudiera ser debido a que
esta es una enfermedad nueva, las fluctuaciones epidemiológicas a veces no permiten obtener cifras reales, la automedicación
de las personas y que no acuden a los centros de salud, todo esto pudiera traer como consecuencia que exista un subregistro
importante de la enfermedad.
Los autores no tienen ningún conflicto de interés
Se realizó por medio de una búsqueda sistemática entre los meses marzo y agosto de 2020, en la cual se incluyeron artículos
científicos, boletines epidemiológicos, artículos en prensa e información correspondiente al comportamiento epidemiológico
de la COVID-19 en Venezuela, medidas aplicadas por el gobierno venezolano frente al coronavirus, aspectos relacionados
con la tasa de incidencia acumulada de casos confirmados según la prueba de reacción en cadena de polimerasa [PCR] y
pruebas rápidas, para el territorio nacional y entidad federal, caracterización epidemiológica de los casos confirmados de la
COVID-19 según edad y sexo, número de fallecidos y recuperados y sobre las condiciones socioeconómicas actuales que
tiene el país para enfrentar esta pandemia.
Enfermedad por coronavirus (COVID-19)
La pandemia actual de la COVID-19 representa una crisis de salud mundial aguda y de rápido desarrollo, declarada el 11 de
marzo de 2020 por la OMS. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN perteneciente al género Betacoronavirus, forma parte de las
7 especies de coronavirus que pueden causar infección en los humanos y está estrechamente relacionado con otros coronavi-
rus considerados altamente patogénicos dado que comparte información genética con el virus causante del síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), ambos son de origen zoonótico (León et al., 2020; Millán-Oñate et al., 2020;
Yang et al., 2020); en la última década se han reportado brotes de estos dos importantes coronavirus, los cuales se han caracte-
rizado ser una gran amenaza para la salud pública (Baharoon y Memish, 2019; Rothan y Byrareddy, 2020).
De acuerdo con la OMS, los signos característicos de la COVID-19 son fiebre, tos seca y fatiga; adicionalmente, se han repor-
tado síntomas como dificultad para respirar, dolores, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto o el olfato. Con
menos frecuencia se presentan síntomas como náuseas, vómitos y diarrea (Guan et al., 2020). Según Menni et al. (2020),
alrededor del 80% de los infectados presentan síntomas leves o ausencia de los mismos (asintomáticos) y generalmente no
requieren tratamiento hospitalario; otro 15% desarrolla enfermedad moderada o grave, como neumonía, edema pulmonar,
síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica múltiple o incluso la muerte (Li et al., 2020; Pierre y Harrisc,
2020; WHO, 2020;), requiriendo asistencia avanzada, en muchos casos con apoyo ventilatorio y cuidados intensivos. La
letalidad por esta enfermedad fluctúa entre 4% y 6%, con un riesgo incrementado de complicarse o morir en los casos de
personas infectadas en edades avanzadas y que además tengan enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes,
cáncer y cardiopatías (Flint y Tahrani, 2020; Rodacki, 2020; Zhou et al., 2020; Yang et al., 2020). La OMS anunció que la
COVID-19 debería caracterizarse como una nueva enfermedad pandémica (Gudbjartsson et al., 2020).
De Lusignan et al. (2020), en su estudio realizado entre la población general encontraron evidencia de posibles factores socio-
demográficos asociados con una prueba de SARSCoV- 2 positiva como: edad avanzada, el sexo masculino, habitar en zonas
menos favorecidas, vivir en un área densamente poblada, raza negra, la obesidad y la enfermedad renal crónica, exceptuando
el tabaquismo. Sin embargo, se reconoce la necesidad de mayores estudios para dilucidar con mayor robustez los resultados.
La susceptibilidad al virus es general, debido a que se trata de un agente infeccioso nuevo para el humano y su comportamien-
to se está evaluando continuamente a fin de identificar los factores de riesgo o de protección inherentes a la infección; en la
actualidad, se encuentran en curso estudios de investigación para el desarrollo de vacunas que prevengan el contagio o de
medicamentos que contengan la historia natural de la enfermedad en el hombre. Al ser una enfermedad transmisible por la vía
aérea, la aplicación de medidas de control para limitar la transmisión es bastante compleja, ya que van desde la recomenda-
ción de uso de mascarilla hasta la restricción de viajes y comercio internacional, pasando por cuarentena masiva, aislamiento
estricto de casos confirmados, entre otras (Sánchez et al., 2020).
