PhD. Galo Naranjo López
RECTOR
PhD. Mary Cruz
VICERRECTORA ACADÉMICA
PhD. Elsa Hernández
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN
Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
MBA. Edisson Viera
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
Mg. John Reyes
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
En enero de 2020, surge un agente etiológico responsable de casos de neumonía grave en Wuhan, China, el cual fue identifica-
do como un nuevo Betacoronavirus. Este virus mostraba marcadas diferencias del SARS-CoV y MERS-CoV; sin embargo,
compartían homología con la secuencia descrita en murciélagos que se definieron como huéspedes o reservorios naturales.
Otros estudios señalaron como huésped intermediario al pangolín, dejando eslabones inciertos en la historia evolutiva del
virus. En marzo de 2020 la OMS declara la pandemia y con ella una serie de cambios en la humanidad desde todo punto de
vista que van desde el área sanitaria hasta el comportamiento social con gran afectación a nivel psicológico, laboral y por ende
económico. Es importante señalar que a la fecha de impresión de este volumen (09/2021), se estiman más de 229 millones de
casos de infección por SARS-CoV-2 y 4,70 millones de muertes aproximadamente.
Un aspecto importante de este nuevo agente viral (SARS-CoV-2) es el comportamiento epidemiológico diverso, mostrando
diferentes focos y presentación clínica que van desde casos leves a casos complejos. Diversos laboratorios ya han identificado
la secuencia genómica completa de este agente encontrando deleciones en regiones codificantes y no codificantes, permitien-
do el desarrollo de diferentes protocolos y modalidades diagnósticas. Existen ciertas divergencias en cuanto a la biología y
comportamiento del virus, las mutaciones subsecuentes y su rápida evolución, componentes genéticos, variabilidad en las
características clínicas, inmunidad y patologías asociadas, las cuales han complicado el manejo de la pandemia, representan-
do un gran reto para los investigadores en todas las áreas del conocimiento.
Todos los países han tomado medidas de contención algunas más efectivas que otras, sin embargo, el manejo ha sido difícil
debido a los picos y rebrotes de casos, además de la posible reinfección y la identificación de diferentes cepas. Esta pandemia
ha generado una carrera a través de este corto tiempo, en el cual todos los investigadores han realizado un esfuerzo sin prece-
dentes en todas las áreas para buscar soluciones efectivas, no solo en el ámbito de salud a través de metodologías diagnósticas,
tratamientos y vacunas, sino toda una red multidisciplinaria que incluye aspectos educativos, psicológicos, económicos,
laborales entre otros.
Las instituciones de educación superior también realizan su máximo esfuerzo en pro de la calidad educativa, la vinculación
con la sociedad y la investigación. En estos tiempos de pandemia se ha demostrado que el trabajo mancomunado, es lo que
definitivamente garantizará el menor impacto posible en la calidad de vida de la población. Somos un todo, con trabajo y
responsabilidad ciudadana, proponiendo estrategias, socializando datos, generando conocimiento y trabajando en equipo
minimizaremos el impacto generado en esta nueva realidad.
EDITORIAL
PhD. Alicia Zavala
Asistente Editorial
INVESTIGACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19: ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO Y RETOS
PhD. Mathías Valdez Duffau
Editor de la Revista
PhD. Yenddy Carrero
Coordinadora Volumen
CONTENIDO
PÁGINA
Los artículos que se publican en la revista son de responsabilidad exclusiva de sus autores y autoras;
no reflejan necesariamente el pensamiento de la Revista “Investigación y Desarrollo”
de la Universidad Técnica de Ambato.
EDITORIAL
ÍNDICE
ANSIEDAD, ESTRÉS E IRA: EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA SALUD MENTAL
DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
IMPACTO EMOCIONAL DEL CONFINAMIENTO POR COVID-19 EN LA POBLACIÓN
VENEZOLANA EN EL MARCO DE LA MIGRACIÓN
EVOLUCIÓN DE LA COVID-19 EN ECUADOR
2
3
CARTA AL EDITOR
4
6
15
27
41
53
62
71
80
88
103
DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL PARA EL CONTROL DE CONTAGIADOS
DE COVID-19
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO,
PROVINCIA DE TUNGURAHUA ANTE LA PRESENCIA DEL SARS-COV-2
BONOS TEMÁTICOS EN ÉPOCA DE COVID
TRANSMISIÓN VERTICAL DEL CORONAVIRUS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
COVID -19. LA PANDEMIA EN VENEZUELA
LA CRISIS ECONÓMICA DEL COVID-19 EN EL ECUADOR: IMPLICACIONES Y
PROYECTIVAS PARA LA SALUD MENTAL Y LA SEGURIDAD
EL ALCANCE DEL DIAGNÓSTICO EN LA INFECCIÓN POR SARS-COV-2
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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CARTA AL EDITOR
DESAFÍOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS
DE VACUNAS CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2
Sr. Editor:
Reciba un saludo cordial, en primer lugar, agradezco el tiempo otorgado para leer esta carta, redactada con la finalidad de
compartir con usted junto a los lectores de la revista, parte de mi experiencia al supervisar la ejecución de ensayos clínicos
de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, partiendo de la amenaza que representa la pandemia de COVID-19 para la salud
pública, además de las implicaciones económicas, así como sociales a nivel global. En este sentido, frente a la ausencia de
un tratamiento, el rápido desarrollo de una vacuna segura y eficaz es considerada la manera más viable de controlar esta
pandemia. Pero en el trayecto hacia una solución, nos topamos con un primer obstáculo, en los últimos años las vacunas
hechas con tecnologías tradicionales han demostrado que no son capaces de brindar protección a la población mundial duran-
te la rápida propagación de epidemias emergentes. Por lo tanto, el establecimiento de enfoques novedosos que sean rentables,
capaces de ser desarrollados y producidos rápidamente a gran escala, son de suma importancia para la salud mundial (Brown
et al., 2020).
En consecuencia, las vacunas en estudio representan una alternativa prometedora con respecto a las convencionales, debido
a su elevada potencia, capacidad de desarrollo rápido, fabricación a bajo costo y administración segura. A pesar del avance
tecnológico, una vez que estas vacunas han alcanzado las fases de ensayos clínicos, nos hemos encontrado ante otros
desafíos, los cuales nombraré a continuación: (Brown et al., 2020). Es una carrera contra el tiempo, normalmente los ensayos
de las fases I, II y III se completan entre 2 a 5 años e incluso ocasionalmente más. Esto es necesario para demostrar que una
vacuna es segura, inmunogénica y eficaz. Sin embargo, debido a la magnitud de esta pandemia, los desarrolladores de
vacunas han tenido que realizar ensayos clínicos de Fase I y II paralelamente, para adquirir data lo antes posible y así poder
iniciar la fase III. (Pardi et al., 2020) Los ensayos de fase III constan de un extraordinario volumen de participantes nunca
antes visto, sumado a que deben ser reclutados y enrolados en un corto periodo de tiempo, aproximadamente de 8 a 10 sema-
nas, tomando en cuenta que debemos seguir protocolos de distanciamiento social además de medidas sanitarias en todo
momento, cuando los participantes acuden a nuestra clínica.(Khuroo et al., 2020).
La amplia diversidad racial en la población estudiada, para proporcionar la data requerida, necesita de una muestra de pacien-
tes que represente de manera generalizada los resultados de eficacia y seguridad. Por ende, se debe dar prioridad en la selec-
ción de pacientes que reflejen los datos demográficos de la actual pandemia, especialmente en comunidades vulnerables y de
alto riesgo como la población latina, negra e indígena. (Chastain et al., 2020) Se debe priorizar la inclusión de participantes
con historia de riesgo de exposición a COVID-19, para determinar que las vacunas son eficaces, debemos probar que funcio-
nan al administrarlas en poblaciones expuestas diariamente al virus. (Harrinson & Wu, 2020) Igualmente, gran parte de los
participantes deben tener co-morbilidades que los ponga en riesgo de desarrollar casos severos de infección por COVID-19,
pues debemos probar que la vacuna es eficaz al disminuir la severidad de la infección en estas poblaciones de alto riesgo
(hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades pulmonares crónicas, edad avanzada, entre otras dudas e incertidumbre por
parte de la población, especialmente en las comunidades más afectadas, estos desafíos van desde la desinformación promovi-
da por redes sociales hasta el rechazo de vacunas entre comunidades con mayor nivel educativo y la falta de confianza en las
agencias de salud pública.
Ahora bien, independientemente de los desafíos anteriormente expuestos, quiero tomar la oportunidad para felicitar a nuestro
equipo, pues han mantenido una actitud positiva y admirable, siempre con una gran sonrisa debajo de sus máscaras N95, en
agradecimiento a todos nuestros participantes y héroes médicos alrededor del mundo. Estamos escribiendo la historia, somos
parte de la solución que nos ayudará a retornar a nuestra antigua normalidad o al menos a una nueva normalidad, pero libre
de cualquier síntoma que pueda afectar nuestras vidas una vez más.
Atentamente,
Dra. María Gabriela Becerra Terán
Supervisora de Ensayos Clínicos
Texas Center for Drug Development
Houston, Texas, Estados Unidos de América
gaby_becerra@hotmail.com
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Brown, S., Brown, T., Cederna, P. S., & Rohrich, R. J. (2020). The Race for a COVID-19 Vaccine: Current Trials, Novel
Technologies, and Future Directions [La Carrera por una vacuna de COVID-19: Ensayos actuales, tecnologías
innovadoras y futuras direcciones]. Plastic and reconstructive surgery. Global open, 8(10), e3206. https://doi.org/
10.1097/GOX.0000000000003206
Chastain D.B., Osae S.P., Henao-Martínez A.F., Franco-Paredes C., Chastain J.S., Young H.N. (2020). Racial disproportionalty
in Covid clinical trials [Desproporción racial en ensayos clínicos de Covid]. N Engl J Med 2, 383(9), e59. https://www.ne-
jm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2021971
Harrison, E. A., & Wu, J. W. (2020). Vaccine confidence in the time of COVID-19 [Confianza en vacunas en tiempos de COVID-19].
European journal of epidemiology, 35(4), 325–330. https://doi.org/10.1007/s10654-020-00634-3
Khuroo, M. S., Khuroo, M., Khuroo, M. S., Sofi, A. A., & Khuroo, N. S. (2020). COVID-19 Vaccines: A Race Against
Time in the Middle of Death and Devastation! [ Una Carrera Contra el Tiempo en el Medio de Muerte y Devasta-
ción]. Journal of clinical and experimental hepatology, 10.1016/j.jceh.2020.06.003. Advance online publication.
https://doi.org/10.1016/j.jceh.2020.06.003
Pardi, N., Hogan, M. J., Porter, F. W., & Weissman, D. (2018). mRNA vaccines - a new era in vaccinology [Vacunas de
ARNm - una nueva era en vacunología]. Nature reviews. Drug discovery, 17(4), 261–279. https://doi.org/10.1038/
nrd.2017.243
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 6 - 14 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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RESUMEN
Ecuador desde el 14 de marzo del 2020, vive un estado de alarma por la crisis sanitaria global y local que ha incluido un exten-
so aislamiento social de la población, la paralización de labores productivas y el cierre de centros educativos de todos los
niveles que han afectado la cotidianidad, reconfigurando el concepto de normalidad y afectando gravemente las economías
familiares. Este artículo narra cómo el encierro afectó a estudiantes universitarios, quienes han vivido etapas de estrés, depre-
sión e ira; puesto que su rutina, su normalidad, es decir su mundo social cambió dramáticamente. Utilizando el relato
etnográfico se describe las sensaciones y sentimientos que el encierro de más de 100 días les ha producido. La cuarentena ha
causado una serie de problemas en el comportamiento social, familiar y afectivo, incrementando estados de ansiedad, angustia
y estrés que se mezclan con incertidumbre por los serios problemas que el país enfrenta, relacionados a la pérdida de empleos,
aumento de la pobreza, desigualdades sociales, pánico e impactos sobre la salud mental causados por el temor a la infección
y la pérdida de vidas de seres queridos, lo que ha generado una crisis sin precedente.
Palabras claves: COVID-19, pandemia, relato etnográfico, ansiedad, estrés, ira.
ABSTRACT
Since March 14, 2020, Ecuador has experienced a state of alarm due to the global and local health crisis that has included
extensive social isolation of the population, the stoppage of productive work and the closure of educational centers of all
levels that have affected daily life, reconfigured the concept of normality and seriously affected family economies. This
article describes how the confinement affected university students, who have lived through stages of stress, depression, and
anger, since their routine, their social world and daily life changed dramatically. The sensations and feelings that the
confinement of more than 100 days has produced in university students are described using the ethnographic tale. The forced
confinement or quarantine has caused a series of problems in social, family and affective behavior, increasing states of
anxiety, anguish, stress and anger that are mixed with uncertainty because of the serious problems related to the loss of jobs,
increase in poverty, social inequalities, social panic and impacts on mental health caused by the fear of infection or loss of
loved ones, as it is experienced in the country, generating an unprecedented crisis.
Key words: COVID-19, pandemic, anxiety, ethnography, stress, anger.
INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó a la
Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, de estos 7 casos graves,
localizados en un mercado mayorista de mariscos, pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan. El agente causante de esta
neumonía fue identificado como un nuevo virus de la familia Coronaviridae que posteriormente se ha denominado
SARS-CoV-2, al cuadro clínico asociado se lo conoce como COVID-19 (Ministerio de Sanidad de España, 2020; Woolf, 2020).
• Nicolás Reyes
• Patricio Trujillo
ANSIEDAD, ESTRÉS E IRA: EL IMPACTO DEL COVID-19
EN LA SALUD MENTAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ANXIETY, STRESS, AND ANGER: THE IMPACT OF COVID-19
ON UNIVERSITY STUDENTS’ MENTAL HEALTH
Nicolás Reyes , Patricio Trujillo
1 2
Docente Facultad de Psicología. Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Docente Facultad de Medicina. Investigador Instituto de Salud Pública. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
E-mail: pstrujillo@puce.edu.ec
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RESUMEN
Ecuador desde el 14 de marzo del 2020, vive un estado de alarma por la crisis sanitaria global y local que ha incluido un exten-
so aislamiento social de la población, la paralización de labores productivas y el cierre de centros educativos de todos los
niveles que han afectado la cotidianidad, reconfigurando el concepto de normalidad y afectando gravemente las economías
familiares. Este artículo narra cómo el encierro afectó a estudiantes universitarios, quienes han vivido etapas de estrés, depre-
sión e ira; puesto que su rutina, su normalidad, es decir su mundo social cambió dramáticamente. Utilizando el relato
etnográfico se describe las sensaciones y sentimientos que el encierro de más de 100 días les ha producido. La cuarentena ha
causado una serie de problemas en el comportamiento social, familiar y afectivo, incrementando estados de ansiedad, angustia
y estrés que se mezclan con incertidumbre por los serios problemas que el país enfrenta, relacionados a la pérdida de empleos,
aumento de la pobreza, desigualdades sociales, pánico e impactos sobre la salud mental causados por el temor a la infección
y la pérdida de vidas de seres queridos, lo que ha generado una crisis sin precedente.
Palabras claves: COVID-19, pandemia, relato etnográfico, ansiedad, estrés, ira.
ABSTRACT
Since March 14, 2020, Ecuador has experienced a state of alarm due to the global and local health crisis that has included
extensive social isolation of the population, the stoppage of productive work and the closure of educational centers of all
levels that have affected daily life, reconfigured the concept of normality and seriously affected family economies. This
article describes how the confinement affected university students, who have lived through stages of stress, depression, and
anger, since their routine, their social world and daily life changed dramatically. The sensations and feelings that the
confinement of more than 100 days has produced in university students are described using the ethnographic tale. The forced
confinement or quarantine has caused a series of problems in social, family and affective behavior, increasing states of
anxiety, anguish, stress and anger that are mixed with uncertainty because of the serious problems related to the loss of jobs,
increase in poverty, social inequalities, social panic and impacts on mental health caused by the fear of infection or loss of
loved ones, as it is experienced in the country, generating an unprecedented crisis.
Key words: COVID-19, pandemic, anxiety, ethnography, stress, anger.
INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó a la
Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, de estos 7 casos graves,
localizados en un mercado mayorista de mariscos, pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan. El agente causante de esta
neumonía fue identificado como un nuevo virus de la familia Coronaviridae que posteriormente se ha denominado
SARS-CoV-2, al cuadro clínico asociado se lo conoce como COVID-19 (Ministerio de Sanidad de España, 2020; Woolf, 2020).
ARTÍCULO RECIBIDO: 12/08/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 02/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
La Organización Mundial de la Salud [OMS] tardó en declarar al COVID-19 como pandemia mundial, solo hasta el 11 de
marzo del 2020 lo hizo, debido a los graves efectos producidos por la enfermedad. Desde este anuncio la humanidad ha
experimentado algo inédito y extraordinario, debido a los impactos negativos producidos por el virus sobre las distintas
realidades sociales. De hecho, a nivel global y nacional, lo que se conocía como “normalidad” del funcionamiento social se
transformó drásticamente y de una manera repentina, en espacios de incertidumbre donde la realidad de todos, nosotros como
seres humanos, se han convertido en momentos de vida extraordinarios que han provocado en varios grupos poblacionales,
entre ellos estudiantes universitarios, altos niveles de estrés y ansiedad, aumentando problemas en la salud mental. La
humanidad espera que esta crisis sanitaria y social pase pronto (Trujillo, 2020; CEPAL, 2020). En Ecuador, a partir del 14 de
marzo del 2020, se vive un estado de alarma por la crisis sanitaria, que ha incluido aislamiento social de la población,
paralización de labores productivas y educativas, afectando a la economía nacional, generando incertidumbre, pánico social
e impactos sobre la salud mental de la población a consecuencia del temor a infectarse y perder la vida. A los 100 días de la
declaración oficial del primer caso en Ecuador, se han podido evidenciar que el encierro obligado o cuarentena ha causado
una serie de problemas en el comportamiento social, familiar y afectivo, incrementando estados de ansiedad, angustia y estrés
que se mezclan con incertidumbre por los serios problemas que el país enfrenta, relacionados a la perdida de trabajos, al
aumento de la pobreza y desigualdades sociales, generando una crisis sin precedentes del modelo civilizatorio (Trujillo, 2020;
Medeiros de Figueiredo, 2020).
Para la OPS-OMS (2020), es prioritario entender la perspectiva de la salud mental en una pandemia de gran magnitud, como
la que vivimos actualmente, puesto que implica una perturbación psicosocial que puede exceder la capacidad de manejo de la
población afectada. Puede considerarse, incluso, que toda la población sufre tensiones y angustias en mayor o menor medida.
Así es que se estima un incremento de la incidencia de trastornos psíquicos, posiblemente la mitad de la población expuesta
podría sufrir alguna manifestación psicopatológica. Sin embargo, se han podido evidenciar también algunos de los impactos
negativos a nivel psicosocial en muchos países desde el inicio de la pandemia: a) Pánico social relacionado a compras masivas
por miedo al desabastecimiento, difusión masiva de falsos rumores en redes sociales, tensiones entre la población, b)
aislamiento social que generan sentimientos de frustración, ansiedad, angustia, miedo, ira, c) casos de estigma social hacia los
enfermos y trabajadores de la salud; y, d) sufrimiento de la población frente a la pérdida de sus seres queridos conjuntamente
a procesos de duelo resignificados, puesto que no se los puede ver, enterrar o decirles el último adiós, según la tradición. Cabe
destacar que no todos los problemas psicosociales que se presentan podrán calificarse como enfermedades. En el caso de
coronavirus [COVID-19], la mayoría podrían ser reacciones normales ante una situación anormal, extraordinaria como la que
estamos viviendo como humanidad (Huarcaya, 2020; Woolf, 2020; CEPAL, 2020).
METODOLOGÍA
La capacidad de los seres humanos para entender lo que denominamos realidad que nos rodea, está enmarcada en la compren-
sión de tres perspectivas, una teórica-conceptual que podría relacionarse a lo racional, una segunda más subjetiva que se liga a
la construcción de conceptos sobre el mundo que nos rodea, y finalmente una existencial que trata de entender al ser, a lo que
somos como seres humanos (Rivadeneira, 2020). En situaciones extraordinarias y no planificadas, como un encierro o cuarente-
na obligada, la sensación de no saber qué pasará en un futuro inmediato se expresa en cuadros de angustia, ansiedad, depresión,
estrés e ira. Para Jackson (2005), la producción de las experiencias o de los sentidos del ser son el resultado de una relación
dinámica entre ciertas circunstancias, sobre las que tenemos poco control y nuestra capacidad de vivir, estas se transformarán
en nuestras experiencias que a la vez se convertirán en lo que denominamos realidad, o como en el caso que analiza este artículo,
la “nueva normalidad” y “estética social” que la pandemia del COVID-19 ha creado. Esta nueva normalidad o realidad social
ha provocado una profunda reorganización en nuestras percepciones y conceptos, en el día a día, es decir, en la restitución de
nuestro mundo de la vida. Pocos nos preguntamos si este tipo de eventos extraordinarios son normales en lo constitutivo del ser
humano (Jackson, 2005). Este artículo de corte cualitativo etnográfico se pregunta ¿Cómo nos afectó este encierro obligatorio?
¿Cómo cambió la percepción sobre nuestra normalidad y realidad? Se recolectan y sistematizan las experiencias narradas por
E-ISSN-2361-2557
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Ecuador desde el 14 de marzo del 2020, vive un estado de alarma por la crisis sanitaria global y local que ha incluido un exten-
so aislamiento social de la población, la paralización de labores productivas y el cierre de centros educativos de todos los
niveles que han afectado la cotidianidad, reconfigurando el concepto de normalidad y afectando gravemente las economías
familiares. Este artículo narra cómo el encierro afectó a estudiantes universitarios, quienes han vivido etapas de estrés, depre-
sión e ira; puesto que su rutina, su normalidad, es decir su mundo social cambió dramáticamente. Utilizando el relato
etnográfico se describe las sensaciones y sentimientos que el encierro de más de 100 días les ha producido. La cuarentena ha
causado una serie de problemas en el comportamiento social, familiar y afectivo, incrementando estados de ansiedad, angustia
y estrés que se mezclan con incertidumbre por los serios problemas que el país enfrenta, relacionados a la pérdida de empleos,
aumento de la pobreza, desigualdades sociales, pánico e impactos sobre la salud mental causados por el temor a la infección
y la pérdida de vidas de seres queridos, lo que ha generado una crisis sin precedente.
Palabras claves: COVID-19, pandemia, relato etnográfico, ansiedad, estrés, ira.
ABSTRACT
Since March 14, 2020, Ecuador has experienced a state of alarm due to the global and local health crisis that has included
extensive social isolation of the population, the stoppage of productive work and the closure of educational centers of all
levels that have affected daily life, reconfigured the concept of normality and seriously affected family economies. This
article describes how the confinement affected university students, who have lived through stages of stress, depression, and
anger, since their routine, their social world and daily life changed dramatically. The sensations and feelings that the
confinement of more than 100 days has produced in university students are described using the ethnographic tale. The forced
confinement or quarantine has caused a series of problems in social, family and affective behavior, increasing states of
anxiety, anguish, stress and anger that are mixed with uncertainty because of the serious problems related to the loss of jobs,
increase in poverty, social inequalities, social panic and impacts on mental health caused by the fear of infection or loss of
loved ones, as it is experienced in the country, generating an unprecedented crisis.
Key words: COVID-19, pandemic, anxiety, ethnography, stress, anger.
INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó a la
Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, de estos 7 casos graves,
localizados en un mercado mayorista de mariscos, pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan. El agente causante de esta
neumonía fue identificado como un nuevo virus de la familia Coronaviridae que posteriormente se ha denominado
SARS-CoV-2, al cuadro clínico asociado se lo conoce como COVID-19 (Ministerio de Sanidad de España, 2020; Woolf, 2020).
• Nicolás Reyes
• Patricio Trujillo
140 estudiantes del segundo nivel, primer ciclo-2020, de la carrera de medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor [PUCE], quienes construyeron mediante un relato etnográfico su ser, sus experiencias, sus vivencias existenciales durante
la cuarentena, ¿cómo el encierro y la pandemia les impactó, afectó o transformó su realidad, normalidad es decir su vida cotidia-
na? ¿Qué aprendizajes les dejó este momento extraordinario que vivimos como humanidad?
Resultados: “El eterno resplandor de una vida en la pandemia” encierro, ansiedad, depresión, estrés e ira entre estudian-
tes universitarios
El concepto de realidad, cómo ésta se interpreta o se transforma, es uno de los objetivos principales de estudio de las ciencias
(Delanty & Srtydom, 2003). Mediante la investigación se pretende entender lo que denominamos realidad, relacionándola al
mundo que nos rodea, al que recreamos como parte de nuestra cultura y sociedad. La nueva realidad o normalidad creada por
la pandemia entre estudiantes universitarios les construyó un mundo paralelo, un mundo virtual, en el que muchos ya vivían,
socializaban y se articulaban, pero que lo utilizaban como escape o un juego (Boellstorff, 2008; Trujillo, 2010). Al transfor-
marse ese mundo virtual en un mundo real, cambió su percepción sobre normalidad, su realidad se alteró, el encierro, el no
poder salir afectó su percepción de la cotidianidad, del mundo que nos rodea.
Para entender el mundo de los estudiantes universitarios creado alrededor del impacto que generó del encierro en la pandemia,
realizamos un ejercicio de corte etnográfico, preguntándoles sobre sus experiencias en la pandemia, eso que Jackson (2005)
denomina los sentidos de ser, de vida, de existencia en etapas de crisis. Los textos creados por los estudiantes fueron sistemati-
zados y para este artículo dividido en cinco indicadores, de compresión o análisis: a) normalidad, b) sentimientos o estados
de ánimo, c) ansiedad e ira, d) realidad virtual; y e) aprendizajes del encierro. Los relatos fueron seleccionados sobre la base
de los criterios descritos y de manera intencional, se los describe textualmente para guardar su originalidad, sin embargo, se
les da un orden sincrónico y lógico.
¿Qué era… la normalidad?
“Nadie va a entender la impotencia que sentía por no poder ir a la universidad y ver como todos mis esfuerzos y los de tus abue-
los porque estuviese estudiando no se estaban aprovechando por completo. Es aquí en donde comenzó mi ansiedad” (MC).
“Alguna vez se han preguntado ¿cómo sería no poder abrazar a alguien?, no poder ver un atardecer, no poder sentir la lluvia
rozando nuestras mejillas mientras corremos hacia un lugar seguro, no poder salir y sentir el sol tocando nuestros hombros,
no poder recostarse en la hierba recién cortada y percibir el aroma de las flores, no poder saborear un café a las cinco de la
tarde un domingo en compañía de tu familia o simplemente no poder salir de tu casa, pues este año varias de esas cosas no se
han podido realizar. La pandemia del COVID - 19 cambió no solo mi forma de vivir la vida sino que cambió la manera en la
que pensaba sobre ella” (FR).
“La nueva realidad que hemos estado viviendo ha modificado por completo nuestra percepción del mundo. Comenzamos a
valorar lo que antes nos parecía cotidiano e incluso sin importancia; un simple abrazo se ha convertido en la señal de afecto
más entrañable para una persona, pero que lastimosamente ahora estará limitada por el distanciamiento social. Todos hemos
cambiado en este periodo, hemos sentido tantas emociones que creo que es imposible plasmarlas por completo en un solo
momento” (GR).
“Jamás pensé vivir un hecho histórico como una pandemia mundial por coronavirus o COVID-19, sin embargo, toda esta
experiencia me ha permitido ver el mundo de una forma diferente, ser mucho más empática, apreciar cada momento con mi
familia, disfrutar de los paisajes de mi lindo Ecuador, priorizar mi salud y sobre todo, no estancarme por algún problema que
se presente, sino seguir adelante y buscar la forma de avanzar” (BQ).
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Ecuador desde el 14 de marzo del 2020, vive un estado de alarma por la crisis sanitaria global y local que ha incluido un exten-
so aislamiento social de la población, la paralización de labores productivas y el cierre de centros educativos de todos los
niveles que han afectado la cotidianidad, reconfigurando el concepto de normalidad y afectando gravemente las economías
familiares. Este artículo narra cómo el encierro afectó a estudiantes universitarios, quienes han vivido etapas de estrés, depre-
sión e ira; puesto que su rutina, su normalidad, es decir su mundo social cambió dramáticamente. Utilizando el relato
etnográfico se describe las sensaciones y sentimientos que el encierro de más de 100 días les ha producido. La cuarentena ha
causado una serie de problemas en el comportamiento social, familiar y afectivo, incrementando estados de ansiedad, angustia
y estrés que se mezclan con incertidumbre por los serios problemas que el país enfrenta, relacionados a la pérdida de empleos,
aumento de la pobreza, desigualdades sociales, pánico e impactos sobre la salud mental causados por el temor a la infección
y la pérdida de vidas de seres queridos, lo que ha generado una crisis sin precedente.
Palabras claves: COVID-19, pandemia, relato etnográfico, ansiedad, estrés, ira.
ABSTRACT
Since March 14, 2020, Ecuador has experienced a state of alarm due to the global and local health crisis that has included
extensive social isolation of the population, the stoppage of productive work and the closure of educational centers of all
levels that have affected daily life, reconfigured the concept of normality and seriously affected family economies. This
article describes how the confinement affected university students, who have lived through stages of stress, depression, and
anger, since their routine, their social world and daily life changed dramatically. The sensations and feelings that the
confinement of more than 100 days has produced in university students are described using the ethnographic tale. The forced
confinement or quarantine has caused a series of problems in social, family and affective behavior, increasing states of
anxiety, anguish, stress and anger that are mixed with uncertainty because of the serious problems related to the loss of jobs,
increase in poverty, social inequalities, social panic and impacts on mental health caused by the fear of infection or loss of
loved ones, as it is experienced in the country, generating an unprecedented crisis.
Key words: COVID-19, pandemic, anxiety, ethnography, stress, anger.
INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó a la
Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, de estos 7 casos graves,
localizados en un mercado mayorista de mariscos, pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan. El agente causante de esta
neumonía fue identificado como un nuevo virus de la familia Coronaviridae que posteriormente se ha denominado
SARS-CoV-2, al cuadro clínico asociado se lo conoce como COVID-19 (Ministerio de Sanidad de España, 2020; Woolf, 2020).
ARTÍCULO RECIBIDO: 12/08/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 02/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
“Sé que la normalidad fue lo que nos llevó a este punto, pero espero que el tiempo pase lo más rápido posible y poder volver
a caminar sintiendo la brisa de la mañana, con mis auriculares a todo volumen y con una de mis canciones favoritas. Espero
poder ir cada domingo de la semana a comer donde mi abuelita y jugar cuarenta. Espero poder volver a sentirme real” (CA).
“En esta cuarentena mi vida ha cambiado drásticamente, esto se debe a que mi rutina diaria ha sido cambiada, esto ha llegado
a cambiar mis hábitos. La cuarentena al principio no me afectó mucho, pero con el paso de los días tanto estar encerrado como
cambiar mi alimentación, la cantidad de actividad física que hago y mi interacción con mis amigos ha ido conflictuando mi
estado anímico. Esto se debe a que en mi vida cotidiana pre-cuarentena iba al gimnasio todas las tardes, comía donde mis
abuelitos donde la alimentación era muy saludable, socializaba con mis amigos los fines de semana y estudiaba de manera
presencial en la universidad. Prácticamente el cambio que he tenido ha sido abrumador debido a que en el momento actual no
hago ejercicio y mi alimentación ha sido descuidada. También tuve muchos altibajos emocionales por diversas situaciones,
un ejemplo fue la muerte de un amigo del barrio, el cual tenía mi edad. Esto me llevo a romper la cuarentena e ir a su velorio.
Sin embargo, con la cuarentena también he aprendido muchas cosas como a relacionarme mejor con mis padres y valorar las
cosas del exterior. He aprendido a dejar de extrañar las fiestas y he aprendido a extrañar cosas como el deporte, la alimenta-
ción sana y un buen partido de fútbol. No obstante, está situación también me ha hecho cuestionarme lo enfermo que está el
mundo y también me ha llevado a informarme más sobre las noticias que ocurren a nivel nacional e internacional” (MA).
“Con esta pandemia ha cambiado totalmente mi realidad, pues me he dado cuenta de que la vida es corta y muchas de las
veces no enfocamos en cosas banales, dejando de lado a las personas más importantes que nos rodean y nos quieren, además
me he dado cuenta en esta cuarentena que debemos adaptarnos a la situación, mas no conformarnos, pues debemos cambiar
ciertas cosas para salir delante de la mejor manera, debemos de estar agradecidos con la salud que tenemos, puesto que es
nuestra mayor riqueza. También siento que lo más importante es apreciar a las personas que están a nuestro lado, pues son las
únicas que en cualquier situación van a estar ahí, apoyándonos, queriéndonos, aconsejándonos. Aprendí mucho a valorar a mi
familia y el tiempo que pasamos juntos, me di cuenta de que antes de iniciar la cuarentena me había alejado de ellos ya sea
por mis estudios, o por mis problemas, pero ahora sé que es mejor estar acompañado para afrontar estas circunstancias” (SN).
¿Cómo me siento?
“Este momento mi estado de ánimo se asemeja al océano, hay días en los que me levanto y la vida es pacífica, tranquila y
como agua de manantial. Y luego están esos días, en los que la ansiedad irrumpe la calma y provoca miles de olas en mi
mente, que me ahogan en mis propios pensamientos, que hace que miles de navegantes terminen naufragando sin esperanza
de llegar a tierra firme. El tiempo y su relatividad nos muestra que al igual que cualquier creación humana, es imperfecto y
hoy en día he entendido que tenemos que aprovechar cada segundo, como si realmente un virus nos vaya a encerrar más de
80 días, quiero pensar que de esta forma cuando todo esto acabe y así poder vivir la vida y no solo existir en ella” (DF).
“No obstante, más allá de este hecho, sentí cómo se vio afectada mi salud, es decir, a pesar de no tener COVID-19 ni familia-
res con éste, pienso que fue un golpe duro a mi costumbre de subir y bajar gradas en la facultad, los ascensores llenos de una
u otra forma me obligaban a hacer ejercicio y todos sabemos que esto por más simple que sea ya es bueno; sin embargo, ahora
me doy cuenta que esos detalles ya no los tengo y más bien pasa que prácticamente todo el día estoy sentado escuchando y
estudiando material teórico” (PJ).
“Han llegado a acontecer muchas cosas en mi día a día durante estos casi dos meses, debo admitir que me solían invadir senti-
mientos de enojo, frustración, tristeza, resignación. Junto con mi familia hemos llegado a extrañar mucho nuestra antigua
rutina, sobretodo mi papá, mi hermana y yo. Mi papá el hecho de poder ir al trabajo, mi hermana poder ir a la escuela a estudiar
y a jugar con sus amigos. Y en mi caso no mentiré, extraño cada momento de mi vida antes de esta cuarentena, poder estar en
mis clases presenciales, poder ir a hacer prácticas al laboratorio, poder ir a hacer mi servicio de IDIS, poder estudiar en la biblio-
teca, poder salir a comer unos tigrillos, poder jugar futbol con mis compañeros en la cancha de la PUCE, simplemente sentir el
E-ISSN-2361-2557
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RESUMEN
Ecuador desde el 14 de marzo del 2020, vive un estado de alarma por la crisis sanitaria global y local que ha incluido un exten-
so aislamiento social de la población, la paralización de labores productivas y el cierre de centros educativos de todos los
niveles que han afectado la cotidianidad, reconfigurando el concepto de normalidad y afectando gravemente las economías
familiares. Este artículo narra cómo el encierro afectó a estudiantes universitarios, quienes han vivido etapas de estrés, depre-
sión e ira; puesto que su rutina, su normalidad, es decir su mundo social cambió dramáticamente. Utilizando el relato
etnográfico se describe las sensaciones y sentimientos que el encierro de más de 100 días les ha producido. La cuarentena ha
causado una serie de problemas en el comportamiento social, familiar y afectivo, incrementando estados de ansiedad, angustia
y estrés que se mezclan con incertidumbre por los serios problemas que el país enfrenta, relacionados a la pérdida de empleos,
aumento de la pobreza, desigualdades sociales, pánico e impactos sobre la salud mental causados por el temor a la infección
y la pérdida de vidas de seres queridos, lo que ha generado una crisis sin precedente.
Palabras claves: COVID-19, pandemia, relato etnográfico, ansiedad, estrés, ira.
ABSTRACT
Since March 14, 2020, Ecuador has experienced a state of alarm due to the global and local health crisis that has included
extensive social isolation of the population, the stoppage of productive work and the closure of educational centers of all
levels that have affected daily life, reconfigured the concept of normality and seriously affected family economies. This
article describes how the confinement affected university students, who have lived through stages of stress, depression, and
anger, since their routine, their social world and daily life changed dramatically. The sensations and feelings that the
confinement of more than 100 days has produced in university students are described using the ethnographic tale. The forced
confinement or quarantine has caused a series of problems in social, family and affective behavior, increasing states of
anxiety, anguish, stress and anger that are mixed with uncertainty because of the serious problems related to the loss of jobs,
increase in poverty, social inequalities, social panic and impacts on mental health caused by the fear of infection or loss of
loved ones, as it is experienced in the country, generating an unprecedented crisis.
Key words: COVID-19, pandemic, anxiety, ethnography, stress, anger.
INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó a la
Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, de estos 7 casos graves,
localizados en un mercado mayorista de mariscos, pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan. El agente causante de esta
neumonía fue identificado como un nuevo virus de la familia Coronaviridae que posteriormente se ha denominado
SARS-CoV-2, al cuadro clínico asociado se lo conoce como COVID-19 (Ministerio de Sanidad de España, 2020; Woolf, 2020).
• Nicolás Reyes
• Patricio Trujillo
viento vespertino en mi rostro. Admito que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ya que como humano estoy
consciente de que no he sabido disfrutar como debía todas las ventajas con las que contaba antes de la cuarentena” (SC).
“La peor parte son las noticias, al principio mi profesor de fundamentos nos obligaba a verlas para estar al tanto del número
de contagiados, pero las noticias informaban de la situación de muchas familias, que no tenían alimentos, que vivían del día
a día y por esta pandemia no podían salir a trabajar. Miraba al cielo y hasta el día de hoy, nunca he dejado de pedir que cada
ser en este mundo tenga algo de comida para poder llevarse a la boca, pensaba en cuántos niños se irán esa noche a dormir
con el estómago vacío. Mis problemas parecían nada al ver noticias y ver la vida de otros. Luego noticias del asesinato de un
afroamericano que causó conmoción al mundo, se exponen casos de pedofilia, la casa blanca se apaga. Cada red social me
intoxicaba más, borre algunas de ellas. Pasaba mucho tiempo en mi celular antes, hacia planes para salir, hablaba con un
montón de personas y hoy mi teléfono es lo que menos me interesa, incluso lo puse en modo NO MOLESTAR” (CV).
Ansiedad, estrés e ira
“Lo más tedioso son las noches en donde el insomnio aparece acompañado muchas veces de recuerdos dejándome con un
llanto imparable. Así poco a poco la depresión se apoderó de mí en los 49 primeros días. Se volvió tan fuerte que ni siquiera
quería levantarme de mi cama. Dejé de hablar con mis amigos, todos están ocupados tratando de sobrevivir a este nuevo estilo
de vida, es irónico, cuando podíamos hablar con nuestros amigos en persona nos pasábamos en el celular y ahora que es la
única forma de conectar, no lo hacemos” (CA).
“Esta cuarentena reduce mucho las relaciones sociales, esto puede afectar a la condición de varias personas. He escuchado
casos de personas con problemas psicológicos, debido a la sensación de encierro, presentando cuadros de depresión y angus-
tia. Para todos resulta importante mantener contacto con otras personas” (SG).
“Las únicas veces que he salido han sido para ir al médico, el estrés me ha llevado a enfermarme de varias cosas, depresión,
alergias, dolores estomacales, crisis de ansiedad. Lo mejor que hecho en esta cuarentena es luchar contra la depresión y ansie-
dad, buscar algo diferente que hacer, jugar con mi gato, tomar fotos, evitar a toda costa los pensamientos existenciales. He
tratado de poco a poco aumentar mi autoestima. Y lograr tener buenas notas”.
“He descubierto nuevas canciones, he pintado un par de cosas que me gustan y empecé a escribir sobre mis sentimientos” (CA).
“Podría resumir que este tiempo de cuarentena ha sido deprimente, desesperante e incierto, pero sobre todo esto se antepone
el hecho de que siempre algo bueno viene después de las calamidades y nos deja con esperanza de poder continuar con las
metas y aspiraciones a un futuro por duro e inalcanzable que se pueda ver” (NP).
“El encierro no me afectó al principio, pero alrededor del primer mes todo empezó a cambiar pues desde mis hábitos alimenti-
cios hasta mis actividades físicas esto me conllevo a una subida de peso, y un cambio de temperamento poco o nada toleraba
a mi familia casi siempre nos gritábamos, pero eso cambio al tercer mes de cuarentena donde empecé a salir y pude practicar
deportes mi actitud volvió a ser relajada” (KM).
“El espacio que buscábamos se ha convertido en impaciencia, miedo, angustia y varios sentimientos encontrados ante la
realidad que el mundo atraviesa. Ahora sé que puedo relatar muchas historias en el futuro, historias que resultan desesperantes
y que juras nunca volverlas a recordar. El legado es mantenernos vivos y sanos al ritmo de la campana que insinúa parar el
caos. Pero, mientras tanto los sollozos te dicen sobrevive, es gratificante recordar el primer día de contagios, algo claro y
desconocido para el mundo entero.
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Ecuador desde el 14 de marzo del 2020, vive un estado de alarma por la crisis sanitaria global y local que ha incluido un exten-
so aislamiento social de la población, la paralización de labores productivas y el cierre de centros educativos de todos los
niveles que han afectado la cotidianidad, reconfigurando el concepto de normalidad y afectando gravemente las economías
familiares. Este artículo narra cómo el encierro afectó a estudiantes universitarios, quienes han vivido etapas de estrés, depre-
sión e ira; puesto que su rutina, su normalidad, es decir su mundo social cambió dramáticamente. Utilizando el relato
etnográfico se describe las sensaciones y sentimientos que el encierro de más de 100 días les ha producido. La cuarentena ha
causado una serie de problemas en el comportamiento social, familiar y afectivo, incrementando estados de ansiedad, angustia
y estrés que se mezclan con incertidumbre por los serios problemas que el país enfrenta, relacionados a la pérdida de empleos,
aumento de la pobreza, desigualdades sociales, pánico e impactos sobre la salud mental causados por el temor a la infección
y la pérdida de vidas de seres queridos, lo que ha generado una crisis sin precedente.
Palabras claves: COVID-19, pandemia, relato etnográfico, ansiedad, estrés, ira.
ABSTRACT
Since March 14, 2020, Ecuador has experienced a state of alarm due to the global and local health crisis that has included
extensive social isolation of the population, the stoppage of productive work and the closure of educational centers of all
levels that have affected daily life, reconfigured the concept of normality and seriously affected family economies. This
article describes how the confinement affected university students, who have lived through stages of stress, depression, and
anger, since their routine, their social world and daily life changed dramatically. The sensations and feelings that the
confinement of more than 100 days has produced in university students are described using the ethnographic tale. The forced
confinement or quarantine has caused a series of problems in social, family and affective behavior, increasing states of
anxiety, anguish, stress and anger that are mixed with uncertainty because of the serious problems related to the loss of jobs,
increase in poverty, social inequalities, social panic and impacts on mental health caused by the fear of infection or loss of
loved ones, as it is experienced in the country, generating an unprecedented crisis.
Key words: COVID-19, pandemic, anxiety, ethnography, stress, anger.
INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó a la
Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, de estos 7 casos graves,
localizados en un mercado mayorista de mariscos, pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan. El agente causante de esta
neumonía fue identificado como un nuevo virus de la familia Coronaviridae que posteriormente se ha denominado
SARS-CoV-2, al cuadro clínico asociado se lo conoce como COVID-19 (Ministerio de Sanidad de España, 2020; Woolf, 2020).
ARTÍCULO RECIBIDO: 12/08/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 02/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Nadie nos dijo a quién perderíamos en la batalla, tampoco insinuaron quiénes serán los protagonistas de la historia y olvidaron
decirnos que no estamos solos. Podríamos decir que la sociedad cambió en muchos aspectos desde que se puso a la familia
como lo primordial, en el momento en el que preferiste preparar un buen almuerzo y aquel día que decidiste creer en ti. Los
días pasaron sin llevar conteo, pero sí con una alarma que insinuaba que lo importante era no salir de casa” (KCH).
Nuestra nueva realidad virtual
“Creo que la educación a distancia es ineficiente cuando tenemos un sistema mediado por el que el mejor es aquel que tenga
la calificación más alta, entonces a nadie le importa no aprender sino tener una mejor nota y ahí es cuando me pongo a pensar
y aquellas personas que en realidad no estudian, ¿con qué conocimientos llegarán cuando ya ejerzan su profesión? ¿cuántas
vidas que dependan de ellos pueden causarles daño? ¿y eso porque no se cortaron esas malas costumbres desde el principio?,
yo tengo la idea de mientras más te presionen mejor eres porque cuando no te presionan nunca te propones” (CL).
“Mis momentos libres se redujeron a estrés mental debido a las muchas horas que pasaba frente a la computadora, lidiando a
veces con mala conexión a internet y esforzándome para ayudar en las tareas del hogar” (SN).
“Es difícil volver a convivir, pero poco a poco nos acostumbramos, sentarme en mi sillón marrón con turquesa, en el mismo
que hoy veo mi silueta marcada, prender mi Laptop, entrar en clases virtuales y escuchar por dos horas seguidas a mi profesor
de turno, tengo clases seguidas y el único descanso es aquel pequeño intervalo entre cambiar de reunión de zoom y el de bajar
con mi computadora a buscar algo decente que desayunar. Mi madre llama a almorzar y después vuelvo a mi silla para las
clases de la tarde, es tan aburrido y deprimente, no como cuando íbamos a la universidad, salíamos 10 minutos antes de clases
para ir a otra aula y siempre peleando por coger los mejores puestos o conversar de algo sin sentido hasta que nos abran la
puerta, incluso comprar algo de comer para el camino al otro edificio” (CA).
“Acabando clases me encuentro con que tengo un montón de deberes que presentar y lección oral al siguiente día. Me levanto
un segundo de mi sillón, tomo un respiro y sigo. Pocas veces tengo tiempo para hacer algo más, así que decidí hacer un poco
de ejercicio para despejar mi mente, pero la cuestión de estar con poco contacto humano te obliga a pensar más y solo centrar-
te en tus pensamientos pues no hay algún amigo o compañero que desvié el tema de conversación y termines olvidando
alguna idea. Entonces bien me analizo en el espejo una y otra vez y mi autoestima baja de inmediato. Termino de entrenar y
ya es hora de cenar, nos turnamos para lavar los platos, al terminar cada uno se dirige a su cuarto, así que yo continúo
estudiando. La mayoría de los días se sienten como caminar en círculos y cada vez llegar al mismo punto y es justamente a
donde quería llegar, porque ahí va sin duda otro aspecto muy importante, mis prácticas como estudiante ya sea aprender a
inyectar o ver un hígado en vivo y en directo también se desvanecieron, y eso me genera un vacío, será lo mismo escribir un
mensaje de texto a conversar en vivo y ver expresiones corporales que muchas veces dicen más que mil palabras” (CA).
“Esta nueva modalidad de clases virtuales es lo que me ha afectado, pues no es lo mismo que recibir una clase presencial,
siento que no estoy aprendiendo todo lo que debería. También siento una tremenda ira hacia la universidad, pues no piensan
en los estudiantes y no buscan la manera de ayudarnos de verdad, no piensan en que no todos tenemos la mejor situación
económica y eso solo me hace rectificar mi criterio de que lo único que les interesa es el dinero” (XH).
Aprendizajes: ¿qué nos dejó la pandemia?
“El panorama actual ha cambiado y con él también nosotros, quizás puede parecer duro acoplarnos, pero la historia mil veces
nos ha demostrado que todo es modificable; aprendemos todo el tiempo y esta vez ha costado mucho entender ciertas cosas,
desde que hay que valorar las simples charlas con un amigo hasta la vida misma” (PJ).
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Ecuador desde el 14 de marzo del 2020, vive un estado de alarma por la crisis sanitaria global y local que ha incluido un exten-
so aislamiento social de la población, la paralización de labores productivas y el cierre de centros educativos de todos los
niveles que han afectado la cotidianidad, reconfigurando el concepto de normalidad y afectando gravemente las economías
familiares. Este artículo narra cómo el encierro afectó a estudiantes universitarios, quienes han vivido etapas de estrés, depre-
sión e ira; puesto que su rutina, su normalidad, es decir su mundo social cambió dramáticamente. Utilizando el relato
etnográfico se describe las sensaciones y sentimientos que el encierro de más de 100 días les ha producido. La cuarentena ha
causado una serie de problemas en el comportamiento social, familiar y afectivo, incrementando estados de ansiedad, angustia
y estrés que se mezclan con incertidumbre por los serios problemas que el país enfrenta, relacionados a la pérdida de empleos,
aumento de la pobreza, desigualdades sociales, pánico e impactos sobre la salud mental causados por el temor a la infección
y la pérdida de vidas de seres queridos, lo que ha generado una crisis sin precedente.
Palabras claves: COVID-19, pandemia, relato etnográfico, ansiedad, estrés, ira.
ABSTRACT
Since March 14, 2020, Ecuador has experienced a state of alarm due to the global and local health crisis that has included
extensive social isolation of the population, the stoppage of productive work and the closure of educational centers of all
levels that have affected daily life, reconfigured the concept of normality and seriously affected family economies. This
article describes how the confinement affected university students, who have lived through stages of stress, depression, and
anger, since their routine, their social world and daily life changed dramatically. The sensations and feelings that the
confinement of more than 100 days has produced in university students are described using the ethnographic tale. The forced
confinement or quarantine has caused a series of problems in social, family and affective behavior, increasing states of
anxiety, anguish, stress and anger that are mixed with uncertainty because of the serious problems related to the loss of jobs,
increase in poverty, social inequalities, social panic and impacts on mental health caused by the fear of infection or loss of
loved ones, as it is experienced in the country, generating an unprecedented crisis.
Key words: COVID-19, pandemic, anxiety, ethnography, stress, anger.
INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó a la
Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, de estos 7 casos graves,
localizados en un mercado mayorista de mariscos, pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan. El agente causante de esta
neumonía fue identificado como un nuevo virus de la familia Coronaviridae que posteriormente se ha denominado
SARS-CoV-2, al cuadro clínico asociado se lo conoce como COVID-19 (Ministerio de Sanidad de España, 2020; Woolf, 2020).
“Lo más importantes ha sido valorar el tiempo con todos mis seres queridos, especialmente su compañía, que muchas veces
daba por sentado y que cualquier día los podría visitar, incluyendo amigos, familiares y hasta a mi novio. Algo más que apren-
dí que todo puede cambiar muy rápido y que debo disfrutar lo que día a día la vida me regala, puede parecer algo muy trillado,
pero al fin lo entendí. Hasta el día de hoy subí de peso, 3 kg, para ser exacta, pese a que no es algo que me agrade por comple-
to, no es algo por lo que me preocupe, pues estoy sana y con esto puedo decir que aprendí a amarme un poquito más, sin
maquillaje, sin ropa bonita y con el cabello recogido” (CM).
“El encierro o confinamiento me ha traído buenas cosas, en parte gracias a mis padres que me apoyan en todo, en general
todos los integrantes de mi familia realizamos actividades diferentes para no caer en una monotonía. Las clases se mantienen,
sin embargo, el estar de forma virtual han disminuido la interacción entre alumno y profesor, por ende, ha disminuido su
eficiencia, con respecto a mi estado de salud hago lo necesario para no caer en algún tipo de desesperación o ansiedad por la
cuarentena, naturalmente se quiere volver a salir y regresar a nuestras actividades normales, sin embargo, es importante
mantenernos en calma y hacer conciencia de la crisis que estamos pasando” (PC).
“Creo que todos en este tiempo deberíamos reflexionar aún más sobre las cosas que realmente valen la pena, las cosas que
realmente son importantes. Por ejemplo, hoy puedo sacarme 50 en un examen y ser la mejor del curso, tener honores, tener
dinero, etc., pero cuando muera no me llevaré ninguno de esos reconocimientos, ni ningún centavo. Lo único que me llevaré
es el recuerdo que dejé a las personas que me rodearon, el cariño que pude brindarles en vida y pienso que eso es lo único
importante, además las personas cercanas recuerdan cómo era la persona, más no su dinero u honores. Por eso en este tiempo
de cuarenta, y a partir de ahora deberé pensar siempre en lo que es importante, es decir pensar en los sentimientos del resto,
de tratar de no lastimarlos, porque en realidad no sé cuánto tiempo me queda de vida” (KC).
“He aprendido muchas cosas, a valorar la vida, la salud y cada día de vida, además de las oportunidades que tenemos y el
trabajo. Aprendí a tener más paciencia, estar más fuerte, preparado ante las adversidades, controlar más ciertos impulsos, así
como también valorar más el tiempo físico compartido con otras personas, en especial con las que más amo o quiero” (JO.)
“Este tiempo de encierro me ha servido mucho para reflexionar sobre cómo ha sido mi vida hasta el momento, así pude aclarar
mejor lo que quiero para un futuro y determinar las cosas en las que debo mejorar. Además, me he dado cuenta de la importancia
que tiene el tiempo, ya que ahora dispongo de más para mis diversas actividades. También me he dado cuenta del valor de las
amistades, muchas veces recuerdo varias de las actividades que hacía con mis amigos y deseo volver a aquellos tiempos” (AQ).
