REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
• María Lorena Tenorio Rosero
• Diana Gissella Veintimilla Almeida
• Milton Alfredo Reyes Herrera
RESUMEN
El artículo desde una metodología interdisciplinaria de carácter cualitativo, con respaldo de indicadores cuantitativos, analiza
el cómo factores de la crisis económica podrían afectar a la calidad de vida de la población ecuatoriana; objetivo, que es
enriquecido con los aportes de una metodología descriptiva basada en la recolección de datos en fuentes primarias y secunda-
rias y en la interpretación sociológica y psicoanalítica, con lo cual explora los impactos en el ámbito de la salud mental y de
la seguridad. Como primer punto, se revisará la situación a nivel material generada por la pandemia y relacionada a la cotidia-
nidad de la población, a través de un análisis proveniente de la economía política; a continuación, se señalarán las principales
problemáticas que dicha crisis genera en el campo de la salud mental y se presentarán proyectivas sobre sus secuelas.
Trasversalmente, se reconocerán posibles escenarios en el tema de seguridad. Los objetivos son formular un estudio de caso
sobre el COVID-19 que complemente a los análisis centrados en el tema salud y a los estudios económicos; y al mismo
tiempo, analice ámbitos poco abordados en el país. Se espera así, que el documento genere insumos que aporten a que las
políticas públicas en el Ecuador puedan generar respuestas anticipadas a los retos presentes del COVID-19 y a sus escenarios
posteriores.
Palabras claves: Ecuador, Crisis COVID-19, Economía, Salud Mental, Seguridad.
ABSTRACT
This article, through an interdisciplinary methodology of a qualitative nature supported by quantitative indicators, analyses
how factors of the economic crisis could affect the quality of life of the Ecuadorian population; objective enriched with the
contributions of a descriptive methodology based on data collection from primary and secondary sources, and in sociological
and psychoanalytic interpretations. With all this, the impacts in the field of mental health and safety are explored. First, the
situation generated by the pandemic will be reviewed at a material level and related to the daily life of the population, through
an analysis from the political economy. Next, the main problems generated by this crisis in the field of mental health will be
pointed out and projections on its consequences will be presented. Transversally, possible scenarios in safety will be
recognized. The objectives are to formulate a case study on COVID-19 that complements the analyses focused on health and
economic studies, which at the same time, examines areas that are hardly tackled in the country. This document is expected
to generate inputs that will help public policies in Ecuador to create anticipated responses to the present challenges of
COVID-19 and its subsequent scenarios.
Key words: Ecuador, COVID-19 Crisis, Economy, Mental Health, Security.
LA CRISIS ECONÓMICA DEL COVID-19 EN EL ECUADOR:
IMPLICACIONES Y PROYECTIVAS PARA LA SALUD MENTAL Y LA SEGURIDAD
THE COVID-19 ECONOMIC CRISIS IN ECUADOR:
IMPLICATIONS AND PROJECTIONS FOR MENTAL HEALTH AND SAFETY
María Lorena Tenorio-Rosero , Diana Gissella Veintimilla-Almeida , Milton Alfredo Reyes-Herrera
1 2 3
Universidad Central del Ecuador. Quito - Ecuador. E mail: mltenorio@uce.edu.ec
Universidad Central del Ecuador. Quito - Ecuador. E mail: dgveintimilla@uce.edu.ec
Instituto de Altos Estudios Nacionales. Quito - Ecuador. E mail: milton.reyes@iaen.edu.ec
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
ARTÍCULO RECIBIDO: 01/09/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 05/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
INTRODUCCIÓN
El problema del COVID-19 viene siendo tratado, especialmente desde los impactos generados en la salud, y en sus conse-
cuencias económicas; sin embargo, existen temáticas como el de la salud mental y la seguridad, que presentan un déficit de
análisis académicos, aunque se pueden encontrar registros de datos fragmentados, por medio de la prensa.