COVID-19 en Venezuela
A raíz de la declaración realizada por el director de la OMS, el 30 de enero de 2020, algunos países latinoamericanos comenzaron
a tomar previsiones e implementar medidas extraordinarias de seguridad y salud pública ante el posible arribo de la enfermedad
a sus territorios. El virus entra a Venezuela el 13 de marzo de 2020, donde las autoridades reportaron los dos primeros casos
que resultaron ser importados y en función de esa información, se sumó como uno de los últimos países de América Latina
en reportar casos de infectados y declarar estado de alarma nacional (Olmo, 2020). El 21 de marzo se reportó la primera
muerte a consecuencia de la enfermedad (Reuters, 2020). Posteriormente se detectó y reportó un caso importado que presentaba
síntomas desde el 29 de febrero de 2020 (Fermín, 2020). Se cree que la primera persona portadora del virus ingresó al país el
25 de febrero de 2020 (Souquett, 2020).
Las autoridades venezolanas comenzaron a realizar protocolos para contener la enfermedad como: suspensión de vuelos
nacionales e internacionales, cuarentena social extendida a todo el país y cierre de frontera con Colombia y Brasil. Sin embargo,
a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando y todas las medidas sanitarias implementadas, la cantidad de
contagios y la rápida propagación del virus siguen en ascenso, poniendo actualmente al país en cuarentena radical. En el país
no hay información precisa con respecto al número de casos importados y a los que tiene relación con estos, tampoco con los
considerados casos propios debido a brotes o cadenas de transmisión comunitaria, a partir de casos de origen desconocido, lo
cual hace que aumente la dificultad para la contención. Es de hacer notar las inconsistencias, limitaciones y contradicciones
de los datos ofrecidos por los voceros oficiales, y la ausencia de un boletín epidemiológico periódico, que permita analizar los
datos con detalle. Otra situación que se ha suscitado en el país es que se desconoce el número actualizado de casos sospechosos
o probables, así como lo recomienda la OMS-OPS y cuántos han sido descartados mediante pruebas moleculares (Souquett,
2020). Desde diciembre de 2016 fue restringido de forma arbitraria el acceso a los datos oficiales epidemiológicos, situación
que se ha mantenido hasta la actualidad (Oletta y Walter, 2020).
El diagnóstico de la enfermedad ha tenido una limitada capacidad y sigue siendo insuficiente cuando se ve que el número de
casos aumenta diariamente, para explicar el pobre desempeño en la realización de pruebas confirmatorias en el país, es necesario
mencionar que se dispone de un solo laboratorio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel [INHRR]
ubicado en la ciudad capital, autorizado para el procesamiento de las muestras a través de pruebas moleculares [RT-PCR], cuya
capacidad es alrededor de 100 a 200 pruebas diarias (Oletta y Walter, 2020), aunado al tiempo que tarda en llegar la muestra al
laboratorio, retraso en la entrega de los resultados, las dificultades para la preservación de las mismas, bajo condiciones de
refrigeración, durante el transporte, lo que contribuye a riesgos de daño y extravío del material. Todo esto trae como consecuen-
cia perjuicios para el paciente, en cuanto a la aplicación temprana del protocolo de fármacos que han establecido las autoridades
de salud, poniendo en riesgo la vida de este, por lo que se hace necesario mejorar la estrategia de control del virus para detectar
los casos y sus contactos de forma eficaz y oportuna.
Es importante conocer de forma diaria el número de pruebas de RT-PCR con el propósito de poder calcular la tasa de positivos
y de utilizar este indicador para seguir el comportamiento de la epidemia, pero hasta ahora en Venezuela se eligió erradamente
la utilización de las pruebas rápidas, basadas en la determinación serológica de anticuerpos, sin embargo, esta medida que no ha
sido recomendada por la OMS ya que estas pruebas no han sido suficientemente validadas (WHO, 2020). Es bien sabido como
se hace con otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que las pruebas serológicas, suelen ser útil para estudios de
seroprevalencia, por lo que pueden ser usadas después de la pandemia. Sin embargo, hasta ahora los únicos datos confiables que
se tienen a cerca de los casos confirmados por RT-PCR son los reportados por Sánchez et al. (2020), en un estudio realizado entre
el 21 de febrero hasta el 22 de junio de 2020 donde se obtuvo un total 4.014 casos confirmados considerados importados de otros
países, principalmente de Colombia (65%), Brasil (19%), Perú y Ecuador (4% cada uno), de 39.328 muestras recibidas para
investigación de casos sospechosos en el INHRR procedentes de todas las entidades geográficas de Venezuela para diagnóstico
por RT-PCR.