“Es evidente la influencia e impacto que ha causado este suceso en la sociedad actual, aún existen dudas, miedo y angustia de
parte de toda la población mundial. No sabemos cuándo ni cómo se acabará esta pesadilla o si tal vez algún día volveremos a
la “normalidad”. Lo único que nos queda claro es que algo estaba mal con el mundo en sí, específicamente con los seres
humanos. Quizás muchos de nosotros saldremos de esto con varios aprendizajes que en un futuro nos ayudarán a ser mejores
individuos o quizás otras personas seguirán con su vida de la misma manera que lo han hecho siempre. El punto es que, siento
que todo pasa por algo, tal vez esta pandemia sea un llamado de atención para nosotros, para aprender y valorar más, para
sentir y razonar con cabeza fría antes de hacer alguna acción que pueda ser perjudicial para alguien más. No lo sé con certeza,
pero lo único que sí sé, es que, de esta, vamos a salir” (MJ).
DISCUSIÓN
Si algo nos ha ratificado este encierro dentro de la más grave crisis sanitaria en este siglo, es que somos seres sociales. La
nostalgia por lo cotidiano, por el día a día, por la rutina que sienten los estudiantes universitarios, no es por las aburridas
clases, no se extraña en sí las clases, se añora la interacción social, el poder mirarse, abrazarse, sentirse cerca, el sentido de la
colectividad.
• Nicolás Reyes
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Ecuador desde el 14 de marzo del 2020, vive un estado de alarma por la crisis sanitaria global y local que ha incluido un exten-
so aislamiento social de la población, la paralización de labores productivas y el cierre de centros educativos de todos los
niveles que han afectado la cotidianidad, reconfigurando el concepto de normalidad y afectando gravemente las economías
familiares. Este artículo narra cómo el encierro afectó a estudiantes universitarios, quienes han vivido etapas de estrés, depre-
sión e ira; puesto que su rutina, su normalidad, es decir su mundo social cambió dramáticamente. Utilizando el relato
etnográfico se describe las sensaciones y sentimientos que el encierro de más de 100 días les ha producido. La cuarentena ha
causado una serie de problemas en el comportamiento social, familiar y afectivo, incrementando estados de ansiedad, angustia
y estrés que se mezclan con incertidumbre por los serios problemas que el país enfrenta, relacionados a la pérdida de empleos,
aumento de la pobreza, desigualdades sociales, pánico e impactos sobre la salud mental causados por el temor a la infección
y la pérdida de vidas de seres queridos, lo que ha generado una crisis sin precedente.
Palabras claves: COVID-19, pandemia, relato etnográfico, ansiedad, estrés, ira.
ABSTRACT
Since March 14, 2020, Ecuador has experienced a state of alarm due to the global and local health crisis that has included
extensive social isolation of the population, the stoppage of productive work and the closure of educational centers of all
levels that have affected daily life, reconfigured the concept of normality and seriously affected family economies. This
article describes how the confinement affected university students, who have lived through stages of stress, depression, and
anger, since their routine, their social world and daily life changed dramatically. The sensations and feelings that the
confinement of more than 100 days has produced in university students are described using the ethnographic tale. The forced
confinement or quarantine has caused a series of problems in social, family and affective behavior, increasing states of
anxiety, anguish, stress and anger that are mixed with uncertainty because of the serious problems related to the loss of jobs,
increase in poverty, social inequalities, social panic and impacts on mental health caused by the fear of infection or loss of
loved ones, as it is experienced in the country, generating an unprecedented crisis.
Key words: COVID-19, pandemic, anxiety, ethnography, stress, anger.
INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó a la
Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, de estos 7 casos graves,
localizados en un mercado mayorista de mariscos, pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan. El agente causante de esta
neumonía fue identificado como un nuevo virus de la familia Coronaviridae que posteriormente se ha denominado
SARS-CoV-2, al cuadro clínico asociado se lo conoce como COVID-19 (Ministerio de Sanidad de España, 2020; Woolf, 2020).
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En las reflexiones de los/as estudiantes se evidencian diversas situaciones subjetivas, pero llama la atención el pensamiento
acerca de los efectos de la cuarentena y la disrupción de la vida cotidiana que tenía previamente. Por otra parte, existe también
una reflexión vital y existencial, sobre el sentido de las cosas, la situación del mundo, la revalorización de elementos que
quizás antes eran desvalorizados. Un elemento sustancial es la importancia de la socialización, de las demás personas, de la
amistad. En cuanto al estado de ánimo, aparece en reiteradas ocasiones la palabra depresión para describir su actual senti-
miento. En el informe de las Naciones Unidas “COVID-19 and the Need for Action on Mental Health” se profundiza el
panorama de la salud mental de la población en la pandemia, la depresión afecta a 264 millones de personas a nivel global, el
suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, la ansiedad y la depresión cuestan a la economía global
más de un billón de dólares. En este informe se alerta de un probable aumento de sufrimiento psíquico de la población y
también de un incremento de las tasa de suicidio. Pero el virus del COVID-19, no solo ataca nuestra salud física; también
aumenta el sufrimiento psicológico. La aflicción por la pérdida de seres queridos, la conmoción causada por la pérdida del
empleo, el aislamiento y las restricciones a la circulación, las dificultades de la dinámica familiar, la incertidumbre y el miedo
al futuro (Huarcaya, 2020). Los problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, son algunas de las mayores
causas de sufrimiento en nuestro mundo, quienes corren un mayor riesgo son los trabajadores sanitarios de primera línea, las
personas mayores, los adolescentes y los jóvenes, los que padecen trastornos de salud mental preexistentes y los que están
atrapados en conflictos y crisis (ONU, 2020; OPS-OMS, 2020).
Por otra parte, el informe de la ONU alerta que existen grupos de mayor riesgo de ver afectada su salud mental: trabajadores
de la salud que están atendiendo la emergencia, los niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, las perso-
nas que padecían antes de la pandemia de algún trastorno mental, entre otros. Hay algunos grupos poblacionales que pueden
ser más proclives a sufrir malestar psicológico generado en el contexto de la COVID-19, como los profesionales sanitarios de
primera línea, que se enfrentan a una sobrecarga de trabajo, al riesgo de contagio y a la necesidad de tomar decisiones de vida
o muerte. En China, se han notificado tasas elevadas de depresión 50%, ansiedad 45% e insomnio 34% en el personal sanita-
rio y en Canadá el 47% de los profesionales de la salud han referido que necesitan apoyo psicológico (OMS, 2020). En el caso
de los niños, niñas y adolescentes, el informe alerta sobre los riesgos del impacto psicológico y el aumento de la violencia
contra este grupo de edad. En base a encuestas realizadas en España e Italia, se alerta sobre el incremento de las dificultades
para la concentración, irritabilidad, nerviosismo, entre otros (Ministerio de Salud de España, 2020). El coronavirus o
COVID-19 ha tenido impactos y consecuencias lamentables sobre la población ecuatoriana y su salud mental. Según datos
del Ministerio de Salud del Ecuador (2020), de las 28.437 atenciones que se realizaron (con corte a 16/04/2020), se pueden
identificar reacciones a estrés grave, ansiedad, depresión, crisis de angustia, falta de sueño.
Gráfico 1. Reflexiones de los/as estudiantes sobre sus 100 días de encierro.
Fuente: Elaboración propia.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 6 - 14 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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RESUMEN
Ecuador desde el 14 de marzo del 2020, vive un estado de alarma por la crisis sanitaria global y local que ha incluido un exten-
so aislamiento social de la población, la paralización de labores productivas y el cierre de centros educativos de todos los
niveles que han afectado la cotidianidad, reconfigurando el concepto de normalidad y afectando gravemente las economías
familiares. Este artículo narra cómo el encierro afectó a estudiantes universitarios, quienes han vivido etapas de estrés, depre-
sión e ira; puesto que su rutina, su normalidad, es decir su mundo social cambió dramáticamente. Utilizando el relato
etnográfico se describe las sensaciones y sentimientos que el encierro de más de 100 días les ha producido. La cuarentena ha
causado una serie de problemas en el comportamiento social, familiar y afectivo, incrementando estados de ansiedad, angustia
y estrés que se mezclan con incertidumbre por los serios problemas que el país enfrenta, relacionados a la pérdida de empleos,
aumento de la pobreza, desigualdades sociales, pánico e impactos sobre la salud mental causados por el temor a la infección
y la pérdida de vidas de seres queridos, lo que ha generado una crisis sin precedente.
Palabras claves: COVID-19, pandemia, relato etnográfico, ansiedad, estrés, ira.
ABSTRACT
Since March 14, 2020, Ecuador has experienced a state of alarm due to the global and local health crisis that has included
extensive social isolation of the population, the stoppage of productive work and the closure of educational centers of all
levels that have affected daily life, reconfigured the concept of normality and seriously affected family economies. This
article describes how the confinement affected university students, who have lived through stages of stress, depression, and
anger, since their routine, their social world and daily life changed dramatically. The sensations and feelings that the
confinement of more than 100 days has produced in university students are described using the ethnographic tale. The forced
confinement or quarantine has caused a series of problems in social, family and affective behavior, increasing states of
anxiety, anguish, stress and anger that are mixed with uncertainty because of the serious problems related to the loss of jobs,
increase in poverty, social inequalities, social panic and impacts on mental health caused by the fear of infection or loss of
loved ones, as it is experienced in the country, generating an unprecedented crisis.
Key words: COVID-19, pandemic, anxiety, ethnography, stress, anger.
INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó a la
Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, de estos 7 casos graves,
localizados en un mercado mayorista de mariscos, pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan. El agente causante de esta
neumonía fue identificado como un nuevo virus de la familia Coronaviridae que posteriormente se ha denominado
SARS-CoV-2, al cuadro clínico asociado se lo conoce como COVID-19 (Ministerio de Sanidad de España, 2020; Woolf, 2020).
• Nicolás Reyes
• Patricio Trujillo
El cuidado de la salud mental se convierte en un elemento fundamental para afrontar la crisis que se está experimentando
actualmente, en este momento complejo de la humanidad, es necesario un esfuerzo colectivo para implementar medidas de
contención desde las universidades, los hogares y todos los espacios sociales. Como nos relatan los testimonios de los
estudiantes universitarios, este tipo de emergencias psicoemocionales, generan directamente un aumento en la ansiedad,
estrés, depresión, ira, sensación de incertidumbre, angustia y pánico, que nos hacen más proclives a una inestabilidad en
nuestro equilibrio mental.
AGRADECIMIENTOS
A los/as estudiantes del segundo nivel, primer semestre (2020) del curso Antropología Social, de la Facultad de Medicina de
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por su colaboración, dedicación e inspiración en la brillante escritura y narra-
ción de sus experiencias en los 100 días de encierro o cuarentena vividos en la pandemia del COVID-19 que están plasmadas
en este artículo académico.
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REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 15 - 26 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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RESUMEN
Ecuador desde el 14 de marzo del 2020, vive un estado de alarma por la crisis sanitaria global y local que ha incluido un exten-
so aislamiento social de la población, la paralización de labores productivas y el cierre de centros educativos de todos los
niveles que han afectado la cotidianidad, reconfigurando el concepto de normalidad y afectando gravemente las economías
familiares. Este artículo narra cómo el encierro afectó a estudiantes universitarios, quienes han vivido etapas de estrés, depre-
sión e ira; puesto que su rutina, su normalidad, es decir su mundo social cambió dramáticamente. Utilizando el relato
etnográfico se describe las sensaciones y sentimientos que el encierro de más de 100 días les ha producido. La cuarentena ha
causado una serie de problemas en el comportamiento social, familiar y afectivo, incrementando estados de ansiedad, angustia
y estrés que se mezclan con incertidumbre por los serios problemas que el país enfrenta, relacionados a la pérdida de empleos,
aumento de la pobreza, desigualdades sociales, pánico e impactos sobre la salud mental causados por el temor a la infección
y la pérdida de vidas de seres queridos, lo que ha generado una crisis sin precedente.
Palabras claves: COVID-19, pandemia, relato etnográfico, ansiedad, estrés, ira.
ABSTRACT
Since March 14, 2020, Ecuador has experienced a state of alarm due to the global and local health crisis that has included
extensive social isolation of the population, the stoppage of productive work and the closure of educational centers of all
levels that have affected daily life, reconfigured the concept of normality and seriously affected family economies. This
article describes how the confinement affected university students, who have lived through stages of stress, depression, and
anger, since their routine, their social world and daily life changed dramatically. The sensations and feelings that the
confinement of more than 100 days has produced in university students are described using the ethnographic tale. The forced
confinement or quarantine has caused a series of problems in social, family and affective behavior, increasing states of
anxiety, anguish, stress and anger that are mixed with uncertainty because of the serious problems related to the loss of jobs,
increase in poverty, social inequalities, social panic and impacts on mental health caused by the fear of infection or loss of
loved ones, as it is experienced in the country, generating an unprecedented crisis.
Key words: COVID-19, pandemic, anxiety, ethnography, stress, anger.
INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó a la
Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, de estos 7 casos graves,
localizados en un mercado mayorista de mariscos, pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan. El agente causante de esta
neumonía fue identificado como un nuevo virus de la familia Coronaviridae que posteriormente se ha denominado
SARS-CoV-2, al cuadro clínico asociado se lo conoce como COVID-19 (Ministerio de Sanidad de España, 2020; Woolf, 2020).
ARTÍCULO RECIBIDO: 30/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 15/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
IMPACTO EMOCIONAL DEL CONFINAMIENTO POR COVID-19
EN LA POBLACIÓN VENEZOLANA EN EL MARCO DE LA MIGRACIÓN
EMOTIONAL IMPACT OF COVID-19 CONFINEMENT
ON THE VENEZUELAN POPULATION IN THE CONTEXT OF MIGRATION.
RESUMEN
La creciente morbimortalidad por COVID-19 y el plan de confinamiento preventivo han provocado cambios psicológicos en
la población, esto asociado a los procesos migratorios, hace más vulnerables psicológicamente a las personas. Objetivo:
Analizar el impacto emocional experimentado en la población venezolana migrante y no migrante, asociado al confinamiento
preventivo por la pandemia de la COVID-19. Metodología: investigación cuantitativa, descriptiva, transversal. Población de
estudio: 1.128 individuos venezolanos distribuidos en América. Se aplicó un cuestionario digital autoaplicado, difundido por
mensajería y redes sociales, entre junio y julio de 2020. Resultados: fueron encuestados 1.128 personas: 712 no migrantes y
416 migrantes. La mayoría sin antecedentes patológicos, conocen los objetivos del confinamiento y están de acuerdo con éste,
un pequeño porcentaje ha padecido o ha estado en contacto con alguien diagnosticado con la enfermedad. Los no migrantes
siguen laborando desde casa y los migrantes no cuentan con trabajo formal, siendo la ausencia y disminución de ingresos y
alimentos lo que más les afecta por el confinamiento. La mayoría lee material informativo confiable sobre COVID, tienen
conocimientos sobre medidas de prevención y síntomas, percibiendo el confinamiento como oportunidad para cambiar de
actitud, compartiendo con la familia como forma de afrontar de una mejor manera el confinamiento. Recursos o fortalezas
hallados: los no migrantes, apoyo de los familiares aún en la distancia y las redes sociales de los migrantes que permiten la
comunicación. La mayoría no presentó síntomas físicos y un bajo porcentaje de ansiedad, depresión y estrés.
Palabras claves: Confinamiento, COVID-19, migración, DASS-21.
ABSTRACT
The increasing morbidity and mortality from COVID-19 and the preventive confinement plan have caused psychological
changes in the population, this associated with migratory processes, makes people more psychologically vulnerable.
Objective: To analyze the emotional impact associated with preventive confinement due to the COVID-19 pandemic
experienced in the Venezuelan migrant and non-migrant population. Methodology: quantitative, descriptive, transversal
research. Study population: 1,128 Venezuelan individuals in different parts of America. A self-administered digital
questionnaire was applied, disseminated by messaging and social networks, between June and July 2020. Results: 1,128
people were surveyed: 712 non-migrants and 416 migrants. Most of them, with no medical history, know the objectives of the
confinement and agree with it, and a small percentage have suffered or have been in contact with someone diagnosed with the
disease. Non-migrants continue to work from home and migrants do not have formal work, being the absence and decrease
in income and food what affects them the most in the confinement. Many of them read reliable informational material about
COVID and have knowledge about prevention measures and symptoms, perceiving the confinement as an opportunity to
change their attitude and share with the family to better cope with confinement. Resources or strengths found are
non-migrants, support from family members even at a distance, and migrants’ social networks that allow communication.
Most did not present physical symptoms, only a low percentage of anxiety, depression, and stress.
Key words: Confinement, COVID-19, migration, DASS-21.
1
2
La Universidad del Zulia. Facultad de Medicina. Instituto de Salud Ocupacional y Ambiental. Maracaibo, Venezuela. E-mail: dra.beatrizq@gmail.com
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta, Hospital Nicolás Cayetano Pagano, San Antonio de los Cobres, Argentina.
E-mail: jrhjhernandez@gmail.com
Orthopedic Surgery, Clínica Integral. Medellín, Colombia. E-mail: sanguinetty@gmail.com
CORPOZULIA. E-mail:reinaldolah@gmail.com
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Beatriz Quintero , José Hernández , Nelson Sanguinetty , Reinaldo Andrade
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E-ISSN-2361-2557
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• Beatriz Quintero
• José Hernández
• Nelson Sanguinetty
• Reinaldo Andrade
INTRODUCCIÓN
COVID-19 [Corona Virus Disease 2019], es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Su aparición se
registró en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019, identificándose el virus por las autoridades de ese país el 7 de enero
de 2020 (Avellanet, Boada y Pages, 2020), reportando su primera defunción el 11 de enero (Sandin, Valiente, García-Escalera
y Chorot, 2020); extendiéndose rápidamente, de tal forma que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se vio obligada a
declarar el 30 de enero una «emergencia de salud pública de importancia internacional» y el 11 de marzo, fue declarado el
brote como una pandemia (Brooks et al., 2020).
Los primeros casos en Europa se presentaron en Francia, Alemania e Italia en el mes de enero (Sandin et al., 2020). En América
latina, para el mes de junio se había registrado más de 1 millón de contagiados, siendo Brasil el más afectado, luego Perú, Chile,
México y Colombia, quienes están en el pico de la curva epidémica, (Plaza, Álvarez, Sáenz y Rosas, 2020), siendo la población
adulta la mayormente afectada (Tullie et al., 2020). La mayoría de los casos son leves, otros pueden ser graves, cursar con
dificultad respiratoria, neumonía, falla renal e incluso la muerte. Su transmisión es por contacto con secreciones respiratorias
de una persona contagiada y depende de la cantidad de virus en las vías respiratorias del transmisor (Balluerca et al., 2020).
Además de su elevada morbi-mortalidad, las repercusiones económicas están siendo enormemente graves, así como también
una presión psicológica insoportable (Balluerca et al., 2020). Aparte de los efectos psicológicos negativos debidos directa-
mente a las condiciones del confinamiento, las características de la propia pandemia y los múltiples factores asociados
cualifican al confinamiento como una adversidad de elevado estrés psicosocial (Sandin et al., 2020). Situación similar a la
presentada en el brote del Síndrome Respiratorio Agudo Severo [SRAS] en 2003 en China y Canadá; y en aldeas enteras en
muchos países de África occidental durante el brote de Ébola de 2014 (Brooks et al., 2020). El confinamiento es un plan de
intervención comunitario que implica permanecer refugiado el mayor tiempo posible (Sánchez y De La Fuente, 2020).
En las cuarentenas, los individuos quedan separados de sus seres queridos, aumentando las consecuencias emocionales tales
como: la pérdida de libertad, la incertidumbre, miedo a enfermarse o morir, la repercusión emocional de problemas económi-
cos, no poder cubrir las necesidades básicas, no disponer de información o pautas de actuación claras (Brooks et al., 2020),
problemas laborales, la muerte de un ser querido, la imposibilidad de ayudarlos, acentuando sentimientos de frustración
(Ubillos, González, Martínez y Leiva, 2020 y Brooks et al., 2020). También el estigma y rechazo social de infectados o
expuestos a la enfermedad (Brooks et al., 2020 y Hall & Champ, 2008) y reducción de la disponibilidad de intervenciones
psicosociales oportunas y de asesoramiento psicoterapéutico de ruina (Huarcaya-Victoria, 2020).
Los factores que más afectan al bienestar físico como el psicológico son, la pérdida de hábitos y rutinas, la instauración de
otros poco saludables y el estrés psicosocial; de acuerdo con el primer estudio que analiza el impacto psicológico de la cuaren-
tena por COVID-19 en China (Wang et al., 2020 y Balluerca et al., 2020) las personas consideradas vulnerables para estos
efectos psicológicos serán aquellas con diversidad funcional, población infantil especialmente niñas, personas con trastornos
psicológicos, migrantes, refugiados, personas con diversidad sexual y/o identidad de género, entre otras. Si a esto se une una
situación económica complicada, la incertidumbre de la pandemia, que desarrollen la enfermedad o sufran manifestaciones
más graves, el riesgo aumenta (Balluerca et al., 2020).
Diversas investigaciones señalan variación en el estado de ánimo de los individuos a lo largo del confinamiento, independien-
temente del ambiente y duración de este. La cuarentena impuesta, el desconocimiento inicial sobre el virus y su forma de
propagación ha obligado a varios países a prolongar reiteradamente los periodos de cuarentena, por lo tanto, la incertidumbre
es de suponer incrementará los índices de ansiedad. Situación vivida en Reino Unido, para finales de abril de 2020, la salud
mental se había deteriorado en comparación con las tendencias anteriores a COVID-19 (Pierce et al., 2020).
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ARTÍCULO RECIBIDO: 30/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 15/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Por otro lado, la condición de migración es un fenómeno sociocultural que produce cambios generales en el individuo. La
decisión migratoria, resulta de una combinación de factores externos (falta de alternativas para logros ocupacionales,
incertidumbre social sobre el futuro económico, inseguridad general por crecimiento de la violencia, necesidades básicas
insatisfechas) e internos (frustración en las expectativas de vida y de realización personal y mandato generacional) (Aruj, 2008).
La inmigración será una experiencia estresante en la medida en que el individuo sea incapaz de responder a los acontecimientos
de la vida cotidiana (Nina-Estrella, 2018). Al tener que afrontar tantos cambios a la vez, el inmigrante tiende con frecuencia a
sentirse abrumado e inseguro (Ashotegui, 2009).
El ser humano es un ser social, y por consiguiente las interrelaciones, son el vehículo principal de su humanización (Ubillos
et al., 2020 y Linconao, 2020). Por ello, el objetivo general consistió en analizar el impacto emocional experimentado en la
población venezolana tanto residente en el país como de migrantes asociado a la situación excepcional de confinamiento
instaurado durante el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19. La finalidad fue recopilar datos que puedan aportar
información a posteriores investigaciones para tomar las medidas necesarias a futuro y disminuir las consecuencias psicológi-
cas, tomando en cuenta la vulnerabilidad de los migrantes.
METODOLOGÍA
Investigación cuantitativa de tipo descriptiva, con diseño transversal. La población estuvo conformada por 1.128 individuos
en diferentes países de América: Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, México, Centro y Norteamérica, quienes
cumplieron criterios de inclusión (personas de ambos sexos, mayores de 18 años, habitantes de los países antes mencionados)
y exclusión (antecedente de patología psiquiátrica diagnosticada, que no quisieran participar en el llenado de la encuesta o
que la llenaran de manera incompleta).
Los datos fueron obtenidos a través de la aplicación de un cuestionario auto-llenado digital, desarrollado por los autores para
evaluar el impacto emocional asociado a la pandemia por COVID-19; debido al confinamiento se realizó a través de la plata-
forma Google Form y difundida a través de mensajería WhatsApp y redes sociales como Facebook e Instagram entre los días
27 de junio y 11 de julio de 2020. El cuestionario fue anónimo, voluntario y confidencial, explicando en su encabezado los
objetivos e implicaciones éticas concernientes a la investigación y al final su aceptación a participar como consentimiento
informado; estaba compuesto por 33 preguntas, una primera parte de tipo sociodemográficas (11), una segunda parte (11)
relacionada con: antecedentes patológicos previos, nivel de conocimiento y aceptación de la medida cuarentena implementa-
da, cómo ha afectado el confinamiento su trabajo y otras áreas específicas de su vida, qué tipo de información se maneja sobre
la COVID-19, si ha estado o no en contacto con la enfermedad, cuáles han sido los recursos con los que ha contado para afron-
tar la cuarentena y la presencia o no de síntomas físicos durante este periodo. Dichas preguntas fueron formuladas para
respuestas cerradas de uni o multiescogencia.Una tercera parte compuesta por el cuestionario DASS 21 (21) [Depression,
Anxiety and Stress Scale-21] (Antony et al., 1998 y Ruiz et al., 2017).
El DASS 21 consta de 21 preguntas tipo Likert dividida en 3 subescalas, Depresión (ítems 3, 5, 10, 13, 16, 17 y 21), Ansiedad
(ítems 2, 4, 7, 9, 15, 19 y 20) y Estrés (ítems 1, 6, 8, 11, 12, 14 y 18). Para evaluar cada escala por separado, se deben sumar
las puntuaciones de los ítems correspondientes a cada una. Los puntos de cohorte utilizados son: Depresión: 5-6 Leve, 7-10
moderada, 11-13 severa, mayor o igual a 14 extremadamente severa. Ansiedad: 4 leve, 5-7 moderada, 8-9 severa, mayor o igual
a 10 extremadamente severa. Estrés: 8-9 leve, 10-12 moderado, 13-16 severo, mayor o igual a 17 extremadamente severo.
El análisis y procesamiento de datos se realizó a través del programa estadístico SPSS v.27, posteriormente se realizaron
cálculos para obtener los resultados que se expresaron en valores absolutos y porcentuales.
Los investigadores declaran no tener conflictos de intereses, además de cumplir con los principios de bioética para investiga-
ciones en seres humanos.
E-ISSN-2361-2557
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• Beatriz Quintero
• José Hernández
• Nelson Sanguinetty
• Reinaldo Andrade
RESULTADOS
La muestra fue censal y estuvo constituida por 1.128 personas, 712 corresponden a venezolanos residentes en Venezuela y
que serán denominados “no migrantes” y 416 a venezolanos migrantes. El sexo prevalente en ambos grupos fue el femenino
72,75% y 75,48% respectivamente. El grupo etario predominante en ambos grupos fue el de adulto intermedio (40-60 años)
con 402 - 56,46% y 196 - 47,12% respectivamente, seguido muy de cerca en el grupo de no migrantes por los adultos jóvenes
(18 a 39 años), con una diferencia más marcada en la población de migrantes. (Tabla 1).
Los datos sobre la orientación sexual revelan predominio de heterosexualidad con 668 - 93,82% y 386 - 92,79% para los no
migrantes y los migrantes respectivamente. El estado civil predominante fue el casado 328 - 46,07% no migrantes y 224 -
53,85% los migrantes, como menos frecuente los viudos en ambos grupos 18 - 2,53%) y 2 - 0,49%). (Tabla 1).
De acuerdo con el lugar de residencia se reporta 712 en Venezuela, mientras que los 416 restantes se encuentran distribuidos
por orden de frecuencia en Argentina, Chile, Centro y Norteamérica, Ecuador, Colombia, Perú y otros (Tabla 1).
El nivel académico difirió en cuanto a los grupos, en los no migrantes prevaleció el nivel universitario 498 - 69,94% seguido
de los que tienen estudios de especialidad y maestrías 100 - 14,02%; mientras que en los migrantes la relación fue inversa 230
- 55,28% y 136 - 32,69%. La ocupación prevalente fue profesionales en ambos grupos 292 - 41,01% y 120 - 28,85%, sin
embargo, en segundo lugar, están los profesionales técnicos 107 - 15,03% para los no migrantes y profesionales con otra
ocupación 95 - 22,84% para los migrantes. La mayoría ocupa el rol de madre 334 - 46,91% y 186 - 44,71%; y tienen familias
de 2 a 3 miembros 428 - 60,11% y 268 - 64,42% respectivamente (Tabla 1).
En relación con los antecedentes patológicos, la gran mayoría para ambos grupos reportó no tenerlos: 59,55% y 56,74%;
seguidos de hipertensión arterial y otras patologías cardiovasculares 13,62 % y 17,79%; y un 9,41% de no migrantes y un
14,42% de migrantes ha experimentado una crisis de ansiedad o pánico en algún momento de su vida (Tabla 1).
Tabla 1. Características sociodemográficas de los venezolanos migrantes y no migrantes encuestados.
Sexo
Edad
Estado Civil
Residencia
Masculino
Femenino
Adulto jóven (18 a 39)
Adulto intermedio (40 a 60)
Adulto Mayor (más de 60)
Casado
Soltero
Unión libre
Otro
Venezuela
Colombia
Argentina
Ecuador
Chile
102
314
194
196
26
224
120
56
16
712
50
90
58
90
24,52
75,48
46,63
47,12
6,25
53,85
28,84
13,46
3,84
63,12
4,44
7,97
5,14
7,97
194
518
212
402
98
328
254
78
52
2
72,75
29,78
56,46
13,76
46,07
35,67
10,96
7,30
Migrantes No Migrantes
N % N %
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ARTÍCULO RECIBIDO: 30/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 15/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de investigación. (2020)
En cuanto al conocimiento que tienen los migrantes y no migrantes con relación al confinamiento, se pudo observar que casi la
totalidad de ellos conoce sus objetivos 99,03% y 99,43%; un alto porcentaje está de acuerdo con éste como medida 91,34% y
87,64%; y un 15,38% y 5,61% ha padecido o ha estado en contacto con alguien diagnosticado con la enfermedad (Gráfico 1).
Respecto a cómo se ha afectado el trabajo por el confinamiento, se observó en los no migrantes el 33,70% sigue laborando
desde casa, 16,29% le redujeron el horario de trabajo, 15,73% no tiene trabajo formal y el 12,92% labora dentro de las
actividades esenciales. Mientras que para los migrantes el 28,85% no cuentan con trabajo formal, 23,08% sigue trabajando
desde casa y el 20,67% trabaja en actividades esenciales (Gráfico 1).
Migrantes No Migrantes
N % N %
Nivel Académico
Ocupación
Número de integrantes
Rol en la Familia
Antecedentes patológicos
Perú
Norte y Centro América
Otros
Sin educación formal
Básico/Secundario
Universitaria
Maestría/especialidad
Doctorado/Posdoctorado
Profesionales
Profesionales Técnicos
Oficios no profesionales
Profesionales, con ocupaciones diferentes
Comerciante/Vendedor formal e informal
Otros (ama de casa, estudiantes, jubilados y
desempleados)
Vive solo
2-3
4-5
6 y Más
Conyugue
Vivo sólo
Otro
Papá
Hijo
Mamá
Ninguna patología.
Hipertensión arterial y otras patologías
cardiovasculares.
Crisis de ansiedad/panico.
20
78
30
0
22
136
230
28
120
23
34
95
72
72
30
268
108
10
92
30
38
36
34
186
236
74
60
1,78
6,92
2,66
0
5,29
32,69
55,28
6,74
28,85
5,53
8,17
22,83
17,31
17,31
7,22
64,42
25,96
2,40
22,12
7,21
9,13
8,65
8,18
44,71
56,74
17,79
14,42
2
60
498
100
52
292
107
80
87
76
70
38
428
228
18
104
38
44
72
120
334
424
97
67
0,29
8,42
69,94
14,04
7,31
41,01
15,03
11,23
12,22
10,67
9,84
5,34
60,11
32,02
2,53
14,61
5,34
6,18
10,11
16,85
46,91
59,55
13,62
9,41
E-ISSN-2361-2557
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• Beatriz Quintero
• José Hernández
• Nelson Sanguinetty
• Reinaldo Andrade
Al hablar de la información que manejan los grupos sobre la COVID-19, la mayoría solo lee material confiable de las instancias
encargadas 58,14% y 62,01% y ambos grupos refieren tener conocimientos sobre medidas de prevención 50,56% y 46,15%
y síntomas de la enfermedad 35,39% y 35,09% (Gráfico 3).
En cuanto a la circunstancia que más les ha afectado por el confinamiento, ambos grupos coinciden en la ausencia o disminu-
ción de ingresos y alimentos por no trabajar 24,72% y 24,04%. Así mismo en orden de frecuencia los no migrantes refirieron
estar afectados por el miedo a ser infectados o que se enferme algún familiar 17,41% y no poder realizar las actividades
rutinarias 16,49%. Mientras que los migrantes señalan adicionalmente el no poder realizar sus actividades rutinarias 19,71%
y un grupo importante refiere no estar afectado pues lo ve como una medida necesaria 15,38 (Gráfico 2).
Gráfico 3. Cómo es la información sobre la COVID-19 que manejan actualmente los venezolanos migrantes y no migrantes.
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de investigación.
Gráfico 3. Cómo es la información sobre la COVID-19 que manejan actualmente los venezolanos migrantes y no migrantes.
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de investigación.
Gráfico 1. Conocimiento sobre el confinamiento, padecimiento de la enfermedad COVID-19 y
afectación laboral en los venezolanos migrantes y no migrantes.
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de investigación
Migrantes SI (%)
99,03
¿Conoce los objetivos del
confinamiento
preventivo en casa para
evitar la COVID-19?
¿Está de acuerdo con el
confinamiento
preventivo en casa como
medida preventiva contra
evitar la COVID-19?
¿Ha padecido COVID o ha
estado en contacto con
alguien a quien se le haya
diagnósticado la
enfermedad?
¿Ha afectado su trabajo
el confinamiento por
COVID-19?
91,34
87,64
84,62
83,66
28,37
71,63
15,38
5,61
94,39
16,34
8,66
12,36
99,43
0,97 0,57
Migrantes NO (%) No Migrantes SI (%) No Migrantes NO (%)
24,04
19,71
14,90
15,38
3,85
0,48
5,77
4,81
7,69
3,37
2,81
1,68
1,12
17,41
16,29
5,90
14,04
9,56
6,47
24,72
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Migrantes No migrantes
Aburrimiento por no tener muchas opciones
de entretenimiento / Estar solo en casa
Ausencia o disminución de ingresos y alimentos
por no trabajar
La necesidad de información, la forma de
búsqueda y su manejo
Miedo a perder el trabajo
Miedo a ser infectado o que se enferme algún familiar
Muerte propia o de algún familiar a consecuencia de la
enfermedad sin poder despedirse
No me ha afectado, lo veo como una medida necesaria
No poder realizar las actividades rutinarias diarias
(clases, ejercicio al aire libre, actividades extras)
No poder regresar a su hogar /
visitar a familiares y amigos
Sensación de pérdida de libertad
Migrantes
70
2,88
3,08
26,92
29,49
46,15
50,56
35,09 35,39
11,05
2,52
62,01
58,14
60
50
40
30
20
10
0
Leo y creo todo lo
que envian por las
redes
Me considero
informado sobre el
tratamiento que debo
seguir en casa
Me considero
informado sobre las
medidas de
prevención
Me considero
informado sobre los
síntomas
Solo busco
información sobre el
número de muertes y
la cercanía con mi
comunidad
Solo leo material
confiable de las
instancias encargadas
No migrantes
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ARTÍCULO ACEPTADO: 15/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Con relación a la percepción que han tenido sobre el confinamiento, los sentimientos y emociones que enfrentan, el 48,87% y
55,28% lo señaló como oportunidad para cambiar la actitud ante el mundo, 30,05% y 38,94% incertidumbre, 27,04% y 25,56%
tranquilidad por no tener contacto con el virus y ansiedad en 22,75% y 27,88%, para no migrantes y migrantes. (Gráfico 4).
Los resultados obtenidos en cuanto a la forma de afrontar el confinamiento, ambos grupos coincidieron en el compartir con
la familia en el hogar 48,59% y 40,02, el grupo de no migrantes refirió el hacer cosas pendientes 46,06% y realizar actividades
placenteras por internet 42,97%; mientras que los migrantes refirieron actividades placenteras por internet 50,48% y fomentar
la espiritualidad y la oración 42,78%. Al hablar de los recursos o fortalezas para afrontar la cuarentena, se encontró en la
población no migrante, el apoyo de los familiares aún en la distancia 71,06%, la presencia de redes sociales que le permiten
comunicación con familiares y amigos 60,67% y la espiritualidad (oración, meditación) 52,24%; para los migrantes el uso de
redes sociales que permiten comunicación con familiares y amigos 57,69%, recursos tecnológicos para la distracción 54,32%
y la espiritualidad (oración, meditación) 53,84% (Gráfico 5).
Gráfico 4. Significado del confinamiento preventivo en casa para los venezolanos migrantes y no migrantes.
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de investigación
Gráfico 5. Fortalezas del Venezolano migrante y no migrante para afrontar el confinamiento en casa.
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de investigación.
4,49
12,92
15,86
13,48
8,14
7,21
25,56
30,05
4,49
3,36
5,33
4,32
22,75
27,88
No migrantes Migrantes
38,94
27,4
14,42
48,87
55,28
2,28
Normalidad
Miedo
Tristeza
Oportunidad
Perdida de tiempo
Tranquilidad
Incertidumbre
Catástrofe
Apatía
Ansiedad
0 10 20 30 40 50 60
71,06
26,44
60,67
57,69
40,16
54,32
25,84
30,28
52,24
53,84
24,43
27,4
0 10 20 30
Apoyo de la familia aún en la distancia
Redes sociales que permiten comunicación con familiares y amigos
Recursos tecnológicos que permiten la distracción
Posibilidad de hacer actividad física aún dentro de casa
Espiritualidad (oración, meditación)
Apoyo económico del sitio de trabajo, institución gubernamental u otros
40 50 60 70 80
No migrantes Migrantes
En relación con los síntomas físicos presentados durante el confinamiento, la mayoría de la población de ambos grupos no ha
presentado síntomas físicos 61,23% y 48,55%, seguidos de cefalea y mareo 25,84% y 32,69% y dolores osteomusculares 14,6%
y 17,78%.
Al evaluar la presencia de Depresión, ansiedad, y estrés en los participantes se obtuvo que la mayoría en ambos grupos no
presenta ninguno de los 3 síntomas. El porcentaje que sí refirió tenerlo fue distribuido de la siguiente manera: en el grupo de
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• Nelson Sanguinetty
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los no migrantes 7,58% refirió depresión moderada y solo 1,40% depresión severa. El 8,71% refirió ansiedad moderada y el
1,69 ansiedad extremadamente severa. El 7,30% refirió estrés leve y sólo el 1,13% estrés extremadamente severo.
En el grupo de los migrantes, el 9,61% refirió depresión moderada y solo el 3,85% depresión extremadamente severa. El
9,13% refirió ansiedad moderada y el mismo porcentaje ansiedad extremadamente severa. El 10,58% refirió estrés leve y sólo
el 2,88% estrés extremadamente severo (Tabla 2).
DISCUSIÓN
De los participantes 712 fueron venezolanos no migrantes y 416 venezolanos migrantes, distribuidos en América. En su
mayoría femeninas, similar a lo hallado en estudios anteriores (Wang et al., 2020, Cao et al., 2020 y Ozamiz-Etxebarria et al.,
2020); mayormente ocupan el rol de madre en familias con 2 a 3 miembros (Wang et al., 2020 y Cao et al., 2020); adultos
intermedios (40-60 años); en su mayoría heterosexuales y casados.
El nivel académico prevalente fue: universitario en no migrantes y estudios de especialidad/maestría en migrantes; hallazgo
similar a Wang et al., 2020 donde prevalecieron profesionales. La principal ocupación encontrada fue la de profesionales en
ambos grupos, sin embargo, la ocupación seguida fue: profesionales técnicos en no migrantes y profesionales con otra ocupa-
ción en migrantes. Datos similares reportados por la Agencia de la ONU para los refugiados [ACNUR] y por Requena y
Caputo (2016), quienes refieren que gran cantidad de migrantes, son profesionales de diferentes áreas que dependiendo del
tiempo fuera de su país logran ejercer su profesión de forma legal.
La mayoría de los participantes de ambos grupos refirió no tener antecedentes patológicos, también reportado en otros
estudios (Wang et al., 2020 y Ozamiz-Etxebarria et al., 2020), y sólo un mínimo porcentaje ha experimentado una crisis de
ansiedad o pánico en algún momento de su vida. Esto es importante ya que en algunas investigaciones se consideran vulnera-
bles para la presentación de síntomas psicológicos originados por la cuarentena (Balluerca et al., 2020).
El conocimiento de la población sobre el confinamiento fue: casi la totalidad conoce los objetivos de este, están de acuerdo
con éste como medida preventiva y sólo un pequeño porcentaje ha padecido o estado en contacto con alguien con el diagnósti-
co de la enfermedad, diferente al estudio de Cao et al. (2020), donde casi la totalidad no tiene familiares o conocidos
diagnosticados. El conocimiento real de la situación, información veraz y precisa, así como no haber tenido contacto con
casos de COVID 19 se describen como factores protectores para eventos psicológicos posteriores (Brooks et al., 2020).
El área laboral ha sido afectada debido al confinamiento preventivo con una diferencia notoria entre grupos: los no migran-
tes siguen laborando ahora desde casa y a algunos le redujeron el horario de trabajo; mientras que en el grupo migrante no
Tabla 2. Niveles de depresión, ansiedad y estrés según instrumento DASS-21 en los venezolanos migrantes y no migrantes.
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de investigación
Migrantes No migrantes
Depresión Ansiedad Estrés Depresión Ansiedad Estrés
N % N % N % N % N % N %
Negativo
Leve
Moderada
Severa
Extremadamente severa
312
30
40
18
16
75,00
7,21
9,61
4,33
3,85
298
24
38
18
38
71,64
5,77
9,13
4,33
9,13
308
44
38
14
12
74,04
10,58
9,13
3,37
2,88
586
46
54
10
16
82,31
6,46
7,58
1,40
2,25
576
44
62
18
12
80,9
6,18
8,71
2,52
1,69
598
52
28
26
8
83,99
7,30
3,93
3,65
1,13
DASS-21
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ha interferido pues no cuentan con trabajo formal, y otros siguen trabajando desde casa. Salgado Bustillo et al. (2018), repor-
tan que la principal ocupación de los migrantes venezolanos es conformación de emprendimientos desarrollados en sus
domicilios, situación similar a nuestro estudio; mientras que García y Restrepo (2019) muestran que la dinámica migratoria
venezolana busca además, la mejora económica debido a desigualdades laborales, provocadas por la crisis actual del país,
acrecentada en América Latina por la pandemia, tal como lo especifica la Organización Internacional del Trabajo (2020).
La circunstancia que más ha afectado a partir del confinamiento preventivo en los grupos fue la ausencia y disminución de
ingresos y alimentos por no trabajar, coincidiendo con lo hallado por Sandin et al. (2020). Así mismo en orden de frecuencia
los no migrantes refirieron miedo a ser infectados o que se enferme algún familiar, reportado también por Sandin et al. (2020)
y resultado contrario al visto por Wang et al. (2020), el cual reporta que un alto porcentaje de los encuestados estaban muy
preocupados o algo preocupados por que otros miembros de la familia padecieran COVID-19. Mientras que los migrantes
refieren como segunda circunstancia: no poder realizar sus actividades rutinarias.
Todo ello difiere en la literatura, la cual reporta que los miedos más comunes se refieren a relacionados propiamente con la
contaminación, enfermedad y muerte debidos al coronavirus. Le siguen en relevancia miedos relacionados al trabajo y pérdi-
da de ingresos, y los temores al aislamiento social. Los miedos a la carencia de productos de primera necesidad resultaron ser
menos frecuentes. (Sandin et al., 2020). La información que manejan los grupos sobre la COVID-19, se basa mayormente en
material confiable de las instancias encargadas y ambos grupos refieren tener conocimientos sobre medidas de prevención y
síntomas de la enfermedad, lo cual difiere de lo hallado por Wang, et al. (2020), en donde la fuente más común de información
de salud sobre COVID-19 fue de Internet, sin embargo, la población de dicho estudio reporta estar satisfecha con el conoci-
miento adquirido. Una mayor satisfacción con la información de salud recibida se asocia con un menor impacto psicológico
y menores niveles de estrés, ansiedad y depresión (Wang et al., 2020).
La percepción que han tenido los individuos sobre el confinamiento reportó que la mayoría lo ve como: una oportunidad para
cambiar la actitud ante el mundo, incertidumbre y tranquilidad por el hecho de no tener contacto con el virus; difiriendo del
estudio de Sandin et al., 2020 en el cual prevalece la preocupación, estrés, desesperanza y depresión. Partiendo de que el
confinamiento nos lleva a tener nuevas experiencias es importante resaltar la alternancia de sentimientos positivos y negati-
vos, lo cual hace pensar que, en medio de toda condición adversa, la esperanza y la visión positivista puede presentarse como
un recurso importante, así como la resiliencia frente a dicha situación. Mientras que la literatura menciona que la tristeza
forma parte del clima emocional de la pandemia del coronavirus que se expande conforme avanza la crisis (Bericat y Acosta,
2020). La presencia de la incertidumbre se explica por la capacidad cada vez menor de nuestras instituciones para hacer frente
y controlar los riesgos globales que nos afectan, conllevando a su vez, a evidentes incrementos del miedo y la preocupación
(Bericat y Acosta, 2020). Al hablar de lo que han realizado para afrontar de una mejor manera el confinamiento preventivo en
casa, ambos grupos coincidieron en compartir con la familia en el hogar, mientras que como segundo y tercer lugar el grupo
de no migrantes refirió hacer cosas pendientes, así como realizar actividades placenteras por internet; mientras que los
migrantes refirieron actividades placenteras por internet además de fomentar la espiritualidad y la oración. Cabe resaltar que
en ambos grupos el porcentaje de personas que no ha querido acatar la cuarentena es de menos del 1%. No se encontraron
trabajos que evaluaran esto.
Los recursos o fortalezas con los que cuentan los venezolanos para afrontar la cuarentena según este estudio fueron: en la
población no migrante, el apoyo de los familiares aún en la distancia, la presencia de las redes sociales que le permiten comu-
nicación con familiares y amigos y la espiritualidad (oración, meditación); la población migrante refirió presencia de las redes
sociales que le permiten comunicación con familiares y amigos, recursos tecnológicos que le permiten la distracción y la
espiritualidad (oración, meditación). Todo ello compatible con los hallazgos de (Sandin et al., 2020) quien reporta que en su
población prevaleció el hecho de apreciar el valor de dedicar más tiempo a la familia y descubrir nuevas aficiones o practicar
más la actividad religiosa o espiritual.
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Ambos grupos de la población refirió no haber presentado síntomas físicos durante la evolución de la cuarentena; seguidos
de cefalea, mareo y dolores osteomusculares. Similar a lo encontrado por Wang et al. (2020), quienes tampoco encontraron
síntomas físicos en la mayoría y poco frecuentes cefalea, mareo y síntomas osteomusculares. La presencia de síntomas físicos
o somáticos es importante ya que se ha descrito el desarrollo de ciertas condiciones asociadas a eventos emocionales sobre
todo estrés, ansiedad y depresión, cuyo abordaje desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología aún es objeto de estudio
(Wang et al., 2020, Ledoux, 2013 y Grupe & Heller, 2016).
Al evaluar la presencia de depresión, ansiedad, y estrés en los participantes del estudio se obtuvo que el mayor porcentaje de
ambos grupos refirió no presentarlas, hallazgos compatibles con lo reportado en otros estudios (Wang et al., 2020, Cao et al.,
2020). Sin embargo, en el porcentaje que la refirió, en el grupo de los no migrantes la frecuencia de depresión referida fue
moderada, leve, seguido de la severa y muy severa; difiere de Wang et al. (2020), quienes reportan depresión leve, moderada
y severa. La ansiedad fue reportada en el grupo de no migrantes como moderada, los migrantes refieren mayor porcentaje de
ansiedad leve y extremadamente severa; esto difiere con los estudios de Cao et al. (2020), donde quienes sí la reportaban la
manifestaban como ansiedad leve; y Wang et al. (2020), la reportan como moderada, leve y severa. El estrés fue referido como
leve, sólo el 1,13% refirió extremadamente severo, lo cual fue compatible con lo hallado por Wang et al. (2020).
El grupo de los migrantes, reportaron la presencia de depresión moderada y un bajo porcentaje como depresión extremada-
mente severa. La ansiedad se reportó como moderada y extremadamente severa. El estrés se presentó en orden de frecuencia
como estrés leve y un muy bajo porcentaje como estrés extremadamente severo. Estos hallazgos no esperados con relación a
la depresión, ansiedad y estrés, replican los encontrados en los antecedentes de esta investigación, lo que puede explicarse por
el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la pandemia, lo cual trae como ventaja una mayor información (Ozamiz-Etxe-
barria et al., 2020), la presencia de tratamiento que ha ido dando un cambio al pronóstico de la enfermedad, así como el uso
de herramientas para el abordaje psicológico, como la implementación de consultas en línea y el reforzamiento de la informa-
ción oportuna. La condición de la migración es un fenómeno complejo que genera cambios en todas las esferas del individuo
tales como la económica, social, seguridad, y por supuesto la psicológica entre otros elementos que pueden afectar la vida
cotidiana del migrante. Por consiguiente, es normativo ver su vulnerabilidad con un nivel de estrés mucho más alto que otras
poblaciones, constituyendo por tanto una población de riesgo (Nina-Estrella 2018, Ashotegui, 2009 y Balluerca et al., 2020).
CONCLUSIONES
A pesar de los bajos porcentajes, es indiscutible el impacto de una medida como el confinamiento en la población. Los profe-
sionales de la salud deben aprovechar la oportunidad para proporcionar recursos de apoyo psicológico e intervenciones a
quienes presenten síntomas. Proporcionar información de salud precisa, basada en la evidencia y de esta manera reducir el
impacto psicológico de la información no documentada.
Las condiciones de aislamiento y la reducción de los recursos disponibles impulsó el uso de la estrategia “bola de nieve”, para
la recolección de la información, en vez de la aleatorización de la muestra, además que la población de estudio no reflejó el
patrón real de la población general; además, al aplicar la encuesta autoinformada, el impacto psicológico, ansiedad, depresión
y estrés no están siempre alineados con la evaluación de un profesional de la salud mental, esto pudo haber proporcionado
respuestas socialmente deseables en los encuestados, siendo esto parte de las limitaciones de nuestro estudio.
Fuentes de financiamiento: Autofinanciado.
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E-ISSN-2361-2557
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ARTÍCULO ACEPTADO: 04/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
RESUMEN
El primer caso de COVID-19 en Ecuador se reportó el 29 de febrero de 2020. Inmediatamente el gobierno implementó
medidas para combatir la enfermedad, pero durante los primeros meses el virus se propagó rápidamente en las provincias
costeras debido a la falta de acciones basadas en evidencia y adaptadas a la situación epidemiológica local por la ausencia de
un sistema de datos abiertos. Por esta razón, el objetivo del artículo es describir la evolución de la COVID-19 en Ecuador,
proporcionando una herramienta que ayude a las autoridades a controlar la enfermedad de manera efectiva en cada provincia.
La metodología consistió en recopilar información de fuentes oficiales sobre el número de contagios, muertes y pruebas
realizadas para comparar las tasas de positividad, letalidad y mortalidad a nivel mundial, latinoamericano y local; y se
determinó el exceso de mortalidad en Ecuador, considerando como referencia las defunciones del 2019. Los resultados
muestran que Ecuador tiene tasas de positividad (64,97), letalidad 5,86% y mortalidad por cada 10.000 habitantes (1,04) sobre
la media mundial y un exceso de mortalidad del 77,37% desde marzo hasta agosto. Además, al ser uno de los países con
menor número de test realizados es evidente que el subregistro de datos no refleja la gravedad de la COVID-19. En
conclusión,no se ha logrado controlar de manera efectiva la pandemia, por el contrario, hay provincias que desde junio
presentan un incremento acelerado de casos y es urgente reforzar su sistema de salud y vigilancia epidemiológica.
Palabras claves: Situación epidemiológica, Ecuador, COVID-19, letalidad, mortalidad.
ABSTRACT
The first case of COVID-19 in Ecuador was reported on February 29, 2020. The government immediately implemented
measures to combat the disease, but during the first months the virus spread rapidly in coastal provinces due to a lack of
evidence-based actions adapted to the local epidemiological situation in the absence of an open data system. For this reason,
the objective of the article is to describe the evolution of COVID-19 in Ecuador, providing a tool that helps the authorities to
control the disease effectively in each province. The methodology consists of collecting information from official sources on
the number of infections, deaths and tests carried out to compare the rates of positivity, lethality and mortality at the global,
Latin American and local levels. Likewise, the excess mortality in Ecuador was determined, considering as a reference the
deaths of 2019. The results show that Ecuador has rates of positivity (64.97), lethality 5.86% and mortality per 10,000
inhabitants (1.04) above the world average and an excess mortality of 77.37% from March to August. Furthermore, being one
of the countries with the lowest number of tests carried out, it is evident that the under-registration of data does not reflect the
severity of COVID-19. In conclusion, it has not been possible to effectively control the pandemic, on the contrary, there are
provinces that have shown an accelerated increase in cases since june and it is urgent to strengthen their health system and
epidemiological surveillance.
Key words: Epidemiological situation, Ecuador, COVID-19, lethality, mortality.
EVOLUCIÓN DE LA COVID-19 EN ECUADOR
EVOLUTION OF COVID-19 IN ECUADOR
Michelle Parra , Esteban Carrera
Universidad Tecnológica Indoamérica. Programa de Maestría en Gestión Ambiental. Quito – Ecuador. Email: mparra1094@gmail.com
Universidad Politécnica Salesiana. Facultad de Ciencias de la Computación. Quito – Ecuador. E-mail: ecarrerac3@ups.edu.ec
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• Michelle Parra
• Esteban Carrera
INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019, la oficina de la Organización Mundial de la Salud [OMS] en la República Popular China informó
sobre casos de neumonía vírica de causa desconocida en la ciudad de Wuhan, cuyo cuadro clínico estaba caracterizado por tos
seca, fiebre y malestar general, acompañado en ocasiones por síntomas gastrointestinales (Inca & Inca, 2020; OMS, 2020).