Los datos económicos alrededor de la pandemia han venido señalando distintos resultados, sobre el decrecimiento del PIB en
el Ecuador para 2020; así, al inicio de la misma, se calculó en (-) 6,5 % (CEPAL, 2020a), para julio se calculó en alrededor de
(-) 9% (CEPAL, 2020b), y finalmente el Fondo Monetario Internacional [FMI] a inicios de agosto lo recalculo a un (-) 11%
(Báez y Rosero, 2020); la evolución de la proyectiva, no se debe únicamente a la crisis del COVID-19, sino también al desem-
peño económico del gobierno durante la pandemia y al manejo de años previos, donde existieron: a) un alto grado al recorte en
inversión, y b) políticas restrictivas que desaceleraron la economía desde 2018. Así, la evolución muestra que en 2017 existió
un crecimiento de 3% - recuperándose de una caída de (-) 1,6%, anual en 2016 (CEPAL, 2018); mientras que, para 2018 se da
un modesto crecimiento de 1,4% (CEPAL, 2019); y ya, para 2019, se alcanza apenas un incremento de 0,1% (BCE, 2020a).
La crisis previa a la pandemia puede ser observada en la evolución del presupuesto general del estado [PGE]; donde, el déficit
fiscal muestra poca eficiencia estructural y reacción tardía en el manejo de las finanzas públicas frente a la coyuntura de dicha
crisis; por ejemplo, el ejercicio fiscal al 2019 registra un déficit de -2.662 millones de dólares (mm. USD); sin embargo no
es el valor más significativo en comparación con años anteriores, ya que en el 2016 - periodo de transición gubernamental- se
registra un déficit de -5.336 mm. USD (relacionados al terremoto, y caída de precio de petróleo) y en 2017 éste asciende a
-5.617 mm. USD.
A esto, se sumó la poca eficiencia en la administración del gasto y en la recaudación fiscal en personas naturales y empresas,
e incluso se otorgó la remisión de impuestos al sector privado moroso frente al Estado; todo lo cual, significaron 4.291 millo-
nes de USD de impuestos no pagados al SRI - sin considerar intereses- (Salgado, 2019), y que beneficiaron especialmente a
las grandes firmas. Este hecho, además impactaba en la economía por la falta optimización la inversión en obra pública, y
donde se reportan altos niveles de corrupción institucionalizado.
Cuando, desde 2018, se inicia la disminución del déficit, ésta vino acompañada por el constreñimiento en el aparato del estado
y el recorte en inversión pública; y por nuevos endeudamientos, entre otras medidas; donde, desde una visión ortodoxa, se ha
considerado que las medidas de ajuste podrían generar mayor inversión privada, algo que no se ha materializado meridianamente.
Así, el Ecuador, sin políticas anti-cíclicas, ni inversión privada nacional ni externa, ha sido un ejemplo negativo en la caída
de los indicadores relacionados a la calidad de vida de la población. Es en este contexto, cuando es importante observar la
tendencia de los pagos generados por el servicio de la deuda:
Tabla 1. Situación financiera, PGE (en millones de USD)
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE (2020b).
Elaborado por: Autores
Año Ingresos corrientes y de capital Egresos corrientes y de capital Déficit (-) o Superávit (+)
2015 20.115,9 21.784,4 -1.668
2016 17.673,3 23.010,5 -5.337
2017 17.326,1 22.942,9 -5.617
2018 19.243,9 21.893,1 -2.649
2019 18.723,6 21.385,2 -2.662
E-ISSN-2361-2557
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
• María Lorena Tenorio Rosero
• Diana Gissella Veintimilla Almeida
• Milton Alfredo Reyes Herrera
Por otra parte, se señala que el monto a julio 2020 de la deuda pública asciende a USD 58.418 millones USD (Ibíd.), siendo
que el Ecuador a 2019, tenía que cumplir sus obligaciones de corto y mediano plazo con los tenedores de bonos en el mercado
internacional de capitales, por un rubro que representaba el 32% del total la deuda pública.