INTRODUCCIÓN
Una de las mayores amenazas para la humanidad es la aparición de un virus pandémico. Es bien sabido que el virus de la
influenza y coronavirus son aquellos con el mayor potencial para que se produzca tal evento. En China a principios de diciem-
bre de 2019 fueron identificados los primeros casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan,
epidemiológicamente todos tenían una exposición compartida en el mercado mayorista de mariscos donde también se
vendían animales de granja, murciélagos y serpientes (Biscayart et al., 2020; Cuartas et al., 2020; Zhu et al., 2020). Se identi-
ficó que el causante de esta infección era generado por el coronavirus, denominado SARS-CoV-2, llamada enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19), nombre oficial que anuncio la Organización Mundial de la Salud [OMS] el 22 de febrero de
2020 (León et al., 2020; Li et al., 2020).
Para el 11 de marzo del mismo año se reconoció la situación de la enfermedad como pandemia, debido a su rápida y fácil
transmisión, la cantidad de casos, mortalidad observada y su expansión a nivel mundial (OMS, 2020). Hasta principios del
mes de agosto (3 de agosto 2020), a nivel mundial se han registrado un total de 18.506.901 casos confirmados, con 700.784
muertes, siendo actualmente el continente americano el más afectado con 5.129.680 casos en total (BBC mundo, 2020).
Según los reportes de la OMS el primer caso que se reportó en América fue el 23 de enero en USA y en Latinoamérica el 27
de febrero en Brasil; y para la fecha USA es el más afectado con 4.070.480 casos confirmados, seguido de Brasil con
2.287.475 casos confirmados (Johns Hopkins University, 2020; Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada,
2020; Consórcio de veículos de imprensa, 2020). Venezuela no escapa de la realidad mundial, esta pandemia de COVID-19
se ha expandido en todo su territorio nacional (MPPS, 2020).
Después de la confirmación de los primeros casos en el país, el Ministerio del Poder Popular para la Salud [MPPS] por medio
de la base de datos del Sistema Único de Información en Salud [SUIS], manifestó una estabilidad en la incidencia de los casos
hasta mediados del mes de mayo de 2020, cuando la curva de casos confirmados presentó un cambio abrupto, esto relaciona-
do en su mayoría con casos importados provenientes de países vecinos. Desde la llegada de la pandemia a Venezuela, la
información actualizada sobre el coronavirus, pruebas realizadas, tasa de recuperados y fallecidos, entre otros, es limitada,
debido a que los portales web no dan la opción de descargar los datos correspondientes, muchos menos de realizar búsquedas
dinámicas o acceder a un portal de datos abiertos, por lo que dicha información solo se obtiene a través de noticias mostradas
en medios públicos y privados o acceder a portales que en su mayoría no tienen nada que ver con el MPPS, donde solo se
recopilan aspectos en forma de notas periodísticas, lo cual, esto ha traído como consecuencia contradicciones, divergencias,
poca transparencia en las cifras e incluso los datos se reportan de forma tardía debido a que la confirmación del diagnóstico
no se hace de forma oportuna.
La COVID-19 en Venezuela es mucho más que una crisis de salud. Hoy en día ha tenido el potencial de aumentar la crisis
social, económica y política, que ya existe en el país. Con América convertida en el epicentro mundial, mientras la vecina
Brasil y otros países latinoamericanos transitan hacia la cima de su curva de mayores contagios, Venezuela ha evitado de
momento un estallido que muchos expertos consideran inevitable, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo
como consecuencia del confinamiento de la población en las fases iniciales del contagio, sin embargo, en este momento no
parece factible que la epidemia detenga su avance, en los últimos días la estadística venezolana de contagios ha comenzado a
aumentar de forma rápida. En realidad, no importa en qué región o país del mundo, si es uno o son dos millones. Cada enfer-
mo, cada muerte, cada recuperación cuenta.
Esta investigación plantea como objetivo analizar la situación de la COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela,
dado que como esta enfermedad es nueva tanto en su aparición como en sus aspectos clínicos, permitirá conocer cómo está
afectando a la población del país.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 80 - 87 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 80 - 87 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 28/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 20/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
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de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