Posteriormente, el 30 de enero de 2020, se declaró emergencia de salud pública de importancia internacional porque el brote
del nuevo coronavirus se propagó rápidamente en las cinco regiones de la OMS y cuatro países tenían pruebas de transmisión
interpersonal fuera de Wuhan e incluso de China (OMS, 2020). Mientras que, el 11 de febrero, el Comité Internacional sobre
Taxonomía de Virus designó al agente causal del brote identificado en Wuhan como Síndrome Respiratorio Agudo Severo
Coronavirus 2 [SARS-CoV-2] y al cuadro clínico se lo nombró oficialmente como COVID-19 [Coronavirus Disease-2019]
(Wu, Chen & Chan, 2020). Luego, el 11 de marzo, la OMS decidió declarar a la COVID-19 como pandemia por los niveles
alarmantes de propagación y gravedad del virus, así como también por los elevados niveles de inacción. Hasta ese momento
existían más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 personas fallecidas por la enfermedad (Organización Panamericana de la
Salud, 2020).
En Ecuador, el primer caso se identificó el 29 de febrero de 2020 en la provincia de Guayas y obligó a las autoridades a tomar
medidas para combatir esta enfermedad. Es así, que el 13 de marzo se activó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacio-
nal [COE-N] que estuvo a cargo de informar sobre la situación epidemiológica del país a través del reporte diario de cifras de
personas contagiadas y fallecidas por provincias y cantones (Gobierno de la República del Ecuador, 2020). Sin embargo, el
virus se propagó a una velocidad acelerada en el país y las autoridades decidieron declarar una cuarentena nacional el 17 de
marzo, fecha en la que se reportaron 111 casos confirmados y 2 personas fallecidas (SINGRE, 2020). Al finalizar el mes de
agosto, según las cifras proporcionadas por el COE-N hubo 113.767 casos confirmados, 6.556 fallecidos confirmados por
COVID-19, 3.741 fallecidos probables COVID-19 y 86.252 pacientes recuperados.
En este contexto, una de las problemáticas actuales en Ecuador es la falta de un sistema de datos abiertos sobre la COVID-19
porque la única información a la que puede acceder la ciudadanía y los medios de comunicación son las cifras emitidas diaria-
mente por el COE-N y los reportes de defunciones inscritas diarias del Registro Civil. Ante esta situación, el propósito del
presente artículo es describir la evolución de la COVID-19 en Ecuador, conocer la tasa de letalidad y mortalidad nacional y
provincial para comparar el comportamiento de la enfermedad a nivel mundial y latinoamericano, proporcionando una herra-
mienta que pueda ser utilizada por la ciudadanía y por los tomadores de decisiones para controlar de manera efectiva la
pandemia en el país.
METODOLOGÍA
El presente artículo es un estudio observacional basado en datos estadísticos y demográficos de estudios previos y de
información proporcionada por organismos oficiales internacionales como la OMS y la Organización de las Naciones Unidas
[ONU], y nacionales como el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de Ecuador [SINGRE], el Registro Civil
del Ecuador y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC]. Para calcular las tasas de casos positivos, letalidad y
mortalidad a nivel mundial y de los países más representativos de Latinoamérica se utilizaron los datos emitidos por la OMS
en su reporte de situación de COVID-19 del 31 de agosto de 2020 y la perspectiva mundial de población 2020 de la ONU. Para
el caso del Ecuador, se consideraron las infografías de la 1 a la 186 publicadas por la SINGRE y la proyección de población
realizada por el INEC para el 2020. Para analizar el exceso de defunciones durante el 2020 se emplearon los datos publicados
por el Registro Civil del Ecuador de los años 2019 y 2020, donde constan las defunciones por provincias y por cantones. Los
datos fueron recopilados, analizados y representados gráficamente con los programas Excel y Mapchart.
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ARTÍCULO RECIBIDO: 27/08/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 04/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
RESULTADOS
La mayoría de los países de América Latina presentan una tasa de casos positivos por cada 10.000 habitantes superior a la
media mundial 30,22%. En Ecuador, la tasa es de 64,97% y es inferior a las cifras de Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil,
Perú y Chile, siendo este último, el que presenta la mayor tasa de positividad de América del Sur (Gráfico 1).
En el caso de Ecuador, la evolución de la tasa de positividad por cada 10.000 habitantes se caracteriza por presentar un
crecimiento lineal constante. Al inicio de la cuarentena, el aumento de la tasa de positividad era lento, pero a partir del 15 de
abril, se evidencia un incremento acelerado de los casos de personas contagiadas con COVID-19. Por esta razón, la tasa de
positividad pasó de 4,49 a 17,97 en un mes. Como se observa en la Gráfico 2, la tasa de casos positivos en el país ha
incrementado y se reporta un valor de 64,97.
Gráfico 1. Tasa de positividad de COVID-19 por cada 10.000 habitantes de países de América del Sur.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMS, Reporte de situación COVID-19 (2020), ONU, Perspectiva Mundial de Población 2020 (2020), SINGRE,
Infografía Nacional COVID-19 (2020) e INEC, Proyección de población Ecuador (2020).
Gráfico 2. Tasa de positividad de COVID-19 por cada 10.000 habitantes en Ecuador.
Fuente: Elaboración propia a partir de SINGRE, Infografía Nacional COVID-19 (2020) e INEC, Proyección de población Ecuador (2020).
4,57
24,40
64,97
92,43
99,27
Tasa de positividad (10.000 hab.)
Tasa de casos positivos mundial (100.000 hab.)
120,90
183,87
199,85
215,38
250
200
150
50
Uruguay
Paraguay
Ecuador
Argentina
Bolivia
Colombia
Brasil
Perú
Chile
0
100
70
60
50
40
30
20
10
0
0,01 0,02
1,31
4,49
14,24
13-mar
15-mar
31-mar
15-abr
30-abr
15-may
31-may
15-jun
30-jun
15-jul
31-jul
15-ago
31-ago
17,97
22,33
Tasa de Positividad (10.000 hab.)
27,02
32,18
40,16
48,74
57,50
64,97
E-ISSN-2361-2557
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• Esteban Carrera
A nivel provincial, 11 provincias del Ecuador tienen una tasa de positividad superior a la media nacional (64,97). Las provincias
de la Amazonía y Carchi presentan las cifras más altas, tal es el caso de Pastaza que tiene 167,1 personas contagiadas con
COVID-19 por cada 10.000 habitantes (Gráfico 3).
Por su parte, el porcentaje de positividad determina el número de personas que dieron positivo para el virus en función de la
cantidad de pruebas realizadas. En este sentido, en América del Sur, Chile es el país que más pruebas ha hecho con un total
de 113.486 test por cada millón de habitantes; mientras que Ecuador es el país con menor número de pruebas realizadas por
cada millón de habitantes con un total de 18.784. A pesar de esto, Bolivia presenta el porcentaje de casos positivos más alto
de América del Sur 50,9%, seguido de Argentina con 39% y Ecuador con 34,6% (Gráfico 4).
En Ecuador, el número de test de COVID-19 ha incrementado desde inicios de la emergencia sanitaria declarada en el país.
Al finalizar el mes de marzo se reportaron 471 pruebas y 15,5% de positividad, pero el valor incrementó desde el mes de abril,
Gráfico 3. Tasa de positividad de COVID-19 por cada 10.000 habitantes por provincias.
Fuente: Elaboración propia a partir de SINGRE, Infografía Nacional COVID-19 (2020) e INEC, Proyección de población Ecuador (2020).
Gráfico 4. Porcentaje de positividad de COVID-19 en función del número de test realizados en países de América del Sur.
Fuente: Elaboración propia a partir de Infobae, Coronavirus en América Latina y el mundo (2020) y SINGRE, Infografía Nacional COVID-19 (2020).
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
167,1
125,5
103,5 102,3
100,3
98,2 97,9
86,2 85,3
74,0
68,6
61,9
61,4
Tasa de Positividad (10.000 hb.)
Tasa de Positividad Nacional (10.000 hb.)
61,3
60,5
56,7 55,0 54,3
46,9
PASTAZA
CARCHI
ORELLANA
STO. DOMINGO
SUCUMBÍOS
NAPO
LOJA
PICHINCHA
BOLÍVAR
AZUAY
COTOPAXÍ
EL ORO
IMBABURA
TUNGURAHUA
ESMERALDAS
MANABÍ
CAÑAR
GUAYAS
CHIMBORAZO
LOS RÍOS
GALÁPAGOS
SANTA ELENA
ZAMORA CHINCHIPE
MORONA SANTIAGO
42,9
38,6
35,5
33,0
32,3
60%
50,9%
39,0%
34,6%
27,7%
25,1%
22,7%
19,0%
10,3%
1,0%
Bolivia Argentina Ecuador Perú UruguayParaguayChileColombiaBrasil
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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ARTÍCULO ACEPTADO: 04/11/2020
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Respecto al porcentaje de letalidad, los países de Ecuador, Bolivia y Perú tienen valores sobre la media mundial 3,45% y
latinoamericana 4%, siendo Ecuador, el país con la cifra más alta, equivalente a 9,05% si se consideran a los fallecidos confir-
mados y probables por COVID-19 y a 5,76% si solo se toma en cuenta a los fallecidos confirmados. Por su parte, Paraguay
es el país con la menor tasa de letalidad 1,82%, seguido de Argentina con 2,06% (Gráfico 6).
A nivel nacional, el porcentaje de letalidad presentó un crecimiento acelerado desde finales de abril hasta la última semana de
mayo, pero a partir de junio, se observó una disminución progresiva de la tasa de letalidad. Sin embargo, la cifra de letalidad
aún es superior a la media mundial (Gráfico 7).
Gráfico 5. Porcentaje de positividad en Ecuador en función del número de test realizados.
Fuente: Elaboración propia a partir de SINGRE, Infografía Nacional COVID-19 (2020) e INEC, Proyección de población Ecuador (2020).
Gráfico 6. Tasa de letalidad del COVID-19 en países de América del Sur.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMS, Reporte de situación COVID-19 (2020) y SINGRE, Infografía Nacional COVID-19 (2020).
Nota: Ecuador* considera únicamente los fallecidos confirmados por COVID-19; Ecuador** considera los fallecidos confirmados y los probables por
COVID-19.
15,50%
16,59%
27,90%
30,12%
36,11% 35,03%
33,30%
35,10%
38,27%
36,95%
35,23%
35,37%
34,59%
13-mar. 15-mar. 31-mar. 15-abr. 30-abr. 15-may. 31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 31-jul. 15-ago. 31-ago.
Paraguay
1,82
2,06
Porcentaje (%)
2,74 2,77
3,11
3,20
4,28
4,44
5,76
9,05
Argentina Chile Uruguay Brasil Colombia Bolivia Perú Ecuador*
Tasa de letalidad Tasa de letalidad mundial
Ecuador**
cuando se registraron 3.944 test y un porcentaje de positividad de 36,11%, hasta el 30 de junio, cuando se realizaron 8.407
pruebas y se alcanzó el valor de positividad más alta 38,27%. Sin embargo, desde julio el porcentaje de positividad ha
disminuido de forma lenta, pero actualmente existen 49.464 muestras que no han sido analizadas (Gráfico 5).
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• Esteban Carrera
A nivel provincial, 16 provincias tienen porcentajes de letalidad superiores al 3,5% que es el referente internacional. Siendo
Tungurahua, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Chimborazo y Santa Elena, las
provincias que tienen tasas sobre la media nacional 5,86%. Por su parte, Santa Elena presenta una letalidad 4,7 veces mayor
al porcentaje nacional (Gráfico 8).
Por su parte, la evolución de la tasa de positividad por cada 10.000 habitantes se caracteriza por tener un crecimiento continuo
desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad; mientras que, el comportamiento del porcentaje de letalidad varía en
función de la provincia. En el caso de las provincias que durante los primeros meses de la cuarentena mostraron un crecimiento
acelerado de contagios y letalidad como Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos y El Oro, aún no logran aplanar la curva de
Gráfico 7. Evolución de la tasa de letalidad del COVID-19 en Ecuador.
Fuente: Elaboración propia a partir de SINGRE, Infografía Nacional COVID-19 (2020).
Gráfico 8. Tasa de letalidad por COVID-19 por provincias del Ecuador.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMS, Reporte de situación COVID-19 (2020), ONU, Perspectiva Mundial de Población 2020 (2020), SINGRE,
Infografía Nacional COVID-19 (2020) e INEC, Proyección de población Ecuador (2020).
5,00%
5,41%
3,43%
13-mar 15-mar 31-mar 15-abr 30-abr 15-may 31-may 15-jun 15-jul 15-ago 31-ago31-jul30-jun
Tasa de letalidad (%)
4,94%
8,24%
8,59%
8,30%
8,03%
7,33%
6,68%
6,02%
5,76%
3,61%
27,14
12,96
10,40
SANTA ELENA
CHIMBORAZO
MANABÍ
LOS RÍOS
GUAYAS
EL ORO
STO. DOMINGO
COTOPAXÍ
TUNGURAHUA
ESMERALDAS
NAPO
CAÑAR
BOLÍVAR
PICHINCHA
LOJA
SUCUMBÍOS
IMBABURA
CARCHI
PASTAZA
ORELLANA
AZUAY
GALÁPAGOS
MORONA SANTIAGO
ZAMORA CHINCHIPE
9,87
8,92
8,30
7,19
6,76
6,48
5,64
5,38
3,85
3,60
3,41 3,41
3,26
2,74
2,52
2,35
2,15
0,92 0,77
4,62
3,89
Tasa de letalidad (%) Tasa de letalidad Nacional (%)
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 27 - 40 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 27/08/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 04/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
CAÑAR
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
1,39
10,55
3,03
9,06 8,38
6,90
4,62
11,76
19,26
26,26
46,94
CHIMBORAZO
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0,32
3,19
7,60
14,75
27,19
38,57
20,96
27,39
19,53
14,95
12,96
EL ORO
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0,48
6,62
28,25
44,44
61,26
11,76
16,88
12,41
10,50
8,30
15,28
GALÁPAGOS
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
1,51
20,58
23,00
26,63
31,17
32,99
1,47
1,32
1,14 0,97 0,92
AZUAY
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
5,22
3,80 2,84 2,16 2,15
9,86
19,99
37,74
0,88
BOLÍVAR
7,69
5,25 4,44
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0,71
14,86
30,87
54,68
68,64
6,34
3,89
CARCHI
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0,32
2,84
16,16
47,89
103,55
8,13
7,24
5,63
3,24
2,74
9,43
COTOPAXI
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
12,50
19,00
13,67
10,99
8,31
6,76
0,16
2,05
8,08
22,34
41,13
61,43
ESMERALDAS
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
10,16
9,39
6,67
5,77
5,64
0,16
2,91
13,24
32,38
50,07
55,05
GUAYAS
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
3,22
3,64
9,99
10,55
9,45
8,92
3,68
23,79
32,05
34,22
39,93
42,93
contagios, por el contrario, mantienen un crecimiento lento, pero continuo. En el resto de las provincias que durante la cuarentena
tuvieron un ligero incremento de casos, se observa un aumento significativo de la tasa de positividad a partir de mayo, tal es
el caso de las provincias de la Amazonía, Pichincha, Carchi, Imbabura, Azuay, Cotopaxi, Loja, Tungurahua y Azuay. En el
gráfico 9 se representa la evolución de la COVID-19 por provincias, donde se representa con línea de color azul la tasa de
positividad y con color naranja la tasa de letalidad.
E-ISSN-2361-2557
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• Michelle Parra
• Esteban Carrera
IMBABURA
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0,21
1,87
12,14
30,99
60,49
10,00
10,11
6,90 6,75
4,81
3,26
LOS RÍOS
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0,87
7,52
16,37
24,62
31,01
35,51
7,50
5,48
12,92
11,28
11,06
9,87
MORONA SANTIAGO
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0,51
3,10
5,34
39,69
102,32
125,52
1,28
0,70 0,77
ORELLANA
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0,06
2,05
14,69
45,93
82,00
100,29
1,69
2,43 2,49 2,35
PICHINCHA
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0,68
4,40
12,20
22,37
45,89
74,03
7,72
6,94
4,85
3,85
LOJA
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0,42
4,45
6,85
16,58
48,99
85,29
5,21
3,17 3,60
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
3,92
14,31
28,46
41,53
54,30
1,85
17,32
14,11
12,13
10,40
19,42
MANABÍ
NAPO
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0,07
1,72
15,03
43,83
70,30
86,23
8,70
7,46
5,29 5,21
5,38
PASTAZA
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0,44
4,03
19,96
60,07
120,49
167,07
2,19
3,21 3,20 2,52
SANTA ELENA
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0,42
9,02
19,22
23,03
32,33
23,53
36,45
35,17
28,83
27,14
12,98
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ARTÍCULO RECIBIDO: 27/08/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 04/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
En el caso de la tasa de mortalidad por cada 10.000 habitantes, Perú es el país con la cifra más alta (8,87), seguido de Chile
(5,91) y Ecuador (5,88). En el caso de Ecuador, se reportan dos tasas, la más baja considera únicamente a los fallecidos por
COVID-19 confirmados con una prueba; mientras que, la más alta no solo toma en cuenta a los confirmados, sino también a
los probables, es decir, aquellos que tuvieron síntomas similares a los de la enfermedad del COVID-19 (Gráfico 10).
Por su parte, la evolución de la tasa de mortalidad en Ecuador tiene un comportamiento similar a la tasa de positividad, con
un crecimiento acelerado desde finales del mes de abril hasta inicios de junio. Posteriormente, la curva mantiene un incremento
lento, pero continuo (Gráfico 11).
Gráfico 9. Evolución de la tasa de positividad y letalidad por COVID-19 por provincias del Ecuador.
Fuente: Elaboración propia a partir de, SINGRE, Infografía Nacional COVID-19 (2020) e INEC, Proyección de población Ecuador (2020).
Gráfico 10. Tasa de mortalidad del COVID-19 en países de América del Sur.
Fuente: Elaboración propia a partir de SINGRE, Infografía Nacional COVID-19 (2020).
Nota: Ecuador* considera únicamente los fallecidos confirmados por COVID-19; Ecuador** considera los fallecidos confirmados y los probables por
SANTO DOMINGO
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0,39
4,40
22,74
43,55
80,12
98,24
10,40
7,09 5,91 6,70 7,19
SUCUMBÍOS
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
1,17
1,82
17,92
49,63
97,92
4,55
4,84
4,37 3,41
TUNGURAHUA
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0,15
2,88
8,08
17,30
35,27
56,69
10,00
14,26
10,47
8,07
6,48
ZAMORA CHINCHIPE
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0,17
3,65
15,45
44,51
78,48
96,83
2,69 2,99
3,60 3,43
0,13
Uruguay
Paraguay
Argentina
Ecuador*
Ecuador**
Chile
Perú
Colombia
Bolivia
Brasil
0,44
1,91
Tasa de mortalidad Tasa de mortalidad mundial (10.000 hab)
3,74
3,86
4,25
5,71
5,88 5,91
8,87
E-ISSN-2361-2557
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• Michelle Parra
• Esteban Carrera
El exceso de mortalidad en Ecuador se determina al comparar la cifra de defunciones desde marzo hasta agosto de los años
2019 y 2020. Según las cifras existe un exceso de 28.961 muertes, de las cuales 13.550 corresponden únicamente al mes de
abril. Pero, según las cifras oficiales de la SINGRE, hasta el 31 de agosto se reportaron 6.556 fallecidos por COVID-19 y
3.741 fallecidos probables por COVID-19, dando un total de 10.297 personas fallecidas por la enfermedad. Sin embargo, aún
quedan 18.664 defunciones que podrían ser atribuidas al COVID-19, pero que no pudieron ser confirmadas por la falta de
pruebas (Gráfico 12).
En este sentido, la tasa de exceso de defunciones por cada 100.000 habitantes en Ecuador es de 154,8. Los valores más altos
lo registran las provincias de Guayas (347,6) y Santa Elena (332,4). Por su parte, las cifras más bajas la tienen Galápagos (4,8)
y Loja (9,6) (Gráficos 13 y 14).
Gráfico 11. Evolución de la tasa de mortalidad por COVID-19 en Ecuador.
Fuente: Elaboración propia a partir de SINGRE, Infografía Nacional COVID-19 (2020) e INEC, Proyección de población Ecuador (2020).
Gráfico 12. Exceso de mortalidad en Ecuador.
Fuente: Elaboración propia a partir de Registro Civil, Cifras de defunciones (2020) y SINGRE, Infografía Nacional COVID-19 (2020).
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
0,00
13-mar 15-mar 31-mar 15-abr 30-abr 15-may 31-may 15-jun 30-jun 15-jul 31-jul 15-ago 31-ago
0,00
0,05
0,22
1,48
1,92
2,24
2,59
2,95
3,26
3,46
3,74
0,51
72303
56649
46688
38654
29179
9470
6570
Marzo Abril Mayo Junio Julio
Fallecidos Probables COVID-19 Fallecidos COVID-19
Fallecidos 2020
Fallecidos 2019
Agosto
79 87
900
1455
2154
3071 3470 3741
3358
4527
5702
6556
12729
18689
24580
30658
36903
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 27 - 40 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 27/08/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 04/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
DISCUSIÓN
La tasa de casos positivos por cada 10.000 habitantes en Ecuador es una de las más bajas de América del Sur, pero el porcenta-
je de positividad es uno de los más altos. Esto se debe a que el primer indicador de positividad en función del número de
habitantes varía según el tamaño de la población de un país y Ecuador tiene una población total menor a Perú, Brasil, Argenti-
na, Chile y Colombia. Mientras que, el segundo indicador que depende del número de test realizados proporciona información
más específica del comportamiento de la enfermedad del COVID-19. Como manifiesta Lopardo (2020), conocer la tasa de
positividad en un lugar determinado es indispensable para tener una dimensión sobre la propagación de la enfermedad, pero
de manera paralela se debe tomar en cuenta la cantidad de población que ha sido testeada porque es evidente que la tasa de
casos positivos va a incrementar a medida que los países empiecen a realizar más test. Además, como menciona la BBC
(2020), los indicadores de positividad en función del número de habitantes y de la cantidad de test realizados es fundamental
para comprender la evolución del virus. Por esta razón, es explicable que países como Rusia y Corea tengan los porcentajes
de positividad más bajos del mundo porque realizaron pruebas a toda su población, inclusive a ciudadanos sin síntomas. Por
su parte, Rosero (2020), afirma que al realizar pocas pruebas diagnósticas o centrar la toma de muestras únicamente en
pacientes más graves, es evidente que el porcentaje de positividad incrementará.
Gráfico 13. Mapa de exceso de defunciones por provincias del Ecuador desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020.
Fuente: Elaboración propia a partir de Gómez y Orellana, Situación epidemiológica de la COVID-19 y exceso de mortalidad en Ecuador (2020).
Gráfico 14. Tasa de exceso de defunciones por provincias del Ecuador desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020.
Fuente: Elaboración propia a partir de Gómez y Orellana, Situación epidemiológica de la COVID-19 y exceso de mortalidad en Ecuador (2020).
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
200
150
100
50
0
400
347,6
332,4
176,1
GUAYAS
SANTA ELENA
EL ORO
MANABÍ
STO. DOMINGO
LOS RÍOS
TUNGURAHUA
CHIMBORAZO
PICHINCHA
NAPO
ESMERALDAS
SUCUMBÍOS
BOLÍVAR
COTOPAXÍ
PASTAZA
CAÑAR
ORELLANA
AZUAY
CARCHI
IMBABURA
LOJA
GALÁPAGOS
MORONA SANTIAGO
ZAMORA CHINCHIPE
150,6
118,0
108,1 108,1
Exceso de defunciones (10.000 hab.) Exceso de defunciones nacionales (10.000 hab.)
78,2 77,6
66,1
60,8
58,6
53,6 52,5
51,0
45,0 44,2
38,5
24,0 23,3
18,4 18,3
9,6
4,8
350
250
150
50
0
100
200
300
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 27 - 40 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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• Michelle Parra
• Esteban Carrera
En este contexto, Ecuador es uno de los países que ha realizado menos pruebas para diagnosticar COVID-19. Además, los tests
se han enfocado de manera preferencial en la población con síntomas de neumonía, y esta puede ser una de las razones por las
cuales su porcentaje de positividad de 34,59% es uno de los más altos, no solo a nivel mundial sino también en el continente
americano. Sin embargo, también hay que aclarar que este porcentaje podría incrementar significativamente cuando se
terminen de analizar más de 40.000 muestras pendientes.
A su vez, es preocupante que todas las provincias de la Amazonía presenten las cifras más altas de casos de COVID-19
acumulados por cada 10.000 habitantes, principalmente porque dadas sus condiciones sociales y económicas, es difícil que
puedan acceder a una asistencia médica oportuna y eficaz cuando contraigan la enfermedad. Sin embargo, su elevada tasa de
positividad también se puede explicar porque son las provincias con menor población del país. Por esta razón, sería
fundamental conocer el número de pruebas PCR y rápidas que se han realizado en cada provincia para poder calcular el
porcentaje de positividad y tomar medidas basadas en evidencia y adaptadas a la realidad que enfrenta cada provincia.
En este sentido, Ecuador no debería flexibilizar por completo las medidas adoptadas para combatir la pandemia porque a pesar
de que la curva de contagios ha mostrado un crecimiento lento en las provincias de Guayas y Santa Elena, que al inicio eran los
epicentros de la enfermedad, en el resto de las provincias se observa un incremento acelerado a partir de mayo que coincide con
el desconfinamiento en el país. Además, las cifras de los indicadores de la evolución del COVID-19 en el país aún se
encuentran sobre la media mundial y según la OMS no es recomendable levantar las medidas de confinamiento, sobre todo
cuando la tasa de positividad en los exámenes practicados es mayor al 10%.
Por otra parte, en provincias como Carchi, Imbabura, Azuay, Cotopaxi, Loja, Sucumbíos, y Tungurahua, que en los primeros
meses tuvieron pocos casos, desde el mes de mayo se evidencia un incremento significativo; mientras que la curva de las provin-
cias que tuvieron el mayor número de casos en los meses de marzo y abril, no se ha estancado, únicamente crece de manera lenta.
Por esta razón, las autoridades deben reforzar las medidas de prevención y el compromiso comunitario, principalmente en las
provincias donde se observa un crecimiento acelerado del número de casos positivos durante los últimos meses.
Otro indicador que nos permite conocer la gravedad de la enfermedad es la tasa de letalidad que se refiere al número de
fallecidos con relación al total de personas contagiadas con una determinada enfermedad en un momento específico (Morán,
2020). A nivel mundial la letalidad para COVID-19 es de 3,45% y para América es de 4%. Hasta el 31 de agosto, Ecuador tenía
una tasa de letalidad de 5,76%, convirtiéndose en el tercer país de la región con el mayor porcentaje de letalidad para
COVID-19, después de México (11%) y Canadá (8%). Este porcentaje incrementa a 9,25% si se consideran a los fallecidos
probables por la enfermedad.
Según la evolución de la tasa de letalidad del COVID-19 en Ecuador, la media mundial se superó desde la tercera semana de
marzo hasta la actualidad y su incremento fue significativo en los meses de abril a mayo. Sin embargo, a pesar de que el
porcentaje de letalidad ha decrecido desde junio, el valor aún sigue siendo preocupante. Como mencionan Gómez y Orellana
(2020), la letalidad es un indicador que varía por múltiples factores como el número de test realizados e informados, número
de camas de hospitalización y camas de cuidados intensivos, capacidad de atención hospitalaria y el número de profesionales
de salud capacitados para la atención. Es así que, a nivel provincial, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí y El Oro presentan
las tasas más altas de letalidad porque fueron los primeros lugares donde se propagó el virus y su sistema de salud colapsó.
Actualmente, la curva de letalidad en las provincias del Ecuador, con excepción de Galápagos, muestran un incremento durante
el último mes, siendo Sucumbíos la que mayor aumento ha presentado. Como mencionan Inca e Inca (2020), es importante
analizar la tasa de letalidad para fortalecer las medidas de prevención en aquellas provincias que tienen pocos o ineficientes
servicios de salud y baja capacidad de respuesta. Por esta razón, hay que poner especial atención en las provincias de la Ama-
zonía y en Carchi, Imbabura, Loja y Azuay porque la cifra de contagios ha crecido significativamente durante los meses de
julio y agosto.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 27 - 40 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 27/08/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 04/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Por su parte, la tasa de mortalidad por COVID-19 en Ecuador se encuentra sobre la media mundial y considerando a los
fallecidos probables es una de las más altas de la región conjuntamente con Perú. Además, se observa un aumento de la morta-
lidad desde el mes de marzo hasta agosto, con respecto a los años previos, que supone un incremento del 77,37%, siendo el
mes de marzo y mediados de abril, cuando se produjo el mayor exceso de mortalidad. A partir de junio, se observa una reduc-
ción del número de fallecidos, pero sin llegar a la media esperada. Como menciona Quiroz (2020), es notorio el aumento de
personas fallecidas durante la primera semana del mes de julio y coincide con la flexibilización de las medidas y el incremen-
to de casos en la ciudad de Quito que se convirtió en el nuevo epicentro de la COVID-19. A nivel provincial el exceso de
mortalidad varía del 7,1% al 138%. Esta cifra debe ser analizada por parte de las autoridades nacionales y locales porque
reflejan la gravedad de la enfermedad y la urgencia de tomar medidas para controlar la pandemia de manera efectiva.
La falta de datos abiertos, el elevado subregistro de contagios y las inconsistencias de la información oficial proporcionada
por la autoridad competente ha dificultado el manejo de la pandemia en Ecuador, siendo urgente que todos los sectores públi-
co y privado refuercen el sistema de atención primaria, vigilancia epidemiológica, atención hospitalaria y rehabilitación en
base a evidencias y datos abiertos con el fin de disminuir la probabilidad de contagio y las tasas de letalidad y mortalidad que
son preocupantes.
CONCLUSIONES
La falta de un sistema de datos abiertos y de la capacidad para procesar las muestras son las principales problemáticas que
enfrenta el Ecuador y que dificulta la toma de decisiones para frenar la propagación del COVID-19 en función de la situación
epidemiológica de cada provincia. En el caso del porcentaje de positividad en Ecuador en función del número de tests realiza-
dos hasta el 31 de agosto es de 34,59%, siendo necesario incrementar el número de pruebas para detectar COVID-19 y no
flexibilizar las medidas de confinamiento para evitar la propagación de la enfermedad, principalmente en las provincias de la
Amazonía, Carchi, Cañar, Imbabura, Loja y Tungurahua, cuya tasa de positividad se ha duplicado durante el mes de agosto.
Por su parte, la tasa de letalidad ha disminuido progresivamente desde el mes de mayo hasta alcanzar el valor de 5,76%,
siendo este valor aún superior a la media mundial. Entre las provincias con mayores tasas de letalidad se encuentran Santa
Elena, Chimborazo, Manabí, Los Ríos y Guayas.
Además, existe un exceso de 28.961 muertes desde marzo hasta agosto en comparación con las cifras reportadas en el año
2019. Según las cifras oficiales 10.297 muertes han sido por COVID-19, quedando 18.664 defunciones que podrían ser
atribuidas al COVID-19 porque no ha existido ningún otro evento en el país que explique el aumento acelerado del número
de fallecidos. Las provincias que mayores tasas de exceso de defunciones presentan son Guayas y Santa Elena con un total de
347,6 y 332,4 fallecidos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Estos datos evidencian el sub-registro de datos, la
gravedad de la COVID-19 y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y control.
La curva de contagios en Ecuador no se ha logrado aplanar porque no existe una disminución de casos diarios durante 3 o 4
semanas consecutivas. Por el contrario, las provincias que al inicio de la pandemia tuvieron pocos casos, presentan una dupli-
cidad de la tasa de positividad desde el mes de junio y es indispensable que se implementen medidas para frenar los contagios
y preparar los sistemas de atención primaria, vigilancia epidemiológica y atención hospitalaria, para evitar colapsos del
sistema de salud como ocurrieron en las ciudades de Guayaquil y Quito. Finalmente, hay que prestar especial atención a las
provincias de la Amazonía porque por las condiciones sociales y económicas de la población, se puede dificultar la atención
médica oportuna y la tasa de letalidad y mortalidad incrementaría significativamente.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 27 - 40 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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• Michelle Parra
• Esteban Carrera
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 41 - 52 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 24/10/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 31/08/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
RESUMEN
El presente artículo hace referencia al desarrollo de un aplicativo móvil dedicado a la prevención, alerta y cuidado de contagios
en tiempo de pandemia por el COVID-19. La generalización por el trabajo y la educación en línea desde el hogar ha llevado a
que empresas, tanto reconocidas a nivel mundial como desconocidas, se vean inmersas en la creación de aplicaciones para
mantenerse conectados y vinculados para seguir en productividad, además que el mercado actual se basa en la descarga de
aplicaciones tanto gratuitas como pagadas para Android e IOS dedicadas a la propagación de información del COVID-19. El
aplicativo se enfoca en el conocimiento y la difusión de la información según la sintomatología que se presenten en las personas,
se centra especialmente en la información suministrada a diferentes grupos de trabajo, con la finalidad de determinar la cantidad
de individuos contagiados y sospechosos existentes, para posteriormente a ello realizar las respectivas notificaciones con el
propósito de que se tomen acciones tanto como de prevención o aplicación de medidas de seguridad (cercos epidemiológicos),
para evitar contagios.
Palabras claves: Aplicación móvil, COVID-19, pandemia, prevención contagios.
ABSTRACT
This article refers to the development of a mobile application intended for prevention, alert and care infections in times of
pandemic by COVID-19. The generalization of work and online education from home has caused the immersion of companies,
both recognized worldwide and unknown, in the creation of applications to stay connected and linked to carry on production. In
addition to that, the current market is based on the download of free and paid applications for Android and IOS that spread
COVID-19 information. The application focuses on the knowledge and dissemination of information according to the symptoms
that occur in people. It especially focuses on the information provided to different work groups to determine the number of
infected people, as well as existing suspicious individuals, to subsequently, make the corresponding notifications in order to take
actions for prevention or for the application of security measures (epidemiological fences), to avoid further infections.
Key words: Mobile application, COVID-19, pandemic, contagion prevention.
INTRODUCCIÓN
En los tiempos de crisis causados por la pandemia de la COVID-19, la contribución por parte de la ciencia y tecnología ha
sido fundamental para afrontar los diversos problemas y dando paso a la adopción de nuevas soluciones digitales. Los mismos
que permitan a la población mantenerse informados de los diversos aspectos mediante las aplicaciones móviles, gadgets y
chats inteligentes que son las de mayor popularidad para hacer frente al coronavirus que cuentan con funciones de prediagnóstico,
descongestionando las vías telefónicas habilitadas para personas posiblemente contagiadas, y midiendo resultados y mitigando
la pandemia (Sanofi, 2020).
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL
PARA EL CONTROL DE CONTAGIADOS DE COVID-19
MOBILE APP DEVELOPMENT
FOR THE CONTROL OF PEOPLE INFECTED BY COVID-19
Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Ambato-Ecuador, E-mail: ci.nunez@uta.edu.ec
Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Ambato-Ecuador, E-mail: jmoreta0529@uta.edu.ec
Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Ambato-Ecuador, E-mail: grivera1821@uta.edu.ec
Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Ambato-Ecuador, E-mail: jtisalema3724@uta.edu.ec
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Carlos Núñez Miranda , Jessica Moreta Romero , Giovanni Rivera Rodríguez , Jonathan Tisalema Lascano
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E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 41 - 52 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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• Carlos Núñez Miranda
• Jessica Moreta Romero,
• Giovanni Rivera Rodríguez
• Jonathan Tisalema Lascano
Ante este escenario, era de esperar que los principales países líderes en desarrollo tecnológico utilizaran los múltiples usos y
aplicaciones que pueden extraerse de las nuevas tecnologías para intentar poner freno a la rápida expansión del nuevo corona-
virus COVID-19. De esta manera en todo el mundo se han sumado rápidamente al desarrollo de soluciones tecnológicas en
la lucha contra el actual coronavirus que va incrementándose día tras día (Sanofi, 2020). Estas tecnologías habilitadoras de la
conocida habitualmente como cuarta revolución industrial o industria 4.0 son las que de manera más eficaz ayudará a superar
esta crisis sanitaria, junto al talento de las personas que las han creado y el talento y profesionalidad de los servicios médicos,
científicos y de investigación de referencia (Ranz, 2020).
Es así como las aplicaciones móviles se han convertido en la prioridad para los procesos informativos de la actualidad promo-
viendo la interconectividad y comunicación entre las personas, aplicando métodos diferentes de comunicación los cuales
permiten la interacción entre el aplicativo móvil y la base de datos que permite tener un mayor acercamiento con el objetivo
principal el distanciamiento social (Montenegro-López, 2020). Los aplicativos móviles son de gran acogida por su fácil
acceso, además que el coste de estos tiende a ser muy bajos e inclusive en algunos casos son gratuitos, dependiendo de la
funcionalidad y el aporte que realiza el mismo al usuario final.
Cabe recalcar que los aplicativos móviles ofrecen un proceso sencillo de interacción con el usuario ya que los mismos son
imperceptibles debido a que se realizan de manera asíncrona, esto permite que los tiempos de respuesta sean los más óptimos
y a su vez el uso de recursos sea mínimos (Cascón Katchadourian, 2020).
La presente investigación tiene como propósito principal informar las estadísticas mediante un aplicativo de contagios en un
determinado grupo con la finalidad de tomar medidas de prevención en lugares donde se formen grupos de trabajo o aglome-
raciones. Para lo cual la recopilación de información se realiza mediante un test que deberá ser elaborado diariamente, dando
como resultado la notificación del cuadro estadístico que es exclusivamente de los resultados de: positivos, negativos,
posibles contagios, más no del usuario, de esta manera se protege la identidad.
Esta investigación es de gran importancia y aporte para la sociedad ya que a través de una aplicación se puede evitar y preve-
nir el contagio de personas mediante un test, así poder tomar medidas preventivas dentro de un grupo de personas.
ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
Con el objetivo de fortalecer la prevención y reducir los contagios de COVID-19, el Gobierno Nacional, en cooperación con
la empresa privada, presentó la aplicación móvil ASÍ. Es una herramienta digital y gratuita que permitirá conocer si alguien
estuvo cerca de una persona que ha dado positivo para la nueva cepa de coronavirus. El funcionamiento de la aplicación es
sencillo. Primero, el dispositivo móvil registrará el contacto entre personas que tengan descargada la app y el bluetooth
encendido. La distancia aproximada es de al menos dos metros de distancia y por más de 10 minutos. Si luego de unos días
la persona dio positivo para COVID-19 deberá reportarlo a este sistema, el cual generará notificaciones a los usuarios,
informándoles que estuvieron expuestos al mismo; no se conocerán nombres ni direcciones. En este caso le sugerirá al usuario
que se aísle como medida preventiva para velar por su seguridad y de las personas que lo rodean (COE-N, 2020).
Radar Covid permite comunicar un contagio de manera anónima para que así la aplicación tenga en cuenta el dato y analice
todos los móviles que se mantuvieron en un radio corto de acción. Si todos esos móviles tenían instalada la app el sistema
puede avisarles de que quizá estuvieron en peligro; impidiendo con ello la transmisión del virus ya que el dueño del teléfono
podría iniciar su periodo voluntario de cuarentena. En este sentido, Radar Covid avisa de posibles contagios, permite
comunicar el estado del paciente de manera anónima, no comparte datos privados de la persona y tampoco se solicitan datos
personales al utilizar la aplicación (Digital, 2020).
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 41 - 52 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 24/10/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 31/08/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
METODOLOGÍA
Para el desarrollo del aplicativo móvil se procedió a emplear una metodología ágil, sabiendo que la misma permitió obtener
los resultados en poco tiempo, sin ocupar muchos recursos y minimizando el riesgo, además de potenciar el trabajo en equipo,
y debido a la pandemia se necesita un desarrollo rápido de la aplicación, para ello se decidió a implementar la metodología
XP (Meléndez-Valladares, Gaitan y Pérez-Reyes, 2016).
APLICACIÓN
El presente proyecto se lo realizó en el lenguaje de programación C#, para la generación servicios mediante web api se proce-
dió a ocupar un DataSource para la conexión con los datos, La transacciones SQL de los datos se lo hizo mediante LINQ
[Language Integrated Query], el mismo que es propio de la plataforma .NET. Con respecto al Framework desarrolado se
utilizó Xamarin que es una herramienta netamente para plataformas móviles la misma que trabaja mediante el uso Xaml la
cual se basa en etiquetas xml, para la generación de la interfaz de usuario mientras que todos los procesos internos fueron
codificados en C#.
El IDE de programación que se empleó fue Visual Studio 2019 para lo cual se habilitaron los complementos necesarios para
la codificación de Xamarin, por otro lado para la generación de la Base de Datos se procedió a usar Server Management
Studio empleando una base SQL Server. Además, para los servicios se implementó Restful con la finalidad de tener los diver-
sos tipos de métodos tales como: get, post, put, delete aludiendo que en el caso del envío de los parámetros en dichos servicios
se procedió hacerlo mediante la url.
A. Arquitectura de la aplicación
Gráfico 2: Arquitectura MVVM de una Aplicación Móvil
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
Gráfico 1: Metodología XP
E-ISSN-2361-2557
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• Carlos Núñez Miranda
• Jessica Moreta Romero,
• Giovanni Rivera Rodríguez
• Jonathan Tisalema Lascano
La arquitectura Modelo Vista Vista Modelo es un patrón de arquitectura de Software para Android el mismo que esta representa-
do por tres diferentes componentes los cuales son: Model, View Model y View, el cual tiene como objetivo principal reducir los
procesos de desarrollo y mantenimiento de software. Un error fundamental al momento de implementar este modelo es el orden
de creación de las partes que lo componen y las responsabilidades que conllevan cada una de las partes (Kouraklis, 2016).
Model (Modelo): es el encargado de presentar el modelo de negocio permitiendo el acceso y el manejo de los datos a la aplica-
ción, en este caso se implementa diversas clases las mismas que hacen referencia a las diversas entidades existentes en la base
de datos (Kouraklis, 2016).
View (Vista): es la representación gráfica de las diversas interfaces que podrá visualizar el usuario final aludiendo que la
misma no realizará ningún tipo de actividad ya que principalmente deberá comunicarse con el Modelo y de esta manera
cumplir cada uno de los requerimientos (Kouraklis, 2016).
ViewModel (Vista Modelo): es el intermediario entre el Modelo y la Vista, ya que se encarga de procesar todas las peticiones
[request] realizadas por las Vistas hacia el Modelo además de que en dicha capa se encontrará inmersa las diversas reglas de
negocio tanto como la comunicación existente con las aplicaciones externas o consumo de servicios web (Loor, 2015).
Cada componente depende del componente que está un nivel más abajo. Por ejemplo, las actividades y los fragmentos solo
dependen de un modelo de vista. El repositorio es la única clase que depende de otras clases. En este ejemplo, el repositorio
depende de un modelo de datos y de una fuente de datos de backend.
Para el presente proyecto se hizo uso de una arquitectura MVVM para el caso de la aplicación móvil, mientras que para el uso
de los servicios se procedió hacer uso de una arquitectura Modelo Vista Controlador MVC, para lo cual en el proceso del
desarrollo del aplicativo móvil se utiliza las vistas que fueron desarrolladas mediante XAML, el mismo que permitió crear
interfaces de usuario haciendo uso de etiquetas XML.
Las vistas XAML que se utilizaron en el proceso del aplicativo fueron las siguientes: AdministrationPage, JoinGroupPage,
LoginPage, MasterPage, MenuPage, PreventionPage, PrincipalPage, RegisterPage, TestPage, cabe destacar que cada una
de ellas cumplen diferentes funcionalidades dependiendo de las necesidades del aplicativo en el transcurso de su correcto
manejo, además de que dichas funciones están predefinidas por el tipo de vista y el controlador que tenga el mismo.
Para el respectivo consumo de los servicios se optó por una arquitectura Modelo – Vista – Controlador debido ya que los
tiempos de respuesta tienden a ser óptimo al momento de que los usuarios realicen cualquier tipo de petición al aplicativo.
Una ventaja de utilizar dichas arquitecturas conjuntamente es que las mismas tienden a ser compatibles facilitando el
intercambio de información.
• Base de datos
Para el presente proyecto se realizó una base de datos relacional mediante SQL Server, cabe recalcar que dicho almacén de
datos está constituido por siete tablas, en las se encuentra la información de los diversos usuarios existentes en el aplicativo,
así como la información de cada grupo ya sea esta el nombre la capacidad y las credenciales de acceso al mismo, además de
que se procedió a la creación de disparadores en el cual el principal funcionamiento de uno de ellos es el de la inserción del
usuario en el detalle del grupo al momento que se procede a crear el mismo. Además, enfocándonos en uno de los aspectos
más importantes es la tabla de síntomas la misma que contiene la información de la sintomatología junto con una observación,
la cual es el nivel de influencia, para la verificación de si el paciente posee COVID-19, por otro lado, también se hace uso de
dos tablas satélites las mismas que contiene la información referente a género y los tipos de usuario que tiene el mismo.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 41 - 52 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 24/10/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 31/08/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
B. Funcionamiento del Sistema
Al tener en cuenta las necesidades de la actualidad se desarrolló el proyecto empleando la metodología XP, la cual permite
implementar un aplicativo de calidad, flexible y controlable mediante la participación de programadores ordinarios logrando
metas extraordinarias (Astesiano, 1998).
Módulos de mayor importancia para el control de contagiados
Una vez culminado el proceso de análisis de las historias de usuario. Las historias de usuario presentan los diferentes módulos
y detalles de lo que el usuario pretende manejar, cada una de ellas lleva un orden especificado y tiempo estimado para su
elaboración. Una vez definida y escrita la historia de usuario inicia el proceso de testeo de estas (Cohn, 2004). Se procedió a
realizar la tabla de iteraciones en la cual se especifica las diferentes dependencias, riesgos además de la jornada laboral a
efectuarse para la resolución de cada historia de usuario.
Tabla 1: Iteraciones de las historias de usuario
MÓDULO
ACCESO
GRUPOS
ESTADÍSTICO
INFORMATIVO
HISTORIA DE USUARIO
Registro de Usuario
Acceso a la aplicación
Crear
Unirse
Administrar
Crear test
Actualizar Test
Visualizar Información
Medidas de Prevención
Notificaciones
TIEMPO ESTIMADO
SEMANA DIAS HORAS
20
15
12
9
20
12
15
8
4
30
5
5
3
3
5
4
5
2
1
6
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
Gráfico 3: Base de Datos
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
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E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 41 - 52 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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• Carlos Núñez Miranda
• Jessica Moreta Romero,
• Giovanni Rivera Rodríguez
• Jonathan Tisalema Lascano
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para realizar las respectivas notificaciones, tales como: creación del usuario, creación de un grupo, registrarse en un grupo, y
la más importante la notificación de los diversos casos existentes en un grupo determinado.
Gráfico 4: Inicio de Sesión
Gráfico 5: Registro Usuario
Gráfico 6: Menú Principal
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 41 - 52 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 24/10/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 31/08/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
La sección de menú es el indicador de las diferentes funcionabilidades que cumple el aplicativo móvil además de contar con
una opción que permite cerrar sesión en caso de necesitar ingresar con otro usuario.
Inicio: pantalla principal para visualizar los diversos grupos vinculados a la cuenta de cada usuario.
Test: pantalla para realizar un nuevo diagnostico mediante el registro de síntomas.
Crear un grupo: pantalla en la cual se ingresará el nombre y la capacidad del grupo a crearse.
Unirse a grupo: pantalla mediante la cual el usuario puede registrarse a un grupo siempre y cuando cuente con las credencia-
les necesarias.
Administrar: pantalla para la gestión de usuarios existentes en un grupo.
Medidas de prevención: pantalla informativa para conocer las medidas principales a tomar con el fin de evitar contagios.
Salir: permite cerrar la sesión de usuario.
La pantalla principal tiene como objetivo presentar la información referente a los diferentes grupos a los que pertenece el
usuario además de que en la misma al presionar “Visualizar” se desplegará el siguiente módulo de Información Usuarios.
Gráfico 7: Pantalla Principal
Gráfico 8: Información Usuarios
Visualizar – Información Usuarios
Pantalla principal
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
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• Carlos Núñez Miranda
• Jessica Moreta Romero,
• Giovanni Rivera Rodríguez
• Jonathan Tisalema Lascano
En el presente módulo se puede visualizar las estadísticas de los diferentes casos existentes en un grupo determinado, sabiendo
que en dicha información se desplegará la cantidad de casos: positivos, sospechosos, negativos y sin información en caso de
que existiese, cabe recalcar que para un nuevo usuario la estadística de este se mostrará cómo sin información. Al dar clic en
el botón permitirá notificar a los diferentes miembros del grupo sobre la información mostrada.
Test
Este módulo permite al usuario realizar un registro de la sintomatología que este presenta, aludiendo que al registrar dicha
información se generará un aviso con el resultado del test (Positivo, negativo, sospechoso), en caso de que el resultado de
positivo se procederá a la notificación a los diversos miembros existentes en el grupo de dicha persona.
Gráfico 9: Registro Síntomas
Gráfico 10: Crear Grupo
Crear grupo
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 41 - 52 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 24/10/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 31/08/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
El presente módulo tiene la funcionalidad de crear los diferentes grupos, para ello se procede a ingresar el nombre y la capacidad
de este, sabiendo que al crear el grupo se le notificara al usuario el identificador y una clave para el acceso posterior de los
usuarios que pertenecerán a este, sabiendo que el uso de dichas credenciales será responsabilidad de dicho usuario. Aludiendo
de que mediante la creación de grupo permite la segmentación de la población total, cuyo fin es mantener el control en
cantidades pequeñas.
Unirse a un grupo
En el módulo se deberá ingresar las credenciales que fueron compartidas por el usuario administrador del grupo, sabiendo que
una vez culminado el registro será notificado del mismo.
Gráfico 11: Unirse a un grupo
Gráfico 12: Administrar Grupo
Administrar grupos
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
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• Carlos Núñez Miranda
• Jessica Moreta Romero,
• Giovanni Rivera Rodríguez
• Jonathan Tisalema Lascano
En el módulo de Administrar Grupo permitirá visualizar los integrantes del grupo que ha seleccionado, en el cual también se
podrá dar de baja algún usuario no autorizado.
En el módulo final se detallará información rápida acerca del virus, de igual manera se visualizará las medidas de prevención
como: el uso de la mascarilla, distanciamiento, el lavado de manos, evitar el contacto directo.
Una vez culminado el desarrollo del aplicativo se procedió a realizar las pruebas de campo con la finalidad de verificar que
los datos obtenidos sean verídicos. En primer lugar, se creó un grupo mínimo el cual constó de tres personas sabiendo que
primero se verifica el registro del grupo mediante la notificación del mismo, además de que los miembros del grupo inicial-
mente se encontraban en un estado de “Sin Información” para posteriormente realizar el test, una vez aplicado el test se obtuvo
los siguientes resultados: cero casos positivos, diez casos sospechosos, noventa casos negativos y cero sin información.
El sistema funciona para advertir a los usuarios del aplicativo, que personas en su mismo grupo pueden encontrarse contagia-
dos o posiblemente contagiados y de esta manera se proceda a tomar medidas para poder prevenir la propagación del virus.
D. Ejecución
Gráfico 13: Medidas de Prevención
Medidas de prevención
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
Gráfico 14: Prueba Notificaciones
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 41 - 52 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 24/10/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 31/08/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
RESULTADOS
Como último punto de la metodología que se utilizó en el desarrollo del proyecto se tiene la Fase de Aceptación con la cual se
validó el funcionamiento del aplicativo móvil, para esto se probó el sistema con una población de 100 personas las mismas que son
estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial, de la Universidad Técnica de Ambato, para ello se
procedió a instalar el aplicativo en sus dispositivos con la finalidad de poder analizar los resultados.
Como primer punto se solicitó el registro de los usuarios en el aplicativo dando como resultado la notificación exitosa de la
creación, posterior a ello se brindó las credenciales necesarias para que puedan vincularse a un grupo de prueba con el fin de mante-
ner un mejor control y que la población pueda realizar el test con el objetivo de obtener los datos necesarios y poder analizarlos.
En base a los resultados obtenidos se cuenta con un registro de cero casos positivos, diez casos sospechosos, noventa casos negati-
vos. Para los casos sospechosos se dio como referencia la sintomatología de COVID-19, este tipo de información permitió concluir
que el aplicativo si servirá para posteriormente realizar un análisis y seguimiento a los casos sospechosos con el fin de que se les
realice la prueba correspondiente y descartar o confirmar el virus, mientras que con respecto a los casos positivos se puede tomar
las medidas adecuadas con el fin de disminuir el índice de contagio que pudiese existir con relación a los integrantes del grupo.
CONCLUSIONES
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación [TIC] así como el uso de dispositivos móviles se han convertido en el
medio principal de interacción ya que en la actualidad estamos cursando por una emergencia sanitaria denominada Covid-19,
de esta manera se comparte e intercambia información entre los diferentes medios con el fin de prevenir los contagios,
distanciamiento social, cuidados de las personas y prevenir la propagación del virus. El desarrollo del aplicativo móvil permitió
mantener un mejor control con respecto a la cantidad de personas contagiadas y no contagiadas que pudiese existir en un
determinado grupo ya sea este escolar, laboral entre otros.
En los últimos tiempos, debido al avance de las tecnologías empleadas para el desarrollo de aplicaciones y la crisis actual por
la que pasa el mundo entero, diversas personas han optado por desarrollar aplicativos los cuales permitan mejorar la calidad
de vida a la vez de asegurar un buen estado de salud, mejorar el tipo de comunicación existente, además de mantenerse
informados sobre las diferentes situaciones aludiendo que para todo ello se utilice dispositivos móviles.
Tabla 2: N° de Casos.