Dado el peso de las obligaciones y si el país incumplía los pagos y caía en default cruzado se habría afectado aún más a su
calificación actual de –B (alto riesgo país), en el mercado internacional; incumplimiento que le habría significado no
solamente el cierre de puertas de los prestamistas internacionales, sino también la de los organismos multilaterales como el
Fondo Monetario Internacional [FMI], el Banco Mundial [BM] y el Banco de Desarrollo para América Latina [CAF]; entida-
des con las cuales regularmente se pretende reactivar o negociar nuevos préstamos, en función de los resultados que se
obtengan con los tenedores de bonos.
Actualmente (a agosto, 2020), en este nivel, el Ecuador negocia con el Banco de Desarrollo de China, con cuyo estado existen
obligaciones contempladas dentro del 10% señalados en el rubro gobierno, ver gráfico n.1), a la par que se reactivan negocia-
ciones con el FMI, cuyos condicionamientos para la obtención de nuevos préstamos están ligados a los cumplimientos de la
carta de intención firmada; cuyas exigencias más fuertes son: la reducción del tamaño del Estado, específicamente en el
Sector Público No financiero [SPNF], y la privatización o monetización de activos estatales. Es en el escenario mencionado,
donde el COVID-19 profundiza la crisis anterior, generando otra serie de elementos que deben ser tratados para comprender
el impacto en la población en su cotidianidad; y que no pueden ser comprendidos únicamente como resultado de factores
exógenos, sino que tiene que ver con las decisiones en política económica que los gobiernos nacionales asumen.
En el caso ecuatoriano, la respuesta gubernamental se anunció, en un primer momento, a las 7:00 am del 10 de marzo de 2020,
cuando en cadena nacional, se señalaron un conjunto de medidas económicas para afrontar y superar la crisis. Lo inusual de
la hora del enlace, anunciaba la gravedad de las medidas a tomarse sobre la sociedad; recayendo éstas especialmente en los
estratos de bajos y medios ingresos. Bajo el argumento de austeridad (retórica que da continuidad de las políticas de ajuste de
años anteriores), se anticiparon políticas de política fiscal y ajustes a la deuda pública, y se anunció una serie de medidas que
se resumen a continuación:
1. Recorte de presupuestario (800 millones en bienes y servicios, y 600 millones de USD en bienes de capital).
2. Eliminación de una secretaría (de la Juventud), 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas,
4 secretarías técnicas y la Empresa de Medios Públicos.
3. Aporte obligatorio de los servidores públicos de un “pequeño porcentaje” del salario (entre el 4 y el 8%).
4. Incremento en 0,75% de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta en el sector bancario, petrolero y de
telecomunicaciones (SRI, 2020).
A raíz de este anuncio, se empezaron a perfilar una serie de medidas de ajuste, leyes y decretos elaborados e implementados
fundamentalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Trabajo. Con lo que respecta a este análisis, como
muestra podemos señalar 3 campos donde van a profundizarse los impactos generados por las crisis acarreadas en años anteriores
(salud, educación y empleo), que permiten observar una continuidad en el deterioro de calidad de los indicadores. En términos de
ejecución (gasto) en el sector de salud y educación, existe una disminución visible al comparar los datos en cada primer quimestre
entre los años 2018-2020. Esto, es especialmente considerable en el sector salud, lo cual, resulta alarmante tomando en cuenta que
en plena emergencia sanitaria se esperaría una priorización de recursos para garantizar la atención a la población afectada y la
prevención. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (BCE, 2020c) se registra un gasto en salud de 1.027 millones de
USD en el 2018; en el 2019: 1.058 millones; y finalmente, en el 2020 en pleno desarrollo de la pandemia, el gasto llegas a apenas
964 millones de USD (ver figura 2). Cifras que permiten confirmar las denuncias de médicos, enfermeras, técnicos y servidores
de la salud sobre la falta de insumos básicos y falta de pago de salarios en plena emergencia sanitaria.
El sector educación, también resultó gravemente afectado debido a que existe una reducción que va desde los 1.360 a los
1.099 millones de USD, en el mismo periodo analizado (ver gráfico N° 2); mientras que el gobierno también anunciaba un
recorte de cerca de 100 millones de USD a las universidades públicas, específicamente en gasto corriente; afectando las
partidas de contratación del personal docente y administrativo ocasional y con ello la calidad de la educación; limitando así,
la oportunidad de acceso a la educación pública a los actuales y futuros postulantes, debido al obligado recorte sobre la oferta
académica. Cuando se observan los recortes en los sectores señalados, se reconoce una política que pretende que la lógica de
mercado opere libremente, cuando ni los grandes centros del capitalismo mundial, han dejado de lado el rol de comando del
estado, para solventar, o por lo menos contener, los efectos más severos en indicadores económicos y sociales.
Tabla 2. Egresos del PGE (millones USD)
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE (2020c). Elaboración: Autores
Gráfico 1. Estructura de la deuda pública - a Julio 2020
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2020)
INTERNA EXTERNA
Otros: 2%
Bonos en mercados
internacionales:
32%
Organismos
internacionales:
23%
Gobiernos: 10%
Bancos: 4%
Deuda Interna: 29%
2015
2016
2017
2018
2019
27.373,2
29.213,7
29.891,2
27.135,6
27.440,6
20.023
21.080
20.428
18.867
18.045
3.151
4.301
4.918
3.908
5.266
4.200
3.832
4.546
4.361
4.130
7.351
8.134
9.463
8.269
9.396
26,85%
27,84%
31,66%
30,47%
34,24%
TOTAL
EJECUTADO
(Gastos + Pago Deuda)
AÑO
GASTOS
PAGO DEUDA
TOTAL
PAGO DE
DEUDA
PORCENTAJE
DESTINADO
A LA DEUDA
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
91
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
ARTÍCULO RECIBIDO: 01/09/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 05/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Actualmente (a agosto, 2020), en este nivel, el Ecuador negocia con el Banco de Desarrollo de China, con cuyo estado existen
obligaciones contempladas dentro del 10% señalados en el rubro gobierno, ver gráfico n.1), a la par que se reactivan negocia-
ciones con el FMI, cuyos condicionamientos para la obtención de nuevos préstamos están ligados a los cumplimientos de la
carta de intención firmada; cuyas exigencias más fuertes son: la reducción del tamaño del Estado, específicamente en el
Sector Público No financiero [SPNF], y la privatización o monetización de activos estatales. Es en el escenario mencionado,
donde el COVID-19 profundiza la crisis anterior, generando otra serie de elementos que deben ser tratados para comprender
el impacto en la población en su cotidianidad; y que no pueden ser comprendidos únicamente como resultado de factores
exógenos, sino que tiene que ver con las decisiones en política económica que los gobiernos nacionales asumen.
En el caso ecuatoriano, la respuesta gubernamental se anunció, en un primer momento, a las 7:00 am del 10 de marzo de 2020,
cuando en cadena nacional, se señalaron un conjunto de medidas económicas para afrontar y superar la crisis. Lo inusual de
la hora del enlace, anunciaba la gravedad de las medidas a tomarse sobre la sociedad; recayendo éstas especialmente en los
estratos de bajos y medios ingresos. Bajo el argumento de austeridad (retórica que da continuidad de las políticas de ajuste de
años anteriores), se anticiparon políticas de política fiscal y ajustes a la deuda pública, y se anunció una serie de medidas que
se resumen a continuación:
1. Recorte de presupuestario (800 millones en bienes y servicios, y 600 millones de USD en bienes de capital).
2. Eliminación de una secretaría (de la Juventud), 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas,
4 secretarías técnicas y la Empresa de Medios Públicos.