Gráfico 15: Número de casos
DIAGNÓSTICO N° DE CASOS
Negativos 90
Sospechosos 10
Positivos 0
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
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E-ISSN-2361-2557
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• Carlos Núñez Miranda
• Jessica Moreta Romero,
• Giovanni Rivera Rodríguez
• Jonathan Tisalema Lascano
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to-de-la-pandemia-en-el-uso-de-las-aplicaciones-moviles
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 53 - 61 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 13/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 30/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Ambato – Ecuador. Email: am.gonzalez@uta.edu.ec
RESUMEN
Los efectos de la nueva enfermedad denominada coronavirus [COVID-19] causada por el SARS-CoV-2 ha generado
incertidumbre en todas la áreas laborales, y entre las más afectadas está la actividad turística – hotelera; por esta razón, el
objetivo del estudio es evaluar el nivel de conocimiento y aplicación de los protocolos de bioseguridad que poseen los
trabajadores del sector hotelero en la provincia de Tungurahua; para lo cual se realizó una investigación cuantitativa de tipo
descriptiva transversal a través de la aplicación de un instrumento validado a través del coeficiente de Cronbach en un 77%
demostrando consistencia entre los ítems empleados a la muestra del estudio que fueron 87 trabajadores de 211 establecimientos
hoteleros de la provincia de Tungurahua, que se desempeñan en diferentes departamentos: dirección y gerencia, recepción,
servicio de mantenimiento, restaurante, cocina, bares, ama de llaves y animación turística mediante un muestreo no
probabilístico por conveniencia. La información se recolectó por medio de la aplicación de un pre-test y post-test para 87
encuestados, respectivamente, mismos que fueron clasificados para planificar y desarrollar 8 módulos que convergen en un
curso de capacitación online sobre los protocolos de bioseguridad hotelera, educación e-learning que permitió fortalecer el
aprendizaje y la toma de conciencia sobre uno de los ejes transversales, como es la seguridad para la reactivación de la
actividad turística a nivel local y nacional.
Palabras claves: Protocolos de bioseguridad, establecimientos de alojamiento, COVID-19.
ABSTRACT
The effects of the new disease called coronavirus [COVID-19] caused by SARS-CoV-2 has generated uncertainty in all work
areas, and among the most affected is tourism - hotel activity. For this reason, the objective of the study is to assess the level
of knowledge and application of biosecurity protocols that workers in the hotel industry have in the province of Tungurahua.
In order to achieve this objective a cross-sectional descriptive quantitative investigation was carried out through the
application of an instrument validated through the Cronbach coefficient in 77%, which demonstrated consistency in the items
used for the study sample that were 87 workers from 211 hotel establishments in the province of Tungurahua. The staff
members observed work in different departments: direction and management, reception, maintenance service, restaurant,
kitchen, bars, housekeeping, and tourist entertainment. These individuals were chosen through non-probability sampling for
convenience technique and the information was collected through the application of a pre-test and post-test for 87
respondents, respectively, that were classified to plan and develop 8 modules that converge in an online training course on
hotel biosafety protocols, education, and e-learning. This allowed to strengthen learning and awareness of one of the
transversal axes, as it is the security for the reactivation of tourism activity at the local and national level.
Key words: Biosafety protocols, accommodation establishments, COVID-19.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
ALOJAMIENTO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA ANTE LA PRESENCIA DEL SARS-COV-2
ASSESSMENT OF HOTEL INDUSTRY WORKERS’ KNOWLEDGE ON PROTOCOLS OF
BIOSAFETY INVOLVING SARS-COV-2 IN THE PROVINCE OF TUNGURAHUA
Angélica González
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 53 - 61 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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• Angélica González
INTRODUCCIÓN
El mundo se encuentra enfrentando la pandemia del SARS-CoV-19, enfermedad infecciosa que se ha expandido a más de 188
países, generando efectos en la vida humana a nivel de salud, social, económico, político. A medida que los países se ven
obligados a declarar un estado de cuarentena obligatoria, con el fin de evitar el contacto social y salvaguardar la vida de las
personas, surge un conjunto de efectos colaterales con efecto dominó como la caída de los mercados bursátiles mundiales,
negocios, comercializadores (Patel, 2020), el cierre de fronteras y con ello la imposibilidad del intercambio comercial y
turístico, el cierre de empresas multinacionales de turismo, la paralización de la cadena de transporte aérea, terrestre, maríti-
mo por tanto el colapso de puntos referenciales de turismo del mundo y del Ecuador.
El análisis de la cadena turística desde las empresas constituidas hasta los pequeños emprendimientos arroja resultados donde
los hoteles, restaurantes, guías de turismo, centros comunitarios (Zumba, 2020) apenas podrían resistir la ausencia de trabajo
por 31 días; sin embargo, el tiempo ha transcurrido y aquellas empresas que han logrado mantenerse se encuentran enfrentan-
do diversos riesgos estratégicos y operacionales, por ejemplo el cambio en la demanda de los clientes, el incremento de
costos, el recorte de personal, y con principal atención los problemas de protección de la salud y seguridad para los clientes
internos y externos. Por consiguiente, la relación entre las normas de bioseguridad y los hábitos laborales del personal que
trabajan en los establecimientos de alojamiento es un aspecto relevante en la entrega del servicio de hospedaje y a su vez en
caso de omisión podría constituir un factor de riesgo en la transmisión del coronavirus COVID-19 ante el contacto directo o
indirecto con huéspedes, material orgánico proveniente de los turistas y/o la manipulación del mobiliario o equipamiento
hotelero; cabe indicar que desde el año 1957 la Organización Mundial de la Salud [OMS] y la Organización Sanitaria Pana-
mericana [OSP] aprobaron el primer reglamento sanitario para hoteles y restaurantes (Comité Regional Organización
Mundial de la Salud, 1957), y a partir de ese año los hoteles empezaron a tener mayor cuidado; sin embargo, pocos son los
sitios de alojamiento que estrictamente han aplicado dichas normas, y es a partir de la declaración de la pandemia cuando los
trabajadores hoteleros en conjunto con las entidades gubernamentales empiezan a trabajar en la validación y aplicación de los
protocolos de bioseguridad (Ministerio de Turismo [MINTUR], 2020).
De acuerdo con Rodríguez et al., (2013) el carácter del problema de salud pública justifica la búsqueda de instrumentos capaces
de evaluar el nivel de conocimiento y cuando se trata de un problema que asecha a toda la humanidad con más razón; en ese
contexto, en la actividad turística y principalmente en la industria hotelera se vuelve trascendental el conocimiento sobre los
procesos y procedimientos que implican los protocolos de bioseguridad ante la presencia de la COVID-19, debido a que en los
establecimientos de alojamiento se recibe a un sinnúmero de personas procedentes de diferentes partes del mundo. En ese senti-
do, quienes trabajan en estos sitios deben desempeñarse profesionalmente con un alto nivel, con conocimientos que les permita
identificar en su diaria labor factores de riesgo e implementar acciones de prevención. Por consiguiente, se decidió utilizar un
cuestionario por ser una técnica poco costosa, con capacidad para llegar a un amplio número de participantes (Batista, Coenders
y Alonso, 2004), reduciendo el factor subjetivo de interactuar como entrevistadora a causa de la pandemia y generando un
análisis relativamente sencillo, que a su vez permite “garantizar la calidad de la metodología, para la cual es imprescindible que
los resultados puedan ser correctamente interpretados, y necesariamente validados los instrumentos de medición” (Carvajal,
Centeno, Watson, Martínez y Sanz, 2011).
En consecuencia, el diseño, validación y aplicación del cuestionario está dado por cuatro fases: 1) validación de expertos, 2)
aplicación de una prueba piloto, 3) cálculo de Alpha de Cronbach y 4) aplicación del pre-test y post-test en quienes participa-
ron en el programa de vinculación denominado “Protocolos para al sector hotelero y zonas de recreación y ocio ante el
COVID-19”, permitiendo evaluar el nivel de conocimiento en relación a los protocolos de bioseguridad en los trabajadores de
los establecimientos de alojamiento ubicados en la provincia de Tungurahua.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 53 - 61 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 13/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 30/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
METODOLOGÍA
Se realizó una investigación cuantitativa de tipo descriptiva transversal, con un muestreo no probabilístico por conveniencia.
Se consideró llevar a cabo el estudio en la provincia de Tungurahua en 211 establecimientos hoteleros legalmente registrados
(MINTUR, 2020), estimándose un universo de 633 empleados, ante el cual se procedió a obtener una muestra de 240
individuos por medio de la fórmula para poblaciones finitas considerando el 50% de heterogeneidad y un nivel de confianza
del 95%, a continuación se caracterizó la muestra, con el propósito de dotar a la investigación una información robusta en la
recolección de datos, alcanzando el objetivo general de la investigación y reduciendo la posibilidad de la presencia de valores
atípicos con base a los siguientes tres criterios de discriminación: 1) estabilidad laboral (contrato fijo), 2) tiempo de trabajo
(mínimo de 2 años en adelante) y 3) nivel de educación, resultando en una muestra final de 87 empleados quienes forman parte
de los departamentos de: dirección y gerencia, recepción, servicio de mantenimiento, restaurante, cocina, bares, ama de llaves
y animación turística.
Para identificar las dimensiones como base en el diseño de las variables se incluyeron los parámetros establecidos en el
protocolo general para el uso de equipos de bioseguridad y medidas sanitarias para establecimientos de alojamiento turístico
al momento de su reapertura, en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, aprobado por el MINTUR, Ministerio
de Salud, Agencia Nacional de Regulación, Control (2020) normativa que fue socializada de mayo a junio del 2020. Asimismo,
la investigación se complementó con la revisión conceptual y la búsqueda en la base de datos de las bibliotecas virtuales en
E-book, ProQuest y publicaciones indexadas en GALE Cengage Company y Science Direct entre mayo y junio del 2020.
Para evaluar la validez del contenido se consultó a un grupo de expertos constituido por: un Doctor en Turismo, una Médico y
una Ingeniera en Administración Hotelera, profesionales que tiene experiencia en educación en turismo y hotelería, así como
también en la elaboración y utilización de cuestionarios, quienes validaron las preguntas, permitiendo eliminar errores y
obteniendo la versión 1 del cuestionario.
El segundo proceso de validación del cuestionario se realizó a través de una prueba piloto con la finalidad de medir el nivel de
fiabilidad del instrumento, a través del cálculo del Alpha de Crobach, donde se obtuvo un coeficiente de 0,77, es decir
aceptable, demostrando consistencia entre los 10 ítems que contemplan 6 dimensiones: 1) conocimientos en la dotación de
equipos, 2) elementos de protección personal, 3) protocolos de atención al cliente, 4) normas de convivencia laboral, 5)
procesos de higiene en las superficies y 6) medidas de bioseguridad y seguridad laboral. La primera versión del cuestionario
fue aplicada a 20 de 300 participantes que asistieron a la conferencia virtual denominada “Protocolos de bioseguridad para la
reactivación turística de #Tungurahua”, webinar organizado por el Comité de Turismo de Tungurahua y la Carrera de Turismo
y Hotelería de la Universidad Técnica de Ambato, el 04 de junio del 2020.
Posterior a la corrección de los errores identificados, se obtuvo el segundo y definitivo cuestionario denominado pre test,
aplicado a 87 representantes de los establecimientos hoteleros, quienes asistieron al segundo webinar denominado:
“Inauguración del curso online protocolos de bioseguridad hotelera” evento organizado por el Comité de Turismo de
Tungurahua y la Universidad Técnica de Ambato, que se llevó a cabo el 16 de junio; a partir de esta fecha, por tres semanas
consecutivas se desarrolló el proyecto de vinculación de la Carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad Técnica de
Ambato, mismo que tuvo como propósito capacitar de forma virtual, sobre los procesos de limpieza y desinfección, buenas
prácticas de higiene y seguridad laboral a fin de promover la protección de la salud del personal y los clientes de los
establecimientos de alojamiento. Al final del proceso de capacitación se realizó una evaluación post test empleando la última
versión del cuestionario, logrando medir el nivel de conocimiento en los participantes y a su vez realizar una comparación y
análisis de los resultados alcanzados a través de la estadística descriptiva.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 53 - 61 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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• Angélica González
RESULTADOS
Para la aplicación del pre-test participaron 87 representantes de los establecimientos hoteleros ubicados en la provincia de
Tungurahua quienes iniciaron un curso virtual sobre los protocolos de bioseguridad, mismo que se desarrolló durante tres
semanas entre los meses de mayo y junio; sin embargo, conforme pasó el tiempo se presentó una tasa de deserción del 25%,
finalizando con éxito 65 personas a quienes se les aplicó el post-test, de la misma manera, con este antecedente se presentan
los siguientes resultados en la tabla 1 en referencia a los datos sociodemográficos:
Gráfico 1. Diagrama del proceso de diseño y validación del cuestionario para evaluar el nivel
de conocimiento sobre los protocolos de bioseguridad ante la presencia de la COVID-19.
Fuente: Elaboración propia a partir de proceso de investigación.
Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra encuestada
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del pre y post-test de la evaluación (2020)
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
DISEÑO Y VALIDACIÓN
DEL CUESTIONARIO
Un PhD en
Turismo
Estructura del
Cuestionario
6 partes
10 ítems
87
participantes
evaluados del
sector
hotelero
Resultados del
pre test
Nivel de
conocimiento
67,01%
65
participantes
evaluados del
sector
hotelero
Resultado del
post test
Nivel de
conocimiento
95,38%
Media
Estadística del
aprendizaje
alcanzado
81,20%
Un
Médico
Una Ingeniera
en Hotelería
Aplicación
Prueba Piloto
(N=20)
Validación con
α de Cronbach
0,77
Depuración
de los ítems
REVISIÓN DEL CUESTIONARIO
VALIDACIÓN DE EXPERTOS
PRUEBA PILOTO
PRE TEST
POST TEST
II FASE
IV FASE
I FASE
III FASE
EDAD
Mínima
Máxima
Media
SEXO
Masculino
Femenino
ESTUDIO CULMINADO
Básica
Colegio
Instituto
Universidad
ÁREA DE TRABAJO
Dirección y gerencia
Recepción
Servicio de mantenimiento
Restaurante
Cocina y bares
Ama de llaves
Animación turística
Número de personas en cargos multifuncionales
22
70
39,98
31
56
8
28
7
44
46
32
9
4
3
13
4
19
%
35,6
64,4
%
9,2
32,2
8
50,6
%
52,9
36,8
10,3
4,6
3,4
14,9
4,6
21,8
22
67
39,84
15
50
8
25
5
27
34
14
12
8
8
12
2
25
%
23%
77%
%
12%
38%
8%
42%
%
34%
12%
14%
8%
8%
14%
4%
38,5
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
PRE-TEST (N= 87) Post-test (n= 65)
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 53 - 61 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 13/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 30/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Así también, la evaluación sobre nivel de conocimiento en los protocolos de bioseguridad ante la presencia de la COVID-19
en el personal que labora en los establecimientos de alojamiento de la provincia de Tungurahua, tuvo como finalidad identificar
qué áreas requieren mayor atención para proteger la vida a través del logro de actitudes y conocimientos adecuados, teniendo
como efectos: un reducido nivel de contagios ante la presencia inminente del virus, un conocimiento sobre la dotación, mani-
pulación y uso de equipos de protección, normas de convivencia laboral y aquellas acciones que permitan llevar a cabo los
protocolos de atención al cliente, higiene en las superficies y medidas de bioseguridad y seguridad laboral; considerando que
el 39% de funciones desempeñadas por todos los trabajadores tienen que llevarse a cabo en contacto y comunicación interde-
partamental y con huéspedes. De igual manera, se identificó que el departamento de mayor riesgo de contagio es el de Ama de
llaves, donde principalmente la camarera de piso lleva a cabo 38 acciones de las cuales el 47% se relacionan con objetos de
doble contacto sea por el personal que labora en el hotel o el huésped.
En este sentido, se identifica la importancia de conocer cuáles son los protocolos de seguridad que cada trabajador debe tomar
en consideración antes, durante y después de sus labores; es así como a continuación se presentan los resultados obtenidos
antes y después de recibir una capacitación online siendo parte de un proyecto de vinculación con la sociedad, como una
propuesta frente a la emergencia sanitaria en búsqueda de precautelar la seguridad laboral en el sector hotelero, proyecto
desarrollado por estudiantes y docentes de la Carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad Técnica de Ambato y respalda-
do por el Comité de Turismo de Tungurahua. Para la aplicación del pre-test y post-test se empleó un mismo cuestionario,
permitiendo en primera instancia identificar la ubicación geográfica de los participantes quienes se encuentran entre los canto-
nes de Baños de Agua Santa 82%, Ambato 9%, Pelileo 6% y Píllaro 3%. Así también, los establecimientos hoteleros que se
capacitaron y posterior fueron evaluados pertenecen a las categorías: hoteles 40%, hostales 34%, hosterías 14%, y casas
huésped 12%.
En relación al nivel de conocimiento sobre las medidas de bioseguridad, se identificó que el 74% conoce que departamento
dentro del establecimiento hotelero debe proveer a sus colaboradores de la dotación de equipos; mientas que tan solo el 10%
conoce sobre los implementos de protección que deben utilizarse para cada función, los resultados muestran que el mayor
insumo es el tapabocas o la mascarillas (N95), dejando a un lado guantes, trajes de bioseguridad, gafas de protección o escudo
facial; por otra parte el 85% conoce sobre los protocolos de atención al cliente, a través de mantener el distanciamiento de al
menos un metro, sin embargo fue necesario retroalimentar a los profesionales y corregir o mejorar sus protocolos de atención
al igual que las normas de convivencia laboral evitando posibles contagios.
En otro aspecto, el 22% conoce sobre los procesos de higiene en las superficies, sin embargo su desconocimiento radica en los
tipos de desinfectantes y su clasificación, reconociendo que los desinfectantes de bajo nivel son aquellos que eliminan la mayo-
ría de bacterias vegetarianas y algunos hongos, los de nivel intermedio son los que pueden eliminar microbacterias la mayoría
de virus y hongos, y los de alto nivel son aquellos que eliminan todos los micro organismos, y conforme al área del hotel se
debe emplear una cantidad específica de cada desinfectante, a fin de precautelar la salud de quienes manipulan los líquidos. Se
identificó también que el 53% de los participantes conocen sobre las medidas de bioseguridad, sin embargo fue necesario
aclarar los posibles efectos que contrae el descuido en no aplicar los protocolos respectivos (contagio acelerado entre los
miembros del equipo de trabajo y por ende a familiares y/o amigos, el cierre de la empresa y la suspensión o despido laboral a
todos los empleados), ítems que fueron fortalecidos en cada uno de los módulos entregados en el curso online, con la finalidad
de generar conciencia en los participantes y lograr que ellos comprendan la importancia que tiene llevar a cabo correctamente
los protocolos de bioseguridad, limpieza y desinfección en cada espacio, así como también la convivencia con cada compañero
de trabajo y huésped.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 53 - 61 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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• Angélica González
Concerniente al nivel de conocimiento evaluado mediante la aplicación del pre-test, los participantes demostraron tener un
promedio de 67,01% de conocimiento sobre los protocolos de bioseguridad ubicando al grupo en una escala de bueno; sin
embargo al ser un tema de salud a nivel mundial, el conocimiento debe ser actualizado, razón por la cual se realizó una
invitación a los 211 establecimientos hoteleros registrados en la provincia de Tungurahua para ser parte del proceso de
capacitación y actualización en los protocolos de bioseguridad, desarrollándose de forma virtual mediante un proyecto de
vinculación liderado por docentes y estudiantes de la Carrera de Turismo de la Universidad Técnica de Ambato y en
cooperación con el Comité de Turismo de Tungurahua; en este sentido, los representantes del sector hotelero lograron aprobar
los 8 módulos planificados y la evaluación post-test obteniendo un promedio del 95,38% ubicándolos en una escala de
excelente; a pesar de haber existido una tasa de deserción del 25%.
Cabe indicar que al inicio del proceso de capacitación fue recurrente entre los participantes la preocupación en el desconoci-
miento sobre los protocolos que debe llevar a cabo cada uno de los empleados al momento de atender a los clientes; sin
embargo, durante el curso se socializaron los procesos y procedimientos que deben llevarse a cabo en relación a cada una de
sus funciones, así como también la identificación y adaptación de un espacio en caso de identificar a un cliente con sospecha
de COVID-19. Otra de las variables analizadas mediante el pre-test y post-test tuvieron relación con los elementos de protec-
ción personal, resaltando que muchos trabajadores únicamente han sido provistos de mascarillas y guantes, mientras que su
desconocimiento radicaba en el tiempo que dichos elementos de protección deben ser reemplazados, a fin de promover el
cuidado y evitar convertirse en vectores entre la comunidad. Por otro lado, varios trabajadores expresaron que los protocolos
Tabla 2. Resultados de la aplicación del pre-test y post-test
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del pre y post test (2020)
Gráfico 2. Nivel de conocimiento de los protocolos de bioseguridad en el sector hotelero
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del pre y post-test (2020)
1) Conocimientos en la dotación de equipos
2) Elementos de protección personal
3) Protocolos de atención al cliente
4) Normas de convivencia laboral
5) Procesos de higiene en las superficies
6) Medidas de bioseguridad y seguridad laboral
Autoevaluación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
48
7
55
60
14
58
56
34
53
51
74%
10%
85%
92%
22%
89%
86%
53%
82%
78%
61
59
62
65
62
61
64
62
61
63
94%
91%
95%
100%
95%
94%
98%
95%
94%
97%
N. DE
PREGUNTA
PRE-TEST
N. Respuestas %
POST-TEST
N. Respuestas %
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
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REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 53 - 61 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 13/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 30/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
y medidas de seguridad ante la emergencia sanitaria deben ser socializadas absolutamente a todos los trabajadores del sector
turístico – hotelero aun cuando se convierta en un proceso de obligación, con la finalidad de precautelar a todos quienes
integran esta actividad, y no solamente aquellos que por voluntad se capacitan, así también solicitan que se realicen simula-
cros de cómo sería el aislamiento de clientes y/o trabajadores.
No obstante, fue recurrente escuchar la expresión de angustia y ansiedad entre los trabajadores del sector hotelero, dado por
la incertidumbre en la evolución de la presencia del virus COVID-19 y por consecuencia la inestabilidad de las empresas, esto
sumado a que en el contexto de la contingencia ha aumentado el porcentaje de despidos intempestivos, cambio de condiciones
en sus contratos de trabajo, afectando los ingresos y en casos extremos el cierre definitivo de empresas turísticas – hoteleras.
DISCUSIÓN
De acuerdo con Velarde y Ávila (2002) las escalas utilizadas para medir el nivel de conocimientos requieren métodos de
evaluación válidos, reproducibles y confiables (p. 63); en este sentido, el diseño del cuestionario empleado para la presente
investigación fue sometida a juicio de expertos, y validado a través del cálculo del Alpha de Crobach. La participación de 87
individuos se consideró suficiente, teniendo en cuenta que otros estudios han validado cuestionarios con un número similar
de participantes (Monsalve y González, 2011) o incluso con menos (Román, Ribas, Ngo y Serra, 2013).
En ese sentido, evaluar el nivel de conocimiento sobre los protocolos de bioseguridad en el personal de los establecimientos
de alojamiento, se ha tornado importante debido a que, de acuerdo a las tendencias de evolución del virus la presencia del
COVID-19 puede propagarse al tocar superficies contaminadas (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020), o en la
transmisión de aerosoles a través del aire acondicionado (Zhang et al., 2020), por esa razón se vuelve indispensable que los
hoteles ofrezcan seguridad en términos de higiene y limpieza. De acuerdo con Jiang y Wen (2020) afirman que los hoteles
deben implementar vigilancia de higiene regular en las instalaciones, mientras que en los restaurantes del hotel y otros depar-
tamentos deben enfatizar su compromiso con los protocolos de seguridad e higiene y normas de limpieza (pp. 63-73). Esta
afirmación está respaldada por Hung, Mark, Yeung, Chan, y Graham (2018) en su investigación sobre cómo los hoteles en
Hong Kong respondieron al SARS y la gripe porcina H1N1, crisis que en particular descubrieron que la vigilancia de la higie-
ne en las instalaciones del hotel puede ayudar a mitigar el impacto de las enfermedades infecciosas.
La limpieza de las habitaciones (por ejemplo, de dormitorios y baños) es un componente central del hotel (Gu y Ryan, 2008).
Muchos estudios han considerado la higiene general y la limpieza como determinante principal de las opciones de hotel de
los viajeros (Lockyer, 2005). Sin embargo, los estudiosos rara vez han considerado la higiene y la limpieza de áreas específi-
cas en un hotel (Park, Kline, Kim, Almanza y Ma, 2019).
Como se señaló, las superficies de los hoteles que reciben contacto humano frecuente son más probables que se contaminen
a través del tacto (Park et al., 2019) y se conviertan en fuentes de transmisión de enfermedades infecciosas como COVID-19
(Chen et al., 2020). Por tanto, la gestión del conocimiento sobre los protocolos de bioseguridad en los trabajadores de los
sitios de alojamiento se vuelve un eje trascendental en el desarrollo de la actividad turística, por cuanto a mayor conocimiento
mayor garantía no solo en la seguridad en los clientes internos y externos mediante la limpieza y desinfección efectivas, sino
también en los procesos de comercialización, debido a que la demanda ha comenzado a reconsiderar su estilo de vida (Wang
et al., 2020) y a centrarse en el bienestar físico y mental.
CONCLUSIONES
El nivel de conocimiento sobre los protocolos de bioseguridad ante la presencia de la COVID-19 en el personal que labora en
los establecimientos de alojamiento de la provincia de Tungurahua es regular debido al bajo porcentaje de aplicación de
dichos procesos por parte de los empleados encuestados; sin embargo, posterior al proceso de capacitación, el conocimiento
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
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• Angélica González
se eleva al igual que el nivel de conciencia frente a los efectos que se desarrollarían en caso de omitir cada uno de los protocolos.
Al inicio se observan importantes deficiencias en las prácticas de bioseguridad que hace el personal, detectando una falta de
integración e inadecuada correlación de la teoría a la práctica demostrando que no se hace aplicación a los manuales de
bioseguridad implementados por el Ministerio de Turismo, generando así no solo riesgos para el personal que labora en el
hotel sino también para los posibles huéspedes ya que se exponen a contagiarse, debido a la poca importancia que se había
dado al cumplimiento de estas normas; sin embargo, fue menester haber desarrollado el curso de capacitación y lograr elevar
el nivel de conocimiento en todos aquellos que forman parte de la industria hotelera.
De acuerdo con el nivel de aplicación a las medidas de bioseguridad como es el lavado de manos, uso de mascarilla, guantes
y/o gafas, manipulación de equipos e implementos de desinfección, de acuerdo con la media estadística entre el pre-test
(67,01%) y post-test (95,38%) se obtuvo como resultado el 81,20%, evidenciándose un porcentaje significativo en el aprendizaje
de los participantes.
A través del presente estudio se logró identificar que los principales protocolos de bioseguridad, como limpieza e higiene en
el personal, manejo adecuado de las clases de desinfectantes, eliminación adecuada de materiales y basura, lavado de manos,
distanciamiento físico y uso de elementos de protección posterior a las capacitaciones están siendo aplicados correctamente
por los trabajadores que laboran en los establecimientos objetos de estudio debido a que se ha generado conciencia de la
importancia que tiene el llevar a cabo los protocolos, fortaleciendo de esta manera a la seguridad como uno de los ejes
transversales para la reactivación de la actividad turística - hotelera.
AGRADECIMIENTO
Mi fraterno agradecimiento a la Licenciada María Eulalia Castellanos, Técnica del Comité de Turismo Tungurahua, a los
estudiantes de octavo semestre de la Carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad Técnica de Ambato; a los profesionales
y docentes: PhD. Pablo Raúl Manzano Insuasti, Dra. María Cristina Valencia Cepeda e Ingeniera Diana Elizabeth Enríquez
Panchi quienes validaron el cuestionario y a los trabajadores de los establecimientos de alojamiento que se dieron cita al curso
de capacitación online sobre protocolos de bioseguridad en hotelería.
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 53 - 61 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO ACEPTADO: 30/10/2020
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 62 - 70 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
62
• Carola Yánez-Cabrera
• Diego Peña-García
RESUMEN
Las Naciones Unidas, con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha buscado maneras de financiamiento e infraes-
tructura adecuada para sus iniciativas y proyectos, siendo los bonos verdes, sociales y sostenibles una respuesta inmediata para
que el mercado de deuda cree mecanismos que permitan tomar en serio estos cambios tan importantes (sociales y ambientales)
para la humanidad, creando inclusive una guía voluntaria a través de principios que regulan su elegibilidad. A propósito de la
pandemia a causa del COVID-19, se ha producido una crisis económica a nivel mundial y se ha podido observar como los
demás países han respondido con este tipo de productos en el mercado, por esta razón se revisó el panorama ecuatoriano actual
y los beneficios para los emisores y se formularon posibles propuestas de reforma de la normativa secundaria, para clarificar
el uso de esta figura en el Ecuador, a efectos de darla una inmediata aplicación, al ser una clara alternativa de financiamiento.
Palabras claves: Sostenibilidad, bonos sociales, bonos verdes, COVID-19, bonos temáticos, financiamiento.
ABSTRACT
The United Nations, with respect to the Sustainable Development Goals, has sought ways of financing and adequate
infrastructure for its initiatives and projects, with green, social and sustainable bonds being an immediate response for the
debt market to create mechanisms that allow humanity to take these important changes (social and environmental) seriously,
even creating voluntary guidance through principles that regulate their eligibility. Regarding the COVID-19 pandemic, there
has been an economic crisis at a global level, and it has been possible to observe how other countries have responded with
this type of product in the market. For this reason, the current Ecuadorian panorama and the benefits for issuers were reviewed
and possible proposals for reform of secondary regulations were formulated to clarify the use of this figure in Ecuador and
give it an immediate application, as it is a clear financing alternative.
Key words: Sustainability, social bonds, green bonds, COVID-19, thematic bonds, financing.
INTRODUCCIÓN
Sin duda alguna los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS] definidos por las Naciones Unidas en el año de 2012, han
permitido que se luche contra la pobreza, la protección de la salud y el bienestar, a mantener la educación de calidad, buscar
medios para obtener el agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, la acción por el clima, entre otros
(United Nations, 2020). La búsqueda de financiamiento para lograr los mencionados objetivos no ha sido tarea fácil, sin
embargo, en los mercados de valores mundiales, en la última década se han puesto de moda los llamados “Bonos temáticos”
conocidos también como “bonos ODS”, dentro de los cuales se encuentran: a) bonos verdes; b) bonos sociales; y, c) bonos de
sostenibilidad. A efectos de conocer la presente propuesta de investigación es importante tener claro los conceptos de cada
uno de los bonos temáticos.
Bonos Verdes. - “Son títulos de deuda que se emiten para generar capital específicamente para respaldar proyectos ambientales
o relacionados con el cambio climático” (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2015, p. 23).
Este tipo de títulos pueden ser emitidos por entidades financieras, no financieras o públicas, cuyo retorno sirve para financiar
proyectos 100% verdes. The Climate Bonds Iniciative [CBI], indica que, para calificar a una emisión de bonos verdes, al
menos se debe contemplar alguno de los activos y proyectos “verdes” definidos por la taxonomía que está compuesta por
“ocho categorías generales: energía, transporte, agua, edificios, uso de suelos y recursos marítimos, industria, desechos y
tecnologías de información y comunicación [TIC]” (Climate Bonds Iniciative, 2018, p 12).
Bonos Sociales. - “son cualquier tipo de instrumento donde los ingresos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinan-
ciar, en parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles nuevos y/o existentes y que están alineados con los cuatro
componentes centrales de los Social Bond Principles [SBP]” (International Capital Market Association, 2020, p. 2). De acuer-
do a los estándares incluidos en los Principios de los Bonos Sociales impartidos por la International Capital Market
Association [ICMA], estos deben enmarcarse en los siguientes parámetros: agua potable, alcantarillado, saneamiento, trans-
porte, energía, salud, educación y formación profesional, atención médica, vivienda, generación de empleo, incluso a través
del efecto potencial de la financiación de las pequeñas y medianas empresas y microfinanzas, entre otros (International Capital
Market Association, 2020).
Bonos Sostenibles. - este tipo de bonos nace de la unión de proyectos de tipo ambiental o verdes y proyectos sociales para
beneficio de la sociedad. Se entiende que ciertos Proyectos Sociales pueden también tener beneficios medioambientales, así
como ciertos Proyectos Verdes pueden también tener beneficios sociales. La clasificación del uso de los fondos de los Bonos
Verdes, Bonos Sociales o Bonos Sostenibles debe ser determinada por el emisor en base a sus objetivos primarios en sus
proyectos subyacentes (International Capital Market Association, 2018, p. 2). Los bonos verdes, sociales y sostenibles han
tenido un crecimiento exponencial, siendo el 2019 el mejor año en monto de emisiones; lideran esta estadística los bonos
verdes, sin embargo, el COVID puede hacer que las emisiones de bonos sociales aumenten considerablemente.
Principios. ¿Cómo funciona la emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles [ODS]?
Al iniciar una emisión de bonos verdes, sociales o sostenibles, se realiza un análisis y revisión financiera del emisor, el mismo
que sugiere ir acompañado de capacitaciones y un equipo multidisciplinario que brinde asesoría adecuada. Una vez superada
esta etapa, comenzar un proceso interno para financiación de los bonos verdes, sociales y sostenibles, en la cual se analiza la
motivación para realizar este tipo de emisiones la cual necesariamente debe incluir objetivos ambientales y sociales, así como
el impacto esperado. Para el caso de bonos sociales es fundamental que se indique claramente a qué tipo de grupo poblacional
/ económico se quiere beneficiar con este tipo de proyectos.
La ICMA brinda lineamientos estándares reconocidos para emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles, sin embargo,
también pueden buscarse otros lineamientos como los emitidos por Climate Bondes Iniciative, EU Green Label, entre otros.
En esta clase de emisiones puede ajustarse al cumplimiento de ciertos principios desarrollados por la ICMA para acceder a su
calificación, los cuales, de manera general, se detallan a continuación:
Utilización de fondos, es punto de partida del proyecto, pues los recursos que se van a captar deben estar encaminados al
proyecto verde, social o sostenible. Debe detallarse el tipo de las categorías y los proyectos a financiarse.
Proceso de evaluación y selección de proyectos, es la fase en la cual se debe comunicar claramente a los inversores sobre los
objetivos del proyecto, criterios de elegibilidad que evidencien un proceso de evaluación y selección por parte de un tercero.
Gestión o administración de los fondos, en este proceso debe señalarse cómo se va a gestionar el uso de los recursos asignados,
con la apertura de una subcuenta o a través de mecanismos como fideicomisos, o de otro tipo que sean transparentes para los
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
BONOS TEMÁTICOS EN ÉPOCA DE COVID
THEMATIC BONDS IN COVID ERA
Universidad Andina Simón Bolívar, Posgrado en Derecho Financiero Bursátil y Seguros, Quito- Ecuador.
E-mail: carola.yanez@outlook.com
Universidad Andina Simón Bolívar, Posgrado en Derecho Financiero Bursátil y Seguros, Quito- Ecuador.
E-mail: dpena@cmp-abogados.com
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Carola Yánez Cabrera , Diego Peña García
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REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 62 - 70 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 08/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 16/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Bonos Verdes. - “Son títulos de deuda que se emiten para generar capital específicamente para respaldar proyectos ambientales
o relacionados con el cambio climático” (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2015, p. 23).
Este tipo de títulos pueden ser emitidos por entidades financieras, no financieras o públicas, cuyo retorno sirve para financiar
proyectos 100% verdes. The Climate Bonds Iniciative [CBI], indica que, para calificar a una emisión de bonos verdes, al
menos se debe contemplar alguno de los activos y proyectos “verdes” definidos por la taxonomía que está compuesta por
“ocho categorías generales: energía, transporte, agua, edificios, uso de suelos y recursos marítimos, industria, desechos y
tecnologías de información y comunicación [TIC]” (Climate Bonds Iniciative, 2018, p 12).
Bonos Sociales. - “son cualquier tipo de instrumento donde los ingresos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinan-
ciar, en parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles nuevos y/o existentes y que están alineados con los cuatro
componentes centrales de los Social Bond Principles [SBP]” (International Capital Market Association, 2020, p. 2). De acuer-
do a los estándares incluidos en los Principios de los Bonos Sociales impartidos por la International Capital Market
Association [ICMA], estos deben enmarcarse en los siguientes parámetros: agua potable, alcantarillado, saneamiento, trans-
porte, energía, salud, educación y formación profesional, atención médica, vivienda, generación de empleo, incluso a través
del efecto potencial de la financiación de las pequeñas y medianas empresas y microfinanzas, entre otros (International Capital
Market Association, 2020).
Bonos Sostenibles. - este tipo de bonos nace de la unión de proyectos de tipo ambiental o verdes y proyectos sociales para
beneficio de la sociedad. Se entiende que ciertos Proyectos Sociales pueden también tener beneficios medioambientales, así
como ciertos Proyectos Verdes pueden también tener beneficios sociales. La clasificación del uso de los fondos de los Bonos
Verdes, Bonos Sociales o Bonos Sostenibles debe ser determinada por el emisor en base a sus objetivos primarios en sus
proyectos subyacentes (International Capital Market Association, 2018, p. 2). Los bonos verdes, sociales y sostenibles han
tenido un crecimiento exponencial, siendo el 2019 el mejor año en monto de emisiones; lideran esta estadística los bonos
verdes, sin embargo, el COVID puede hacer que las emisiones de bonos sociales aumenten considerablemente.
Principios. ¿Cómo funciona la emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles [ODS]?
Al iniciar una emisión de bonos verdes, sociales o sostenibles, se realiza un análisis y revisión financiera del emisor, el mismo
que sugiere ir acompañado de capacitaciones y un equipo multidisciplinario que brinde asesoría adecuada. Una vez superada
esta etapa, comenzar un proceso interno para financiación de los bonos verdes, sociales y sostenibles, en la cual se analiza la
motivación para realizar este tipo de emisiones la cual necesariamente debe incluir objetivos ambientales y sociales, así como
el impacto esperado. Para el caso de bonos sociales es fundamental que se indique claramente a qué tipo de grupo poblacional
/ económico se quiere beneficiar con este tipo de proyectos.
La ICMA brinda lineamientos estándares reconocidos para emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles, sin embargo,
también pueden buscarse otros lineamientos como los emitidos por Climate Bondes Iniciative, EU Green Label, entre otros.
En esta clase de emisiones puede ajustarse al cumplimiento de ciertos principios desarrollados por la ICMA para acceder a su
calificación, los cuales, de manera general, se detallan a continuación:
Utilización de fondos, es punto de partida del proyecto, pues los recursos que se van a captar deben estar encaminados al
proyecto verde, social o sostenible. Debe detallarse el tipo de las categorías y los proyectos a financiarse.
Proceso de evaluación y selección de proyectos, es la fase en la cual se debe comunicar claramente a los inversores sobre los
objetivos del proyecto, criterios de elegibilidad que evidencien un proceso de evaluación y selección por parte de un tercero.
Gestión o administración de los fondos, en este proceso debe señalarse cómo se va a gestionar el uso de los recursos asignados,
con la apertura de una subcuenta o a través de mecanismos como fideicomisos, o de otro tipo que sean transparentes para los
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 62 - 70 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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Bonos Verdes. - “Son títulos de deuda que se emiten para generar capital específicamente para respaldar proyectos ambientales
o relacionados con el cambio climático” (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2015, p. 23).
Este tipo de títulos pueden ser emitidos por entidades financieras, no financieras o públicas, cuyo retorno sirve para financiar
proyectos 100% verdes. The Climate Bonds Iniciative [CBI], indica que, para calificar a una emisión de bonos verdes, al
menos se debe contemplar alguno de los activos y proyectos “verdes” definidos por la taxonomía que está compuesta por
“ocho categorías generales: energía, transporte, agua, edificios, uso de suelos y recursos marítimos, industria, desechos y
tecnologías de información y comunicación [TIC]” (Climate Bonds Iniciative, 2018, p 12).
Bonos Sociales. - “son cualquier tipo de instrumento donde los ingresos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinan-
ciar, en parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles nuevos y/o existentes y que están alineados con los cuatro
componentes centrales de los Social Bond Principles [SBP]” (International Capital Market Association, 2020, p. 2). De acuer-
do a los estándares incluidos en los Principios de los Bonos Sociales impartidos por la International Capital Market
Association [ICMA], estos deben enmarcarse en los siguientes parámetros: agua potable, alcantarillado, saneamiento, trans-
porte, energía, salud, educación y formación profesional, atención médica, vivienda, generación de empleo, incluso a través
del efecto potencial de la financiación de las pequeñas y medianas empresas y microfinanzas, entre otros (International Capital
Market Association, 2020).
Bonos Sostenibles. - este tipo de bonos nace de la unión de proyectos de tipo ambiental o verdes y proyectos sociales para
beneficio de la sociedad. Se entiende que ciertos Proyectos Sociales pueden también tener beneficios medioambientales, así
como ciertos Proyectos Verdes pueden también tener beneficios sociales. La clasificación del uso de los fondos de los Bonos
Verdes, Bonos Sociales o Bonos Sostenibles debe ser determinada por el emisor en base a sus objetivos primarios en sus
proyectos subyacentes (International Capital Market Association, 2018, p. 2). Los bonos verdes, sociales y sostenibles han
tenido un crecimiento exponencial, siendo el 2019 el mejor año en monto de emisiones; lideran esta estadística los bonos
verdes, sin embargo, el COVID puede hacer que las emisiones de bonos sociales aumenten considerablemente.
Principios. ¿Cómo funciona la emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles [ODS]?
Al iniciar una emisión de bonos verdes, sociales o sostenibles, se realiza un análisis y revisión financiera del emisor, el mismo
que sugiere ir acompañado de capacitaciones y un equipo multidisciplinario que brinde asesoría adecuada. Una vez superada
esta etapa, comenzar un proceso interno para financiación de los bonos verdes, sociales y sostenibles, en la cual se analiza la
motivación para realizar este tipo de emisiones la cual necesariamente debe incluir objetivos ambientales y sociales, así como
el impacto esperado. Para el caso de bonos sociales es fundamental que se indique claramente a qué tipo de grupo poblacional
/ económico se quiere beneficiar con este tipo de proyectos.
La ICMA brinda lineamientos estándares reconocidos para emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles, sin embargo,
también pueden buscarse otros lineamientos como los emitidos por Climate Bondes Iniciative, EU Green Label, entre otros.
En esta clase de emisiones puede ajustarse al cumplimiento de ciertos principios desarrollados por la ICMA para acceder a su
calificación, los cuales, de manera general, se detallan a continuación:
Utilización de fondos, es punto de partida del proyecto, pues los recursos que se van a captar deben estar encaminados al
proyecto verde, social o sostenible. Debe detallarse el tipo de las categorías y los proyectos a financiarse.
Proceso de evaluación y selección de proyectos, es la fase en la cual se debe comunicar claramente a los inversores sobre los
objetivos del proyecto, criterios de elegibilidad que evidencien un proceso de evaluación y selección por parte de un tercero.
Gestión o administración de los fondos, en este proceso debe señalarse cómo se va a gestionar el uso de los recursos asignados,
con la apertura de una subcuenta o a través de mecanismos como fideicomisos, o de otro tipo que sean transparentes para los
• Carola Yánez-Cabrera
• Diego Peña-García
inversionistas y que les permitan conocer que los recursos se estén orientando a los proyectos asociados al bono (verde, social
o sostenible).
Informe, son los reportes que el emisor debe realizar en el cual se reflejan el uso de los recursos provenientes de la informa-
ción, por lo general se sugiere que tengan resultados logrados y el impacto obtenido (International Capital Market
Association, 2018).
Las entidades emisoras de bonos deben divulgar información financiera a organismos de control, organismos de calificación
e inversionistas. Los emisores de bonos designan a bancos de inversión como “suscriptores” para que les ayuden a cumplir
con dichos requisitos y aprovechan los conocimientos especializados que estos poseen sobre mercados de bonos, reglamenta-
ciones gubernamentales y otros factores relacionados (World Bank, 2020, p. 9). De acuerdo a los principios aplicables a cada
clase de bonos se ha determinado que debe existir una revisión externa, que no es más que un tercero independiente debida-
mente avalado por la CBI para la verificación, certificación el marco de la emisión y la confirmación de la alineación de un
bono al programa que se ha inclinado (verde o social). Existen varios niveles de revisión externa y no debe de confundirse
con la auditoría interna de cada emisor.
Este tipo de revisiones pueden ser realizadas por proveedores especializados quienes pueden entregar este tipo de servicios
por separado o en conjunto:
1. Segunda opinión: Es un ente calificado con experiencia en temas medioambientales o sociales, que debe tener independen-
cia del emisor; tienen como objetivo el verificar el cumplimiento o alineación a los principios aplicables de acuerdo con
cada tipo de bono. Además, deberá emitir una opinión sobre el framework elaborado por el emisor aportando sugerencias
u observando dudas.
2. Verificación: Este tipo de revisión se la realiza con procesos de negocio y criterios que sean sociales o medioambientales.
Se considera verificación a la alineación con las normas internas, externas o las declaraciones hechas por el emisor a través
de entrevistas. Revisión de lineamientos de los principios de acuerdo a cada bono a emitirse.
3. Certificación: Se deberá obtener una certificación que es avalada por un ente reconocido, actualmente es el CBI, este proce-
so se conoce como la entrega de la etiqueta, este tipo de procesos se los realiza con fines de marketing.
4. Rating/Calificación: Sin duda alguna, a efectos de tener una evaluación sobre la capacidad crediticia o de pago por parte
del emisor, así como para el análisis del marco asociado a este tipo de bonos y a la utilización de los ingresos, se utiliza una
metodología o sistema de calificación creada para el efecto.
METODOLOGÍA
El presente trabajo hace un análisis dogmático de la literatura especializada, documentos de organismos internacionales,
estadísticas nacionales y extranjeras, en lo relativo a los bonos temáticos y su situación actual. Se han utilizado diferentes
fuentes con el objeto de dotar al lector de una visión general de esta figura del mercado de valores, para que este documento
sea fuente de consulta y reflexión frente a la actual pandemia mundial causada por el COVID-19 y no requiere de ningún
permiso ni licencia.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 62 - 70 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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Bonos Verdes. - “Son títulos de deuda que se emiten para generar capital específicamente para respaldar proyectos ambientales
o relacionados con el cambio climático” (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2015, p. 23).
Este tipo de títulos pueden ser emitidos por entidades financieras, no financieras o públicas, cuyo retorno sirve para financiar
proyectos 100% verdes. The Climate Bonds Iniciative [CBI], indica que, para calificar a una emisión de bonos verdes, al
menos se debe contemplar alguno de los activos y proyectos “verdes” definidos por la taxonomía que está compuesta por
“ocho categorías generales: energía, transporte, agua, edificios, uso de suelos y recursos marítimos, industria, desechos y
tecnologías de información y comunicación [TIC]” (Climate Bonds Iniciative, 2018, p 12).
Bonos Sociales. - “son cualquier tipo de instrumento donde los ingresos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinan-
ciar, en parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles nuevos y/o existentes y que están alineados con los cuatro
componentes centrales de los Social Bond Principles [SBP]” (International Capital Market Association, 2020, p. 2). De acuer-
do a los estándares incluidos en los Principios de los Bonos Sociales impartidos por la International Capital Market
Association [ICMA], estos deben enmarcarse en los siguientes parámetros: agua potable, alcantarillado, saneamiento, trans-
porte, energía, salud, educación y formación profesional, atención médica, vivienda, generación de empleo, incluso a través
del efecto potencial de la financiación de las pequeñas y medianas empresas y microfinanzas, entre otros (International Capital
Market Association, 2020).
Bonos Sostenibles. - este tipo de bonos nace de la unión de proyectos de tipo ambiental o verdes y proyectos sociales para
beneficio de la sociedad. Se entiende que ciertos Proyectos Sociales pueden también tener beneficios medioambientales, así
como ciertos Proyectos Verdes pueden también tener beneficios sociales. La clasificación del uso de los fondos de los Bonos
Verdes, Bonos Sociales o Bonos Sostenibles debe ser determinada por el emisor en base a sus objetivos primarios en sus
proyectos subyacentes (International Capital Market Association, 2018, p. 2). Los bonos verdes, sociales y sostenibles han
tenido un crecimiento exponencial, siendo el 2019 el mejor año en monto de emisiones; lideran esta estadística los bonos
verdes, sin embargo, el COVID puede hacer que las emisiones de bonos sociales aumenten considerablemente.
Principios. ¿Cómo funciona la emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles [ODS]?
Al iniciar una emisión de bonos verdes, sociales o sostenibles, se realiza un análisis y revisión financiera del emisor, el mismo
que sugiere ir acompañado de capacitaciones y un equipo multidisciplinario que brinde asesoría adecuada. Una vez superada
esta etapa, comenzar un proceso interno para financiación de los bonos verdes, sociales y sostenibles, en la cual se analiza la
motivación para realizar este tipo de emisiones la cual necesariamente debe incluir objetivos ambientales y sociales, así como
el impacto esperado. Para el caso de bonos sociales es fundamental que se indique claramente a qué tipo de grupo poblacional
/ económico se quiere beneficiar con este tipo de proyectos.
La ICMA brinda lineamientos estándares reconocidos para emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles, sin embargo,
también pueden buscarse otros lineamientos como los emitidos por Climate Bondes Iniciative, EU Green Label, entre otros.
En esta clase de emisiones puede ajustarse al cumplimiento de ciertos principios desarrollados por la ICMA para acceder a su
calificación, los cuales, de manera general, se detallan a continuación:
Utilización de fondos, es punto de partida del proyecto, pues los recursos que se van a captar deben estar encaminados al
proyecto verde, social o sostenible. Debe detallarse el tipo de las categorías y los proyectos a financiarse.
Proceso de evaluación y selección de proyectos, es la fase en la cual se debe comunicar claramente a los inversores sobre los
objetivos del proyecto, criterios de elegibilidad que evidencien un proceso de evaluación y selección por parte de un tercero.
Gestión o administración de los fondos, en este proceso debe señalarse cómo se va a gestionar el uso de los recursos asignados,
con la apertura de una subcuenta o a través de mecanismos como fideicomisos, o de otro tipo que sean transparentes para los
ARTÍCULO RECIBIDO: 08/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 16/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Beneficio para los emisores
Pueden ser emisores las empresas privadas incluidas las financieras, soberanos, instituciones multilaterales o supranacionales
y entidades públicas.
Sin duda existen varios beneficios que los emisores pueden tener al momento de emitir bonos verdes, sociales y sostenibles,
o en el caso de esta propuesta los temáticos BONOS COVID-19, tales como:
• Diversificar fuentes de financiamiento.
• Obtener financiamiento más barato de acuerdo con el monto de emisión.
• Destinar los recursos obtenidos a proyectos de mediano y largo plazo.
• Incrementar y diversificar en número de sus inversionistas especialmente aquellos que tienen enfoque verde o social con
quienes no podrían tener acceso directo empleando títulos valores normales.
• Obtener amplia visión sobre sus productos, servicios a través de los proyectos y activos.
• Mejorar ingresos para sus negocios.
• Fortalecer su marca (marketing-publicitario), pues están a la vista de cientos de inversores a nivel nacional y mundial.
• Robustecer sus estrategias y gestión colaborativa en temas ambientales y sociales mejorando su buen gobierno corporativo,
lo cual les posicionará como entidades que brinden transparencia y seguridad al inversionista.
• Crecer en el ámbito reputacional por temas de compromiso social y transparencia de información.
Para comprender de una manera más documentada sobre los beneficios de este tipo de bonos, se cita a la investigación de The
Climate Bond Iniciative (2020), institución que realizó encuestas a los emisores para conocer su comportamiento dentro de
este mercado. Una de las preguntas realizadas en la mencionada encuesta fue: ¿Cuál es la experiencia de los emisores? La
encuesta sugirió a los encuestados en una escala del 1 al 5 teniendo los más altos resultados los siguientes aspectos: Benefi-
cios reputacionales marcaron un 4,37; señales de existencia en el mercado 4,20 y deseos de frenar el cambio climático 3,8.
Gráfico 2. Nivel de conocimiento de los protocolos de bioseguridad en el sector hotelero
Fuente: No propia.
E-ISSN-2361-2557
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• Carola Yánez-Cabrera
• Diego Peña-García
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
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ARTÍCULO RECIBIDO: 08/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 16/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
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• Diego Peña-García
4. A la presente fecha, un par de instituciones financieras nacionales se encuentran trabajando en la emisión de bonos sociales,
como una fuente de financiamiento para colocar créditos paliativos de la crisis post COVID.
Aspectos a mejorar en el mercado de valores ecuatoriano.
Existen varios aspectos que se podrían mejorar en el mercado de valores ecuatoriano, sin embargo, nos enfocaremos breve-
mente en la óptica del emisor y del inversionista.
Desde el lado de los emisores, dependiendo del monto a colocar, el proceso de emisión de bonos temáticos resulta más onero-
so que un crédito bancario ordinario. A esto se suma el hecho de que, emitir un bono temático implica la generación de más
gastos en comparación con la emisión de un bono de deuda ordinario. Frente a este escenario se podrían implementar ayudas
gubernamentales, de organismos internacionales, entidades extranjeras, para financiar los gastos de la emisión de los bonos
temáticos. Sin duda la implementación de beneficios tributarios sería de gran ayuda para que las empresas apuntalen su finan-
ciamiento a través del mercado de valores. Desde la visión de los inversionistas, financieramente, adquirir un bono temático
trae las mismas ventajas que adquirir un bono de deuda ordinario; la única y gran diferencia es el aspecto reputacional. Para
incentivar a más inversionistas a colocar sus recursos en bonos temáticos, se podría pensar en beneficios tributarios adicional
a los ya existentes en bonos de deuda tradicionales.
Parámetros para Propuesta de normativa.
“En el país, dicho mercado se encuentra en un estado estacionario y se requiere una reforma para que dicho mercado cumpla con
su papel” (Rosero, 2010, p. 33). Es de gran importancia el poder promover el mercado de mercado de valores con nuevos instru-
mentos financieros que incentiven objetivos sociales y ambientales, con guías internacionales que aportan con buenas prácticas
y parámetros para emisiones sociales, verdes y sostenibles, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS] de la
ONU, por tanto debe incluirse dentro de la normativa que expide la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera en
el ámbito del mercado de valores, una regulación sobre este tema que es de suma transcendencia para dinamizar la economía.