3. Aporte obligatorio de los servidores públicos de un “pequeño porcentaje” del salario (entre el 4 y el 8%).
4. Incremento en 0,75% de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta en el sector bancario, petrolero y de
telecomunicaciones (SRI, 2020).
A raíz de este anuncio, se empezaron a perfilar una serie de medidas de ajuste, leyes y decretos elaborados e implementados
fundamentalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Trabajo. Con lo que respecta a este análisis, como
muestra podemos señalar 3 campos donde van a profundizarse los impactos generados por las crisis acarreadas en años anteriores
(salud, educación y empleo), que permiten observar una continuidad en el deterioro de calidad de los indicadores. En términos de
ejecución (gasto) en el sector de salud y educación, existe una disminución visible al comparar los datos en cada primer quimestre
entre los años 2018-2020. Esto, es especialmente considerable en el sector salud, lo cual, resulta alarmante tomando en cuenta que
en plena emergencia sanitaria se esperaría una priorización de recursos para garantizar la atención a la población afectada y la
prevención. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (BCE, 2020c) se registra un gasto en salud de 1.027 millones de
USD en el 2018; en el 2019: 1.058 millones; y finalmente, en el 2020 en pleno desarrollo de la pandemia, el gasto llegas a apenas
964 millones de USD (ver figura 2). Cifras que permiten confirmar las denuncias de médicos, enfermeras, técnicos y servidores
de la salud sobre la falta de insumos básicos y falta de pago de salarios en plena emergencia sanitaria.
El sector educación, también resultó gravemente afectado debido a que existe una reducción que va desde los 1.360 a los
1.099 millones de USD, en el mismo periodo analizado (ver gráfico N° 2); mientras que el gobierno también anunciaba un
recorte de cerca de 100 millones de USD a las universidades públicas, específicamente en gasto corriente; afectando las
partidas de contratación del personal docente y administrativo ocasional y con ello la calidad de la educación; limitando así,
la oportunidad de acceso a la educación pública a los actuales y futuros postulantes, debido al obligado recorte sobre la oferta
académica. Cuando se observan los recortes en los sectores señalados, se reconoce una política que pretende que la lógica de
mercado opere libremente, cuando ni los grandes centros del capitalismo mundial, han dejado de lado el rol de comando del
estado, para solventar, o por lo menos contener, los efectos más severos en indicadores económicos y sociales.
Gráfico 2. Gastos sector salud, y educación por primer quimestre (2018-2020) en millones de dólares.
Fuente: BCE (2020c).
2018 ENERO - MAYO
1160,70
1027,70
1235,90
1058,10
1099,70
964,70
2019 ENERO - MAYO 2020 ENERO - MAYO
Educación y cultura Salud y desarrollo comunal
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
92
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
• María Lorena Tenorio Rosero
• Diana Gissella Veintimilla Almeida
• Milton Alfredo Reyes Herrera
Paralelamente, mientras estos sectores sensibles para los derechos básicos de la población se recortan, entre enero y mayo de
2020, se realizaron desembolsos por concepto de deuda, que según el BCE (2020b,), alcanzan los 9.379,6 millones de USD;
es decir, se pagaron en cinco meses lo equivalente a un año; e incluso en medio de la pandemia, se realizó el pago adelantado
de compromisos de deuda con la banca internacional y tenedores de bonos de 936 millones de USD- hasta abril (OBSERVA-
TORIO DE LA DOLARIZACIÓN, 2020), monto que representa cerca del 1% del PIB.
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
Por otro lado, cabe señalar que, para la retórica oficial y de los medios de comunicación, el desempeño económico de los años
previos, y la crisis del COVID-19, han servido de justificativo para realizar ajustes agresivos (incluyendo la desvinculación
masiva de trabajadores públicos y el cierre de empresas estatales); lo cual proyectivamente incidirá en la crisis económica al
afectar directamente al consumo de las familias y por lo tanto a la propia oferta. Dicho escenario, se viabiliza debido la preca-
rización, austeridad y vulneración a los derechos laborales, medidas que se institucionalizan mediante la “Ley Humanitaria”
(Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, 2020) y aprobado por el
pleno de la Asamblea Nacional el 15 de mayo, y el cual presenta otra serie de complejidades:
- Exoneración a la banca del pago del 50% sobre el impuesto a la renta, siempre que esta otorgue préstamos productivos (Art. 10).