Entre los principales puntos que la normativa debe abordar está el indicar qué clase de emisiones pueden realizar este tipo de
bonos, por ejemplo, emisiones a corto plazo, emisiones a largo plazo o titularizaciones. Ante este enunciado, desde el punto
de vista de los autores, estas emisiones (bonos, verdes, sociales o sostenibles), representan un tipo de deuda, y de conformidad
a los parámetros establecidos por la legislación ecuatoriana se los puede canalizar a través de emisiones de obligaciones (de
corto o largo plazo) y titularizaciones, que son valores de renta fija que permiten cobrar una tasa fija (cupón) y recuperar la
inversión inicial, es decir el capital a un determinado plazo.
En la normativa debe indicarse claramente los lineamientos a cumplir para calificarse o etiquetarse como bonos verdes, socia-
les o sostenibles, sin perjuicio de lo dispuesto por entes reguladores internacionales. Así también, debe constar claramente
cuál es el tipo de destino de los recursos, señalándose en cada caso (tipo de bono), los proyectos admisibles para la aplicación.
Sin duda alguna, como toda oferta pública debe contener un prospecto con requisitos propios debido a las peculiaridades que
el producto presenta, lo cual también debe estar reglamentado.
Obligatoriamente y conforme a lo que manda la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y Finan-
ciero, para las emisiones de obligaciones y titularizaciones, es imprescindible que cuenten con calificación de riesgo. Dentro
de este esquema se sugiere que se propongan nuevas metodologías aplicadas en legislaciones comparadas propias a este tipo
de producto que permitan tener reflejo certero de la posición del emisor y que brinde transparencia en rating que se otorga.
De conformidad con los parámetros señalados por Climate Bonds Iniciative es muy importante dejar en claro la necesidad de
contar con un revisor externo que puede ser una segunda opinión o un verificador independiente, que esté debidamente acredi-
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 62 - 70 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 08/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 16/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
tado por este organismo y que no tenga ninguna clase de vínculos con el emisor. Con respecto con la certificación creemos
que es un requisito que necesariamente debe de cumplirse, de modo de garantizar la emisión de la etiqueta deseada.
Otro de los aspectos que se deben regular es la forma como se aprobará la administración de los fondos provenientes de este
tipo de emisiones, teniendo como posibilidades cuentas especiales y específicas para el efecto, fideicomisos mercantiles u
otros que presenten total transparencia de gestión. Se cree conveniente delimitar en qué circunstancias se puede perder la
calidad bono verde, social o sostenible, por ejemplo, cuando se ha incumplido el objeto social ambiental, el uso de fondos o
por la falta de acatamiento a las leyes y normas de los reguladores.
Además, este tipo de emisiones no pueden apartarse de los principios que señala la Ley de Mercado de Valores para este tipo
de mercado, por lo cual deberá plasmarse claramente la forma de la publicidad, transparencia, protección al inversionista,
aplicación de buenas prácticas corporativas, etc., señalando a través de un reporte periódico obligatorio sobre aspectos relevan-
tes de la emisión que contenga observaciones de su revisión externa, calificadora de riesgos, inversionistas, entre otros.
CONCLUSIONES
Los bonos temáticos cada vez son más comunes en los mercados de valores internacionales; uno de sus tipos, los bonos
sociales, pueden ser de gran ayuda para combatir los efectos económicos negativos causados por la pandemia mundial
generada por el COVID-19. A la presente fecha, existen varias experiencias internacionales de emisiones de bonos sociales que
buscan los fines descritos en este apartado. Representan un atractivo al segmento de mercado con sus propias características y
tendencias. Debe reforzarse la visión de las finanzas sostenibles a efectos de mitigar los daños colaterales causados por el
calentamiento global, la pobreza, la desigualdad, la pandemia del coronavirus u otros que pudieran aparecer en el futuro.
En el caso ecuatoriano, los bancos y cooperativas de ahorro y crédito son las principales instituciones llamadas a emitir estos
bonos sociales para conseguir financiamiento en el mercado de valores interno, y destinar esos recursos especialmente en
PyMES afectadas por la actual crisis económica. Los emisores que tienen a realizar este tipo de colocaciones verdes, sociales
o sostenibles tienden a diferenciarse frente a otros emisores, ya que tienen mayor demanda en sus títulos inclusive por ventajas
no solo en tasas de interés sino también por un rendimiento más resiliente con el ambiente y la sociedad.
En el mercado de valores ecuatoriano no se ha explotado este tipo de emisiones sostenibles, al momento solo existe una sola
emisión de bonos verdes en el mercado privado a finales de 2019, desde su creación en los mercados internacionales y una
emisión de bonos sociales soberanos, por lo cual evidenciamos que es un mercado amplio por explotar para mejorar el
dinamismo de la economía y sobre todo para la reactivación post pandemia. Se debe reformar la normativa ecuatoriana, para
regular los bonos temáticos y agregar beneficios e incentivos para emisores e inversionistas que participen en su proceso de
estructuración, colocación y venta.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 62 - 70 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
70
• Carola Yánez-Cabrera
• Diego Peña-García
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Bond. Olufemi T. (27 de marzo de 2020). Recuperado de: https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/
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Barreto-Representante-de-Climate-Bonds-Initiative-CBI.pdf
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Ley de Emergencia N° 6254/2020 que Estado de Emergencia en todo el Territorio de la República del Paraguay ante la
Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a Causa del Covid-19 o Coronavirus, Promulgación
26 de marzo de 2020. Paraguay.
Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, Publicado en el Registro Oficial Suple-
mento 215 de 22 de febrero de 2006. Ultima modificación: 18 de abril de 2017. Ecuador
Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, Registro Oficial suplemento
No. 229, 22 de junio de 2020. Ecuador
Moody´s. (2020), Research Announcement: Moody's - Green, social and sustainability bond issuance to jump 24% in 2020 to
$400 billion. Recuperado de: https://www.moodys.com/researchandratings/research-type/research-news/-/
00300F/00300F/-/-1/0/-/0/-/-/-/-/-/-/-/-/global/pdf/-/rra
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development-goals/background.html
Rosero, L. El desarrollo del mercado de valores en el Ecuador: Una aproximación. Ecuador Debate (Universidad FLACSO
de Ecuador), No. 80 (2010): 23-34. Recuperado de: http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3490/1/
RFLACSO-ED80-02-Rosero.pdf
The Climate Bonds Iniciative. (2018). Bonos y cambio Climático. Estado del Mercado. 12. Recuperado de: https://www.cli-
matebonds.net/files/files/cbi_sotm_2018_spanish.pdf
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United Nations. Objetivos y metas de desarrollo sostenible. Recuperado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
sustainable-development-goals/
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bank.org/curated/en/165281468188373879/pdf/99662-REPLACEMENT-FILE-Spanish-Green-Bonds-
Box393223B-PUBLIC.pdf
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 71 - 79 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 31/08/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 08/12/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
TRANSMISIÓN VERTICAL DEL CORONAVIRUS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
VERTICAL TRANSMISSION OF CORONAVIRUS. LITERATURE REVIEW
RESUMEN
Introducción: La enfermedad por coronavirus del 2019 (COVID-19) se ha extendido a todo el mundo. Esto se debe a su alta
capacidad infecciosa; de manera que el binomio madre e hijo se ve afectado a causa del aumento de posibles complicaciones;
esta situación ha provocado incertidumbre en mujeres gestantes y sus familias. Objetivos: determinar la posibilidad de conta-
gio por transmisión vertical o por leche materna en recién nacidos de madres con COVID-19 confirmado, a fin de precautelar
su salud y la del personal sanitario. Materiales y métodos: se ha realizado una revisión bibliográfica en base a los artículos
publicados en los principales sitios de divulgación científica. Para la búsqueda de información se utilizó términos como
neonatos, fisiopatología, coronavirus, manejo inicial y transmisión vertical. Se tomó en cuenta a estudios sobre hijos de muje-
res con infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo que haya sido confirmado por laboratorio y que permita acceder al
artículo completo en línea, se aceptaron artículos científicos, revisiones y guías mientras que se desestimó artículos no valida-
dos. Se aceptaron publicaciones en inglés y español del último año. Resultados: se obtuvo un total de 30 artículos luego de
aplicar los criterios de elegibilidad. La información todavía es escasa y con poca evidencia científica debido al poco tiempo
de presentación del virus pero se encontraron estudios que avalan la eliminación de medidas de apego precoz y de lactancia
materna inmediata además de normalizar la toma de muestras biológicas en recién nacidos para detección de SARS-CoV-2 en
las primeras horas de vida, sin embargo, la OMS no apoya dichas medidas y propone mantener la atención habitual al recién
nacido; no se han aislado partículas de ARN del virus en la leche materna, pero sí en muestras de líquido amniótico y cordón
umbilical. Conclusiones: El manejo de elección para el recién nacido aun es controvertido mientras que la leche materna sí
es segura y la evidencia de transmisión vertical continúa sujeta a comprobación por ausencia de pruebas determinantes.
Palabras claves: Neonato, infección por coronavirus, Transmisión vertical, COVID-19.
ABSTRACT
Introduction: The coronavirus disease 2019 (COVID-19) has spread throughout the world. This is due to its high infectious
capacity; therefore, the mother and child are affected due to the increase in possible complications; This situation has caused
uncertainty in pregnant women and their families. Objectives: to determine the possibility of contagion by vertical transmission
or by breast milk in newborns of mothers with confirmed COVID-19, in order to protect their health and that of health personnel.
Materials and methods: a bibliographic review has been carried out based on the articles published in the main scientific sites.
For the information search, terms such as neonates, pathophysiology, coronavirus, initial management, and vertical transmission
were used. Studies on children of women with SARS-CoV-2 infection during pregnancy that have been confirmed by laboratory
and that allow access to the full article online were considered, scientific articles, reviews and guides were accepted, while
articles not validated were rejected. Publications in English and Spanish from the last year were accepted. Results: a total of 30
articles were obtained after applying the eligibility criteria, obtaining results such as elimination of measures of early attachment
and immediate breastfeeding, in addition to standardizing biological sampling in newborns for detection of SARS-CoV-2 in the
first hours of life. However, the WHO does not support such measures and proposes to maintain routine care of the newborn;
RNA particles of the virus have not been isolated from breast milk, but they have been isolated from samples of amniotic fluid
and umbilical cord. Conclusions: The management of choice for the newborn is still controversial, breast milk is safe, and the
evidence of vertical transmission continues to be verified due to the absence of conclusive evidence.
Key words: Neonate, coronavirus infection, Vertical transmission, COVID-19.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
Mayra Arguello - Rosillo
Universidad Técnica de Ambato, Ambato- Ecuador. E mail: marguello9594@gmail.com
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 71 - 79 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
• Mayra Arguello-Rosillo
INTRODUCCIÓN
Un nuevo virus se ha presentado en las personas desde noviembre del año 2019, este agente infeccioso proviene de la familia
Coronaviridae. Desde entonces, se le ha denominado Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus tipo 2 o
SARS-CoV-2, mientras que la enfermedad causada por el virus se identifica como COVID-19. Esta afectación provoca mayor
mortalidad en relación con los virus de la misma familia que aparecieron previamente. Algunos ejemplos de los coronavirus
conocidos son: el síndrome respiratorio agudo severo [SARS-CoV] o el síndrome respiratorio del Medio Oriente [MERS-CoV]
(Breslin et al., 2020).
La dispersión viral entre países ha hecho que se extienda a nivel mundial provocando una pandemia, a su vez, la masiva propa-
gación ha afectado a todos los grupos etarios, entre ellos están mujeres embarazadas cuyos hijos han nacido en medio de la
cuarentena. A partir de esta situación, el binomio materno fetal ha dado lugar a múltiples interrogantes en relación a cómo debe
proceder el personal de salud respecto a determinadas actividades. El afán de aclarar estas dudas ha sido la motivación para
realizar el presente trabajo, a su vez, las herramientas informáticas han servido de ayuda para acceder a la información. La
búsqueda se ha realizado en sitios web de divulgación científica reconocidos. En tanto que, la literatura consultada se ha centra-
do en publicaciones del presente año dando prioridad a los artículos más recientes.
OBJETIVO
Se busca determinar la situación de riesgo en recién nacidos de madres con COVID-19 confirmado en relación con las
posibilidades de transmisión vertical. El objetivo es precautelar la salud de los pacientes y del personal sanitario, además, se
desea analizar la seguridad de la lactancia materna en hijos de madres infectadas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una revisión bibliográfica descriptiva para conocer las implicaciones que tienen los recién nacidos en relación a
madres con COVID-19 utilizando el método PRISMA. Para la recolección de información se usó términos relacionados
como: coronavirus, fisiopatología, neonatos, manejo inicial, y transmisión vertical usando conectores como “AND” y “OR”.
La búsqueda se realizó en PubMed, Web of Science, The New England Journal of Medicine, Cochrane, Science Direct, y
Scopus. Fueron utilizados como criterios de inclusión a estudios sobre el manejo de hijos de mujeres embarazadas con infección
por SARS-CoV-2 confirmada por laboratorio, y que se pueda acceder al texto completo en línea. Se aceptaron publicaciones
en inglés y español. Los criterios de exclusión fueron estudios sobre gestantes sin sospechas o con resultados negativos para
el virus, se desestimó a editoriales, correspondencias, artículos de opinión y artículos duplicados. La búsqueda fue realizada
en base a información publicada desde enero hasta el 23 de octubre del 2020. Debido a la naturaleza limitada de los informes
y la ausencia de ensayos aleatorios no se usó Cochrane Herramienta RoB 2.0. Del mismo modo, debido al alcance limitado
de los estudios de cohortes, no se utilizó la escala de Newcastle-Ottawa para calificar los estudios. Este virus está aumentando
a un ritmo exponencial y puede haber un sesgo hacia la notificación de hallazgos positivos.
RESULTADOS
Se recabó un total de 135 artículos durante la búsqueda de información. Entre estos documentos se retiraron 29 artículos
duplicados. Luego, se revisó a cuántos de ellos se podía acceder al texto completo y se excluyó a 37 escritos más. Finalmente,
se les aplicó criterios de inclusión y exclusión a 69 artículos científicos, quedando 30 artículos pertinentes para ser incluidos
dentro de la revisión bibliográfica. Entre los textos utilizados se encuentran estudios de cohorte, informes de series de casos,
protocolos de manejo y meta-análisis.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 71 - 79 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
ARTÍCULO RECIBIDO: 31/08/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 08/12/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Gráfico 1. Diagrama de flujo de información para la revisión bibliográfica indicando las etapas de selección de estudios.
Fuente: Elaborado por la autora.
El virus y su fisiopatología
La humanidad ya tenía conocimiento de la existencia de los coronavirus. Esta familia de patógenos se ha estudiado a partir de
la aparición de SARS-CoV y MERS-CoV. Es por ello que la presencia del SARS-CoV-2 en la actualidad, ha aclarado ciertas
dudas sobre este grupo viral. Fueron descritos como virus largos y con cadena sencilla de ARN. Su genoma está contenido en
una nucleocápside y tiene un peso total de aproximadamente 32 kilobases (Dashraath et al., 2020). La envoltura que protege
al virus comprende 4 proteínas de estructura especiales. Ellas son: 1) proteínas de membrana, 2) proteínas de envoltura, 3)
proteínas de nucleocápside y 4) proteínas de pico o spike protein. Las proteínas número 4 son las que más llaman la atención.
Estas proteínas de pico son responsables de la unión con los receptores de la célula hospedadora y posterior ensamblaje por
fusión de las dos membranas. Como consecuencia de esta unión, los virus logran ingresar a las células (Yuki, Fujiogi, and
Koutsogiannaki, 2020). La invasión en el huésped produce un estado proinflamatorio en los pulmones. Una vez allí, las
proteínas sintetizadas a partir del ARNm del virus se liberan. Luego, existe una fuga por parte del virus al resto del organismo
y se genera un ambiente protrombótico. La causa principal para estas reacciones en cadena, es que el virus busca la enzima
convertidora de angiotensina 2 [ACE2] para inhibirla y usar sus receptores (Lamas-Barreiro et al., 2020). Algunos lugares
donde podemos encontrar los receptores son: en las células epiteliales alveolares de tipo II en el pulmón, en los enterocitos
del intestino delgado y en las células epiteliales de la lengua y glándulas salivales (Pastrian, 2020). Como consecuencia de los
procesos de invasión, la hipercoagulabilidad produce alteraciones como una Tromboembolia pulmonar [TEP], tromboembo-
lismos venosos, arteriales y microvasculares. Simultáneamente, la persona afectada ya puede esparcir el virus (Abou-Ismail
et al., 2020). La enfermedad tiene un rango de contagio de 2,24 a 3,58, comparado con la gripe H1N1, que presentaba un
rango entre 1,46 y 1,48, la gripe es claramente menos contagiosa. La diferencia entre SARS- CoV-2 y la gripe H1N1 explica
la rápida expansión a nivel mundial.
Número de registros identificados
mediante búsquedas en bases de datos
(n=120)
Número de registros tras eliminar citas duplicadas
(n=106)
Número de registros cribados
(n=106)
Número de estudios incluidos en
la síntesis cualitativa
(n=30)
Número de estudios
incluidos en la síntesis
cuantitativa (metaanálisis)
(n=7)
Número de artículos de texto completo
evaluados para su elegibilidad
(n=69)
Número de registros excluidos
(n=37)
Número de artículos de texto
completo excluidos
(editoriales, cartas,
comentarios,
correspondencias)
(n=39)
Número de registros adicionales
identificados mediante otras fuentes
(n=15)
IdentificaciónCribadoIdoneidadInclusión
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 71 - 79 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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• Mayra Arguello-Rosillo
Además, se determinó que la transmisión viral es principalmente por gotas de saliva y fómites contaminados, donde el perio-
do de incubación es de 2 a 14 días (Peng, 2020). La severidad del cuadro en enfermos por COVID-19 es muy variada, puesto
que, en los casos reportados, el 80% se presenta como una gripe leve, del 15% al 20% como un cuadro respiratorio grave y el
5% es crítico. Aquellas personas graves pueden requerir asistencia de ventilación mecánica o tener desenlaces fatales. El
riesgo de muerte en pacientes infectados es del 3% aproximadamente, este porcentaje se duplica en aquellas personas que
tengan arritmias y contraigan la enfermedad (Gandhi, Lynch y del Rio, 2020).
La afectación viral depende de la capacidad de defensa del sistema inmune. Por lo tanto, aquellas personas con comorbilida-
des o compromiso inmunológico serán más vulnerables. La infección y severidad de la enfermedad estarán determinadas por
el individuo. Sin embargo, se han reportado muertes de jóvenes aparentemente sanos. A partir de allí se comprendió que la
agresividad del cuadro clínico también depende de la carga viral a la que se expone el individuo (Peng, 2020).
Susceptibilidad materna
La mujer en estado de gestación presenta características inmunológicas especiales, debido a los cambios por su gravidez es
más susceptible a la afectación de todos los virus en general. En el contexto del COVID-19 aún existen dudas respecto a la
manera en que se comporta el virus, puesto que no se ha descrito con exactitud el mecanismo patogénico que pudiera estar
afectando particularmente a este grupo poblacional. A pesar de que se han planteado varias hipótesis en base a su carácter
altamente infeccioso aún no hay información concreta (Schwartz, 2020). Los síntomas observados en embarazadas son
similares a mujeres no gestantes. Incluso muchas de ellas fueron diagnosticadas como cursos asintomáticos. Mientras que en
aquellas pacientes que si presentaron síntomas los más frecuentes son: fiebre, tos y disnea. Los exámenes de laboratorio por
su parte, muestran niveles elevados de proteína C reactiva y aumento del índice de reticulocitos. En tanto que los estudios de
imagen en tórax muestran patrones de vidrio esmerilado (Delgado et al., 2020).
En un estudio realizado por Sampieri en 43 mujeres con COVID-19 apenas el 4,7% presentaron un cuadro muy severo, mien-
tras, el 9,3% llevaron la enfermedad con un cuadro severo, y el 86% mostró un cuadro leve. (Sampieri y Montero, 2020).
Además, el estado de embarazo se asocia a mayor riesgo de complicaciones en madres con comorbilidades (Krishnamurthy
et al., 2020). Algunas de las complicaciones son: ruptura prematura de membranas, parto pre término, necesidad de ventila-
ción mecánica e ingreso a UCI (Cabero-Pérez et al., 2020). A pesar de que el índice de muertes maternas por COVID-19 es
inferior a los virus respiratorios de décadas anteriores, donde una de cada tres mujeres embarazadas morían, el riesgo perma-
nece latente (Dashraath et al., 2020).
Cuadro clínico pediátrico
Los individuos una vez infectados pueden presentar cuadros muy variados. Es así que, en los adultos, las posibilidades iban
desde ser asintomáticos hasta neumonías graves, pudiendo llevarlos incluso a la muerte. En el caso de pacientes pediátricos los
síntomas eran leves como congestión nasal, rinorrea, tos, exantema morbiliforme y pocos tuvieron fiebre. El diagnóstico de
muchos de ellos se logró mediante rastreo de contactos infectados. Tanta era la simplicidad de los casos observados que
aproximadamente a las 2 semanas tenían resolución completa del cuadro (Anon, 2020; Calvo et al., 2020; Lai et al., 2020;
Freeman et al., 2020). Los casos atípicos son muy raros. Aquí, por el contrario, podían tener: irritabilidad, llanto enérgico,
marcada hipertonía muscular generalizada, deposiciones líquidas, rechazo a la alimentación y fiebre sin foco infeccioso
aparente (Ashokka et al., 2020). Los cursos de progresión rápida son muy peligrosos, puesto que los pacientes podrían
evolucionar a fallo respiratorio que no cede con oxígeno, coagulopatía, acidosis metabólica, shock séptico y finalmente la
muerte (Calvo et al., 2020).
Manejo del parto
La culminación del embarazo se recomienda que sea por cesárea bajo el mayor cuidado posible. Por lo tanto, las normas de
manejo deben ser seguidas en base a protocolos de bioseguridad. Las recomendaciones incluyen: uso del equipo de protección
personal a todos los prestadores de salud e ingreso del menor número posible al procedimiento. Además, las gestantes deben
portar mascarilla (FFP2 o N95) durante todo el evento como medida de protección (Torre, Rodríguez-Rodríguez y Martínez,
2020). La guía española de atención a madres con COVID-19 sugiere que el parto se lleve a cabo en una habitación con
presión negativa. La razón principal es la generación de aerosoles por parte del paciente que puede contagiar al personal
sanitario. La pauta también sugiere que el equipo y material empleado sea únicamente para la paciente. Del mismo modo, la
utilería para toma de signos vitales como manguitos de tensión arterial deben ser usados de forma ágil y luego ser
desinfectados cautelosamente. De preferencia se recomienda usar material descartable (Delgado et al., 2020).
Como medidas de cautela, se está evitando el contacto piel con piel con la madre al momento de nacer, clampaje tardío y la
lactancia materna inmediata. En algunos hospitales también se estableció como protocolo tomar muestras de cordón
umbilical, placenta, leche materna e hisopado nasofaríngeo. El objetivo de examinar estas sustancias es la detección de un
posible contagio vertical (Cabero-Pérez et al., 2020). Por otro lado, en Ecuador más que un clampaje tardío se recomienda un
clampaje oportuno como siempre se realizaba, a fin de evitar complicaciones derivadas de la demora en el pinzamiento del
cordón (Rivadeneira et al., 2020). La OMS indica mantener el apego precoz, la lactancia inmediata y posterior tal como se
realizaría normalmente. Ellos aseguran que el beneficio es mayor al riesgo de contagio. Tanto así que en su última guía
publicada el 13 de marzo de 2020 mencionan la importancia de que se continúe permitiendo el contacto con la madre. A pesar
de que esta organización ya ha ratificado su posición no ha tenido buena aceptación por el personal de salud (Organización
Mundial de la Salud, 2020).
Transmisión vertical
La pandemia actual ha puesto en riesgo a mujeres embarazadas y sus hijos. La razón principal, es el aumento de receptores
ACE2 en la interfase materno-fetal humana (Aziz, Rahman y Masrur, 2020). Por tal motivo, el binomio madre fetal sería más
vulnerable a la entrada viral. En base a esto, algunos estudios avalan la evidencia del virus en muestras biológicas neonatales
en varios pacientes (Patberg et al., 2020). Sin embargo, la presencia del SARS CoV-2 aún no se ha demostrado circulando en
sangre de neonatos. Aún no se ha descalificado la posibilidad de transmisión vertical debido a las razones mencionadas, pero
tampoco se ha demostrado como tal su existencia. Por lo tanto, la aseveración de que no se puede dar el contagio de la madre
a su hijo sería apresurada (Chacón-Aguilar et al., 2020; Torre et al., 2020). La presentación del caso de un recién nacido con
aparente presencia de anticuerpos IgG contra el virus del SARS -CoV 2, hijo de madre positiva para la enfermedad ha causado
revuelo. El hallazgo serológico podría ser explicado por la capacidad de este anticuerpo para traspasar la barrera placentaria.
Sin embargo, también presentaba anticuerpos IgM a las dos horas de vida. La expresión del segundo anticuerpo solo es
posible 7 a 12 días después de la exposición al virus. Aun no se comprende por qué el neonato tiene títulos de anticuerpos tan
elevados. Se tomaron muestras de exudado nasofaríngeo, sangre, heces y orina que dieron negativos. Actualmente el paciente
está bajo revisión en estricto aislamiento para encontrarle explicación a su caso (Dong et al., 2020).
Algunos virus como el VIH se transmiten cuando hay contacto del bebé con la sangre materna. Un ejemplo de ello es en
medio de emergencias obstétricas. Determinados estudios, basados en esta premisa, han incluido a madres con exposición a
situaciones de estrés obstétrico. Entre los más frecuentes estuvieron amenazas de parto pretérmino, preeclampsia, hiperten-
sión inducida por el embarazo, diabetes gestacional y atonía uterina. Las publicaciones nos informan que aparentemente estos
factores de riesgo no son capaces de propiciar la transmisión del SARS-CoV-2 al feto (Schwartz, 2020).
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 71 - 79 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 31/08/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 08/12/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Además, se determinó que la transmisión viral es principalmente por gotas de saliva y fómites contaminados, donde el perio-
do de incubación es de 2 a 14 días (Peng, 2020). La severidad del cuadro en enfermos por COVID-19 es muy variada, puesto
que, en los casos reportados, el 80% se presenta como una gripe leve, del 15% al 20% como un cuadro respiratorio grave y el
5% es crítico. Aquellas personas graves pueden requerir asistencia de ventilación mecánica o tener desenlaces fatales. El
riesgo de muerte en pacientes infectados es del 3% aproximadamente, este porcentaje se duplica en aquellas personas que
tengan arritmias y contraigan la enfermedad (Gandhi, Lynch y del Rio, 2020).
La afectación viral depende de la capacidad de defensa del sistema inmune. Por lo tanto, aquellas personas con comorbilida-
des o compromiso inmunológico serán más vulnerables. La infección y severidad de la enfermedad estarán determinadas por
el individuo. Sin embargo, se han reportado muertes de jóvenes aparentemente sanos. A partir de allí se comprendió que la
agresividad del cuadro clínico también depende de la carga viral a la que se expone el individuo (Peng, 2020).
Susceptibilidad materna
La mujer en estado de gestación presenta características inmunológicas especiales, debido a los cambios por su gravidez es
más susceptible a la afectación de todos los virus en general. En el contexto del COVID-19 aún existen dudas respecto a la
manera en que se comporta el virus, puesto que no se ha descrito con exactitud el mecanismo patogénico que pudiera estar
afectando particularmente a este grupo poblacional. A pesar de que se han planteado varias hipótesis en base a su carácter
altamente infeccioso aún no hay información concreta (Schwartz, 2020). Los síntomas observados en embarazadas son
similares a mujeres no gestantes. Incluso muchas de ellas fueron diagnosticadas como cursos asintomáticos. Mientras que en
aquellas pacientes que si presentaron síntomas los más frecuentes son: fiebre, tos y disnea. Los exámenes de laboratorio por
su parte, muestran niveles elevados de proteína C reactiva y aumento del índice de reticulocitos. En tanto que los estudios de
imagen en tórax muestran patrones de vidrio esmerilado (Delgado et al., 2020).
En un estudio realizado por Sampieri en 43 mujeres con COVID-19 apenas el 4,7% presentaron un cuadro muy severo, mien-
tras, el 9,3% llevaron la enfermedad con un cuadro severo, y el 86% mostró un cuadro leve. (Sampieri y Montero, 2020).
Además, el estado de embarazo se asocia a mayor riesgo de complicaciones en madres con comorbilidades (Krishnamurthy
et al., 2020). Algunas de las complicaciones son: ruptura prematura de membranas, parto pre término, necesidad de ventila-
ción mecánica e ingreso a UCI (Cabero-Pérez et al., 2020). A pesar de que el índice de muertes maternas por COVID-19 es
inferior a los virus respiratorios de décadas anteriores, donde una de cada tres mujeres embarazadas morían, el riesgo perma-
nece latente (Dashraath et al., 2020).
Cuadro clínico pediátrico
Los individuos una vez infectados pueden presentar cuadros muy variados. Es así que, en los adultos, las posibilidades iban
desde ser asintomáticos hasta neumonías graves, pudiendo llevarlos incluso a la muerte. En el caso de pacientes pediátricos los
síntomas eran leves como congestión nasal, rinorrea, tos, exantema morbiliforme y pocos tuvieron fiebre. El diagnóstico de
muchos de ellos se logró mediante rastreo de contactos infectados. Tanta era la simplicidad de los casos observados que
aproximadamente a las 2 semanas tenían resolución completa del cuadro (Anon, 2020; Calvo et al., 2020; Lai et al., 2020;
Freeman et al., 2020). Los casos atípicos son muy raros. Aquí, por el contrario, podían tener: irritabilidad, llanto enérgico,
marcada hipertonía muscular generalizada, deposiciones líquidas, rechazo a la alimentación y fiebre sin foco infeccioso
aparente (Ashokka et al., 2020). Los cursos de progresión rápida son muy peligrosos, puesto que los pacientes podrían
evolucionar a fallo respiratorio que no cede con oxígeno, coagulopatía, acidosis metabólica, shock séptico y finalmente la
muerte (Calvo et al., 2020).
Manejo del parto
La culminación del embarazo se recomienda que sea por cesárea bajo el mayor cuidado posible. Por lo tanto, las normas de
manejo deben ser seguidas en base a protocolos de bioseguridad. Las recomendaciones incluyen: uso del equipo de protección
personal a todos los prestadores de salud e ingreso del menor número posible al procedimiento. Además, las gestantes deben
portar mascarilla (FFP2 o N95) durante todo el evento como medida de protección (Torre, Rodríguez-Rodríguez y Martínez,
2020). La guía española de atención a madres con COVID-19 sugiere que el parto se lleve a cabo en una habitación con
presión negativa. La razón principal es la generación de aerosoles por parte del paciente que puede contagiar al personal
sanitario. La pauta también sugiere que el equipo y material empleado sea únicamente para la paciente. Del mismo modo, la
utilería para toma de signos vitales como manguitos de tensión arterial deben ser usados de forma ágil y luego ser
desinfectados cautelosamente. De preferencia se recomienda usar material descartable (Delgado et al., 2020).
Como medidas de cautela, se está evitando el contacto piel con piel con la madre al momento de nacer, clampaje tardío y la
lactancia materna inmediata. En algunos hospitales también se estableció como protocolo tomar muestras de cordón
umbilical, placenta, leche materna e hisopado nasofaríngeo. El objetivo de examinar estas sustancias es la detección de un
posible contagio vertical (Cabero-Pérez et al., 2020). Por otro lado, en Ecuador más que un clampaje tardío se recomienda un
clampaje oportuno como siempre se realizaba, a fin de evitar complicaciones derivadas de la demora en el pinzamiento del
cordón (Rivadeneira et al., 2020). La OMS indica mantener el apego precoz, la lactancia inmediata y posterior tal como se
realizaría normalmente. Ellos aseguran que el beneficio es mayor al riesgo de contagio. Tanto así que en su última guía
publicada el 13 de marzo de 2020 mencionan la importancia de que se continúe permitiendo el contacto con la madre. A pesar
de que esta organización ya ha ratificado su posición no ha tenido buena aceptación por el personal de salud (Organización
Mundial de la Salud, 2020).
Transmisión vertical
La pandemia actual ha puesto en riesgo a mujeres embarazadas y sus hijos. La razón principal, es el aumento de receptores
ACE2 en la interfase materno-fetal humana (Aziz, Rahman y Masrur, 2020). Por tal motivo, el binomio madre fetal sería más
vulnerable a la entrada viral. En base a esto, algunos estudios avalan la evidencia del virus en muestras biológicas neonatales
en varios pacientes (Patberg et al., 2020). Sin embargo, la presencia del SARS CoV-2 aún no se ha demostrado circulando en
sangre de neonatos. Aún no se ha descalificado la posibilidad de transmisión vertical debido a las razones mencionadas, pero
tampoco se ha demostrado como tal su existencia. Por lo tanto, la aseveración de que no se puede dar el contagio de la madre
a su hijo sería apresurada (Chacón-Aguilar et al., 2020; Torre et al., 2020). La presentación del caso de un recién nacido con
aparente presencia de anticuerpos IgG contra el virus del SARS -CoV 2, hijo de madre positiva para la enfermedad ha causado
revuelo. El hallazgo serológico podría ser explicado por la capacidad de este anticuerpo para traspasar la barrera placentaria.
Sin embargo, también presentaba anticuerpos IgM a las dos horas de vida. La expresión del segundo anticuerpo solo es
posible 7 a 12 días después de la exposición al virus. Aun no se comprende por qué el neonato tiene títulos de anticuerpos tan
elevados. Se tomaron muestras de exudado nasofaríngeo, sangre, heces y orina que dieron negativos. Actualmente el paciente
está bajo revisión en estricto aislamiento para encontrarle explicación a su caso (Dong et al., 2020).
Algunos virus como el VIH se transmiten cuando hay contacto del bebé con la sangre materna. Un ejemplo de ello es en
medio de emergencias obstétricas. Determinados estudios, basados en esta premisa, han incluido a madres con exposición a
situaciones de estrés obstétrico. Entre los más frecuentes estuvieron amenazas de parto pretérmino, preeclampsia, hiperten-
sión inducida por el embarazo, diabetes gestacional y atonía uterina. Las publicaciones nos informan que aparentemente estos
factores de riesgo no son capaces de propiciar la transmisión del SARS-CoV-2 al feto (Schwartz, 2020).
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 71 - 79 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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• Mayra Arguello-Rosillo
Covid – 19 y lactancia materna
Sampieri durante el mes de abril nos informa de un estudio en seis madres que acababan de tener a sus hijos. Luego del parto
se recolectaron muestras de leche materna a todas las participantes. Posteriormente, se aplicó pruebas para detección de ARN
perteneciente al SARS-CoV-2. Sin embargo, las muestras recogidas dieron negativo para el virus en su totalidad (Sampieri
and Montero, 2020). Estudios avalan la seguridad de la leche materna. La mejor manera de que el niño reciba la lactancia es
directamente de la madre (Giuliani et al., 2020). Ella puede alimentar al neonato siempre y cuando siga correctamente las
normas de seguridad. Para evitar contagiarlo, existen algunas de las recomendaciones como el uso de mascarilla, lavado de
manos previo al contacto y lavado minucioso del pezón (Torre et al., 2020). En caso de que el estado de salud de la madre
sea delicado y no pueda amamantar a su hijo, es factible la extracción de leche materna. Para ello, una tercera persona puede
asistir al recién nacido dándole la leche recogida. Las medidas de higiene y bioseguridad que debe seguir este asistente serán
las mismas que los que seguiría la progenitora. Son necesarias estas adaptaciones debido a que la lactancia materna es muy
importante porque a través de ella el neonato accede a una amplia fuente de inmunoglobulinas protectoras frente a infecciones
virales. A parte de que con esta actividad se reduce la tasa de mortalidad neonatal (Sociedad Chilena de Pediatría, 2020).
Líquido amniótico y cordón umbilical
En varios de los artículos consultados se informa de casos aislados de muestras biológicas positivas. Un ejemplo es el reporte
del virus en el cordón umbilical de pacientes nacidos de madres infectadas. De forma similar se ha informado sobre casos
positivos en muestras de líquido amniótico extraído previo a la ruptura de membranas placentarias. Pese a ello, en ninguno
de los cuadros mencionados anteriormente se obtuvo presencia de virus en sangre neonatal (Sampieri y Montero, 2020).
DISCUSIÓN
La situación del recién nacido en relación a la pandemia por coronavirus aún no está clara. Aparentemente cada día se presen-
tan nuevos casos de transmisión vertical, mas no ha sido comprobado. La dificultad radica en probar que el contagio sucedió
durante las horas posteriores al parto. Por lo que cada vez es mayor la duda e incertidumbre en la población. Esta situación ha
sido utilizada como razón para la separación inmediata de la madre y su recién nacido (Matzumura Kasano, 2020). Para
comprender mejor el funcionamiento del virus en los humanos se realizó un estudio donde observaban con un microscopio
electrónico cómo ingresa en la célula, se veía a las proteínas spike expuestas a los marcadores de superficie que producían una
corona inconfundible. Lo que les permitía fijarse a la membrana celular y más tarde fusionarse con la misma. Una vez interna-
do el virus, tiene acceso al genoma del huésped. Este proceso requiere de la delicada interacción de las dos subunidades que
poseen la spike proteins y de la célula hospedadora. En base a este conocimiento se están investigando caminos para futuras
terapéuticas tanto en el uso de antivirales como para la producción de una vacuna (Dashraath et al., 2020).
Por otro lado, la infección neonatal viene condicionada por dos variables. La primera variable en función de la carga viral y
la segunda trata sobre las condiciones en que llega el recién nacido. Algunas de las situaciones que lo muestran vulverable
son: bajo peso al nacer, malformaciones cardiacas y alteraciones anatómicas renales. Según informa Lu y sus colaboradores
en su revisión estas variables determinaran la cantidad y severidad de complicaciones en los pacientes pediátricos (Lu et al.,
2020). El porcentaje total de afectación a la población pediátrica por COVID-19 es de aproximadamente 0,9% según Calvo
y sus colaboradores. A pesar de que muchos de ellos pasaban por asintomáticos si existen cuadros más agresivos (Calvo et
al., 2020). Es por ello que aseguran el reporte de cursos atípicos con afectaciones neurológicas asociadas a crisis febriles. La
causa se debe a que la familia de coronaviridae, a pesar de ser predominantemente respiratorio¸ también tiene cierto efecto
neurótropo (Chacón-Aguilar et al., 2020).
Cabero, Gomes y Trinidad se centran en el ámbito materno. Ellos señalan como síntoma más frecuente en gestantes a la fiebre
en un 56,3% y la molestia menos frecuente fue diarrea 5,1% (Cabero-Pérez et al., 2020) Pese a esto, el riesgo de necesitar
ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos y necesitar ventilación mecánica es bastante alto. Las evidencias muestran que
puede llegar incluso al 33% de los casos en mujeres con comorbilidades asociadas (Chang, Wu, and Chang, 2020).
Segars por su parte señala que el riesgo materno por el actual coronavirus es menor a los otros miembros la familia coronavi-
ridae. Puesto que las complicaciones por SARS-CoV2 son más leves en relación con las complicaciones que enfrentaban las
embarazadas en los brotes de SARS-CoV y MERS-CoV. Como evidencia del peligro, durante las epidemias en el 2003 y 2008
respectivamente, se produjo una tasa de mortalidad materna tres veces más alta que la de ahora (Segars et al., 2020).
Por otro lado, la culminación del embarazo según recomiendan Torre y su equipo es por cesárea. El objetivo es evitar una
posible transmisión vertical hasta que se demuestre que este medio no tiene capacidad infecciosa (Torre et al., 2020).
Adicionalmente Aziz asegura que si es factible la infección debido a que los receptores de ACE2 se ven aumentados durante
la interfase materno fetal exponiendo al feto al contagio (Aziz et al., 2020). En contraste, para Wei Liu y sus colaboradores la
posibilidad de que se dé una transmisión vertical no es viable. Su hipótesis se basa en que la expresión de receptores de ACE2
no es lo suficientemente fuerte como para permitir el paso del virus (Liu et al., 2020). Aún siguen realizándose estudios para
saber la verdad sobre esta situación.
Hasta el momento se considera como una medida segura y protectora de comorbilidades a la lactancia materna, que debe
realizarse siempre con normas de bioseguridad (Calvo et al., 2020) de igual manera La Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia concuerda con mantener las medidas que se usan habitualmente para el óptimo cuidado de un recién nacido
acercándolo a la madre siempre y cuando ella lleve puesta las medidas de protección (Delgado et al., 2020). La Organización
Mundial de la Salud también sostiene la necesidad de mantener este vínculo junto a la lactancia materna frente a toda posible
situación de contagio (Organización Mundial de la Salud, 2020). El alcance que busca este documento es informar sobre los
conocimientos acerca de la pandemia. Puesto que repercute en el curso normal de la llegada de un nuevo ser a través de una
madre con enfermedad por coronavirus. La falta de evidencia científicamente comprobada en grandes cantidades de pacientes
limitó de cierta manera a la información de este trabajo. Pese a los limitantes que se han encontrado ha sido posible recolectar
la información presentada.
CONCLUSIONES
La enfermedad por coronavirus del 2019 es una patología en creciente propagación, su base para infectar a las células esta
dada por las proteínas pico o spike proteins. Esta afectación sí se presenta en pacientes pediátricos, aunque con un curso más
benigno que en adultos. La atención correcta de un neonato actualmente aun es controvertida debido a falta de evidencia
científica, la lactancia materna en el recién nacido es un método seguro de protección contra infecciones y comorbilidades.
Puede incrementar el riesgo de complicaciones como ruptura prematura de membranas, parto pretérmino, necesidad de venti-
lación mecánica e ingreso a UCI. Se necesita esclarecer el panorama de la existencia o no de transmisión materno-fetal de
SARS-CoV-2 en base a estudios multicéntricos, debido a la discordancia entre los hallazgos encontrados hasta ahora.
AGRADECIMIENTO
A la Dra. Alicia Zavala Calahorrano Ph.D de la Universidad Técnica de Ambato por su guía a lo largo de toda de la redacción
y publicación de este artículo.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 71 - 79 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 31/08/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 08/12/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Covid – 19 y lactancia materna
Sampieri durante el mes de abril nos informa de un estudio en seis madres que acababan de tener a sus hijos. Luego del parto
se recolectaron muestras de leche materna a todas las participantes. Posteriormente, se aplicó pruebas para detección de ARN
perteneciente al SARS-CoV-2. Sin embargo, las muestras recogidas dieron negativo para el virus en su totalidad (Sampieri
and Montero, 2020). Estudios avalan la seguridad de la leche materna. La mejor manera de que el niño reciba la lactancia es
directamente de la madre (Giuliani et al., 2020). Ella puede alimentar al neonato siempre y cuando siga correctamente las
normas de seguridad. Para evitar contagiarlo, existen algunas de las recomendaciones como el uso de mascarilla, lavado de
manos previo al contacto y lavado minucioso del pezón (Torre et al., 2020). En caso de que el estado de salud de la madre
sea delicado y no pueda amamantar a su hijo, es factible la extracción de leche materna. Para ello, una tercera persona puede
asistir al recién nacido dándole la leche recogida. Las medidas de higiene y bioseguridad que debe seguir este asistente serán
las mismas que los que seguiría la progenitora. Son necesarias estas adaptaciones debido a que la lactancia materna es muy
importante porque a través de ella el neonato accede a una amplia fuente de inmunoglobulinas protectoras frente a infecciones
virales. A parte de que con esta actividad se reduce la tasa de mortalidad neonatal (Sociedad Chilena de Pediatría, 2020).
Líquido amniótico y cordón umbilical
En varios de los artículos consultados se informa de casos aislados de muestras biológicas positivas. Un ejemplo es el reporte
del virus en el cordón umbilical de pacientes nacidos de madres infectadas. De forma similar se ha informado sobre casos
positivos en muestras de líquido amniótico extraído previo a la ruptura de membranas placentarias. Pese a ello, en ninguno
de los cuadros mencionados anteriormente se obtuvo presencia de virus en sangre neonatal (Sampieri y Montero, 2020).
DISCUSIÓN
La situación del recién nacido en relación a la pandemia por coronavirus aún no está clara. Aparentemente cada día se presen-
tan nuevos casos de transmisión vertical, mas no ha sido comprobado. La dificultad radica en probar que el contagio sucedió
durante las horas posteriores al parto. Por lo que cada vez es mayor la duda e incertidumbre en la población. Esta situación ha
sido utilizada como razón para la separación inmediata de la madre y su recién nacido (Matzumura Kasano, 2020). Para
comprender mejor el funcionamiento del virus en los humanos se realizó un estudio donde observaban con un microscopio
electrónico cómo ingresa en la célula, se veía a las proteínas spike expuestas a los marcadores de superficie que producían una
corona inconfundible. Lo que les permitía fijarse a la membrana celular y más tarde fusionarse con la misma. Una vez interna-
do el virus, tiene acceso al genoma del huésped. Este proceso requiere de la delicada interacción de las dos subunidades que
poseen la spike proteins y de la célula hospedadora. En base a este conocimiento se están investigando caminos para futuras
terapéuticas tanto en el uso de antivirales como para la producción de una vacuna (Dashraath et al., 2020).
Por otro lado, la infección neonatal viene condicionada por dos variables. La primera variable en función de la carga viral y
la segunda trata sobre las condiciones en que llega el recién nacido. Algunas de las situaciones que lo muestran vulverable
son: bajo peso al nacer, malformaciones cardiacas y alteraciones anatómicas renales. Según informa Lu y sus colaboradores
en su revisión estas variables determinaran la cantidad y severidad de complicaciones en los pacientes pediátricos (Lu et al.,
2020). El porcentaje total de afectación a la población pediátrica por COVID-19 es de aproximadamente 0,9% según Calvo
y sus colaboradores. A pesar de que muchos de ellos pasaban por asintomáticos si existen cuadros más agresivos (Calvo et
al., 2020). Es por ello que aseguran el reporte de cursos atípicos con afectaciones neurológicas asociadas a crisis febriles. La
causa se debe a que la familia de coronaviridae, a pesar de ser predominantemente respiratorio¸ también tiene cierto efecto
neurótropo (Chacón-Aguilar et al., 2020).
Cabero, Gomes y Trinidad se centran en el ámbito materno. Ellos señalan como síntoma más frecuente en gestantes a la fiebre
en un 56,3% y la molestia menos frecuente fue diarrea 5,1% (Cabero-Pérez et al., 2020) Pese a esto, el riesgo de necesitar
ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos y necesitar ventilación mecánica es bastante alto. Las evidencias muestran que
puede llegar incluso al 33% de los casos en mujeres con comorbilidades asociadas (Chang, Wu, and Chang, 2020).
Segars por su parte señala que el riesgo materno por el actual coronavirus es menor a los otros miembros la familia coronavi-
ridae. Puesto que las complicaciones por SARS-CoV2 son más leves en relación con las complicaciones que enfrentaban las
embarazadas en los brotes de SARS-CoV y MERS-CoV. Como evidencia del peligro, durante las epidemias en el 2003 y 2008
respectivamente, se produjo una tasa de mortalidad materna tres veces más alta que la de ahora (Segars et al., 2020).
Por otro lado, la culminación del embarazo según recomiendan Torre y su equipo es por cesárea. El objetivo es evitar una
posible transmisión vertical hasta que se demuestre que este medio no tiene capacidad infecciosa (Torre et al., 2020).
Adicionalmente Aziz asegura que si es factible la infección debido a que los receptores de ACE2 se ven aumentados durante
la interfase materno fetal exponiendo al feto al contagio (Aziz et al., 2020). En contraste, para Wei Liu y sus colaboradores la
posibilidad de que se dé una transmisión vertical no es viable. Su hipótesis se basa en que la expresión de receptores de ACE2
no es lo suficientemente fuerte como para permitir el paso del virus (Liu et al., 2020). Aún siguen realizándose estudios para
saber la verdad sobre esta situación.
Hasta el momento se considera como una medida segura y protectora de comorbilidades a la lactancia materna, que debe
realizarse siempre con normas de bioseguridad (Calvo et al., 2020) de igual manera La Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia concuerda con mantener las medidas que se usan habitualmente para el óptimo cuidado de un recién nacido
acercándolo a la madre siempre y cuando ella lleve puesta las medidas de protección (Delgado et al., 2020). La Organización
Mundial de la Salud también sostiene la necesidad de mantener este vínculo junto a la lactancia materna frente a toda posible
situación de contagio (Organización Mundial de la Salud, 2020). El alcance que busca este documento es informar sobre los
conocimientos acerca de la pandemia. Puesto que repercute en el curso normal de la llegada de un nuevo ser a través de una
madre con enfermedad por coronavirus. La falta de evidencia científicamente comprobada en grandes cantidades de pacientes
limitó de cierta manera a la información de este trabajo. Pese a los limitantes que se han encontrado ha sido posible recolectar
la información presentada.
CONCLUSIONES
La enfermedad por coronavirus del 2019 es una patología en creciente propagación, su base para infectar a las células esta
dada por las proteínas pico o spike proteins. Esta afectación sí se presenta en pacientes pediátricos, aunque con un curso más
benigno que en adultos. La atención correcta de un neonato actualmente aun es controvertida debido a falta de evidencia
científica, la lactancia materna en el recién nacido es un método seguro de protección contra infecciones y comorbilidades.
Puede incrementar el riesgo de complicaciones como ruptura prematura de membranas, parto pretérmino, necesidad de venti-
lación mecánica e ingreso a UCI. Se necesita esclarecer el panorama de la existencia o no de transmisión materno-fetal de
SARS-CoV-2 en base a estudios multicéntricos, debido a la discordancia entre los hallazgos encontrados hasta ahora.
AGRADECIMIENTO
A la Dra. Alicia Zavala Calahorrano Ph.D de la Universidad Técnica de Ambato por su guía a lo largo de toda de la redacción
y publicación de este artículo.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 71 - 79 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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• Mayra Arguello-Rosillo
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 71 - 79 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 31/08/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 08/12/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 80 - 87 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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En Venezuela el diagnóstico se ha venido realizando mayormente con los resultados obtenidos en las pruebas rápidas, ocasio-
nando un sesgo desde el punto de vista diagnóstico (Carrero, 2020). En este sentido, los casos confirmados deben ser
reportados de acuerdo con los resultados de las RT-PCR realizadas y no tomando en cuenta las pruebas rápidas. Un resultado
positivo en las pruebas rápidas de detección de| anticuerpos para la COVID-19, lo que realmente indica es que la persona
estuvo en contacto con el virus, mientras que la prueba RT-PCR, detecta ARN del virus, y si el resultado es positivo esto
indica que el paciente tiene el SARS-CoV-2, en algunos casos aun cuando no se ha producido la respuesta inmune específica
mediante el desarrollo de anticuerpos o incluso que la cantidad de estos es insuficiente para poder ser detectados (Oletta y
Walter, 2020).
El 23 de mayo de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, informó que en
Venezuela se han realizado un total de 16.577 pruebas de RT-PCR, correspondiente a un 2,37% del total de pruebas aplicadas
en el país para diagnosticar la presencia del nuevo coronavirus (Souquett, 2020). Para el 4 de agosto de 2020 se han realizado
un total de 52.042 test por millón de habitantes poniendo a Venezuela como el segundo país del continente americano en
números de pruebas para el diagnóstico de la COVID-19 realizadas (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y
Control del Coronavirus, 2020), pero al mismo tiempo se ubica en el país con menor número de pruebas moleculares realiza-
da, cuando se compara con otros países de Sur América.
Hasta el 4 de agosto de 2020 no hay información actualizada sobre el número de pruebas de RT-PCR realizadas y el número
de casos confirmados, solo se tiene el reporte de las pruebas rápidas realizadas con un total de 1.561.272, según la Comisión
Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus. La realización de pruebas de RT-PCR, hace que los
reportes de casos de cada país sean más confiables, permite identificar un mayor número de personas infectadas con síntomas,
teniendo una estimación más precisa de la magnitud de la epidemia y disminuye el sesgo de solo estar identificando los asinto-
máticos y personas mayores. Según datos aportados por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del
Coronavirus se ha reportado hasta el 4 de agosto de 2020 un total de 21.438 casos, de los cuales 12.977 masculinos 61% y
8.461 femeninos 39%. Casos activos 9.376, 11.875 recuperados y 187 fallecidos. Dentro de los primeros 5 estados con el
mayor número de casos están: Distrito Capital (5.015), Zulia (3.684), Miranda (2.703), Apure (2.008) seguido de Bolívar
(1.398) (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus, 2020).
La pandemia, no sólo encuentra a un país profundamente debilitado con un sistema sanitario destruido, una población en
medio de una emergencia humanitaria compleja y un deterioro importante en la calidad de vida, pobreza extrema, desnutri-
ción, limitado acceso a los servicios básicos como: agua, luz, gas, combustible, empleo y una caída del precio del petróleo,
sino que además esta pandemia puede tener una mayor tasa de letalidad de la enfermedad en Venezuela por la presencia de
todos estos factores que agravan las condiciones de los enfermos y el panorama actual de la pandemia en el país. Venezuela
a pesar del relativo aislamiento en el que ya se encuentra, es un potencial punto de distribución de la pandemia, esto basado
en el hecho de que tiene una amplia y fácilmente penetrable frontera con Brasil y Colombia y su conexión con el Caribe, que,
a pesar de estar sus fronteras cerradas, el intercambio de personas de forma ilegal se sigue manteniendo.
Resulta necesario e imprescindible, planificar las nuevas acciones de comunicación y orientación a la población, sobre todo
en este momento cuando está en pleno desarrollo de la fase expansiva de la epidemia, tiempo en que se acentuarán las penu-
rias, barreras y privaciones de las personas para la disponibilidad de bienes esenciales, el desarrollo de la vida normal, y el
acceso a los servicios de salud, indispensables para las personas afectadas por la pandemia y a la vez garantizar la atención
de las personas afectadas por otras causas, que también demandan servicios de atención.
Se realizó por medio de una búsqueda sistemática entre los meses marzo y agosto de 2020, en la cual se incluyeron artículos
científicos, boletines epidemiológicos, artículos en prensa e información correspondiente al comportamiento epidemiológico
de la COVID-19 en Venezuela, medidas aplicadas por el gobierno venezolano frente al coronavirus, aspectos relacionados
con la tasa de incidencia acumulada de casos confirmados según la prueba de reacción en cadena de polimerasa [PCR] y
pruebas rápidas, para el territorio nacional y entidad federal, caracterización epidemiológica de los casos confirmados de la
COVID-19 según edad y sexo, número de fallecidos y recuperados y sobre las condiciones socioeconómicas actuales que
tiene el país para enfrentar esta pandemia.
Enfermedad por coronavirus (COVID-19)
La pandemia actual de la COVID-19 representa una crisis de salud mundial aguda y de rápido desarrollo, declarada el 11 de
marzo de 2020 por la OMS. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN perteneciente al género Betacoronavirus, forma parte de las
7 especies de coronavirus que pueden causar infección en los humanos y está estrechamente relacionado con otros coronavi-
rus considerados altamente patogénicos dado que comparte información genética con el virus causante del síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), ambos son de origen zoonótico (León et al., 2020; Millán-Oñate et al., 2020;
Yang et al., 2020); en la última década se han reportado brotes de estos dos importantes coronavirus, los cuales se han caracte-
rizado ser una gran amenaza para la salud pública (Baharoon y Memish, 2019; Rothan y Byrareddy, 2020).
De acuerdo con la OMS, los signos característicos de la COVID-19 son fiebre, tos seca y fatiga; adicionalmente, se han repor-
tado síntomas como dificultad para respirar, dolores, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto o el olfato. Con
menos frecuencia se presentan síntomas como náuseas, vómitos y diarrea (Guan et al., 2020). Según Menni et al. (2020),
alrededor del 80% de los infectados presentan síntomas leves o ausencia de los mismos (asintomáticos) y generalmente no
requieren tratamiento hospitalario; otro 15% desarrolla enfermedad moderada o grave, como neumonía, edema pulmonar,
síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica múltiple o incluso la muerte (Li et al., 2020; Pierre y Harrisc,
2020; WHO, 2020;), requiriendo asistencia avanzada, en muchos casos con apoyo ventilatorio y cuidados intensivos. La
letalidad por esta enfermedad fluctúa entre 4% y 6%, con un riesgo incrementado de complicarse o morir en los casos de
personas infectadas en edades avanzadas y que además tengan enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes,
cáncer y cardiopatías (Flint y Tahrani, 2020; Rodacki, 2020; Zhou et al., 2020; Yang et al., 2020). La OMS anunció que la
COVID-19 debería caracterizarse como una nueva enfermedad pandémica (Gudbjartsson et al., 2020).
De Lusignan et al. (2020), en su estudio realizado entre la población general encontraron evidencia de posibles factores socio-
demográficos asociados con una prueba de SARSCoV- 2 positiva como: edad avanzada, el sexo masculino, habitar en zonas
menos favorecidas, vivir en un área densamente poblada, raza negra, la obesidad y la enfermedad renal crónica, exceptuando
el tabaquismo. Sin embargo, se reconoce la necesidad de mayores estudios para dilucidar con mayor robustez los resultados.
La susceptibilidad al virus es general, debido a que se trata de un agente infeccioso nuevo para el humano y su comportamien-
to se está evaluando continuamente a fin de identificar los factores de riesgo o de protección inherentes a la infección; en la
actualidad, se encuentran en curso estudios de investigación para el desarrollo de vacunas que prevengan el contagio o de
medicamentos que contengan la historia natural de la enfermedad en el hombre. Al ser una enfermedad transmisible por la vía
aérea, la aplicación de medidas de control para limitar la transmisión es bastante compleja, ya que van desde la recomenda-
ción de uso de mascarilla hasta la restricción de viajes y comercio internacional, pasando por cuarentena masiva, aislamiento
estricto de casos confirmados, entre otras (Sánchez et al., 2020).
COVID-19 en Venezuela
A raíz de la declaración realizada por el director de la OMS, el 30 de enero de 2020, algunos países latinoamericanos comenzaron
a tomar previsiones e implementar medidas extraordinarias de seguridad y salud pública ante el posible arribo de la enfermedad
a sus territorios. El virus entra a Venezuela el 13 de marzo de 2020, donde las autoridades reportaron los dos primeros casos
que resultaron ser importados y en función de esa información, se sumó como uno de los últimos países de América Latina
en reportar casos de infectados y declarar estado de alarma nacional (Olmo, 2020). El 21 de marzo se reportó la primera
muerte a consecuencia de la enfermedad (Reuters, 2020). Posteriormente se detectó y reportó un caso importado que presentaba
síntomas desde el 29 de febrero de 2020 (Fermín, 2020). Se cree que la primera persona portadora del virus ingresó al país el
25 de febrero de 2020 (Souquett, 2020).
Las autoridades venezolanas comenzaron a realizar protocolos para contener la enfermedad como: suspensión de vuelos
nacionales e internacionales, cuarentena social extendida a todo el país y cierre de frontera con Colombia y Brasil. Sin embargo,
a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando y todas las medidas sanitarias implementadas, la cantidad de
contagios y la rápida propagación del virus siguen en ascenso, poniendo actualmente al país en cuarentena radical. En el país
no hay información precisa con respecto al número de casos importados y a los que tiene relación con estos, tampoco con los
considerados casos propios debido a brotes o cadenas de transmisión comunitaria, a partir de casos de origen desconocido, lo
cual hace que aumente la dificultad para la contención. Es de hacer notar las inconsistencias, limitaciones y contradicciones
de los datos ofrecidos por los voceros oficiales, y la ausencia de un boletín epidemiológico periódico, que permita analizar los
datos con detalle. Otra situación que se ha suscitado en el país es que se desconoce el número actualizado de casos sospechosos
o probables, así como lo recomienda la OMS-OPS y cuántos han sido descartados mediante pruebas moleculares (Souquett,
2020). Desde diciembre de 2016 fue restringido de forma arbitraria el acceso a los datos oficiales epidemiológicos, situación
que se ha mantenido hasta la actualidad (Oletta y Walter, 2020).
El diagnóstico de la enfermedad ha tenido una limitada capacidad y sigue siendo insuficiente cuando se ve que el número de
casos aumenta diariamente, para explicar el pobre desempeño en la realización de pruebas confirmatorias en el país, es necesario
mencionar que se dispone de un solo laboratorio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel [INHRR]
ubicado en la ciudad capital, autorizado para el procesamiento de las muestras a través de pruebas moleculares [RT-PCR], cuya
capacidad es alrededor de 100 a 200 pruebas diarias (Oletta y Walter, 2020), aunado al tiempo que tarda en llegar la muestra al
laboratorio, retraso en la entrega de los resultados, las dificultades para la preservación de las mismas, bajo condiciones de
refrigeración, durante el transporte, lo que contribuye a riesgos de daño y extravío del material. Todo esto trae como consecuen-
cia perjuicios para el paciente, en cuanto a la aplicación temprana del protocolo de fármacos que han establecido las autoridades
de salud, poniendo en riesgo la vida de este, por lo que se hace necesario mejorar la estrategia de control del virus para detectar
los casos y sus contactos de forma eficaz y oportuna.
Es importante conocer de forma diaria el número de pruebas de RT-PCR con el propósito de poder calcular la tasa de positivos
y de utilizar este indicador para seguir el comportamiento de la epidemia, pero hasta ahora en Venezuela se eligió erradamente
la utilización de las pruebas rápidas, basadas en la determinación serológica de anticuerpos, sin embargo, esta medida que no ha
sido recomendada por la OMS ya que estas pruebas no han sido suficientemente validadas (WHO, 2020). Es bien sabido como
se hace con otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que las pruebas serológicas, suelen ser útil para estudios de
seroprevalencia, por lo que pueden ser usadas después de la pandemia. Sin embargo, hasta ahora los únicos datos confiables que
se tienen a cerca de los casos confirmados por RT-PCR son los reportados por Sánchez et al. (2020), en un estudio realizado entre
el 21 de febrero hasta el 22 de junio de 2020 donde se obtuvo un total 4.014 casos confirmados considerados importados de otros
países, principalmente de Colombia (65%), Brasil (19%), Perú y Ecuador (4% cada uno), de 39.328 muestras recibidas para
investigación de casos sospechosos en el INHRR procedentes de todas las entidades geográficas de Venezuela para diagnóstico
por RT-PCR.
• Jennifer Gotera
• Johan Linares
COVID -19. LA PANDEMIA EN VENEZUELA
COVID -19. THE PANDEMIC IN VENEZUELA
RESUMEN
En China a principios de diciembre de 2019 fueron identificados los primeros casos de neumonía de etiología desconocida, en
la ciudad de Wuhan. Posteriormente se identificó que el causante de esta infección era un tipo de coronavirus, al cual se
denominó SARS-CoV-2, y a la enfermedad que produce COVID-19. Actualmente el continente americano es el más afectado
y Venezuela no escapa de la realidad mundial. Después de la confirmación de los primeros casos en el país, el Ministerio del
Poder Popular para la Salud [MPPS] por medio de la base de datos del Sistema Único de Información en Salud [SUIS],
manifestó una estabilidad en la incidencia de los casos hasta mediados del mes de mayo de 2020, cuando la curva de casos
confirmados presentó un cambio abrupto, esto relacionado en su mayoría con casos importados provenientes de países vecinos.
El virus afecta principalmente a las personas menores de 40 años, con una proporción importante de casos asintomáticos y una
baja tasa de mortalidad por esta enfermedad en Venezuela. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados y las medidas
sanitarias implementadas, la cantidad de contagios y la rápida propagación del virus siguen en ascenso. Esta investigación
analizará la situación de la COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela, lo que permitirá conocer cómo está afectando
esta nueva enfermedad a la población del país.
Palabras claves: COVID-19, Venezuela, pandemia, virus, SARS-CoV-2.
ABSTRACT
In China in the beginning of December 2019, the first cases of pneumonia of unknown etiology were identified in the city of
Wuhan. Subsequently, it was discovered that the cause of this infection was a type of coronavirus, called SARS-CoV-2, and
COVID-19 the disease that it produces. Currently, the American continent is the most affected, and Venezuela does not escape
the world reality. After the confirmation of the first cases in the country, the Ministry of Popular Power for Health [MPPS],
through the database of the Unified Health Information System [SUIS], expressed stability in the incidence of cases until the
middle of May 2020, when the curve of confirmed cases presented an abrupt change, this mostly related to imported cases
from neighboring countries. The virus mainly affects people under 40, with a significant proportion of asymptomatic cases
and a low mortality rate in Venezuela. However, despite all the efforts made and the health measures implemented, the
number of infections and the rapid spread of the virus continue to rise. This research will analyze the situation of COVID-19
in the Bolivarian Republic of Venezuela, which will allow us to know how this new disease is affecting the population of the
country.
Key words: COVID-19, Venezuela, pandemic, virus, SARS-CoV-2.
INTRODUCCIÓN
Una de las mayores amenazas para la humanidad es la aparición de un virus pandémico. Es bien sabido que el virus de la
influenza y coronavirus son aquellos con el mayor potencial para que se produzca tal evento. En China a principios de diciem-
bre de 2019 fueron identificados los primeros casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan,
epidemiológicamente todos tenían una exposición compartida en el mercado mayorista de mariscos donde también se
vendían animales de granja, murciélagos y serpientes (Biscayart et al., 2020; Cuartas et al., 2020; Zhu et al., 2020). Se identi-
ficó que el causante de esta infección era generado por el coronavirus, denominado SARS-CoV-2, llamada enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19), nombre oficial que anuncio la Organización Mundial de la Salud [OMS] el 22 de febrero de
2020 (León et al., 2020; Li et al., 2020).
Para el 11 de marzo del mismo año se reconoció la situación de la enfermedad como pandemia, debido a su rápida y fácil
transmisión, la cantidad de casos, mortalidad observada y su expansión a nivel mundial (OMS, 2020). Hasta principios del
mes de agosto (3 de agosto 2020), a nivel mundial se han registrado un total de 18.506.901 casos confirmados, con 700.784
muertes, siendo actualmente el continente americano el más afectado con 5.129.680 casos en total (BBC mundo, 2020).
Según los reportes de la OMS el primer caso que se reportó en América fue el 23 de enero en USA y en Latinoamérica el 27
de febrero en Brasil; y para la fecha USA es el más afectado con 4.070.480 casos confirmados, seguido de Brasil con
2.287.475 casos confirmados (Johns Hopkins University, 2020; Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada,
2020; Consórcio de veículos de imprensa, 2020). Venezuela no escapa de la realidad mundial, esta pandemia de COVID-19
se ha expandido en todo su territorio nacional (MPPS, 2020).
Después de la confirmación de los primeros casos en el país, el Ministerio del Poder Popular para la Salud [MPPS] por medio
de la base de datos del Sistema Único de Información en Salud [SUIS], manifestó una estabilidad en la incidencia de los casos
hasta mediados del mes de mayo de 2020, cuando la curva de casos confirmados presentó un cambio abrupto, esto relaciona-
do en su mayoría con casos importados provenientes de países vecinos. Desde la llegada de la pandemia a Venezuela, la
información actualizada sobre el coronavirus, pruebas realizadas, tasa de recuperados y fallecidos, entre otros, es limitada,
debido a que los portales web no dan la opción de descargar los datos correspondientes, muchos menos de realizar búsquedas
dinámicas o acceder a un portal de datos abiertos, por lo que dicha información solo se obtiene a través de noticias mostradas
en medios públicos y privados o acceder a portales que en su mayoría no tienen nada que ver con el MPPS, donde solo se
recopilan aspectos en forma de notas periodísticas, lo cual, esto ha traído como consecuencia contradicciones, divergencias,
poca transparencia en las cifras e incluso los datos se reportan de forma tardía debido a que la confirmación del diagnóstico
no se hace de forma oportuna.
La COVID-19 en Venezuela es mucho más que una crisis de salud. Hoy en día ha tenido el potencial de aumentar la crisis
social, económica y política, que ya existe en el país. Con América convertida en el epicentro mundial, mientras la vecina
Brasil y otros países latinoamericanos transitan hacia la cima de su curva de mayores contagios, Venezuela ha evitado de
momento un estallido que muchos expertos consideran inevitable, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo
como consecuencia del confinamiento de la población en las fases iniciales del contagio, sin embargo, en este momento no
parece factible que la epidemia detenga su avance, en los últimos días la estadística venezolana de contagios ha comenzado a
aumentar de forma rápida. En realidad, no importa en qué región o país del mundo, si es uno o son dos millones. Cada enfer-
mo, cada muerte, cada recuperación cuenta.
Esta investigación plantea como objetivo analizar la situación de la COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela,
dado que como esta enfermedad es nueva tanto en su aparición como en sus aspectos clínicos, permitirá conocer cómo está
afectando a la población del país.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
Jennifer Gotera ; Johan Linares
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Universidad del Zulia- Venezuela, Departamento de Salud Pública y Social. Escuela de Bioanálisis.
Facultad de Medicina, Zulia- Venezuela, E-mail: jennifergotera@hotmail.com
Universidad del Zulia- Venezuela, Departamento de Ciencias Morfológicas. Escuela de Medicina.
Facultad de Medicina, Zulia- Venezuela, E-mail: drjohanlinaresccv@gmail.com
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 80 - 87 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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En Venezuela el diagnóstico se ha venido realizando mayormente con los resultados obtenidos en las pruebas rápidas, ocasio-
nando un sesgo desde el punto de vista diagnóstico (Carrero, 2020). En este sentido, los casos confirmados deben ser
reportados de acuerdo con los resultados de las RT-PCR realizadas y no tomando en cuenta las pruebas rápidas. Un resultado
positivo en las pruebas rápidas de detección de| anticuerpos para la COVID-19, lo que realmente indica es que la persona
estuvo en contacto con el virus, mientras que la prueba RT-PCR, detecta ARN del virus, y si el resultado es positivo esto
indica que el paciente tiene el SARS-CoV-2, en algunos casos aun cuando no se ha producido la respuesta inmune específica
mediante el desarrollo de anticuerpos o incluso que la cantidad de estos es insuficiente para poder ser detectados (Oletta y
Walter, 2020).
El 23 de mayo de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, informó que en
Venezuela se han realizado un total de 16.577 pruebas de RT-PCR, correspondiente a un 2,37% del total de pruebas aplicadas
en el país para diagnosticar la presencia del nuevo coronavirus (Souquett, 2020). Para el 4 de agosto de 2020 se han realizado
un total de 52.042 test por millón de habitantes poniendo a Venezuela como el segundo país del continente americano en
números de pruebas para el diagnóstico de la COVID-19 realizadas (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y
Control del Coronavirus, 2020), pero al mismo tiempo se ubica en el país con menor número de pruebas moleculares realiza-
da, cuando se compara con otros países de Sur América.
Hasta el 4 de agosto de 2020 no hay información actualizada sobre el número de pruebas de RT-PCR realizadas y el número
de casos confirmados, solo se tiene el reporte de las pruebas rápidas realizadas con un total de 1.561.272, según la Comisión
Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus. La realización de pruebas de RT-PCR, hace que los
reportes de casos de cada país sean más confiables, permite identificar un mayor número de personas infectadas con síntomas,
teniendo una estimación más precisa de la magnitud de la epidemia y disminuye el sesgo de solo estar identificando los asinto-
máticos y personas mayores. Según datos aportados por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del
Coronavirus se ha reportado hasta el 4 de agosto de 2020 un total de 21.438 casos, de los cuales 12.977 masculinos 61% y
8.461 femeninos 39%. Casos activos 9.376, 11.875 recuperados y 187 fallecidos. Dentro de los primeros 5 estados con el
mayor número de casos están: Distrito Capital (5.015), Zulia (3.684), Miranda (2.703), Apure (2.008) seguido de Bolívar
(1.398) (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus, 2020).
La pandemia, no sólo encuentra a un país profundamente debilitado con un sistema sanitario destruido, una población en
medio de una emergencia humanitaria compleja y un deterioro importante en la calidad de vida, pobreza extrema, desnutri-
ción, limitado acceso a los servicios básicos como: agua, luz, gas, combustible, empleo y una caída del precio del petróleo,
sino que además esta pandemia puede tener una mayor tasa de letalidad de la enfermedad en Venezuela por la presencia de
todos estos factores que agravan las condiciones de los enfermos y el panorama actual de la pandemia en el país. Venezuela
a pesar del relativo aislamiento en el que ya se encuentra, es un potencial punto de distribución de la pandemia, esto basado
en el hecho de que tiene una amplia y fácilmente penetrable frontera con Brasil y Colombia y su conexión con el Caribe, que,
a pesar de estar sus fronteras cerradas, el intercambio de personas de forma ilegal se sigue manteniendo.
Resulta necesario e imprescindible, planificar las nuevas acciones de comunicación y orientación a la población, sobre todo
en este momento cuando está en pleno desarrollo de la fase expansiva de la epidemia, tiempo en que se acentuarán las penu-
rias, barreras y privaciones de las personas para la disponibilidad de bienes esenciales, el desarrollo de la vida normal, y el
acceso a los servicios de salud, indispensables para las personas afectadas por la pandemia y a la vez garantizar la atención
de las personas afectadas por otras causas, que también demandan servicios de atención.
Se realizó por medio de una búsqueda sistemática entre los meses marzo y agosto de 2020, en la cual se incluyeron artículos
científicos, boletines epidemiológicos, artículos en prensa e información correspondiente al comportamiento epidemiológico
de la COVID-19 en Venezuela, medidas aplicadas por el gobierno venezolano frente al coronavirus, aspectos relacionados
con la tasa de incidencia acumulada de casos confirmados según la prueba de reacción en cadena de polimerasa [PCR] y
pruebas rápidas, para el territorio nacional y entidad federal, caracterización epidemiológica de los casos confirmados de la
COVID-19 según edad y sexo, número de fallecidos y recuperados y sobre las condiciones socioeconómicas actuales que
tiene el país para enfrentar esta pandemia.
Enfermedad por coronavirus (COVID-19)
La pandemia actual de la COVID-19 representa una crisis de salud mundial aguda y de rápido desarrollo, declarada el 11 de
marzo de 2020 por la OMS. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN perteneciente al género Betacoronavirus, forma parte de las
7 especies de coronavirus que pueden causar infección en los humanos y está estrechamente relacionado con otros coronavi-
rus considerados altamente patogénicos dado que comparte información genética con el virus causante del síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), ambos son de origen zoonótico (León et al., 2020; Millán-Oñate et al., 2020;
Yang et al., 2020); en la última década se han reportado brotes de estos dos importantes coronavirus, los cuales se han caracte-
rizado ser una gran amenaza para la salud pública (Baharoon y Memish, 2019; Rothan y Byrareddy, 2020).
De acuerdo con la OMS, los signos característicos de la COVID-19 son fiebre, tos seca y fatiga; adicionalmente, se han repor-
tado síntomas como dificultad para respirar, dolores, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto o el olfato. Con
menos frecuencia se presentan síntomas como náuseas, vómitos y diarrea (Guan et al., 2020). Según Menni et al. (2020),
alrededor del 80% de los infectados presentan síntomas leves o ausencia de los mismos (asintomáticos) y generalmente no
requieren tratamiento hospitalario; otro 15% desarrolla enfermedad moderada o grave, como neumonía, edema pulmonar,
síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica múltiple o incluso la muerte (Li et al., 2020; Pierre y Harrisc,
2020; WHO, 2020;), requiriendo asistencia avanzada, en muchos casos con apoyo ventilatorio y cuidados intensivos. La
letalidad por esta enfermedad fluctúa entre 4% y 6%, con un riesgo incrementado de complicarse o morir en los casos de
personas infectadas en edades avanzadas y que además tengan enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes,
cáncer y cardiopatías (Flint y Tahrani, 2020; Rodacki, 2020; Zhou et al., 2020; Yang et al., 2020). La OMS anunció que la
COVID-19 debería caracterizarse como una nueva enfermedad pandémica (Gudbjartsson et al., 2020).
De Lusignan et al. (2020), en su estudio realizado entre la población general encontraron evidencia de posibles factores socio-
demográficos asociados con una prueba de SARSCoV- 2 positiva como: edad avanzada, el sexo masculino, habitar en zonas
menos favorecidas, vivir en un área densamente poblada, raza negra, la obesidad y la enfermedad renal crónica, exceptuando
el tabaquismo. Sin embargo, se reconoce la necesidad de mayores estudios para dilucidar con mayor robustez los resultados.
La susceptibilidad al virus es general, debido a que se trata de un agente infeccioso nuevo para el humano y su comportamien-
to se está evaluando continuamente a fin de identificar los factores de riesgo o de protección inherentes a la infección; en la
actualidad, se encuentran en curso estudios de investigación para el desarrollo de vacunas que prevengan el contagio o de
medicamentos que contengan la historia natural de la enfermedad en el hombre. Al ser una enfermedad transmisible por la vía
aérea, la aplicación de medidas de control para limitar la transmisión es bastante compleja, ya que van desde la recomenda-
ción de uso de mascarilla hasta la restricción de viajes y comercio internacional, pasando por cuarentena masiva, aislamiento
estricto de casos confirmados, entre otras (Sánchez et al., 2020).
COVID-19 en Venezuela
A raíz de la declaración realizada por el director de la OMS, el 30 de enero de 2020, algunos países latinoamericanos comenzaron
a tomar previsiones e implementar medidas extraordinarias de seguridad y salud pública ante el posible arribo de la enfermedad
a sus territorios. El virus entra a Venezuela el 13 de marzo de 2020, donde las autoridades reportaron los dos primeros casos
que resultaron ser importados y en función de esa información, se sumó como uno de los últimos países de América Latina
en reportar casos de infectados y declarar estado de alarma nacional (Olmo, 2020). El 21 de marzo se reportó la primera
muerte a consecuencia de la enfermedad (Reuters, 2020). Posteriormente se detectó y reportó un caso importado que presentaba
síntomas desde el 29 de febrero de 2020 (Fermín, 2020). Se cree que la primera persona portadora del virus ingresó al país el
25 de febrero de 2020 (Souquett, 2020).
Las autoridades venezolanas comenzaron a realizar protocolos para contener la enfermedad como: suspensión de vuelos
nacionales e internacionales, cuarentena social extendida a todo el país y cierre de frontera con Colombia y Brasil. Sin embargo,
a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando y todas las medidas sanitarias implementadas, la cantidad de
contagios y la rápida propagación del virus siguen en ascenso, poniendo actualmente al país en cuarentena radical. En el país
no hay información precisa con respecto al número de casos importados y a los que tiene relación con estos, tampoco con los
considerados casos propios debido a brotes o cadenas de transmisión comunitaria, a partir de casos de origen desconocido, lo
cual hace que aumente la dificultad para la contención. Es de hacer notar las inconsistencias, limitaciones y contradicciones
de los datos ofrecidos por los voceros oficiales, y la ausencia de un boletín epidemiológico periódico, que permita analizar los
datos con detalle. Otra situación que se ha suscitado en el país es que se desconoce el número actualizado de casos sospechosos
o probables, así como lo recomienda la OMS-OPS y cuántos han sido descartados mediante pruebas moleculares (Souquett,
2020). Desde diciembre de 2016 fue restringido de forma arbitraria el acceso a los datos oficiales epidemiológicos, situación
que se ha mantenido hasta la actualidad (Oletta y Walter, 2020).
El diagnóstico de la enfermedad ha tenido una limitada capacidad y sigue siendo insuficiente cuando se ve que el número de
casos aumenta diariamente, para explicar el pobre desempeño en la realización de pruebas confirmatorias en el país, es necesario
mencionar que se dispone de un solo laboratorio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel [INHRR]
ubicado en la ciudad capital, autorizado para el procesamiento de las muestras a través de pruebas moleculares [RT-PCR], cuya
capacidad es alrededor de 100 a 200 pruebas diarias (Oletta y Walter, 2020), aunado al tiempo que tarda en llegar la muestra al
laboratorio, retraso en la entrega de los resultados, las dificultades para la preservación de las mismas, bajo condiciones de
refrigeración, durante el transporte, lo que contribuye a riesgos de daño y extravío del material. Todo esto trae como consecuen-
cia perjuicios para el paciente, en cuanto a la aplicación temprana del protocolo de fármacos que han establecido las autoridades
de salud, poniendo en riesgo la vida de este, por lo que se hace necesario mejorar la estrategia de control del virus para detectar
los casos y sus contactos de forma eficaz y oportuna.
Es importante conocer de forma diaria el número de pruebas de RT-PCR con el propósito de poder calcular la tasa de positivos
y de utilizar este indicador para seguir el comportamiento de la epidemia, pero hasta ahora en Venezuela se eligió erradamente
la utilización de las pruebas rápidas, basadas en la determinación serológica de anticuerpos, sin embargo, esta medida que no ha
sido recomendada por la OMS ya que estas pruebas no han sido suficientemente validadas (WHO, 2020). Es bien sabido como
se hace con otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que las pruebas serológicas, suelen ser útil para estudios de
seroprevalencia, por lo que pueden ser usadas después de la pandemia. Sin embargo, hasta ahora los únicos datos confiables que
se tienen a cerca de los casos confirmados por RT-PCR son los reportados por Sánchez et al. (2020), en un estudio realizado entre
el 21 de febrero hasta el 22 de junio de 2020 donde se obtuvo un total 4.014 casos confirmados considerados importados de otros
países, principalmente de Colombia (65%), Brasil (19%), Perú y Ecuador (4% cada uno), de 39.328 muestras recibidas para
investigación de casos sospechosos en el INHRR procedentes de todas las entidades geográficas de Venezuela para diagnóstico
por RT-PCR.
ARTÍCULO RECIBIDO: 28/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 20/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
INTRODUCCIÓN
Una de las mayores amenazas para la humanidad es la aparición de un virus pandémico. Es bien sabido que el virus de la
influenza y coronavirus son aquellos con el mayor potencial para que se produzca tal evento. En China a principios de diciem-
bre de 2019 fueron identificados los primeros casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan,
epidemiológicamente todos tenían una exposición compartida en el mercado mayorista de mariscos donde también se
vendían animales de granja, murciélagos y serpientes (Biscayart et al., 2020; Cuartas et al., 2020; Zhu et al., 2020). Se identi-
ficó que el causante de esta infección era generado por el coronavirus, denominado SARS-CoV-2, llamada enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19), nombre oficial que anuncio la Organización Mundial de la Salud [OMS] el 22 de febrero de
2020 (León et al., 2020; Li et al., 2020).
Para el 11 de marzo del mismo año se reconoció la situación de la enfermedad como pandemia, debido a su rápida y fácil
transmisión, la cantidad de casos, mortalidad observada y su expansión a nivel mundial (OMS, 2020). Hasta principios del
mes de agosto (3 de agosto 2020), a nivel mundial se han registrado un total de 18.506.901 casos confirmados, con 700.784
muertes, siendo actualmente el continente americano el más afectado con 5.129.680 casos en total (BBC mundo, 2020).
Según los reportes de la OMS el primer caso que se reportó en América fue el 23 de enero en USA y en Latinoamérica el 27
de febrero en Brasil; y para la fecha USA es el más afectado con 4.070.480 casos confirmados, seguido de Brasil con
2.287.475 casos confirmados (Johns Hopkins University, 2020; Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada,
2020; Consórcio de veículos de imprensa, 2020). Venezuela no escapa de la realidad mundial, esta pandemia de COVID-19
se ha expandido en todo su territorio nacional (MPPS, 2020).
Después de la confirmación de los primeros casos en el país, el Ministerio del Poder Popular para la Salud [MPPS] por medio
de la base de datos del Sistema Único de Información en Salud [SUIS], manifestó una estabilidad en la incidencia de los casos
hasta mediados del mes de mayo de 2020, cuando la curva de casos confirmados presentó un cambio abrupto, esto relaciona-
do en su mayoría con casos importados provenientes de países vecinos. Desde la llegada de la pandemia a Venezuela, la
información actualizada sobre el coronavirus, pruebas realizadas, tasa de recuperados y fallecidos, entre otros, es limitada,
debido a que los portales web no dan la opción de descargar los datos correspondientes, muchos menos de realizar búsquedas
dinámicas o acceder a un portal de datos abiertos, por lo que dicha información solo se obtiene a través de noticias mostradas
en medios públicos y privados o acceder a portales que en su mayoría no tienen nada que ver con el MPPS, donde solo se
recopilan aspectos en forma de notas periodísticas, lo cual, esto ha traído como consecuencia contradicciones, divergencias,
poca transparencia en las cifras e incluso los datos se reportan de forma tardía debido a que la confirmación del diagnóstico
no se hace de forma oportuna.
La COVID-19 en Venezuela es mucho más que una crisis de salud. Hoy en día ha tenido el potencial de aumentar la crisis
social, económica y política, que ya existe en el país. Con América convertida en el epicentro mundial, mientras la vecina
Brasil y otros países latinoamericanos transitan hacia la cima de su curva de mayores contagios, Venezuela ha evitado de
momento un estallido que muchos expertos consideran inevitable, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo
como consecuencia del confinamiento de la población en las fases iniciales del contagio, sin embargo, en este momento no
parece factible que la epidemia detenga su avance, en los últimos días la estadística venezolana de contagios ha comenzado a
aumentar de forma rápida. En realidad, no importa en qué región o país del mundo, si es uno o son dos millones. Cada enfer-
mo, cada muerte, cada recuperación cuenta.
Esta investigación plantea como objetivo analizar la situación de la COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela,
dado que como esta enfermedad es nueva tanto en su aparición como en sus aspectos clínicos, permitirá conocer cómo está
afectando a la población del país.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
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En Venezuela el diagnóstico se ha venido realizando mayormente con los resultados obtenidos en las pruebas rápidas, ocasio-
nando un sesgo desde el punto de vista diagnóstico (Carrero, 2020). En este sentido, los casos confirmados deben ser
reportados de acuerdo con los resultados de las RT-PCR realizadas y no tomando en cuenta las pruebas rápidas. Un resultado
positivo en las pruebas rápidas de detección de| anticuerpos para la COVID-19, lo que realmente indica es que la persona
estuvo en contacto con el virus, mientras que la prueba RT-PCR, detecta ARN del virus, y si el resultado es positivo esto
indica que el paciente tiene el SARS-CoV-2, en algunos casos aun cuando no se ha producido la respuesta inmune específica
mediante el desarrollo de anticuerpos o incluso que la cantidad de estos es insuficiente para poder ser detectados (Oletta y
Walter, 2020).
El 23 de mayo de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, informó que en
Venezuela se han realizado un total de 16.577 pruebas de RT-PCR, correspondiente a un 2,37% del total de pruebas aplicadas
en el país para diagnosticar la presencia del nuevo coronavirus (Souquett, 2020). Para el 4 de agosto de 2020 se han realizado
un total de 52.042 test por millón de habitantes poniendo a Venezuela como el segundo país del continente americano en
números de pruebas para el diagnóstico de la COVID-19 realizadas (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y
Control del Coronavirus, 2020), pero al mismo tiempo se ubica en el país con menor número de pruebas moleculares realiza-
da, cuando se compara con otros países de Sur América.
Hasta el 4 de agosto de 2020 no hay información actualizada sobre el número de pruebas de RT-PCR realizadas y el número
de casos confirmados, solo se tiene el reporte de las pruebas rápidas realizadas con un total de 1.561.272, según la Comisión
Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus. La realización de pruebas de RT-PCR, hace que los
reportes de casos de cada país sean más confiables, permite identificar un mayor número de personas infectadas con síntomas,
teniendo una estimación más precisa de la magnitud de la epidemia y disminuye el sesgo de solo estar identificando los asinto-
máticos y personas mayores. Según datos aportados por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del
Coronavirus se ha reportado hasta el 4 de agosto de 2020 un total de 21.438 casos, de los cuales 12.977 masculinos 61% y
8.461 femeninos 39%. Casos activos 9.376, 11.875 recuperados y 187 fallecidos. Dentro de los primeros 5 estados con el
mayor número de casos están: Distrito Capital (5.015), Zulia (3.684), Miranda (2.703), Apure (2.008) seguido de Bolívar
(1.398) (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus, 2020).
La pandemia, no sólo encuentra a un país profundamente debilitado con un sistema sanitario destruido, una población en
medio de una emergencia humanitaria compleja y un deterioro importante en la calidad de vida, pobreza extrema, desnutri-
ción, limitado acceso a los servicios básicos como: agua, luz, gas, combustible, empleo y una caída del precio del petróleo,
sino que además esta pandemia puede tener una mayor tasa de letalidad de la enfermedad en Venezuela por la presencia de
todos estos factores que agravan las condiciones de los enfermos y el panorama actual de la pandemia en el país. Venezuela
a pesar del relativo aislamiento en el que ya se encuentra, es un potencial punto de distribución de la pandemia, esto basado
en el hecho de que tiene una amplia y fácilmente penetrable frontera con Brasil y Colombia y su conexión con el Caribe, que,
a pesar de estar sus fronteras cerradas, el intercambio de personas de forma ilegal se sigue manteniendo.
Resulta necesario e imprescindible, planificar las nuevas acciones de comunicación y orientación a la población, sobre todo
en este momento cuando está en pleno desarrollo de la fase expansiva de la epidemia, tiempo en que se acentuarán las penu-
rias, barreras y privaciones de las personas para la disponibilidad de bienes esenciales, el desarrollo de la vida normal, y el
acceso a los servicios de salud, indispensables para las personas afectadas por la pandemia y a la vez garantizar la atención
de las personas afectadas por otras causas, que también demandan servicios de atención.
• Jennifer Gotera
• Johan Linares
Se realizó por medio de una búsqueda sistemática entre los meses marzo y agosto de 2020, en la cual se incluyeron artículos
científicos, boletines epidemiológicos, artículos en prensa e información correspondiente al comportamiento epidemiológico
de la COVID-19 en Venezuela, medidas aplicadas por el gobierno venezolano frente al coronavirus, aspectos relacionados
con la tasa de incidencia acumulada de casos confirmados según la prueba de reacción en cadena de polimerasa [PCR] y
pruebas rápidas, para el territorio nacional y entidad federal, caracterización epidemiológica de los casos confirmados de la
COVID-19 según edad y sexo, número de fallecidos y recuperados y sobre las condiciones socioeconómicas actuales que
tiene el país para enfrentar esta pandemia.
Enfermedad por coronavirus (COVID-19)
La pandemia actual de la COVID-19 representa una crisis de salud mundial aguda y de rápido desarrollo, declarada el 11 de
marzo de 2020 por la OMS. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN perteneciente al género Betacoronavirus, forma parte de las
7 especies de coronavirus que pueden causar infección en los humanos y está estrechamente relacionado con otros coronavi-
rus considerados altamente patogénicos dado que comparte información genética con el virus causante del síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), ambos son de origen zoonótico (León et al., 2020; Millán-Oñate et al., 2020;
Yang et al., 2020); en la última década se han reportado brotes de estos dos importantes coronavirus, los cuales se han caracte-
rizado ser una gran amenaza para la salud pública (Baharoon y Memish, 2019; Rothan y Byrareddy, 2020).
De acuerdo con la OMS, los signos característicos de la COVID-19 son fiebre, tos seca y fatiga; adicionalmente, se han repor-
tado síntomas como dificultad para respirar, dolores, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto o el olfato. Con
menos frecuencia se presentan síntomas como náuseas, vómitos y diarrea (Guan et al., 2020). Según Menni et al. (2020),
alrededor del 80% de los infectados presentan síntomas leves o ausencia de los mismos (asintomáticos) y generalmente no
requieren tratamiento hospitalario; otro 15% desarrolla enfermedad moderada o grave, como neumonía, edema pulmonar,
síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica múltiple o incluso la muerte (Li et al., 2020; Pierre y Harrisc,
2020; WHO, 2020;), requiriendo asistencia avanzada, en muchos casos con apoyo ventilatorio y cuidados intensivos. La
letalidad por esta enfermedad fluctúa entre 4% y 6%, con un riesgo incrementado de complicarse o morir en los casos de
personas infectadas en edades avanzadas y que además tengan enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes,
cáncer y cardiopatías (Flint y Tahrani, 2020; Rodacki, 2020; Zhou et al., 2020; Yang et al., 2020). La OMS anunció que la
COVID-19 debería caracterizarse como una nueva enfermedad pandémica (Gudbjartsson et al., 2020).
De Lusignan et al. (2020), en su estudio realizado entre la población general encontraron evidencia de posibles factores socio-
demográficos asociados con una prueba de SARSCoV- 2 positiva como: edad avanzada, el sexo masculino, habitar en zonas
menos favorecidas, vivir en un área densamente poblada, raza negra, la obesidad y la enfermedad renal crónica, exceptuando
el tabaquismo. Sin embargo, se reconoce la necesidad de mayores estudios para dilucidar con mayor robustez los resultados.
La susceptibilidad al virus es general, debido a que se trata de un agente infeccioso nuevo para el humano y su comportamien-
to se está evaluando continuamente a fin de identificar los factores de riesgo o de protección inherentes a la infección; en la
actualidad, se encuentran en curso estudios de investigación para el desarrollo de vacunas que prevengan el contagio o de
medicamentos que contengan la historia natural de la enfermedad en el hombre. Al ser una enfermedad transmisible por la vía
aérea, la aplicación de medidas de control para limitar la transmisión es bastante compleja, ya que van desde la recomenda-
ción de uso de mascarilla hasta la restricción de viajes y comercio internacional, pasando por cuarentena masiva, aislamiento
estricto de casos confirmados, entre otras (Sánchez et al., 2020).
COVID-19 en Venezuela
A raíz de la declaración realizada por el director de la OMS, el 30 de enero de 2020, algunos países latinoamericanos comenzaron
a tomar previsiones e implementar medidas extraordinarias de seguridad y salud pública ante el posible arribo de la enfermedad
a sus territorios. El virus entra a Venezuela el 13 de marzo de 2020, donde las autoridades reportaron los dos primeros casos
que resultaron ser importados y en función de esa información, se sumó como uno de los últimos países de América Latina
en reportar casos de infectados y declarar estado de alarma nacional (Olmo, 2020). El 21 de marzo se reportó la primera
muerte a consecuencia de la enfermedad (Reuters, 2020). Posteriormente se detectó y reportó un caso importado que presentaba
síntomas desde el 29 de febrero de 2020 (Fermín, 2020). Se cree que la primera persona portadora del virus ingresó al país el
25 de febrero de 2020 (Souquett, 2020).
Las autoridades venezolanas comenzaron a realizar protocolos para contener la enfermedad como: suspensión de vuelos
nacionales e internacionales, cuarentena social extendida a todo el país y cierre de frontera con Colombia y Brasil. Sin embargo,
a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando y todas las medidas sanitarias implementadas, la cantidad de
contagios y la rápida propagación del virus siguen en ascenso, poniendo actualmente al país en cuarentena radical. En el país
no hay información precisa con respecto al número de casos importados y a los que tiene relación con estos, tampoco con los
considerados casos propios debido a brotes o cadenas de transmisión comunitaria, a partir de casos de origen desconocido, lo
cual hace que aumente la dificultad para la contención. Es de hacer notar las inconsistencias, limitaciones y contradicciones
de los datos ofrecidos por los voceros oficiales, y la ausencia de un boletín epidemiológico periódico, que permita analizar los
datos con detalle. Otra situación que se ha suscitado en el país es que se desconoce el número actualizado de casos sospechosos
o probables, así como lo recomienda la OMS-OPS y cuántos han sido descartados mediante pruebas moleculares (Souquett,
2020). Desde diciembre de 2016 fue restringido de forma arbitraria el acceso a los datos oficiales epidemiológicos, situación
que se ha mantenido hasta la actualidad (Oletta y Walter, 2020).
El diagnóstico de la enfermedad ha tenido una limitada capacidad y sigue siendo insuficiente cuando se ve que el número de
casos aumenta diariamente, para explicar el pobre desempeño en la realización de pruebas confirmatorias en el país, es necesario
mencionar que se dispone de un solo laboratorio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel [INHRR]
ubicado en la ciudad capital, autorizado para el procesamiento de las muestras a través de pruebas moleculares [RT-PCR], cuya
capacidad es alrededor de 100 a 200 pruebas diarias (Oletta y Walter, 2020), aunado al tiempo que tarda en llegar la muestra al
laboratorio, retraso en la entrega de los resultados, las dificultades para la preservación de las mismas, bajo condiciones de
refrigeración, durante el transporte, lo que contribuye a riesgos de daño y extravío del material. Todo esto trae como consecuen-
cia perjuicios para el paciente, en cuanto a la aplicación temprana del protocolo de fármacos que han establecido las autoridades
de salud, poniendo en riesgo la vida de este, por lo que se hace necesario mejorar la estrategia de control del virus para detectar
los casos y sus contactos de forma eficaz y oportuna.
Es importante conocer de forma diaria el número de pruebas de RT-PCR con el propósito de poder calcular la tasa de positivos
y de utilizar este indicador para seguir el comportamiento de la epidemia, pero hasta ahora en Venezuela se eligió erradamente
la utilización de las pruebas rápidas, basadas en la determinación serológica de anticuerpos, sin embargo, esta medida que no ha
sido recomendada por la OMS ya que estas pruebas no han sido suficientemente validadas (WHO, 2020). Es bien sabido como
se hace con otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que las pruebas serológicas, suelen ser útil para estudios de
seroprevalencia, por lo que pueden ser usadas después de la pandemia. Sin embargo, hasta ahora los únicos datos confiables que
se tienen a cerca de los casos confirmados por RT-PCR son los reportados por Sánchez et al. (2020), en un estudio realizado entre
el 21 de febrero hasta el 22 de junio de 2020 donde se obtuvo un total 4.014 casos confirmados considerados importados de otros
países, principalmente de Colombia (65%), Brasil (19%), Perú y Ecuador (4% cada uno), de 39.328 muestras recibidas para
investigación de casos sospechosos en el INHRR procedentes de todas las entidades geográficas de Venezuela para diagnóstico
por RT-PCR.
INTRODUCCIÓN
Una de las mayores amenazas para la humanidad es la aparición de un virus pandémico. Es bien sabido que el virus de la
influenza y coronavirus son aquellos con el mayor potencial para que se produzca tal evento. En China a principios de diciem-
bre de 2019 fueron identificados los primeros casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan,
epidemiológicamente todos tenían una exposición compartida en el mercado mayorista de mariscos donde también se
vendían animales de granja, murciélagos y serpientes (Biscayart et al., 2020; Cuartas et al., 2020; Zhu et al., 2020). Se identi-
ficó que el causante de esta infección era generado por el coronavirus, denominado SARS-CoV-2, llamada enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19), nombre oficial que anuncio la Organización Mundial de la Salud [OMS] el 22 de febrero de
2020 (León et al., 2020; Li et al., 2020).
Para el 11 de marzo del mismo año se reconoció la situación de la enfermedad como pandemia, debido a su rápida y fácil
transmisión, la cantidad de casos, mortalidad observada y su expansión a nivel mundial (OMS, 2020). Hasta principios del
mes de agosto (3 de agosto 2020), a nivel mundial se han registrado un total de 18.506.901 casos confirmados, con 700.784
muertes, siendo actualmente el continente americano el más afectado con 5.129.680 casos en total (BBC mundo, 2020).
Según los reportes de la OMS el primer caso que se reportó en América fue el 23 de enero en USA y en Latinoamérica el 27
de febrero en Brasil; y para la fecha USA es el más afectado con 4.070.480 casos confirmados, seguido de Brasil con
2.287.475 casos confirmados (Johns Hopkins University, 2020; Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada,
2020; Consórcio de veículos de imprensa, 2020). Venezuela no escapa de la realidad mundial, esta pandemia de COVID-19
se ha expandido en todo su territorio nacional (MPPS, 2020).
Después de la confirmación de los primeros casos en el país, el Ministerio del Poder Popular para la Salud [MPPS] por medio
de la base de datos del Sistema Único de Información en Salud [SUIS], manifestó una estabilidad en la incidencia de los casos
hasta mediados del mes de mayo de 2020, cuando la curva de casos confirmados presentó un cambio abrupto, esto relaciona-
do en su mayoría con casos importados provenientes de países vecinos. Desde la llegada de la pandemia a Venezuela, la
información actualizada sobre el coronavirus, pruebas realizadas, tasa de recuperados y fallecidos, entre otros, es limitada,
debido a que los portales web no dan la opción de descargar los datos correspondientes, muchos menos de realizar búsquedas
dinámicas o acceder a un portal de datos abiertos, por lo que dicha información solo se obtiene a través de noticias mostradas
en medios públicos y privados o acceder a portales que en su mayoría no tienen nada que ver con el MPPS, donde solo se
recopilan aspectos en forma de notas periodísticas, lo cual, esto ha traído como consecuencia contradicciones, divergencias,
poca transparencia en las cifras e incluso los datos se reportan de forma tardía debido a que la confirmación del diagnóstico
no se hace de forma oportuna.
La COVID-19 en Venezuela es mucho más que una crisis de salud. Hoy en día ha tenido el potencial de aumentar la crisis
social, económica y política, que ya existe en el país. Con América convertida en el epicentro mundial, mientras la vecina
Brasil y otros países latinoamericanos transitan hacia la cima de su curva de mayores contagios, Venezuela ha evitado de
momento un estallido que muchos expertos consideran inevitable, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo
como consecuencia del confinamiento de la población en las fases iniciales del contagio, sin embargo, en este momento no
parece factible que la epidemia detenga su avance, en los últimos días la estadística venezolana de contagios ha comenzado a
aumentar de forma rápida. En realidad, no importa en qué región o país del mundo, si es uno o son dos millones. Cada enfer-
mo, cada muerte, cada recuperación cuenta.
Esta investigación plantea como objetivo analizar la situación de la COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela,
dado que como esta enfermedad es nueva tanto en su aparición como en sus aspectos clínicos, permitirá conocer cómo está
afectando a la población del país.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 80 - 87 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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En Venezuela el diagnóstico se ha venido realizando mayormente con los resultados obtenidos en las pruebas rápidas, ocasio-
nando un sesgo desde el punto de vista diagnóstico (Carrero, 2020). En este sentido, los casos confirmados deben ser
reportados de acuerdo con los resultados de las RT-PCR realizadas y no tomando en cuenta las pruebas rápidas. Un resultado
positivo en las pruebas rápidas de detección de| anticuerpos para la COVID-19, lo que realmente indica es que la persona
estuvo en contacto con el virus, mientras que la prueba RT-PCR, detecta ARN del virus, y si el resultado es positivo esto
indica que el paciente tiene el SARS-CoV-2, en algunos casos aun cuando no se ha producido la respuesta inmune específica
mediante el desarrollo de anticuerpos o incluso que la cantidad de estos es insuficiente para poder ser detectados (Oletta y
Walter, 2020).
El 23 de mayo de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, informó que en
Venezuela se han realizado un total de 16.577 pruebas de RT-PCR, correspondiente a un 2,37% del total de pruebas aplicadas
en el país para diagnosticar la presencia del nuevo coronavirus (Souquett, 2020). Para el 4 de agosto de 2020 se han realizado
un total de 52.042 test por millón de habitantes poniendo a Venezuela como el segundo país del continente americano en
números de pruebas para el diagnóstico de la COVID-19 realizadas (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y
Control del Coronavirus, 2020), pero al mismo tiempo se ubica en el país con menor número de pruebas moleculares realiza-
da, cuando se compara con otros países de Sur América.
Hasta el 4 de agosto de 2020 no hay información actualizada sobre el número de pruebas de RT-PCR realizadas y el número
de casos confirmados, solo se tiene el reporte de las pruebas rápidas realizadas con un total de 1.561.272, según la Comisión
Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus. La realización de pruebas de RT-PCR, hace que los
reportes de casos de cada país sean más confiables, permite identificar un mayor número de personas infectadas con síntomas,
teniendo una estimación más precisa de la magnitud de la epidemia y disminuye el sesgo de solo estar identificando los asinto-
máticos y personas mayores. Según datos aportados por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del
Coronavirus se ha reportado hasta el 4 de agosto de 2020 un total de 21.438 casos, de los cuales 12.977 masculinos 61% y
8.461 femeninos 39%. Casos activos 9.376, 11.875 recuperados y 187 fallecidos. Dentro de los primeros 5 estados con el
mayor número de casos están: Distrito Capital (5.015), Zulia (3.684), Miranda (2.703), Apure (2.008) seguido de Bolívar
(1.398) (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus, 2020).
La pandemia, no sólo encuentra a un país profundamente debilitado con un sistema sanitario destruido, una población en
medio de una emergencia humanitaria compleja y un deterioro importante en la calidad de vida, pobreza extrema, desnutri-
ción, limitado acceso a los servicios básicos como: agua, luz, gas, combustible, empleo y una caída del precio del petróleo,
sino que además esta pandemia puede tener una mayor tasa de letalidad de la enfermedad en Venezuela por la presencia de
todos estos factores que agravan las condiciones de los enfermos y el panorama actual de la pandemia en el país. Venezuela
a pesar del relativo aislamiento en el que ya se encuentra, es un potencial punto de distribución de la pandemia, esto basado
en el hecho de que tiene una amplia y fácilmente penetrable frontera con Brasil y Colombia y su conexión con el Caribe, que,
a pesar de estar sus fronteras cerradas, el intercambio de personas de forma ilegal se sigue manteniendo.
Resulta necesario e imprescindible, planificar las nuevas acciones de comunicación y orientación a la población, sobre todo
en este momento cuando está en pleno desarrollo de la fase expansiva de la epidemia, tiempo en que se acentuarán las penu-
rias, barreras y privaciones de las personas para la disponibilidad de bienes esenciales, el desarrollo de la vida normal, y el
acceso a los servicios de salud, indispensables para las personas afectadas por la pandemia y a la vez garantizar la atención
de las personas afectadas por otras causas, que también demandan servicios de atención.
ARTÍCULO RECIBIDO: 28/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 20/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Se realizó por medio de una búsqueda sistemática entre los meses marzo y agosto de 2020, en la cual se incluyeron artículos
científicos, boletines epidemiológicos, artículos en prensa e información correspondiente al comportamiento epidemiológico
de la COVID-19 en Venezuela, medidas aplicadas por el gobierno venezolano frente al coronavirus, aspectos relacionados
con la tasa de incidencia acumulada de casos confirmados según la prueba de reacción en cadena de polimerasa [PCR] y
pruebas rápidas, para el territorio nacional y entidad federal, caracterización epidemiológica de los casos confirmados de la
COVID-19 según edad y sexo, número de fallecidos y recuperados y sobre las condiciones socioeconómicas actuales que
tiene el país para enfrentar esta pandemia.
Enfermedad por coronavirus (COVID-19)
La pandemia actual de la COVID-19 representa una crisis de salud mundial aguda y de rápido desarrollo, declarada el 11 de
marzo de 2020 por la OMS. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN perteneciente al género Betacoronavirus, forma parte de las
7 especies de coronavirus que pueden causar infección en los humanos y está estrechamente relacionado con otros coronavi-
rus considerados altamente patogénicos dado que comparte información genética con el virus causante del síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), ambos son de origen zoonótico (León et al., 2020; Millán-Oñate et al., 2020;
Yang et al., 2020); en la última década se han reportado brotes de estos dos importantes coronavirus, los cuales se han caracte-
rizado ser una gran amenaza para la salud pública (Baharoon y Memish, 2019; Rothan y Byrareddy, 2020).
De acuerdo con la OMS, los signos característicos de la COVID-19 son fiebre, tos seca y fatiga; adicionalmente, se han repor-
tado síntomas como dificultad para respirar, dolores, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto o el olfato. Con
menos frecuencia se presentan síntomas como náuseas, vómitos y diarrea (Guan et al., 2020). Según Menni et al. (2020),
alrededor del 80% de los infectados presentan síntomas leves o ausencia de los mismos (asintomáticos) y generalmente no
requieren tratamiento hospitalario; otro 15% desarrolla enfermedad moderada o grave, como neumonía, edema pulmonar,
síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica múltiple o incluso la muerte (Li et al., 2020; Pierre y Harrisc,
2020; WHO, 2020;), requiriendo asistencia avanzada, en muchos casos con apoyo ventilatorio y cuidados intensivos. La
letalidad por esta enfermedad fluctúa entre 4% y 6%, con un riesgo incrementado de complicarse o morir en los casos de
personas infectadas en edades avanzadas y que además tengan enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes,
cáncer y cardiopatías (Flint y Tahrani, 2020; Rodacki, 2020; Zhou et al., 2020; Yang et al., 2020). La OMS anunció que la
COVID-19 debería caracterizarse como una nueva enfermedad pandémica (Gudbjartsson et al., 2020).