- Implementación de la modalidad virtual en todo el sistema educativo (Ibíd., Art. 3).
- Modificación al Código de Trabajo agregando la modalidad del teletrabajo, flexibilización laboral y reducción del salario
mínimo vital (Ibíd. “agréguese al Art.16 del Código de Trabajo”).
A junio, uno de los impactos directos de la Ley Humanitaria es la pérdida del empleo adecuado que según el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos [INEC] baja de 38,8% registrado en el 2019 a 16,70% en el 2020. Por su lado, la eliminación de
empresas públicas y la paralización de la actividad económica han causado consecuencias graves como el incremento del
desempleo desde un 3,8% a una tasa del 13,3%, equivalente a 1.009.583 de personas, modificando la situación laboral del
Ecuador considerablemente donde el 67,40% está en condiciones de empleo inadecuado más de la mitad de la población.
(INEC-ENEMDU TELEFÖNICA, 2020).
Tabla 3. Pago de deuda enero - mayo 2020
Fuente: BCE (2020c) Elaboración: autores
Gráfico 3. Estructura laboral en el Ecuador
Fuente: ENEMDU-INEC (2019 y 2020)
Mes Millones USD
Enero 1.308,6
Febrero 1.906,2
Marzo 1.147,7
Abril 2.499,6
Mayo 2.517,5
TOTAL 9.379,6
ESTRUCTURA LABORAL EN EL ECUADOR
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
dic-24 dic-25 dic-26 dic-27 dic-29 mar-29 jun-19 sep-19 dic-19 jun-30
46,70
49,30
3,80
48,10
46,50
4,80
53,40
41,20
5,20
53,00
42,30
4,60
55,30
40,60
3,70
56,90
37,90
4,60
57,00
37,90
4,40
56,00
38,50
4,90
56,70
38,80
3,80
67,40
16,70
13,30
Empleo Inadecuado Empleo Adecuado Desempleo Empleo No Clasificado
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
ARTÍCULO RECIBIDO: 01/09/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 05/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
• María Lorena Tenorio Rosero
• Diana Gissella Veintimilla Almeida
• Milton Alfredo Reyes Herrera
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
ARTÍCULO RECIBIDO: 01/09/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 05/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
• María Lorena Tenorio Rosero
• Diana Gissella Veintimilla Almeida
• Milton Alfredo Reyes Herrera
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
ARTÍCULO RECIBIDO: 01/09/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 05/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
• María Lorena Tenorio Rosero
• Diana Gissella Veintimilla Almeida
• Milton Alfredo Reyes Herrera
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
ARTÍCULO RECIBIDO: 01/09/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 05/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
100
• María Lorena Tenorio Rosero
• Diana Gissella Veintimilla Almeida
• Milton Alfredo Reyes Herrera
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 01/09/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 05/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
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julio de 2020
El Universo (2020a). Estas son las tasas de interés publicadas por el Banco Central para julio. Recuperado de:
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/07/06/nota/7897569/tasas-interes-prestamos-ecuador-banco-
central-julio
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
102
• María Lorena Tenorio Rosero
• Diana Gissella Veintimilla Almeida
• Milton Alfredo Reyes Herrera
El Universo, (2020b).Personal de salud en Ecuador estaría al borde de sufrir ataques de pánico, ansiedad y depresión por
COVID-19. Recuperado de: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/12/nota/7810368/personal-salud-ecua
dor-estaria-borde-tener-ataques-panico-ansiedad
Entrevista a filósofo y Ph.D. en Psicoanálisis: Rodrigo Tenorio Ambrosi. (28 de julio de 2020)
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