De Lusignan et al. (2020), en su estudio realizado entre la población general encontraron evidencia de posibles factores socio-
demográficos asociados con una prueba de SARSCoV- 2 positiva como: edad avanzada, el sexo masculino, habitar en zonas
menos favorecidas, vivir en un área densamente poblada, raza negra, la obesidad y la enfermedad renal crónica, exceptuando
el tabaquismo. Sin embargo, se reconoce la necesidad de mayores estudios para dilucidar con mayor robustez los resultados.
La susceptibilidad al virus es general, debido a que se trata de un agente infeccioso nuevo para el humano y su comportamien-
to se está evaluando continuamente a fin de identificar los factores de riesgo o de protección inherentes a la infección; en la
actualidad, se encuentran en curso estudios de investigación para el desarrollo de vacunas que prevengan el contagio o de
medicamentos que contengan la historia natural de la enfermedad en el hombre. Al ser una enfermedad transmisible por la vía
aérea, la aplicación de medidas de control para limitar la transmisión es bastante compleja, ya que van desde la recomenda-
ción de uso de mascarilla hasta la restricción de viajes y comercio internacional, pasando por cuarentena masiva, aislamiento
estricto de casos confirmados, entre otras (Sánchez et al., 2020).
COVID-19 en Venezuela
A raíz de la declaración realizada por el director de la OMS, el 30 de enero de 2020, algunos países latinoamericanos comenzaron
a tomar previsiones e implementar medidas extraordinarias de seguridad y salud pública ante el posible arribo de la enfermedad
a sus territorios. El virus entra a Venezuela el 13 de marzo de 2020, donde las autoridades reportaron los dos primeros casos
que resultaron ser importados y en función de esa información, se sumó como uno de los últimos países de América Latina
en reportar casos de infectados y declarar estado de alarma nacional (Olmo, 2020). El 21 de marzo se reportó la primera
muerte a consecuencia de la enfermedad (Reuters, 2020). Posteriormente se detectó y reportó un caso importado que presentaba
síntomas desde el 29 de febrero de 2020 (Fermín, 2020). Se cree que la primera persona portadora del virus ingresó al país el
25 de febrero de 2020 (Souquett, 2020).
Las autoridades venezolanas comenzaron a realizar protocolos para contener la enfermedad como: suspensión de vuelos
nacionales e internacionales, cuarentena social extendida a todo el país y cierre de frontera con Colombia y Brasil. Sin embargo,
a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando y todas las medidas sanitarias implementadas, la cantidad de
contagios y la rápida propagación del virus siguen en ascenso, poniendo actualmente al país en cuarentena radical. En el país
no hay información precisa con respecto al número de casos importados y a los que tiene relación con estos, tampoco con los
considerados casos propios debido a brotes o cadenas de transmisión comunitaria, a partir de casos de origen desconocido, lo
cual hace que aumente la dificultad para la contención. Es de hacer notar las inconsistencias, limitaciones y contradicciones
de los datos ofrecidos por los voceros oficiales, y la ausencia de un boletín epidemiológico periódico, que permita analizar los
datos con detalle. Otra situación que se ha suscitado en el país es que se desconoce el número actualizado de casos sospechosos
o probables, así como lo recomienda la OMS-OPS y cuántos han sido descartados mediante pruebas moleculares (Souquett,
2020). Desde diciembre de 2016 fue restringido de forma arbitraria el acceso a los datos oficiales epidemiológicos, situación
que se ha mantenido hasta la actualidad (Oletta y Walter, 2020).
El diagnóstico de la enfermedad ha tenido una limitada capacidad y sigue siendo insuficiente cuando se ve que el número de
casos aumenta diariamente, para explicar el pobre desempeño en la realización de pruebas confirmatorias en el país, es necesario
mencionar que se dispone de un solo laboratorio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel [INHRR]
ubicado en la ciudad capital, autorizado para el procesamiento de las muestras a través de pruebas moleculares [RT-PCR], cuya
capacidad es alrededor de 100 a 200 pruebas diarias (Oletta y Walter, 2020), aunado al tiempo que tarda en llegar la muestra al
laboratorio, retraso en la entrega de los resultados, las dificultades para la preservación de las mismas, bajo condiciones de
refrigeración, durante el transporte, lo que contribuye a riesgos de daño y extravío del material. Todo esto trae como consecuen-
cia perjuicios para el paciente, en cuanto a la aplicación temprana del protocolo de fármacos que han establecido las autoridades
de salud, poniendo en riesgo la vida de este, por lo que se hace necesario mejorar la estrategia de control del virus para detectar
los casos y sus contactos de forma eficaz y oportuna.
Es importante conocer de forma diaria el número de pruebas de RT-PCR con el propósito de poder calcular la tasa de positivos
y de utilizar este indicador para seguir el comportamiento de la epidemia, pero hasta ahora en Venezuela se eligió erradamente
la utilización de las pruebas rápidas, basadas en la determinación serológica de anticuerpos, sin embargo, esta medida que no ha
sido recomendada por la OMS ya que estas pruebas no han sido suficientemente validadas (WHO, 2020). Es bien sabido como
se hace con otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que las pruebas serológicas, suelen ser útil para estudios de
seroprevalencia, por lo que pueden ser usadas después de la pandemia. Sin embargo, hasta ahora los únicos datos confiables que
se tienen a cerca de los casos confirmados por RT-PCR son los reportados por Sánchez et al. (2020), en un estudio realizado entre
el 21 de febrero hasta el 22 de junio de 2020 donde se obtuvo un total 4.014 casos confirmados considerados importados de otros
países, principalmente de Colombia (65%), Brasil (19%), Perú y Ecuador (4% cada uno), de 39.328 muestras recibidas para
investigación de casos sospechosos en el INHRR procedentes de todas las entidades geográficas de Venezuela para diagnóstico
por RT-PCR.
INTRODUCCIÓN
Una de las mayores amenazas para la humanidad es la aparición de un virus pandémico. Es bien sabido que el virus de la
influenza y coronavirus son aquellos con el mayor potencial para que se produzca tal evento. En China a principios de diciem-
bre de 2019 fueron identificados los primeros casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan,
epidemiológicamente todos tenían una exposición compartida en el mercado mayorista de mariscos donde también se
vendían animales de granja, murciélagos y serpientes (Biscayart et al., 2020; Cuartas et al., 2020; Zhu et al., 2020). Se identi-
ficó que el causante de esta infección era generado por el coronavirus, denominado SARS-CoV-2, llamada enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19), nombre oficial que anuncio la Organización Mundial de la Salud [OMS] el 22 de febrero de
2020 (León et al., 2020; Li et al., 2020).
Para el 11 de marzo del mismo año se reconoció la situación de la enfermedad como pandemia, debido a su rápida y fácil
transmisión, la cantidad de casos, mortalidad observada y su expansión a nivel mundial (OMS, 2020). Hasta principios del
mes de agosto (3 de agosto 2020), a nivel mundial se han registrado un total de 18.506.901 casos confirmados, con 700.784
muertes, siendo actualmente el continente americano el más afectado con 5.129.680 casos en total (BBC mundo, 2020).
Según los reportes de la OMS el primer caso que se reportó en América fue el 23 de enero en USA y en Latinoamérica el 27
de febrero en Brasil; y para la fecha USA es el más afectado con 4.070.480 casos confirmados, seguido de Brasil con
2.287.475 casos confirmados (Johns Hopkins University, 2020; Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada,
2020; Consórcio de veículos de imprensa, 2020). Venezuela no escapa de la realidad mundial, esta pandemia de COVID-19
se ha expandido en todo su territorio nacional (MPPS, 2020).
Después de la confirmación de los primeros casos en el país, el Ministerio del Poder Popular para la Salud [MPPS] por medio
de la base de datos del Sistema Único de Información en Salud [SUIS], manifestó una estabilidad en la incidencia de los casos
hasta mediados del mes de mayo de 2020, cuando la curva de casos confirmados presentó un cambio abrupto, esto relaciona-
do en su mayoría con casos importados provenientes de países vecinos. Desde la llegada de la pandemia a Venezuela, la
información actualizada sobre el coronavirus, pruebas realizadas, tasa de recuperados y fallecidos, entre otros, es limitada,
debido a que los portales web no dan la opción de descargar los datos correspondientes, muchos menos de realizar búsquedas
dinámicas o acceder a un portal de datos abiertos, por lo que dicha información solo se obtiene a través de noticias mostradas
en medios públicos y privados o acceder a portales que en su mayoría no tienen nada que ver con el MPPS, donde solo se
recopilan aspectos en forma de notas periodísticas, lo cual, esto ha traído como consecuencia contradicciones, divergencias,
poca transparencia en las cifras e incluso los datos se reportan de forma tardía debido a que la confirmación del diagnóstico
no se hace de forma oportuna.
La COVID-19 en Venezuela es mucho más que una crisis de salud. Hoy en día ha tenido el potencial de aumentar la crisis
social, económica y política, que ya existe en el país. Con América convertida en el epicentro mundial, mientras la vecina
Brasil y otros países latinoamericanos transitan hacia la cima de su curva de mayores contagios, Venezuela ha evitado de
momento un estallido que muchos expertos consideran inevitable, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo
como consecuencia del confinamiento de la población en las fases iniciales del contagio, sin embargo, en este momento no
parece factible que la epidemia detenga su avance, en los últimos días la estadística venezolana de contagios ha comenzado a
aumentar de forma rápida. En realidad, no importa en qué región o país del mundo, si es uno o son dos millones. Cada enfer-
mo, cada muerte, cada recuperación cuenta.
Esta investigación plantea como objetivo analizar la situación de la COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela,
dado que como esta enfermedad es nueva tanto en su aparición como en sus aspectos clínicos, permitirá conocer cómo está
afectando a la población del país.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 80 - 87 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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• Jennifer Gotera
• Johan Linares
En Venezuela el diagnóstico se ha venido realizando mayormente con los resultados obtenidos en las pruebas rápidas, ocasio-
nando un sesgo desde el punto de vista diagnóstico (Carrero, 2020). En este sentido, los casos confirmados deben ser
reportados de acuerdo con los resultados de las RT-PCR realizadas y no tomando en cuenta las pruebas rápidas. Un resultado
positivo en las pruebas rápidas de detección de| anticuerpos para la COVID-19, lo que realmente indica es que la persona
estuvo en contacto con el virus, mientras que la prueba RT-PCR, detecta ARN del virus, y si el resultado es positivo esto
indica que el paciente tiene el SARS-CoV-2, en algunos casos aun cuando no se ha producido la respuesta inmune específica
mediante el desarrollo de anticuerpos o incluso que la cantidad de estos es insuficiente para poder ser detectados (Oletta y
Walter, 2020).
El 23 de mayo de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, informó que en
Venezuela se han realizado un total de 16.577 pruebas de RT-PCR, correspondiente a un 2,37% del total de pruebas aplicadas
en el país para diagnosticar la presencia del nuevo coronavirus (Souquett, 2020). Para el 4 de agosto de 2020 se han realizado
un total de 52.042 test por millón de habitantes poniendo a Venezuela como el segundo país del continente americano en
números de pruebas para el diagnóstico de la COVID-19 realizadas (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y
Control del Coronavirus, 2020), pero al mismo tiempo se ubica en el país con menor número de pruebas moleculares realiza-
da, cuando se compara con otros países de Sur América.
Hasta el 4 de agosto de 2020 no hay información actualizada sobre el número de pruebas de RT-PCR realizadas y el número
de casos confirmados, solo se tiene el reporte de las pruebas rápidas realizadas con un total de 1.561.272, según la Comisión
Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus. La realización de pruebas de RT-PCR, hace que los
reportes de casos de cada país sean más confiables, permite identificar un mayor número de personas infectadas con síntomas,
teniendo una estimación más precisa de la magnitud de la epidemia y disminuye el sesgo de solo estar identificando los asinto-
máticos y personas mayores. Según datos aportados por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del
Coronavirus se ha reportado hasta el 4 de agosto de 2020 un total de 21.438 casos, de los cuales 12.977 masculinos 61% y
8.461 femeninos 39%. Casos activos 9.376, 11.875 recuperados y 187 fallecidos. Dentro de los primeros 5 estados con el
mayor número de casos están: Distrito Capital (5.015), Zulia (3.684), Miranda (2.703), Apure (2.008) seguido de Bolívar
(1.398) (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus, 2020).
La pandemia, no sólo encuentra a un país profundamente debilitado con un sistema sanitario destruido, una población en
medio de una emergencia humanitaria compleja y un deterioro importante en la calidad de vida, pobreza extrema, desnutri-
ción, limitado acceso a los servicios básicos como: agua, luz, gas, combustible, empleo y una caída del precio del petróleo,
sino que además esta pandemia puede tener una mayor tasa de letalidad de la enfermedad en Venezuela por la presencia de
todos estos factores que agravan las condiciones de los enfermos y el panorama actual de la pandemia en el país. Venezuela
a pesar del relativo aislamiento en el que ya se encuentra, es un potencial punto de distribución de la pandemia, esto basado
en el hecho de que tiene una amplia y fácilmente penetrable frontera con Brasil y Colombia y su conexión con el Caribe, que,
a pesar de estar sus fronteras cerradas, el intercambio de personas de forma ilegal se sigue manteniendo.
Resulta necesario e imprescindible, planificar las nuevas acciones de comunicación y orientación a la población, sobre todo
en este momento cuando está en pleno desarrollo de la fase expansiva de la epidemia, tiempo en que se acentuarán las penu-
rias, barreras y privaciones de las personas para la disponibilidad de bienes esenciales, el desarrollo de la vida normal, y el
acceso a los servicios de salud, indispensables para las personas afectadas por la pandemia y a la vez garantizar la atención
de las personas afectadas por otras causas, que también demandan servicios de atención.
Se realizó por medio de una búsqueda sistemática entre los meses marzo y agosto de 2020, en la cual se incluyeron artículos
científicos, boletines epidemiológicos, artículos en prensa e información correspondiente al comportamiento epidemiológico
de la COVID-19 en Venezuela, medidas aplicadas por el gobierno venezolano frente al coronavirus, aspectos relacionados
con la tasa de incidencia acumulada de casos confirmados según la prueba de reacción en cadena de polimerasa [PCR] y
pruebas rápidas, para el territorio nacional y entidad federal, caracterización epidemiológica de los casos confirmados de la
COVID-19 según edad y sexo, número de fallecidos y recuperados y sobre las condiciones socioeconómicas actuales que
tiene el país para enfrentar esta pandemia.
Enfermedad por coronavirus (COVID-19)
La pandemia actual de la COVID-19 representa una crisis de salud mundial aguda y de rápido desarrollo, declarada el 11 de
marzo de 2020 por la OMS. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN perteneciente al género Betacoronavirus, forma parte de las
7 especies de coronavirus que pueden causar infección en los humanos y está estrechamente relacionado con otros coronavi-
rus considerados altamente patogénicos dado que comparte información genética con el virus causante del síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), ambos son de origen zoonótico (León et al., 2020; Millán-Oñate et al., 2020;
Yang et al., 2020); en la última década se han reportado brotes de estos dos importantes coronavirus, los cuales se han caracte-
rizado ser una gran amenaza para la salud pública (Baharoon y Memish, 2019; Rothan y Byrareddy, 2020).
De acuerdo con la OMS, los signos característicos de la COVID-19 son fiebre, tos seca y fatiga; adicionalmente, se han repor-
tado síntomas como dificultad para respirar, dolores, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto o el olfato. Con
menos frecuencia se presentan síntomas como náuseas, vómitos y diarrea (Guan et al., 2020). Según Menni et al. (2020),
alrededor del 80% de los infectados presentan síntomas leves o ausencia de los mismos (asintomáticos) y generalmente no
requieren tratamiento hospitalario; otro 15% desarrolla enfermedad moderada o grave, como neumonía, edema pulmonar,
síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica múltiple o incluso la muerte (Li et al., 2020; Pierre y Harrisc,
2020; WHO, 2020;), requiriendo asistencia avanzada, en muchos casos con apoyo ventilatorio y cuidados intensivos. La
letalidad por esta enfermedad fluctúa entre 4% y 6%, con un riesgo incrementado de complicarse o morir en los casos de
personas infectadas en edades avanzadas y que además tengan enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes,
cáncer y cardiopatías (Flint y Tahrani, 2020; Rodacki, 2020; Zhou et al., 2020; Yang et al., 2020). La OMS anunció que la
COVID-19 debería caracterizarse como una nueva enfermedad pandémica (Gudbjartsson et al., 2020).
De Lusignan et al. (2020), en su estudio realizado entre la población general encontraron evidencia de posibles factores socio-
demográficos asociados con una prueba de SARSCoV- 2 positiva como: edad avanzada, el sexo masculino, habitar en zonas
menos favorecidas, vivir en un área densamente poblada, raza negra, la obesidad y la enfermedad renal crónica, exceptuando
el tabaquismo. Sin embargo, se reconoce la necesidad de mayores estudios para dilucidar con mayor robustez los resultados.
La susceptibilidad al virus es general, debido a que se trata de un agente infeccioso nuevo para el humano y su comportamien-
to se está evaluando continuamente a fin de identificar los factores de riesgo o de protección inherentes a la infección; en la
actualidad, se encuentran en curso estudios de investigación para el desarrollo de vacunas que prevengan el contagio o de
medicamentos que contengan la historia natural de la enfermedad en el hombre. Al ser una enfermedad transmisible por la vía
aérea, la aplicación de medidas de control para limitar la transmisión es bastante compleja, ya que van desde la recomenda-
ción de uso de mascarilla hasta la restricción de viajes y comercio internacional, pasando por cuarentena masiva, aislamiento
estricto de casos confirmados, entre otras (Sánchez et al., 2020).
COVID-19 en Venezuela
A raíz de la declaración realizada por el director de la OMS, el 30 de enero de 2020, algunos países latinoamericanos comenzaron
a tomar previsiones e implementar medidas extraordinarias de seguridad y salud pública ante el posible arribo de la enfermedad
a sus territorios. El virus entra a Venezuela el 13 de marzo de 2020, donde las autoridades reportaron los dos primeros casos
que resultaron ser importados y en función de esa información, se sumó como uno de los últimos países de América Latina
en reportar casos de infectados y declarar estado de alarma nacional (Olmo, 2020). El 21 de marzo se reportó la primera
muerte a consecuencia de la enfermedad (Reuters, 2020). Posteriormente se detectó y reportó un caso importado que presentaba
síntomas desde el 29 de febrero de 2020 (Fermín, 2020). Se cree que la primera persona portadora del virus ingresó al país el
25 de febrero de 2020 (Souquett, 2020).
Las autoridades venezolanas comenzaron a realizar protocolos para contener la enfermedad como: suspensión de vuelos
nacionales e internacionales, cuarentena social extendida a todo el país y cierre de frontera con Colombia y Brasil. Sin embargo,
a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando y todas las medidas sanitarias implementadas, la cantidad de
contagios y la rápida propagación del virus siguen en ascenso, poniendo actualmente al país en cuarentena radical. En el país
no hay información precisa con respecto al número de casos importados y a los que tiene relación con estos, tampoco con los
considerados casos propios debido a brotes o cadenas de transmisión comunitaria, a partir de casos de origen desconocido, lo
cual hace que aumente la dificultad para la contención. Es de hacer notar las inconsistencias, limitaciones y contradicciones
de los datos ofrecidos por los voceros oficiales, y la ausencia de un boletín epidemiológico periódico, que permita analizar los
datos con detalle. Otra situación que se ha suscitado en el país es que se desconoce el número actualizado de casos sospechosos
o probables, así como lo recomienda la OMS-OPS y cuántos han sido descartados mediante pruebas moleculares (Souquett,
2020). Desde diciembre de 2016 fue restringido de forma arbitraria el acceso a los datos oficiales epidemiológicos, situación
que se ha mantenido hasta la actualidad (Oletta y Walter, 2020).
El diagnóstico de la enfermedad ha tenido una limitada capacidad y sigue siendo insuficiente cuando se ve que el número de
casos aumenta diariamente, para explicar el pobre desempeño en la realización de pruebas confirmatorias en el país, es necesario
mencionar que se dispone de un solo laboratorio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel [INHRR]
ubicado en la ciudad capital, autorizado para el procesamiento de las muestras a través de pruebas moleculares [RT-PCR], cuya
capacidad es alrededor de 100 a 200 pruebas diarias (Oletta y Walter, 2020), aunado al tiempo que tarda en llegar la muestra al
laboratorio, retraso en la entrega de los resultados, las dificultades para la preservación de las mismas, bajo condiciones de
refrigeración, durante el transporte, lo que contribuye a riesgos de daño y extravío del material. Todo esto trae como consecuen-
cia perjuicios para el paciente, en cuanto a la aplicación temprana del protocolo de fármacos que han establecido las autoridades
de salud, poniendo en riesgo la vida de este, por lo que se hace necesario mejorar la estrategia de control del virus para detectar
los casos y sus contactos de forma eficaz y oportuna.
Es importante conocer de forma diaria el número de pruebas de RT-PCR con el propósito de poder calcular la tasa de positivos
y de utilizar este indicador para seguir el comportamiento de la epidemia, pero hasta ahora en Venezuela se eligió erradamente
la utilización de las pruebas rápidas, basadas en la determinación serológica de anticuerpos, sin embargo, esta medida que no ha
sido recomendada por la OMS ya que estas pruebas no han sido suficientemente validadas (WHO, 2020). Es bien sabido como
se hace con otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que las pruebas serológicas, suelen ser útil para estudios de
seroprevalencia, por lo que pueden ser usadas después de la pandemia. Sin embargo, hasta ahora los únicos datos confiables que
se tienen a cerca de los casos confirmados por RT-PCR son los reportados por Sánchez et al. (2020), en un estudio realizado entre
el 21 de febrero hasta el 22 de junio de 2020 donde se obtuvo un total 4.014 casos confirmados considerados importados de otros
países, principalmente de Colombia (65%), Brasil (19%), Perú y Ecuador (4% cada uno), de 39.328 muestras recibidas para
investigación de casos sospechosos en el INHRR procedentes de todas las entidades geográficas de Venezuela para diagnóstico
por RT-PCR.
INTRODUCCIÓN
Una de las mayores amenazas para la humanidad es la aparición de un virus pandémico. Es bien sabido que el virus de la
influenza y coronavirus son aquellos con el mayor potencial para que se produzca tal evento. En China a principios de diciem-
bre de 2019 fueron identificados los primeros casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan,
epidemiológicamente todos tenían una exposición compartida en el mercado mayorista de mariscos donde también se
vendían animales de granja, murciélagos y serpientes (Biscayart et al., 2020; Cuartas et al., 2020; Zhu et al., 2020). Se identi-
ficó que el causante de esta infección era generado por el coronavirus, denominado SARS-CoV-2, llamada enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19), nombre oficial que anuncio la Organización Mundial de la Salud [OMS] el 22 de febrero de
2020 (León et al., 2020; Li et al., 2020).
Para el 11 de marzo del mismo año se reconoció la situación de la enfermedad como pandemia, debido a su rápida y fácil
transmisión, la cantidad de casos, mortalidad observada y su expansión a nivel mundial (OMS, 2020). Hasta principios del
mes de agosto (3 de agosto 2020), a nivel mundial se han registrado un total de 18.506.901 casos confirmados, con 700.784
muertes, siendo actualmente el continente americano el más afectado con 5.129.680 casos en total (BBC mundo, 2020).
Según los reportes de la OMS el primer caso que se reportó en América fue el 23 de enero en USA y en Latinoamérica el 27
de febrero en Brasil; y para la fecha USA es el más afectado con 4.070.480 casos confirmados, seguido de Brasil con
2.287.475 casos confirmados (Johns Hopkins University, 2020; Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada,
2020; Consórcio de veículos de imprensa, 2020). Venezuela no escapa de la realidad mundial, esta pandemia de COVID-19
se ha expandido en todo su territorio nacional (MPPS, 2020).
Después de la confirmación de los primeros casos en el país, el Ministerio del Poder Popular para la Salud [MPPS] por medio
de la base de datos del Sistema Único de Información en Salud [SUIS], manifestó una estabilidad en la incidencia de los casos
hasta mediados del mes de mayo de 2020, cuando la curva de casos confirmados presentó un cambio abrupto, esto relaciona-
do en su mayoría con casos importados provenientes de países vecinos. Desde la llegada de la pandemia a Venezuela, la
información actualizada sobre el coronavirus, pruebas realizadas, tasa de recuperados y fallecidos, entre otros, es limitada,
debido a que los portales web no dan la opción de descargar los datos correspondientes, muchos menos de realizar búsquedas
dinámicas o acceder a un portal de datos abiertos, por lo que dicha información solo se obtiene a través de noticias mostradas
en medios públicos y privados o acceder a portales que en su mayoría no tienen nada que ver con el MPPS, donde solo se
recopilan aspectos en forma de notas periodísticas, lo cual, esto ha traído como consecuencia contradicciones, divergencias,
poca transparencia en las cifras e incluso los datos se reportan de forma tardía debido a que la confirmación del diagnóstico
no se hace de forma oportuna.
La COVID-19 en Venezuela es mucho más que una crisis de salud. Hoy en día ha tenido el potencial de aumentar la crisis
social, económica y política, que ya existe en el país. Con América convertida en el epicentro mundial, mientras la vecina
Brasil y otros países latinoamericanos transitan hacia la cima de su curva de mayores contagios, Venezuela ha evitado de
momento un estallido que muchos expertos consideran inevitable, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo
como consecuencia del confinamiento de la población en las fases iniciales del contagio, sin embargo, en este momento no
parece factible que la epidemia detenga su avance, en los últimos días la estadística venezolana de contagios ha comenzado a
aumentar de forma rápida. En realidad, no importa en qué región o país del mundo, si es uno o son dos millones. Cada enfer-
mo, cada muerte, cada recuperación cuenta.
Esta investigación plantea como objetivo analizar la situación de la COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela,
dado que como esta enfermedad es nueva tanto en su aparición como en sus aspectos clínicos, permitirá conocer cómo está
afectando a la población del país.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 80 - 87 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 28/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 20/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
CONCLUSIONES
CONFLICTO DE INTERESES
En Venezuela el diagnóstico se ha venido realizando mayormente con los resultados obtenidos en las pruebas rápidas, ocasio-
nando un sesgo desde el punto de vista diagnóstico (Carrero, 2020). En este sentido, los casos confirmados deben ser
reportados de acuerdo con los resultados de las RT-PCR realizadas y no tomando en cuenta las pruebas rápidas. Un resultado
positivo en las pruebas rápidas de detección de| anticuerpos para la COVID-19, lo que realmente indica es que la persona
estuvo en contacto con el virus, mientras que la prueba RT-PCR, detecta ARN del virus, y si el resultado es positivo esto
indica que el paciente tiene el SARS-CoV-2, en algunos casos aun cuando no se ha producido la respuesta inmune específica
mediante el desarrollo de anticuerpos o incluso que la cantidad de estos es insuficiente para poder ser detectados (Oletta y
Walter, 2020).
El 23 de mayo de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, informó que en
Venezuela se han realizado un total de 16.577 pruebas de RT-PCR, correspondiente a un 2,37% del total de pruebas aplicadas
en el país para diagnosticar la presencia del nuevo coronavirus (Souquett, 2020). Para el 4 de agosto de 2020 se han realizado
un total de 52.042 test por millón de habitantes poniendo a Venezuela como el segundo país del continente americano en
números de pruebas para el diagnóstico de la COVID-19 realizadas (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y
Control del Coronavirus, 2020), pero al mismo tiempo se ubica en el país con menor número de pruebas moleculares realiza-
da, cuando se compara con otros países de Sur América.
Hasta el 4 de agosto de 2020 no hay información actualizada sobre el número de pruebas de RT-PCR realizadas y el número
de casos confirmados, solo se tiene el reporte de las pruebas rápidas realizadas con un total de 1.561.272, según la Comisión
Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus. La realización de pruebas de RT-PCR, hace que los
reportes de casos de cada país sean más confiables, permite identificar un mayor número de personas infectadas con síntomas,
teniendo una estimación más precisa de la magnitud de la epidemia y disminuye el sesgo de solo estar identificando los asinto-
máticos y personas mayores. Según datos aportados por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del
Coronavirus se ha reportado hasta el 4 de agosto de 2020 un total de 21.438 casos, de los cuales 12.977 masculinos 61% y
8.461 femeninos 39%. Casos activos 9.376, 11.875 recuperados y 187 fallecidos. Dentro de los primeros 5 estados con el
mayor número de casos están: Distrito Capital (5.015), Zulia (3.684), Miranda (2.703), Apure (2.008) seguido de Bolívar
(1.398) (Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus, 2020).
La pandemia, no sólo encuentra a un país profundamente debilitado con un sistema sanitario destruido, una población en
medio de una emergencia humanitaria compleja y un deterioro importante en la calidad de vida, pobreza extrema, desnutri-
ción, limitado acceso a los servicios básicos como: agua, luz, gas, combustible, empleo y una caída del precio del petróleo,
sino que además esta pandemia puede tener una mayor tasa de letalidad de la enfermedad en Venezuela por la presencia de
todos estos factores que agravan las condiciones de los enfermos y el panorama actual de la pandemia en el país. Venezuela
a pesar del relativo aislamiento en el que ya se encuentra, es un potencial punto de distribución de la pandemia, esto basado
en el hecho de que tiene una amplia y fácilmente penetrable frontera con Brasil y Colombia y su conexión con el Caribe, que,
a pesar de estar sus fronteras cerradas, el intercambio de personas de forma ilegal se sigue manteniendo.
Resulta necesario e imprescindible, planificar las nuevas acciones de comunicación y orientación a la población, sobre todo
en este momento cuando está en pleno desarrollo de la fase expansiva de la epidemia, tiempo en que se acentuarán las penu-
rias, barreras y privaciones de las personas para la disponibilidad de bienes esenciales, el desarrollo de la vida normal, y el
acceso a los servicios de salud, indispensables para las personas afectadas por la pandemia y a la vez garantizar la atención
de las personas afectadas por otras causas, que también demandan servicios de atención.
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Es la hora de una tregua en la lucha política para diseñar y ejecutar acciones de manera conjunta, uniendo las fuerzas de todos
los actores sociales y políticos con poder, para hacer frente a la pandemia del coronavirus en Venezuela. Además, es importan-
te mencionar que, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno venezolano para mantener a la población informada
sobre la evolución de la enfermedad en el país, es muy cierto que existe poca información lo cual pudiera ser debido a que
esta es una enfermedad nueva, las fluctuaciones epidemiológicas a veces no permiten obtener cifras reales, la automedicación
de las personas y que no acuden a los centros de salud, todo esto pudiera traer como consecuencia que exista un subregistro
importante de la enfermedad.
Los autores no tienen ningún conflicto de interés
Se realizó por medio de una búsqueda sistemática entre los meses marzo y agosto de 2020, en la cual se incluyeron artículos
científicos, boletines epidemiológicos, artículos en prensa e información correspondiente al comportamiento epidemiológico
de la COVID-19 en Venezuela, medidas aplicadas por el gobierno venezolano frente al coronavirus, aspectos relacionados
con la tasa de incidencia acumulada de casos confirmados según la prueba de reacción en cadena de polimerasa [PCR] y
pruebas rápidas, para el territorio nacional y entidad federal, caracterización epidemiológica de los casos confirmados de la
COVID-19 según edad y sexo, número de fallecidos y recuperados y sobre las condiciones socioeconómicas actuales que
tiene el país para enfrentar esta pandemia.
Enfermedad por coronavirus (COVID-19)
La pandemia actual de la COVID-19 representa una crisis de salud mundial aguda y de rápido desarrollo, declarada el 11 de
marzo de 2020 por la OMS. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN perteneciente al género Betacoronavirus, forma parte de las
7 especies de coronavirus que pueden causar infección en los humanos y está estrechamente relacionado con otros coronavi-
rus considerados altamente patogénicos dado que comparte información genética con el virus causante del síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), ambos son de origen zoonótico (León et al., 2020; Millán-Oñate et al., 2020;
Yang et al., 2020); en la última década se han reportado brotes de estos dos importantes coronavirus, los cuales se han caracte-
rizado ser una gran amenaza para la salud pública (Baharoon y Memish, 2019; Rothan y Byrareddy, 2020).
De acuerdo con la OMS, los signos característicos de la COVID-19 son fiebre, tos seca y fatiga; adicionalmente, se han repor-
tado síntomas como dificultad para respirar, dolores, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto o el olfato. Con
menos frecuencia se presentan síntomas como náuseas, vómitos y diarrea (Guan et al., 2020). Según Menni et al. (2020),
alrededor del 80% de los infectados presentan síntomas leves o ausencia de los mismos (asintomáticos) y generalmente no
requieren tratamiento hospitalario; otro 15% desarrolla enfermedad moderada o grave, como neumonía, edema pulmonar,
síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica múltiple o incluso la muerte (Li et al., 2020; Pierre y Harrisc,
2020; WHO, 2020;), requiriendo asistencia avanzada, en muchos casos con apoyo ventilatorio y cuidados intensivos. La
letalidad por esta enfermedad fluctúa entre 4% y 6%, con un riesgo incrementado de complicarse o morir en los casos de
personas infectadas en edades avanzadas y que además tengan enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes,
cáncer y cardiopatías (Flint y Tahrani, 2020; Rodacki, 2020; Zhou et al., 2020; Yang et al., 2020). La OMS anunció que la
COVID-19 debería caracterizarse como una nueva enfermedad pandémica (Gudbjartsson et al., 2020).
De Lusignan et al. (2020), en su estudio realizado entre la población general encontraron evidencia de posibles factores socio-
demográficos asociados con una prueba de SARSCoV- 2 positiva como: edad avanzada, el sexo masculino, habitar en zonas
menos favorecidas, vivir en un área densamente poblada, raza negra, la obesidad y la enfermedad renal crónica, exceptuando
el tabaquismo. Sin embargo, se reconoce la necesidad de mayores estudios para dilucidar con mayor robustez los resultados.
La susceptibilidad al virus es general, debido a que se trata de un agente infeccioso nuevo para el humano y su comportamien-
to se está evaluando continuamente a fin de identificar los factores de riesgo o de protección inherentes a la infección; en la
actualidad, se encuentran en curso estudios de investigación para el desarrollo de vacunas que prevengan el contagio o de
medicamentos que contengan la historia natural de la enfermedad en el hombre. Al ser una enfermedad transmisible por la vía
aérea, la aplicación de medidas de control para limitar la transmisión es bastante compleja, ya que van desde la recomenda-
ción de uso de mascarilla hasta la restricción de viajes y comercio internacional, pasando por cuarentena masiva, aislamiento
estricto de casos confirmados, entre otras (Sánchez et al., 2020).
COVID-19 en Venezuela
A raíz de la declaración realizada por el director de la OMS, el 30 de enero de 2020, algunos países latinoamericanos comenzaron
a tomar previsiones e implementar medidas extraordinarias de seguridad y salud pública ante el posible arribo de la enfermedad
a sus territorios. El virus entra a Venezuela el 13 de marzo de 2020, donde las autoridades reportaron los dos primeros casos
que resultaron ser importados y en función de esa información, se sumó como uno de los últimos países de América Latina
en reportar casos de infectados y declarar estado de alarma nacional (Olmo, 2020). El 21 de marzo se reportó la primera
muerte a consecuencia de la enfermedad (Reuters, 2020). Posteriormente se detectó y reportó un caso importado que presentaba
síntomas desde el 29 de febrero de 2020 (Fermín, 2020). Se cree que la primera persona portadora del virus ingresó al país el
25 de febrero de 2020 (Souquett, 2020).
Las autoridades venezolanas comenzaron a realizar protocolos para contener la enfermedad como: suspensión de vuelos
nacionales e internacionales, cuarentena social extendida a todo el país y cierre de frontera con Colombia y Brasil. Sin embargo,
a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando y todas las medidas sanitarias implementadas, la cantidad de
contagios y la rápida propagación del virus siguen en ascenso, poniendo actualmente al país en cuarentena radical. En el país
no hay información precisa con respecto al número de casos importados y a los que tiene relación con estos, tampoco con los
considerados casos propios debido a brotes o cadenas de transmisión comunitaria, a partir de casos de origen desconocido, lo
cual hace que aumente la dificultad para la contención. Es de hacer notar las inconsistencias, limitaciones y contradicciones
de los datos ofrecidos por los voceros oficiales, y la ausencia de un boletín epidemiológico periódico, que permita analizar los
datos con detalle. Otra situación que se ha suscitado en el país es que se desconoce el número actualizado de casos sospechosos
o probables, así como lo recomienda la OMS-OPS y cuántos han sido descartados mediante pruebas moleculares (Souquett,
2020). Desde diciembre de 2016 fue restringido de forma arbitraria el acceso a los datos oficiales epidemiológicos, situación
que se ha mantenido hasta la actualidad (Oletta y Walter, 2020).
El diagnóstico de la enfermedad ha tenido una limitada capacidad y sigue siendo insuficiente cuando se ve que el número de
casos aumenta diariamente, para explicar el pobre desempeño en la realización de pruebas confirmatorias en el país, es necesario
mencionar que se dispone de un solo laboratorio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel [INHRR]
ubicado en la ciudad capital, autorizado para el procesamiento de las muestras a través de pruebas moleculares [RT-PCR], cuya
capacidad es alrededor de 100 a 200 pruebas diarias (Oletta y Walter, 2020), aunado al tiempo que tarda en llegar la muestra al
laboratorio, retraso en la entrega de los resultados, las dificultades para la preservación de las mismas, bajo condiciones de
refrigeración, durante el transporte, lo que contribuye a riesgos de daño y extravío del material. Todo esto trae como consecuen-
cia perjuicios para el paciente, en cuanto a la aplicación temprana del protocolo de fármacos que han establecido las autoridades
de salud, poniendo en riesgo la vida de este, por lo que se hace necesario mejorar la estrategia de control del virus para detectar
los casos y sus contactos de forma eficaz y oportuna.
Es importante conocer de forma diaria el número de pruebas de RT-PCR con el propósito de poder calcular la tasa de positivos
y de utilizar este indicador para seguir el comportamiento de la epidemia, pero hasta ahora en Venezuela se eligió erradamente
la utilización de las pruebas rápidas, basadas en la determinación serológica de anticuerpos, sin embargo, esta medida que no ha
sido recomendada por la OMS ya que estas pruebas no han sido suficientemente validadas (WHO, 2020). Es bien sabido como
se hace con otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que las pruebas serológicas, suelen ser útil para estudios de
seroprevalencia, por lo que pueden ser usadas después de la pandemia. Sin embargo, hasta ahora los únicos datos confiables que
se tienen a cerca de los casos confirmados por RT-PCR son los reportados por Sánchez et al. (2020), en un estudio realizado entre
el 21 de febrero hasta el 22 de junio de 2020 donde se obtuvo un total 4.014 casos confirmados considerados importados de otros
países, principalmente de Colombia (65%), Brasil (19%), Perú y Ecuador (4% cada uno), de 39.328 muestras recibidas para
investigación de casos sospechosos en el INHRR procedentes de todas las entidades geográficas de Venezuela para diagnóstico
por RT-PCR.
INTRODUCCIÓN
Una de las mayores amenazas para la humanidad es la aparición de un virus pandémico. Es bien sabido que el virus de la
influenza y coronavirus son aquellos con el mayor potencial para que se produzca tal evento. En China a principios de diciem-
bre de 2019 fueron identificados los primeros casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan,
epidemiológicamente todos tenían una exposición compartida en el mercado mayorista de mariscos donde también se
vendían animales de granja, murciélagos y serpientes (Biscayart et al., 2020; Cuartas et al., 2020; Zhu et al., 2020). Se identi-
ficó que el causante de esta infección era generado por el coronavirus, denominado SARS-CoV-2, llamada enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19), nombre oficial que anuncio la Organización Mundial de la Salud [OMS] el 22 de febrero de
2020 (León et al., 2020; Li et al., 2020).
Para el 11 de marzo del mismo año se reconoció la situación de la enfermedad como pandemia, debido a su rápida y fácil
transmisión, la cantidad de casos, mortalidad observada y su expansión a nivel mundial (OMS, 2020). Hasta principios del
mes de agosto (3 de agosto 2020), a nivel mundial se han registrado un total de 18.506.901 casos confirmados, con 700.784
muertes, siendo actualmente el continente americano el más afectado con 5.129.680 casos en total (BBC mundo, 2020).
Según los reportes de la OMS el primer caso que se reportó en América fue el 23 de enero en USA y en Latinoamérica el 27
de febrero en Brasil; y para la fecha USA es el más afectado con 4.070.480 casos confirmados, seguido de Brasil con
2.287.475 casos confirmados (Johns Hopkins University, 2020; Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada,
2020; Consórcio de veículos de imprensa, 2020). Venezuela no escapa de la realidad mundial, esta pandemia de COVID-19
se ha expandido en todo su territorio nacional (MPPS, 2020).
Después de la confirmación de los primeros casos en el país, el Ministerio del Poder Popular para la Salud [MPPS] por medio
de la base de datos del Sistema Único de Información en Salud [SUIS], manifestó una estabilidad en la incidencia de los casos
hasta mediados del mes de mayo de 2020, cuando la curva de casos confirmados presentó un cambio abrupto, esto relaciona-
do en su mayoría con casos importados provenientes de países vecinos. Desde la llegada de la pandemia a Venezuela, la
información actualizada sobre el coronavirus, pruebas realizadas, tasa de recuperados y fallecidos, entre otros, es limitada,
debido a que los portales web no dan la opción de descargar los datos correspondientes, muchos menos de realizar búsquedas
dinámicas o acceder a un portal de datos abiertos, por lo que dicha información solo se obtiene a través de noticias mostradas
en medios públicos y privados o acceder a portales que en su mayoría no tienen nada que ver con el MPPS, donde solo se
recopilan aspectos en forma de notas periodísticas, lo cual, esto ha traído como consecuencia contradicciones, divergencias,
poca transparencia en las cifras e incluso los datos se reportan de forma tardía debido a que la confirmación del diagnóstico
no se hace de forma oportuna.
La COVID-19 en Venezuela es mucho más que una crisis de salud. Hoy en día ha tenido el potencial de aumentar la crisis
social, económica y política, que ya existe en el país. Con América convertida en el epicentro mundial, mientras la vecina
Brasil y otros países latinoamericanos transitan hacia la cima de su curva de mayores contagios, Venezuela ha evitado de
momento un estallido que muchos expertos consideran inevitable, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo
como consecuencia del confinamiento de la población en las fases iniciales del contagio, sin embargo, en este momento no
parece factible que la epidemia detenga su avance, en los últimos días la estadística venezolana de contagios ha comenzado a
aumentar de forma rápida. En realidad, no importa en qué región o país del mundo, si es uno o son dos millones. Cada enfer-
mo, cada muerte, cada recuperación cuenta.
Esta investigación plantea como objetivo analizar la situación de la COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela,
dado que como esta enfermedad es nueva tanto en su aparición como en sus aspectos clínicos, permitirá conocer cómo está
afectando a la población del país.
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 80 - 87 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
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Beneficios para los inversionistas.
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bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
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REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 80 - 87 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 28/07/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 20/10/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
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de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
• María Lorena Tenorio Rosero
• Diana Gissella Veintimilla Almeida
• Milton Alfredo Reyes Herrera
RESUMEN
El artículo desde una metodología interdisciplinaria de carácter cualitativo, con respaldo de indicadores cuantitativos, analiza
el cómo factores de la crisis económica podrían afectar a la calidad de vida de la población ecuatoriana; objetivo, que es
enriquecido con los aportes de una metodología descriptiva basada en la recolección de datos en fuentes primarias y secunda-
rias y en la interpretación sociológica y psicoanalítica, con lo cual explora los impactos en el ámbito de la salud mental y de
la seguridad. Como primer punto, se revisará la situación a nivel material generada por la pandemia y relacionada a la cotidia-
nidad de la población, a través de un análisis proveniente de la economía política; a continuación, se señalarán las principales
problemáticas que dicha crisis genera en el campo de la salud mental y se presentarán proyectivas sobre sus secuelas.
Trasversalmente, se reconocerán posibles escenarios en el tema de seguridad. Los objetivos son formular un estudio de caso
sobre el COVID-19 que complemente a los análisis centrados en el tema salud y a los estudios económicos; y al mismo
tiempo, analice ámbitos poco abordados en el país. Se espera así, que el documento genere insumos que aporten a que las
políticas públicas en el Ecuador puedan generar respuestas anticipadas a los retos presentes del COVID-19 y a sus escenarios
posteriores.
Palabras claves: Ecuador, Crisis COVID-19, Economía, Salud Mental, Seguridad.
ABSTRACT
This article, through an interdisciplinary methodology of a qualitative nature supported by quantitative indicators, analyses
how factors of the economic crisis could affect the quality of life of the Ecuadorian population; objective enriched with the
contributions of a descriptive methodology based on data collection from primary and secondary sources, and in sociological
and psychoanalytic interpretations. With all this, the impacts in the field of mental health and safety are explored. First, the
situation generated by the pandemic will be reviewed at a material level and related to the daily life of the population, through
an analysis from the political economy. Next, the main problems generated by this crisis in the field of mental health will be
pointed out and projections on its consequences will be presented. Transversally, possible scenarios in safety will be
recognized. The objectives are to formulate a case study on COVID-19 that complements the analyses focused on health and
economic studies, which at the same time, examines areas that are hardly tackled in the country. This document is expected
to generate inputs that will help public policies in Ecuador to create anticipated responses to the present challenges of
COVID-19 and its subsequent scenarios.
Key words: Ecuador, COVID-19 Crisis, Economy, Mental Health, Security.
LA CRISIS ECONÓMICA DEL COVID-19 EN EL ECUADOR:
IMPLICACIONES Y PROYECTIVAS PARA LA SALUD MENTAL Y LA SEGURIDAD
THE COVID-19 ECONOMIC CRISIS IN ECUADOR:
IMPLICATIONS AND PROJECTIONS FOR MENTAL HEALTH AND SAFETY
María Lorena Tenorio-Rosero , Diana Gissella Veintimilla-Almeida , Milton Alfredo Reyes-Herrera
1 2 3
Universidad Central del Ecuador. Quito - Ecuador. E mail: mltenorio@uce.edu.ec
Universidad Central del Ecuador. Quito - Ecuador. E mail: dgveintimilla@uce.edu.ec
Instituto de Altos Estudios Nacionales. Quito - Ecuador. E mail: milton.reyes@iaen.edu.ec
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
ARTÍCULO RECIBIDO: 01/09/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 05/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
INTRODUCCIÓN
El problema del COVID-19 viene siendo tratado, especialmente desde los impactos generados en la salud, y en sus conse-
cuencias económicas; sin embargo, existen temáticas como el de la salud mental y la seguridad, que presentan un déficit de
análisis académicos, aunque se pueden encontrar registros de datos fragmentados, por medio de la prensa.
Los datos económicos alrededor de la pandemia han venido señalando distintos resultados, sobre el decrecimiento del PIB en
el Ecuador para 2020; así, al inicio de la misma, se calculó en (-) 6,5 % (CEPAL, 2020a), para julio se calculó en alrededor de
(-) 9% (CEPAL, 2020b), y finalmente el Fondo Monetario Internacional [FMI] a inicios de agosto lo recalculo a un (-) 11%
(Báez y Rosero, 2020); la evolución de la proyectiva, no se debe únicamente a la crisis del COVID-19, sino también al desem-
peño económico del gobierno durante la pandemia y al manejo de años previos, donde existieron: a) un alto grado al recorte en
inversión, y b) políticas restrictivas que desaceleraron la economía desde 2018. Así, la evolución muestra que en 2017 existió
un crecimiento de 3% - recuperándose de una caída de (-) 1,6%, anual en 2016 (CEPAL, 2018); mientras que, para 2018 se da
un modesto crecimiento de 1,4% (CEPAL, 2019); y ya, para 2019, se alcanza apenas un incremento de 0,1% (BCE, 2020a).
La crisis previa a la pandemia puede ser observada en la evolución del presupuesto general del estado [PGE]; donde, el déficit
fiscal muestra poca eficiencia estructural y reacción tardía en el manejo de las finanzas públicas frente a la coyuntura de dicha
crisis; por ejemplo, el ejercicio fiscal al 2019 registra un déficit de -2.662 millones de dólares (mm. USD); sin embargo no
es el valor más significativo en comparación con años anteriores, ya que en el 2016 - periodo de transición gubernamental- se
registra un déficit de -5.336 mm. USD (relacionados al terremoto, y caída de precio de petróleo) y en 2017 éste asciende a
-5.617 mm. USD.
A esto, se sumó la poca eficiencia en la administración del gasto y en la recaudación fiscal en personas naturales y empresas,
e incluso se otorgó la remisión de impuestos al sector privado moroso frente al Estado; todo lo cual, significaron 4.291 millo-
nes de USD de impuestos no pagados al SRI - sin considerar intereses- (Salgado, 2019), y que beneficiaron especialmente a
las grandes firmas. Este hecho, además impactaba en la economía por la falta optimización la inversión en obra pública, y
donde se reportan altos niveles de corrupción institucionalizado.
Cuando, desde 2018, se inicia la disminución del déficit, ésta vino acompañada por el constreñimiento en el aparato del estado
y el recorte en inversión pública; y por nuevos endeudamientos, entre otras medidas; donde, desde una visión ortodoxa, se ha
considerado que las medidas de ajuste podrían generar mayor inversión privada, algo que no se ha materializado meridianamente.
Así, el Ecuador, sin políticas anti-cíclicas, ni inversión privada nacional ni externa, ha sido un ejemplo negativo en la caída
de los indicadores relacionados a la calidad de vida de la población. Es en este contexto, cuando es importante observar la
tendencia de los pagos generados por el servicio de la deuda:
Tabla 1. Situación financiera, PGE (en millones de USD)
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE (2020b).
Elaborado por: Autores
Año Ingresos corrientes y de capital Egresos corrientes y de capital Déficit (-) o Superávit (+)
2015 20.115,9 21.784,4 -1.668
2016 17.673,3 23.010,5 -5.337
2017 17.326,1 22.942,9 -5.617
2018 19.243,9 21.893,1 -2.649
2019 18.723,6 21.385,2 -2.662
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
• María Lorena Tenorio Rosero
• Diana Gissella Veintimilla Almeida
• Milton Alfredo Reyes Herrera
Por otra parte, se señala que el monto a julio 2020 de la deuda pública asciende a USD 58.418 millones USD (Ibíd.), siendo
que el Ecuador a 2019, tenía que cumplir sus obligaciones de corto y mediano plazo con los tenedores de bonos en el mercado
internacional de capitales, por un rubro que representaba el 32% del total la deuda pública.
Dado el peso de las obligaciones y si el país incumplía los pagos y caía en default cruzado se habría afectado aún más a su
calificación actual de –B (alto riesgo país), en el mercado internacional; incumplimiento que le habría significado no
solamente el cierre de puertas de los prestamistas internacionales, sino también la de los organismos multilaterales como el
Fondo Monetario Internacional [FMI], el Banco Mundial [BM] y el Banco de Desarrollo para América Latina [CAF]; entida-
des con las cuales regularmente se pretende reactivar o negociar nuevos préstamos, en función de los resultados que se
obtengan con los tenedores de bonos.
Actualmente (a agosto, 2020), en este nivel, el Ecuador negocia con el Banco de Desarrollo de China, con cuyo estado existen
obligaciones contempladas dentro del 10% señalados en el rubro gobierno, ver gráfico n.1), a la par que se reactivan negocia-
ciones con el FMI, cuyos condicionamientos para la obtención de nuevos préstamos están ligados a los cumplimientos de la
carta de intención firmada; cuyas exigencias más fuertes son: la reducción del tamaño del Estado, específicamente en el
Sector Público No financiero [SPNF], y la privatización o monetización de activos estatales. Es en el escenario mencionado,
donde el COVID-19 profundiza la crisis anterior, generando otra serie de elementos que deben ser tratados para comprender
el impacto en la población en su cotidianidad; y que no pueden ser comprendidos únicamente como resultado de factores
exógenos, sino que tiene que ver con las decisiones en política económica que los gobiernos nacionales asumen.
En el caso ecuatoriano, la respuesta gubernamental se anunció, en un primer momento, a las 7:00 am del 10 de marzo de 2020,
cuando en cadena nacional, se señalaron un conjunto de medidas económicas para afrontar y superar la crisis. Lo inusual de
la hora del enlace, anunciaba la gravedad de las medidas a tomarse sobre la sociedad; recayendo éstas especialmente en los
estratos de bajos y medios ingresos. Bajo el argumento de austeridad (retórica que da continuidad de las políticas de ajuste de
años anteriores), se anticiparon políticas de política fiscal y ajustes a la deuda pública, y se anunció una serie de medidas que
se resumen a continuación:
1. Recorte de presupuestario (800 millones en bienes y servicios, y 600 millones de USD en bienes de capital).
2. Eliminación de una secretaría (de la Juventud), 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas,
4 secretarías técnicas y la Empresa de Medios Públicos.
3. Aporte obligatorio de los servidores públicos de un “pequeño porcentaje” del salario (entre el 4 y el 8%).
4. Incremento en 0,75% de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta en el sector bancario, petrolero y de
telecomunicaciones (SRI, 2020).
A raíz de este anuncio, se empezaron a perfilar una serie de medidas de ajuste, leyes y decretos elaborados e implementados
fundamentalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Trabajo. Con lo que respecta a este análisis, como
muestra podemos señalar 3 campos donde van a profundizarse los impactos generados por las crisis acarreadas en años anteriores
(salud, educación y empleo), que permiten observar una continuidad en el deterioro de calidad de los indicadores. En términos de
ejecución (gasto) en el sector de salud y educación, existe una disminución visible al comparar los datos en cada primer quimestre
entre los años 2018-2020. Esto, es especialmente considerable en el sector salud, lo cual, resulta alarmante tomando en cuenta que
en plena emergencia sanitaria se esperaría una priorización de recursos para garantizar la atención a la población afectada y la
prevención. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (BCE, 2020c) se registra un gasto en salud de 1.027 millones de
USD en el 2018; en el 2019: 1.058 millones; y finalmente, en el 2020 en pleno desarrollo de la pandemia, el gasto llegas a apenas
964 millones de USD (ver figura 2). Cifras que permiten confirmar las denuncias de médicos, enfermeras, técnicos y servidores
de la salud sobre la falta de insumos básicos y falta de pago de salarios en plena emergencia sanitaria.
El sector educación, también resultó gravemente afectado debido a que existe una reducción que va desde los 1.360 a los
1.099 millones de USD, en el mismo periodo analizado (ver gráfico N° 2); mientras que el gobierno también anunciaba un
recorte de cerca de 100 millones de USD a las universidades públicas, específicamente en gasto corriente; afectando las
partidas de contratación del personal docente y administrativo ocasional y con ello la calidad de la educación; limitando así,
la oportunidad de acceso a la educación pública a los actuales y futuros postulantes, debido al obligado recorte sobre la oferta
académica. Cuando se observan los recortes en los sectores señalados, se reconoce una política que pretende que la lógica de
mercado opere libremente, cuando ni los grandes centros del capitalismo mundial, han dejado de lado el rol de comando del
estado, para solventar, o por lo menos contener, los efectos más severos en indicadores económicos y sociales.
Tabla 2. Egresos del PGE (millones USD)
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE (2020c). Elaboración: Autores
Gráfico 1. Estructura de la deuda pública - a Julio 2020
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2020)
INTERNA EXTERNA
Otros: 2%
Bonos en mercados
internacionales:
32%
Organismos
internacionales:
23%
Gobiernos: 10%
Bancos: 4%
Deuda Interna: 29%
2015
2016
2017
2018
2019
27.373,2
29.213,7
29.891,2
27.135,6
27.440,6
20.023
21.080
20.428
18.867
18.045
3.151
4.301
4.918
3.908
5.266
4.200
3.832
4.546
4.361
4.130
7.351
8.134
9.463
8.269
9.396
26,85%
27,84%
31,66%
30,47%
34,24%
TOTAL
EJECUTADO
(Gastos + Pago Deuda)
AÑO
GASTOS
PAGO DEUDA
TOTAL
PAGO DE
DEUDA
PORCENTAJE
DESTINADO
A LA DEUDA
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
ARTÍCULO RECIBIDO: 01/09/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 05/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Actualmente (a agosto, 2020), en este nivel, el Ecuador negocia con el Banco de Desarrollo de China, con cuyo estado existen
obligaciones contempladas dentro del 10% señalados en el rubro gobierno, ver gráfico n.1), a la par que se reactivan negocia-
ciones con el FMI, cuyos condicionamientos para la obtención de nuevos préstamos están ligados a los cumplimientos de la
carta de intención firmada; cuyas exigencias más fuertes son: la reducción del tamaño del Estado, específicamente en el
Sector Público No financiero [SPNF], y la privatización o monetización de activos estatales. Es en el escenario mencionado,
donde el COVID-19 profundiza la crisis anterior, generando otra serie de elementos que deben ser tratados para comprender
el impacto en la población en su cotidianidad; y que no pueden ser comprendidos únicamente como resultado de factores
exógenos, sino que tiene que ver con las decisiones en política económica que los gobiernos nacionales asumen.
En el caso ecuatoriano, la respuesta gubernamental se anunció, en un primer momento, a las 7:00 am del 10 de marzo de 2020,
cuando en cadena nacional, se señalaron un conjunto de medidas económicas para afrontar y superar la crisis. Lo inusual de
la hora del enlace, anunciaba la gravedad de las medidas a tomarse sobre la sociedad; recayendo éstas especialmente en los
estratos de bajos y medios ingresos. Bajo el argumento de austeridad (retórica que da continuidad de las políticas de ajuste de
años anteriores), se anticiparon políticas de política fiscal y ajustes a la deuda pública, y se anunció una serie de medidas que
se resumen a continuación:
1. Recorte de presupuestario (800 millones en bienes y servicios, y 600 millones de USD en bienes de capital).
2. Eliminación de una secretaría (de la Juventud), 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas,
4 secretarías técnicas y la Empresa de Medios Públicos.
3. Aporte obligatorio de los servidores públicos de un “pequeño porcentaje” del salario (entre el 4 y el 8%).
4. Incremento en 0,75% de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta en el sector bancario, petrolero y de
telecomunicaciones (SRI, 2020).
A raíz de este anuncio, se empezaron a perfilar una serie de medidas de ajuste, leyes y decretos elaborados e implementados
fundamentalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Trabajo. Con lo que respecta a este análisis, como
muestra podemos señalar 3 campos donde van a profundizarse los impactos generados por las crisis acarreadas en años anteriores
(salud, educación y empleo), que permiten observar una continuidad en el deterioro de calidad de los indicadores. En términos de
ejecución (gasto) en el sector de salud y educación, existe una disminución visible al comparar los datos en cada primer quimestre
entre los años 2018-2020. Esto, es especialmente considerable en el sector salud, lo cual, resulta alarmante tomando en cuenta que
en plena emergencia sanitaria se esperaría una priorización de recursos para garantizar la atención a la población afectada y la
prevención. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (BCE, 2020c) se registra un gasto en salud de 1.027 millones de
USD en el 2018; en el 2019: 1.058 millones; y finalmente, en el 2020 en pleno desarrollo de la pandemia, el gasto llegas a apenas
964 millones de USD (ver figura 2). Cifras que permiten confirmar las denuncias de médicos, enfermeras, técnicos y servidores
de la salud sobre la falta de insumos básicos y falta de pago de salarios en plena emergencia sanitaria.
El sector educación, también resultó gravemente afectado debido a que existe una reducción que va desde los 1.360 a los
1.099 millones de USD, en el mismo periodo analizado (ver gráfico N° 2); mientras que el gobierno también anunciaba un
recorte de cerca de 100 millones de USD a las universidades públicas, específicamente en gasto corriente; afectando las
partidas de contratación del personal docente y administrativo ocasional y con ello la calidad de la educación; limitando así,
la oportunidad de acceso a la educación pública a los actuales y futuros postulantes, debido al obligado recorte sobre la oferta
académica. Cuando se observan los recortes en los sectores señalados, se reconoce una política que pretende que la lógica de
mercado opere libremente, cuando ni los grandes centros del capitalismo mundial, han dejado de lado el rol de comando del
estado, para solventar, o por lo menos contener, los efectos más severos en indicadores económicos y sociales.
Gráfico 2. Gastos sector salud, y educación por primer quimestre (2018-2020) en millones de dólares.
Fuente: BCE (2020c).
2018 ENERO - MAYO
1160,70
1027,70
1235,90
1058,10
1099,70
964,70
2019 ENERO - MAYO 2020 ENERO - MAYO
Educación y cultura Salud y desarrollo comunal
E-ISSN-2361-2557
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
• María Lorena Tenorio Rosero
• Diana Gissella Veintimilla Almeida
• Milton Alfredo Reyes Herrera
Paralelamente, mientras estos sectores sensibles para los derechos básicos de la población se recortan, entre enero y mayo de
2020, se realizaron desembolsos por concepto de deuda, que según el BCE (2020b,), alcanzan los 9.379,6 millones de USD;
es decir, se pagaron en cinco meses lo equivalente a un año; e incluso en medio de la pandemia, se realizó el pago adelantado
de compromisos de deuda con la banca internacional y tenedores de bonos de 936 millones de USD- hasta abril (OBSERVA-
TORIO DE LA DOLARIZACIÓN, 2020), monto que representa cerca del 1% del PIB.
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
Por otro lado, cabe señalar que, para la retórica oficial y de los medios de comunicación, el desempeño económico de los años
previos, y la crisis del COVID-19, han servido de justificativo para realizar ajustes agresivos (incluyendo la desvinculación
masiva de trabajadores públicos y el cierre de empresas estatales); lo cual proyectivamente incidirá en la crisis económica al
afectar directamente al consumo de las familias y por lo tanto a la propia oferta. Dicho escenario, se viabiliza debido la preca-
rización, austeridad y vulneración a los derechos laborales, medidas que se institucionalizan mediante la “Ley Humanitaria”
(Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, 2020) y aprobado por el
pleno de la Asamblea Nacional el 15 de mayo, y el cual presenta otra serie de complejidades:
- Exoneración a la banca del pago del 50% sobre el impuesto a la renta, siempre que esta otorgue préstamos productivos (Art. 10).
- Implementación de la modalidad virtual en todo el sistema educativo (Ibíd., Art. 3).
- Modificación al Código de Trabajo agregando la modalidad del teletrabajo, flexibilización laboral y reducción del salario
mínimo vital (Ibíd. “agréguese al Art.16 del Código de Trabajo”).
A junio, uno de los impactos directos de la Ley Humanitaria es la pérdida del empleo adecuado que según el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos [INEC] baja de 38,8% registrado en el 2019 a 16,70% en el 2020. Por su lado, la eliminación de
empresas públicas y la paralización de la actividad económica han causado consecuencias graves como el incremento del
desempleo desde un 3,8% a una tasa del 13,3%, equivalente a 1.009.583 de personas, modificando la situación laboral del
Ecuador considerablemente donde el 67,40% está en condiciones de empleo inadecuado más de la mitad de la población.
(INEC-ENEMDU TELEFÖNICA, 2020).
Tabla 3. Pago de deuda enero - mayo 2020
Fuente: BCE (2020c) Elaboración: autores
Gráfico 3. Estructura laboral en el Ecuador
Fuente: ENEMDU-INEC (2019 y 2020)
Mes Millones USD
Enero 1.308,6
Febrero 1.906,2
Marzo 1.147,7
Abril 2.499,6
Mayo 2.517,5
TOTAL 9.379,6
ESTRUCTURA LABORAL EN EL ECUADOR
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
dic-24 dic-25 dic-26 dic-27 dic-29 mar-29 jun-19 sep-19 dic-19 jun-30
46,70
49,30
3,80
48,10
46,50
4,80
53,40
41,20
5,20
53,00
42,30
4,60
55,30
40,60
3,70
56,90
37,90
4,60
57,00
37,90
4,40
56,00
38,50
4,90
56,70
38,80
3,80
67,40
16,70
13,30
Empleo Inadecuado Empleo Adecuado Desempleo Empleo No Clasificado
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
93
De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
ARTÍCULO RECIBIDO: 01/09/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 05/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
• María Lorena Tenorio Rosero
• Diana Gissella Veintimilla Almeida
• Milton Alfredo Reyes Herrera
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
ARTÍCULO RECIBIDO: 01/09/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 05/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
• María Lorena Tenorio Rosero
• Diana Gissella Veintimilla Almeida
• Milton Alfredo Reyes Herrera
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
ARTÍCULO RECIBIDO: 01/09/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 05/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
• María Lorena Tenorio Rosero
• Diana Gissella Veintimilla Almeida
• Milton Alfredo Reyes Herrera
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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De los resultados obtenidos, se ha podido evidenciar múltiples beneficios que produce emitir bonos de esta categoría, además de
beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. A pesar de tener escasa regulación sobre los bonos verdes en diversos
países, este no ha sido un impedimento que haya influido en las decisiones para realizar una emisión. De hecho, la Calificadora
de Riesgos Moody's dentro de un anuncio de investigación de fecha febrero 3 de 2020, señala que: “El crecimiento en los
volúmenes de emisión y la diversificación de emisores continúa en las áreas verde, social y mercados de bonos de sostenibilidad.
Moody's espera que la emisión en estos mercados aumente a $ 400 mil millones en 2020, de $ 323 mil millones en 2019” (Mood-
y´s, 2020, p.1). Lo indicado permite comprender que existe una gran oportunidad al acceder a este tipo de mercado de deuda.
Beneficios para los inversionistas.
Los bonos temáticos son valores de renta fija, como cualquier otro en el mercado de valores; así, para los inversionistas, un
bono ODS presenta las mismas ventajas de cualquier valor de renta fija como seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de
interés competitiva, pagos periódicos. Adicional a estos beneficios, se añade la satisfacción del inversionista de saber que está
invirtiendo en causas verdes, sociales o sostenibles. Por estos motivos, muchos de los inversionistas de bonos temáticos son
fondos gubernamentales, especialistas en environmental social governance [ESG], o también ONG´s sin fines de lucro.
Bonos Covid-19, una alternativa de financiamiento.
Frente a la crisis económica actual provocada por la pandemia a causa del COVID-19, se ha agregado un fin adicional de los
bonos sociales, y es dar un respiro a las golpeadas economías, especialmente de las PyMES. Como se conoce, el coronavirus
es una enfermedad que ha arremetido a nivel mundial y se ha convertido en una cuestión social que intimida la calidad de vida
de la humanidad; sus estragos han provocado perjuicios irreparables no solamente en el ámbito de la salud sino también en el
ámbito económico con pérdidas inesperadas.
Ante estas cuestiones, es necesario que se apliquen fuentes de financiamiento que permitan de alguna manera mitigar dichos
estragos, y de acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, una de las formas a través de las cuales se lo puede lograr es con
la emisión de bonos sociales o sostenibles, los mismos que deberían mantener su etiqueta de acuerdo con los parámetros
otorgados por la ICMA, de modo de aminorar los problemas sociales que se generan a causa del COVID-19. El presente
trabajo analiza con más detalle los bonos sociales, entendiendo por tales abonos de deuda que se colocan en los mercados de
valores de cada país con el objeto de recabar fondos que serán destinados exclusivamente a fines sociales; si bien el término
“fines sociales” es amplio, de manera general para el tema en discusión, los emisores que emitan bonos sociales contra el
COVID-19, deben de manera ineludible destinar los recursos que recauden a atenuar el virus y sus efectos, realizando
diferentes proyectos tales como: investigación médica, prevención y mitigación del desempleo ocurrido debido a la enferme-
dad, financiación de créditos dirigidos a las pequeñas empresas que deseen reactivarse y generar empleo, adquisiciones de
equipos sanitarios para combatir el coronavirus. Todos estos medios ejemplificativos al momento de desarrollarse deben ser
transparentes con el manejo del destino de los recursos. En este contexto se debe pretender fomentar la innovación y la
conciencia a través de este tipo de emisiones, a efectos de beneficiar a miles de afectados por la pandemia.
Dentro del primer semestre del año 2020 se ha podido evidenciar ciertas emisiones de bonos COVID-19 para enfrentar la
crisis a causa del coronavirus, así, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el bono social denominado “Fight
COVID-19” con un vencimiento de 3 años, por 3.000 millones de dólares, el cual recibió posturas por más de 4.600 millones
de dólares. De acuerdo con lo señalado en la página web del propio Banco, éste ha llegado a ser el bono social, en dólares,
más grande jamás lanzado en los mercados internacionales de capital hasta la fecha y el mayor índice de referencia en dólares
emitido por esa entidad. Esta emisión pagará una tasa de interés del 0,75% (Banco Africano de Desarrollo, 2020). De acuerdo
a las declaraciones del propio Banco, se menciona que los recursos que se obtengan con este financiamiento estarán dirigidos
a gastos médicos sanitarios, mitigar el impacto económico y social a través de ayudas monetarias a las poblaciones con mayor
vulnerabilidad. Otro claro ejemplo de emisión de este tipo de bonos es el caso del BBVA banco europeo, que lanzó 1.000
millones de bonos COVID-19 a cinco años plazo con una demanda que ha quintuplicado la oferta y se ha situado en 5.000
millones en pocas horas; este tipo de emisión tiene un contexto social asociado a la pandemia y es así como el BBVA otorgará
préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas con afectaciones económicas por impactos COVID-19 (El Economista,
2020). En América Latina se debe mencionar el caso de Paraguay que emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones en los
mercados internacionales, con un plazo de 10 años y a una tasa de 4,95%, cuyos recursos de recaudación estarán dirigidos a
los compromisos asumidos por ese gobierno mediante la Ley de Emergencia N° 6254/2020 que declara Estado de Emergencia
Sanitaria ante la pandemia del COVID-19, estos son: la mejora del sistema de salud y sanitarios, subsidios para los sectores
vulnerables, políticas sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas.
La información otorgada nos debe orientar para que en Ecuador se busque la oportunidad de emitir este tipo de bonos, debien-
do repensar los procesos y ser más sensibles ante los cambios climáticos y sociales, siendo resilientes, aportando soluciones
que favorezcan a la población de manera general y sobre todo a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, empresas
o sector financiero.
Analizando el contexto ecuatoriano, la pandemia ha golpeado fuertemente la economía, el sector más vulnerable ha sido el
conformado por pequeñas y medianas empresas, en tal razón se cree que las instituciones privadas más adecuadas ayudar a la
reactivación económica son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, por las siguientes razones:
• En el año 2019 existían alrededor de 91.370 compañías activas y de esas el 95,6% correspondían a PyMES, de acuerdo con
la información proporcionada en una exposición por parte del señor del Intendente de Compañías de Quito.
• El mercado financiero ecuatoriano está claramente dominado por los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, dejando de
lado al mercado de valores; en cifras, hasta marzo de 2020, los bancos reportaban una cartera bruta de más de veinte y nueve
mil millones de dólares; mientras que en el mercado de valores, durante todo el año 2019 se negociaron casi doce mil millo-
nes de dólares, por lo cual queda demostrado que el mercado de dinero tiene más alcance y es más influyente.
• El número de PyMES que se financian en el mercado de valores es reducido, ya la mayoría de ellas se financian a través del
mercado de dinero.
• La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID–19, publicada en el Registro
Oficial suplemento N° 229 del lunes 22 de junio de 2020, contiene varias disposiciones que buscan que las instituciones
financieras del sistema nacional otorguen créditos enfocados a las pequeñas y medianas empresas, con mayores incentivos
como mayor plazo, períodos de gracia, menor interés, además que sean concedidos con mayor agilidad. Adicionalmente,
prevé la posibilidad de que las instituciones del sistema financiero nacional reprogramen el pago de cuotas pendientes, o
reestructuren los créditos concedidos; esto debido al COVID-19. Para lograr este mandato que la Ley les otorga las entida-
des del sistema financiero requerirán recursos frescos que serán colocados para mejorar la liquidez de sus deudores.
Los parámetros indicados permiten observar que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberían aprovechar la oportu-
nidad de emitir bonos sociales (COVID) en el mercado de valores nacional, con el objeto de obtener recursos para destinarlos
exclusivamente a alivianar la crisis de liquidez que actualmente presenta la economía ecuatoriana a causa de la pandemia
mundial.
Esta propuesta es coherente con la realidad, por los siguientes motivos:
1. Actualmente existen varias experiencias internacionales de instituciones financieras emitiendo bonos sociales para destinar-
los a aminorar los efectos económicos del COVID-19, tal como se ha mencionado en la primera parte de este documento.
2. En Ecuador, Banco Pichincha, en el segundo semestre de 2019, emitió doscientos cincuenta millones de dólares en Bonos
Verdes, un tipo de bono temático, abriendo como precedente este tipo de emisiones.
3. En enero de 2020 el Ecuador emitió su primer Bono Social soberano en el mercado internacional (para vivienda) por un
monto de USD 400 millones a 15 años de plazo y con una tasa de interés de 7,25% anual.
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
ARTÍCULO RECIBIDO: 01/09/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 05/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
E-ISSN-2361-2557
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
100
• María Lorena Tenorio Rosero
• Diana Gissella Veintimilla Almeida
• Milton Alfredo Reyes Herrera
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
REVISTA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D • VOLUMEN 13 • ENERO - JUNIO 2021 • P. 88 - 102 • UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - DIDE • AMBATO - ECUADOR
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ARTÍCULO RECIBIDO: 01/09/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 05/11/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
1.- El factor género, donde la falta de empleo y pobreza son amenazas más fuertes en la población femenina, como se han
observado en los datos económicos; a lo cual se debe sumar, la carga laboral doméstica, que se incrementa en situación
de pandemia, si acaso ha podido acceder a una modalidad de teletrabajo; se reproduce así, elementos estructurales de
machismo en la familia, pero también deja ver la poca proactividad de la política pública sobre la mujer en época de grave
crisis y conmoción social. Así, y en tanto además se le asigna un rol (interiorizado además desde la infancia) de responsa-
bilidad en la reproducción material y educación de la familia, las mujeres son una población proclive para verse afectada
en su salud mental. Por lo tanto, existen matices que pudiendo diferenciarse por condición socioeconómica, atraviesan de
distintas maneras a buena parte de su población.
2.- Que además de los problemas de desempleo, reducción de salarios, la quiebra de pequeños negocios, caída en la venta de
cuenta propia, etc., provocados por la pandemia: factores exógenos relacionados a la misma y por el manejo ortodoxo
gubernamental de la política económica (lo cual, de por si genera cuadros de ansiedad y otros afectaciones a la salud
mental); la clase media y baja e incluso sectores altos que han caído gravemente en sus ingresos, han sido afectados
fuertemente por la acción de las medidas a favor de la banca; lo cual incluye la no posibilidad de restructurar deudas e
incluso el sufrir cargos por mora y elevación leve de intereses. Todo lo cual, lleva a mayor endeudamiento, y mayores
niveles de angustia, por temor a perder lo todavía conservado.
En un escenario así, además y a diferencia de la crisis y colapso financiero del año 1999 y la dolarización, incluso el segmento
anteriormente analizado, no tiene la posibilidad de encontrar una salida económica a través de la migración, ya que la crisis
es a nivel global; realidad que aumenta la incertidumbre y la posibilidad de crisis entre dicha población; la cual, puede ser
tentada como en años pasados por actividades ilegales y el crimen trasnacional, como único medio para intentar solventar los
graves problemas económicos de sus respectivos núcleos familiares; todo lo cual, además de ser una posibilidad de decisión
personal dada por el contexto socioeconómico que afecta a su propia vida también abona a escenarios de inseguridad que
acompañan a dichas actividades ilegales. Por todo lo anterior, cabe reflexionar brevemente, que como balance se puede
afirmar que mientras las medidas restrictivas a nivel económico y social se han prolongado en el tiempo (hasta agosto de
2020), los riesgos de daños en la salud mental se han incrementado también. Por ejemplo, ha sido común la mayor ingesta de
alimentos, uso de alcohol, cuadros de estrés, depresión, somnolencia, insomnio, aumento considerable de violencia domésti-
ca, suicidios entre otros.
Los actos, así como las actitudes en tiempos de confinamiento por la pandemia, devela a sujetos que se enfrentan a lo desco-
nocido. El no poseer otro tipo de referentes de catástrofes trae mayores problemas para adaptarse a circunstancias nuevas; no
es tan solo un problema de vivir en confinamiento con la esperanza del retorno a la cotidianidad, sino el inmenso temor al
futuro que se representa como un augurio de hambre, desempleo, pobreza, violencia y pérdidas y en el mejor de los casos
como incertidumbre, con la crisis y ansiedad que conlleva, tanto a nivel individual como social.
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central-julio
Datos levantados y reportados por el sistema ECU 911 en los primeros 20 días del confinamiento, del 12 de marzo al 17 de
abril de 2020, revelaron que 21 niños y niñas fueron abusados sexualmente, 10 mujeres y niñas fueron asesinadas; 186 delitos
sexuales se han reportado; y así mismo, dicho sistema reportó 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar, es decir, 254 llamadas
diarias (El Comercio, 2020f). Reportes posteriores señalan que para el lunes 20 de julio, el sistema informó que ha coordinado
la atención de 38.288 emergencias por violencia intrafamiliar. Es decir, se reportaron diariamente 291 personas que llamaron
al 911 como víctimas de violencia (El Comercio, 2020g); así mismo, Juan Zapata, director General del ECU 911 informó en
un comunicado del martes 21 de julio, que las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha
24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de los Tsáchilas registraba el 4% (Ibíd.).
Así mismo, hasta el 11 de junio, por ejemplo, más de 200 menores de edad han sido reportados como desaparecidos, el 70 %
son mujeres, en su inmensa mayoría han desaparecido por voluntad propia por el ambiente hostil en los espacios domésticos,
problemas afectivos, situación de riesgo, consumos de sustancias y demás problemas emocionales. Según datos reportados
por la DINAPEN, la mayoría de ellos hasta entonces se habían resueltos (97,9%), aunque unas pequeñas cifras de menores
(16) aún no habían sido encontradas (EFE, 2020).
Sucesos dolorosos, que, si bien se relacionan a problemas estructurales, también se profundizan producto de las decisiones
coyunturales en la labor del gobierno nacional y deja ver lo complejo del encierro y el confinamiento cuando el hambre, la
falta de empleo, la ausencia de recursos económicos son una realidad donde los más pequeños, son los más vulnerables frente
a los abusos y los actos de perversión de los otros
Todos los factores mencionados, así mismo se profundizan cuando existe una crisis que dado el manejo económico estatal, ha
generado múltiples problemas como pérdidas de empleo, precarización laboral, ingreso de recursos cero, etc., que impactan
en los medios materiales de la población y por lo tanto, en los niveles de solidaridad social, pero también en la salud mental.
Así, en primer lugar, cabe señalar que pese a que el confinamiento ha producido una paralización en la economía del país y
la afectación psicológica que la acompaña, ésta afectó especialmente a sectores económicos relacionados al trabajo a cuenta
propia, quienes no accedieron a políticas sostenibles para su economía familiar, fruto de los factores exógenos y las decisiones
endógenas a nivel económico; lo cual resultó en muchos negocios quebrados y en un incremento de la tasa de desempleo
considerable, como ya se ha observado.
En esa misma línea, se debe señalar que la falta de empleo ha incrementado el sector informal, mientras que existe falta de
garantías institucionales (por ejemplo del Ministerio de Trabajo) para resolver nuevas problemáticas como el elevado número
de despidos intempestivos; a lo cual, se ha sumado la aprobación de leyes que legitiman la reducción de la jornada laboral, o
el cese temporal de trabajo a acordarse entre empleador y empleado (con clara desventaja en términos de relaciones de poder
por parte de los primeros); todo lo cual avizora la multiplicación de problemas sociales en términos materiales relacionados
a la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos mínimos; y también en términos de salud mental, tal cual es realidad entre
los millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo: entre quienes se presenten síntomas como: sentimientos de
angustia, ansiedad cuadros de estrés, desesperación por el mañana problemas de sueño enojo y celo por quienes no han perdido
su trabajo, sentimiento de no ser apreciado, preocupación por el bienestar propio y por el de su familia.
Perder el trabajo genera temor y angustia. No es tan solo resolver como recortar gastos en la economía doméstica, sino un
sentimiento total y absoluto de parálisis. No es un simple problema de encontrar un nuevo empleo; es enfrentarse a la posible
ausencia de oportunidades que genera una desvalorización propia del ser. Así, la pérdida del empleo y la reducción de medios
de vida, generan una situación compleja para los sujetos, más aún cuando el escenario de la pandemia no permite avizorar una
pronta salida.
Así, este tipo de pérdidas, como otras, requieren procesos de duelo para asimilar y aceptar las situaciones de cambio; más aún
cuando los cambios generan crisis: Para los griegos, por ejemplo, la crisis es una ruptura o separación que produce modifica-
ción de los sentidos de lo cotidiano. Las crisis son parte de la condición humana y de las sociedades, porque permite que las
personas cuestionen su cotidianidad como condición de verdad absoluta e inamovible. La crisis cuestiona la existencia,
porque la vida no es otra cosa sino una colección de certezas que organizan nuestros sentidos de pertenencia, es así como en
lo cotidiano toma sentido el hogar, la familia, las relaciones sociales, los espacios. Lo cotidiano no es otra cosa que transitar
por los lugares de lo conocido, es decir, de lo propio. La crisis cuestiona la legitimidad de aquello que le pertenece al sujeto,
cuando se cuestiona la vida misma; sin avizorar una salida, no existe duelo que permita asimilar los problemas, generándose
posibilidad de crisis más profunda y posibilidad de salidas extremas, entre ellas la violencia no solo individual, sino también
social (entrevista RodrigoTenorio Ambrosi, julio de 2020).
Si bien, vivir la pandemia también ha traído consigo grandes y pequeñas crisis; más aún, cuando se producen frente a una situa-
ción completamente nueva (no ha existido prácticamente en un siglo, representaciones sobre catástrofes de esta magnitud), no
hablamos tan solo de cambios en las economías domésticas; sino que además se profundiza el temor sobre la salud, el bienestar
e incluso el presente y la vida misma, lo cual genera temores latentes como el temor ante la supervivencia; por el aislamiento
y ante el fracaso (INFOBAE, 2020). Es así, que el problema del desempleo, la limitación o falta de medios estables de acceso
a recursos materiales como en el caso del trabajo a cuenta propia, potencian otro tipo de escenarios como el de la violencia y
la reducción de la seguridad humana en varios niveles o grupos sociales; como por ejemplo, se puede nuevamente señalar el
informe del ECU 911 referente a que desde el inicio del confinamiento hasta el mes de abril (en el momento más duro del
confinamiento) se reportaron 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar y es que, precisamente la frustración acompañada de
la violencia es justamente lo contrario a la palabra, siendo el resultado de toda la frustración colocada en el acto.
Y es que la agresión es parte constitutiva de todos los sujetos, pero en gran medida ésta es abandonada por requerimientos
sociales, requerimientos que son eficientes cuando existe un andamiaje social e institucional proclive a mantener o ampliar
los bienes públicos y el bienestar mínimo de la población. Por el contrario, cuando todos los ingresos domésticos se desvane-
cen y no se avizoran medios de vida para resolver la cotidianidad presente y menos aún el mañana: las angustias y
frustraciones se enardecen, los gritos, malos tratos y golpes están allí como vehículo para afrontar la desesperanza. Así
mismo, la seguridad humana, tanto como ciudadana, tiende a minimizarse en escenarios de crisis económica; si bien la falta
de empleo y de oportunidades son una de las causas que explica la elevación de la delincuencia en situaciones de “normali-
dad”; estos factores generan aún más impacto cuando - en situaciones extremas como la pandemia, y bajo oportunidades
nulas- el hambre se apodera, y la sensación de incerteza, peligro latente e inseguridad, se perciben como realidades que conti-
nuarán indefinidamente.
Reforzando lo anteriormente señalado, se puede observar que, según datos de la Policía Nacional, al inicio de la pandemia, si
bien en el caso de robo a personas, existió un decrecimiento del 86,47% y en los robos a domicilios la cifra bajó 86,25%
(Primicias, 2020a); esto, se debió al inicial encierro de los ciudadanos; mientras que, por el contrario, las cifras de violencia
intrafamiliar se incrementaron de forma alarmante, como ya se ha mencionado. Es decir, los índices de la violencia e inseguri-
dad no desaparecieron sino se relocalizaron, dadas las condiciones de confinamiento.
Así mismo, a los quince días del confinamiento, se reportó que si bien se dio una reducción inicial en los niveles habituales
de delincuencia, violencia e inseguridad en Ecuador (y aunque las restricciones de movilidad se mantenían) la inseguridad
nuevamente empezaba a escalar, (Primicias, 2020b). Así, por ejemplo, del 1 al 7 de junio se reportaron prácticamente el 40%
de hurtos y robos en relación al total del periodo 9-15 de marzo; mientras que, en el mismo periodo de junio, el total de muer-
tes violentas alcanzó un 89 % en comparación al total del periodo registrado en marzo. Frente a lo anterior, Ítalo Rojas, psicólogo
forense, plantea que el impacto de la pandemia en los niveles de delincuencia es similar al de crisis de la dolarización. Esto
porque hay decenas de miles de personas que han quedado sin trabajo. Esto provocará más violencias y digo violencias
porque ante la criminalidad y la protesta quizá con vandalismo, la respuesta del sistema es la represión” (Ibíd.).
Por otro lado, y finalmente, cabe señalar dos temas que deben ser considerados:
espacios adecuados y seguridad. Los saberes y resiliencia de los profesionales del sector salud han sido desbordados. Las
expectativas por contar con vacunas para tratar el COVID-19 y medicamentos que eviten la mortalidad no es tan solo un
deseo de todos, sino además con mayor consistencia para aquellos que atienden a las víctimas de la pandemia. En esta área,
no solo se trata de la frustración en el espacio laboral; cada miembro de este este sector ha tenido que renunciar a su propia
seguridad; así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó que hasta el 19 de
abril murieron 86 médicos y 700 estuvieron contagiados en Guayas (Telesur, 2020). Frente a la exigencia de mayores cuida-
dos para el personal de salud a través de la entrega de insumos de seguridad, la respuesta oficial tan solo puntualizó que la
pandemia es comunitaria, por lo que se sugería que el personal podría haberse contagiado en cualquier lugar; respuesta que
genera sentimientos de indefensión, ya no solo en términos de condiciones materiales, sino de respaldo institucional.
Los daños emocionales en los servidores de la salud se verán a posterior. El estrés laboral, las crisis de angustia, crisis post
traumáticas, daños severos en la salud tienen y tendrán serias repercusiones en el presente y futuro. Solo el tiempo permitirá
evaluar los efectos de la salud mental a causa de la pandemia; sin embargo, de manera referencial se puede señalar que ya se
han realizado estudios en escenarios similares a las presiones que sufre el personal ecuatoriano. Dicho estudio, reportado por
la prensa nacional (El Universo, 2020b) y que fue realizado por universidades de China y Estados Unidos en personal de prime-
ra línea que atendió casos de COVID-19 en Wuhan y que fue publicado por la editorial Elsevier; señala que hasta inicios de
abril, el 36,9 % del total del personal estudiado (994 individuos) tuvo trastornos de salud mental por debajo del umbral marcado
para el estudio, el 34,4% padeció trastornos leves, el 22,4% presentó alteraciones moderadas y el 6,2 % tenía alteraciones
graves (Ibíd.). Si bien, dicha publicación reconoce que no se había realizado un estudio similar sobre los daños psicológicos en
el personal médico ecuatoriano; Daniela Ziritt, psicóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, valida mediante
su experiencia profesional en primera línea, los escenarios de reproducción de dichos cuadros entre médicos, enfermeras,
paramédicos (entre otros) que se han visto expuestos a situaciones de riesgo; y aún más, considera que el personal médico del
país estaba padeciendo de una presión psicológica y emocional fuerte y (además) sin medios para aliviarla afirma (Ibíd.)
Por otra parte y debido al manejo económico, que ha impactado en el sector salud, se han desnudado escasas capacidades
estructurales y coyunturales que han sido desbordadas por el monto de casos en las principales ciudades; lo cual, más allá de
los impactos clínicos y el número de fallecidos, terminan afectando también a la población en términos de salud mental, en
indicadores tales como la angustia generada frente a la posibilidad cierta de que en caso de contagiarse (por el riesgo de no
ser atendido o ser atendido inadecuadamente), esto signifique complicaciones en la salud e inclusive la muerte.
Por otro lado, con respecto al sector educación, cabe señalar que han existido escenarios complejos:
- Los centros de educación se vieron en la necesidad de plantear alternativas diversas para evitar la interrupción de clases, para
sus estudiantes se propusieron soluciones como clases en línea sincrónicas, uso de plataformas, deberes por correos, usos
de medios como radio como medio de aprendizaje, entre otros.
- Los problemas educativos se agravaron por la falta de recursos profundizada por la crisis del COVID y que incide en la falta
de equipos informáticos y electrónicos para niños, niñas y adolescentes del país; familias que no cuentan con servicios de
internet; o estudiantes imposibilitados de acceder a plataformas, materiales y toda clase de recursos que permita acceder a
los conocimientos necesarios estipulados en los planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación.
Esto ha resultado en un escenario donde se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancela-
ción de las clases presenciales”. En este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo
COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudian-
tes y docentes” (Nathional Geographic, 2020). Aquello, significa un grave problema, porque las condiciones económicas
estructurales y agravadas por las decisiones coyunturales en el escenario del COVID-19, en la administración del estado, no
plantean respuestas eficientes en términos de atención prioritaria y resolución de crisis con medios económicos, destinados a
atender los déficits en el sector de tecnologías de comunicación e información. Y es que, según datos de UNICEF 2020, en
zonas rurales tan sólo el 16 % de los hogares cuenta con servicio de internet y no todos ellos cuentan con recursos tecnológi-
cos que les permita acceder a las plataformas como continuar sus estudios; además en el Ecuador no todas las familias de la
zona urbana cuentan con acceso a internet, 6 de cada 10 podrían tener, pero tampoco implica que cuenten con teléfonos inteli-
gentes, tabletas o computadores o en cantidad suficiente para atender las necesidades de todos.
Si bien, las brechas sociales a causa de la economía han sido una constante, es justamente en esta emergencia sanitaria donde
queda constancia de las inmensas grietas entre los estudiantes de colegios privados y los del sistema público; ya que en el caso
de las familias que cuentan con acceso a internet, dispositivos electrónicos y pagan por educación privada privilegiada, estos
tienen la capacidad de contratar servicios y plataformas para continuar con los procesos de formación académica de sus
familiares. En cuanto a salud mental se refiere, los niños y niñas han tenido que pagar no solo un alto precio por la crisis
sanitaria, económica, falta de empleo en el núcleo familiar, etc., sino también, por la disyuntiva de continuar o retirarse de sus
estudios. Según información del INEC sobre empleo y educación, reportada por la prensa ecuatoriana, hasta el 13 de agosto
de 2020, el sistema educativo perdió el rastro de 17.700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5.600 del régimen
Costa (El Comercio, 2020c), fruto de la deserción educativa. El resultado muestra como el estado no ha podido garantizar el
derecho consagrado en la constitución y considerado junto a la salud como parte integrante de la seguridad humana. Estos
datos son producto de un levantamiento de información del INEC sobre empleo y educación.
Este grave problema traerá serias secuelas y brechas sociales más profundas, porque se agrandan las diferencias sociales, con
consecuencias ya no solo en la falta del cumplimiento de derecho, sino por los escases de oportunidades a un número amplio
de población, que repercutirá negativamente en indicadores relacionados a la pobreza. La falta de oportunidades y de movili-
dad social, sumado a la falta de acceso a la educación, son un caldo de cultivo para reacciones que pueden conducir a la
violencia individual e incluso estructural y para el reclutamiento para sectores de la economía criminal. Dada la crisis econó-
mica, incluso sectores de estratos medios y altos enfrentan retos en el tema educación; ya sea por pérdida de empleo o por
quiebra de negocios y empresas; padres y madres de familia se han visto imposibilitados de cancelar valores por concepto de
pensiones. Como ejemplo, la representante de Fedepal (gremio que agrupa a 83 instituciones particulares de Sierra y Amazo-
nía), reporta que las instituciones afiliadas terminan el año lectivo (julio) con entre 15% a 25% de cartera vencida, pese a los
descuentos aplicados (El Comercio, 2020d). Y es que, debido al ambiente de inseguridad y desesperanza que persiste en la
sociedad ecuatoriana, padres y madres no tienen certezas básicas, como la de contar con recursos económicos suficientes en
el futuro inmediato para cumplir con sus obligaciones relacionadas a los medios de vida y menos aún en temas de educación.
Por otra parte, cabe señalar el tema de salud mental entre población en edad escolar, sobre el cual puede señalar que existen
factores propios de la respuesta a la pandemia como el aislamiento que generan angustia, porque en esta población se esperan
respuestas prontas para retornar los días perdidos, tanto en el aprendizaje en aula, como en las relaciones sociales y con un
mundo que se teje entre los suyos, sus pares; posibilidad de retornar espacios idealizados donde están los amigos, amigas,
parejas, ilusiones, enamoramientos y afectos. Los niños y jóvenes, además, en aislamiento, han tenido que adaptarse a largos
tiempos en casa, a colaborar con los quehaceres domésticos, cumplir con tareas escolares y como producto de las múltiples
crisis generadas por la pandemia -incluida la económica y medios de vida-, también pueden ser víctimas de violencia domésti-
ca, siendo así, parte de una población que puede ser sujeta a reducción de su seguridad.
Así, por ejemplo, el Consejo de Protección de los Derechos de Quito, reporta hasta mayo: siete infanticidios y 10 suicidios de
menores de edad. Uno de ellos, el de una menor de nueve años de edad, quien se colgó luego de pasar tres días sin alimentarse,
la niña fue encontrada por su pequeño hermano. Otros casos de niños que han sido asesinados en sus propias casas por sus
familiares, a manos de la pareja de su propia madre o de su abuela (El Comercio, 2020e).
Así, por todo lo señalado, la crisis a nivel económico y sus respuestas institucionales, hasta aquí analizadas, marcan proble-
máticas materiales concretas y un escenario de incertidumbre como el aumento de la pobreza, reducción de ingreso e incluso
restricción total a medios de vida, lo cual impacta o profundiza otras problemáticas a nivel social; todo lo cual, incide sobre
las condiciones de derechos mínimos considerados por la seguridad humana; la cual desde su primer acercamiento teórico en
el Informe Desarrollo Humano PNUD de 1994, contenía en su concepto los derechos a las seguridades: económica, alimenta-
ria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política (Rojas, 2012); pero también en el tema de salud
mental. Problemáticas todas, que se profundizan o inciden en la generación de nuevas problemáticas, reiniciándose así, un
nuevo ciclo de complejidades que terminan afectando a la población.
Salud mental y seguridad humana, a partir de los efectos generados por la crisis
Antes de analizar los efectos relacionados a la crisis económica, especialmente en lo referente al empleo, la reducción del
presupuesto en salud y educación y las otras consideraciones mencionadas en el anterior acápite, es necesario reconocer que
ya, a partir de febrero, la presencia del COVID-19 generó un notable impacto en el campo de lo psicológico que se vio tradu-
cido en principio en acciones como la compra indiscriminada de papel higiénico (que más allá de lo anecdótico, puede ser
interpretado como “un representante” de seguridad frente a las grandes crisis), mascarillas, desinfectantes, objetos de limpie-
za, alimentos no perecibles y perecibles, medicamentos y bebidas alcohólicas entre otros; generando así un desabasteciendo
a los grandes supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Estos actos lejos de ser absurdos responden al temor de los ciuda-
danos ante lo desconocido de una enfermedad con potencialidad de poner en riesgo la vida de todos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico ha sido una alta tasa de
estrés o ansiedad”. Siendo justamente una de sus expresiones más tempranas el acopio de ciertos bienes de consumo, como
los mencionados (BBVA,2020). En términos psicológicos ese ejercicio individual y social reflejado en un acto compulsivo a
la alta demanda, de ninguna manera fue un acto egoísta con una clara intención de desconocer al otro, sino un acto compulsivo
frente el temor de lo ignorado y lo ajeno.
Sumado a ese cuadro general, las respuestas del estado no han resultado efectivas; esto debido a la falta de recursos, pero
también a la poca eficacia de sus respuestas institucionales. Estas dos problemáticas, se reflejan, por ejemplo, cuando frente
a los primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2020), elaboró el protocolo para
atención teleasistida de salud mental; el cual presenta como objetivo atender casos de emergencias psicológicas y psiquiátri-
cas a través de la teleasistencia (uso de plataformas virtuales) y presentando una normativa para la atención de la población
más vulnerable. Siendo que, en la práctica, esta política no tuvo la publicidad, ni un incremento de recursos para atender una
problemática tan compleja. Súmese además los indicadores de pobreza previa y los nuevos desempleados y sectores que
trabajan a cuenta propia y que durante meses no pudieron acceder a generar recursos propios por el confinamiento y podemos
deducir una tasa de atenciones inadecuadas a través de los medios propuestos (Ministerio de Salud Pública, 2020).
En ese escenario, según los hallazgos de un estudio realizado por un grupo de 11 profesionales, entre psicólogos y médicos,
durante la primera etapa de la pandemia en Ecuador; liderada por Clara Paz, docente de Psicología de la Universidad de Las
Américas [UDLA], sobre el análisis de 759 casos de personas que estuvieron dentro del cerco epidemiológico, entre el 22 de
marzo y el 18 de abril se concluyó que los motivos de consulta en las plataformas de tele asistencia, se presentaban por sínto-
mas frecuentes como taquicardia, sudoración, crisis de pánico, crisis de angustia, sensación de encierro, hormigueo,
insomnio, estrés, preocupación por el trabajo, depresión (El Comercio 2020a).
Según datos reportados por la Presidencia de la República (2020), desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, hasta
finales de mayo se atendieron más de 82.000 casos de teleasistencias como parte del programa “Juntos salimos de esta”, la
demanda de atención psicológica y psiquiátrica hasta el corte de esa fecha fue de 41.478 usuarios a través de la plataforma 171.
Así mismo, el MSP generó el Protocolo de Prevención del Riesgo Psicosocial en Intervinientes Operativos y Administrativos
en COVID -19, (Ibid.) en el que se generaron lineamientos para la atención en salud mental para los equipos de trabajo de
primera línea en la atención hospitalaria o servidores que trabajen directamente para la atención en la emergencia sanitaria
(policías, guardias, militares, administrativos etcétera). El protocolo de prevención de riesgos para personal que atiende la
emergencia contempla el alto nivel de riesgo en su salud física y emocional y que puede decantar en la presencia de síntomas
causados por el estrés laboral. Para ello, propone contar con personal capacitado para atender las emergencias del personal de
primera línea y de todos aquellos que atienden la emergencia sanitaria. De las medidas implementadas, solo una responde
directamente a temas de solventar necesidades psicológicas, mientras que las otras cinco, están relacionadas al clima laboral
-incluso en situaciones de “normalidad” (Promover un clima de apoyo a través de la escucha; establecer turnos de trabajo y
descanso; mantener buenas relaciones sostenidas en el diálogo por parte de los equipos de trabajo; realizar reuniones de
equipo; generar normas de seguridad).
Por otro lado, dicho protocolo otorga responsabilidades institucionales al MSP, Instituto de Seguridad Social [IESS], Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana, de: entrega de alimentos, creación de grupos de atención en salud
mental, coordinación de respuestas del sistema de salud pública y organización de respuestas a necesidades específicas de
grupos vulnerables sectorizando en cada distrito para una mayor eficacia, sin que todas las instituciones tengan competencia
previa, ni por lo tanto, organización y menos aún recursos para implementarlo en el ámbito que compete a este tema.
Dicho protocolo de manera ideal organizó tres tipos de emergencias:
- Código verde: casos no complicados, conductas esperadas por el encierro sin mayores repercusiones en la salud mental; a
través de medios de comunicación que eduquen a la población y generen resiliencia, es decir, orientados a promover a que
los ciudadanos se adapten a la situación del momento.
- Código amarillo: presencia de síntomas como ansiedad, depresión, estrés, sudoración, taquicardia, síntomas que den cuenta
de un mayor nivel de angustia y desesperanza ante las diversas situaciones. Para ello, el protocolo indica la atención a través
de un profesional de la salud, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de altos niveles a través de teleasistencia.
- Código rojo: síntomas acentuados, ideas suicidas, crisis de pánico, ansiedad, trastornos graves de conducta que ponen en
riesgo la vida y estabilidad del sujeto o de su familia. Se lo atenderá a través de Telesalud a cargo de un profesional del área
que requiere (Ibíd.).
Así, mismo, se creó una mesa de salud mental como parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE, quienes a través
del proyecto teleasistencia, reportaron que del 15 al 30 de abril brindaron 11.875 atenciones psicológicas; mientras que la
línea de atención en salud 171, reportó en el mismo periodo 1.413 llamadas para asistencia de este tipo (El Comercio, 2020b).
Debido a lo limitado de dichas políticas (en tanto además parten de una visión instrumental sin una lógica integral), pero
también a la falta de recursos generados por los recortes en el sector salud (incluido personal y adquisición de equipamiento
y medicinas), éste presenta un cuadro altamente complejo. Así, por ejemplo, los hospitales de Quito y Guayaquil frente a la
falta reportada de médicos intensivistas para atender las emergencias, la tarea profesional, con el fin de salvar vidas, fueron
asumidas por profesionales de otras áreas. Como resultado de aquello, importantes investigaciones han advertido de graves
repercusiones en los profesionales de la salud, más aún cuando, por ejemplo, éstos se enfrentan a disyuntivas traumáticas, al
tener que decidir quién debe o no acceder a un espacio en las Unidades de Cuidados Intensivos (por escases), en razón a
supuestos de quién cuenta con una mayor posibilidad de sobrevivir.
En ese escenario, los médicos de hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, han denunciado la falta de
insumos para una atención segura. No solo se han tenido que enfrentar con la ausencia parcial o total de material básico, sino
además con un sistema que no tuvo la capacidad de atender las necesidades en cuanto a camas en UCI, medicamentos,
Aquí también cabe señalar que se amplía la vulnerabilidad relacionada al género: para mayo nos encontramos con una tasa de
desempleo de 15,7% entre las mujeres en la Población Económica Activa [PEA], 4,1% mayor que en la de los hombres
(11,6%), existiendo un incremento de desempleo en 11,1% y 8,3% respectivamente, en relación con diciembre de 2019 (Ibíd.).
La crisis se hace más palpable cuando, junto al efecto de esta ley, el Ministerio de Finanzas ha generado una matriz de normali-
zación con respecto a los retrasos en los pagos a los servidores públicos (que repercute en el consumo); a todo lo cual, se suman
otros factores que impactan sobre la situación económica de sectores vulnerables e incluso en sectores que mantienen una
relación laboral catalogada como empleo adecuado:
1.- El tema de intereses de los créditos: si bien, La tasa activa referencial para la banca, para mayo de 2020 fue de 8,98 %
(interés que cobran los bancos por créditos otorgados); siendo prácticamente de 3 puntos más que la tasa pasiva: 5.97% a la
misma fecha; en la práctica éstas son solamente tasas referenciales, ya que no son aplicadas por los bancos, sino que
básicamente rigen para inversiones públicas y pueden variar según el tipo de crédito, con una fluctuación de hasta dos dígitos
porcentuales; a ello, súmense los costos operativos se cargan directamente a los deudores y que generan mayores ganancias
a los bancos. Aquí, uno de los problemas principales en pandemia es que uno de los tipos de créditos con mayores castigos,
es el crédito de consumo, el cual es ampliamente utilizado, pero que en el caso de las clases media y media baja, se emplean
para solventar gastos cotidianos y en muchos casos emergentes, cuando no se cuenta con dinero en efectivo. Por ejemplo, para
enero de 2020 los créditos de consumo fueron los más demandados y para junio, existió incluso una pequeña alza en los
intereses, llegando a una tasa activa efectiva máxima de 17,3%; lo cual, es impensable en economías dolarizadas (como
referencia en Estados Unidos se manejan tasas activas que no pueden superar el 2%). Esta realidad, se reproduce también en
otros sectores que podrían apoyar a la recuperación productiva y por lo tanto a la recuperación de plazas de trabajo; así, para
julio, el caso de Crédito Productivo Empresarial: la Tasa activa efectiva referencial fue de 9,50%) y Tasa activa efectiva
máxima (10,21%). En el caso PYMES: 11,46% y 11,83% respectivamente; mientras que, en el segmento productivo Agrícola
y Ganadero, fue de entre 8,34% y 8,53% (el Universo, 2020a).
2.- Si bien, la aprobación de la “ley humanitaria”, exonera a la banca del 50% del pago de impuesto a la renta por otorgar
préstamos productivos, (doble beneficio: cobro de intereses y rebaja en los impuestos); ésta no aborda nada referente a tasas
de interés o facilidades para los deudores actuales en cualquier tipo de deuda contraída y se limita a ampliar los plazos para
los pagos, lo que significa acumulación de éstos (la suspensión fue de un tiempo no superior a tres meses).
Finalmente cabe señalar dos elementos sobre el panorama económico que afectan al bienestar mínimo de la población (medidos
en términos de seguridad humana) y a las expectativas de la población y que atañen incluso a la salud mental:
- Que el déficit fiscal que se arrastra desde el 2016, para 2020 se ha proyectado de entre 6.000 a 11.500 millones de USD; lo
cual (de ser la lógica ortodoxa de este periodo de gobierno) ocasionará una reducción mayor en espiral del gasto público
para 2021, en especial en sectores sensibles como la salud y la educación e impedirá la inversión en sectores estratégicos
generadores de ingreso; todo lo cual puede convertirse en una bola de nieve en años posteriores.
- Que, a pesar de lo optimista de la línea argumentativa, de la presidencia sobre la renegociación de la deuda, emitida el 3 de
agosto, cuando se anunció que el país alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por 17.375
millones de USD, y que esto significaría: Alivio de flujo por 16.452 millones de USD durante los próximos 10 años. Reduc-
ción del capital en 1.540 millones de USD. Ampliación del plazo de 6,1 a 12,7 años. 5 años de gracia en el capital y casi 2
años de interés. Reducción del interés de 9,2% a 5,3%. (Ministerio de Finanza-Comunicado oficial, 2020); los términos y
condiciones aún no han sido totalmente trasparentados y dados los antecedentes en los tipos de acuerdo y control sobre el
presupuesto e inversión del estado, existe desconfianza sobre los resultados en términos de crecimiento económico, empleo,
e indicadores sociales.
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ARTÍCULO RECIBIDO: 04/11/2020
ARTÍCULO ACEPTADO: 08/12/2020
ARTÍCULO PUBLICADO: 31/05/2021
RESUMEN
La ciencia y la tecnología están muy presentes en la sociedad actual. Muchas de las historias que se nos cuentan hoy contienen
elementos de carácter técnico o científico. Es por ello que existen varios factores para explicar que en los últimos años se haya
multiplicado la frecuencia de irrupción de nuevos agentes infecciosos entre la población humana. Entre ellos la pandemia
actual por SARS-CoV-2. En vista de la rápida e inesperada propagación del SARS-CoV-2 han surgido numerosas ofertas en
el contexto de diagnóstico de laboratorio, y a pesar de estar ya suficientemente definido que una prueba molecular positiva se
utiliza para indicarles a las personas que tienen ARN del virus y por lo tanto se consideran infectados e infecciosos, las
pruebas indirectas para detección de anticuerpos se utilizan ahora bajo el supuesto de que dando positivo la presencia de
anticuerpos para COVID-19 una persona ha sido infectado previamente y si se ha recuperado de los síntomas, ahora es
inmune. Rutinariamente las pruebas serológicas para detección de anticuerpos no se utilizaban para diagnosticar infecciones
por virus respiratorios como el virus de influenza, parainfuenza, virus respiratorios sincitiales, adenovirus o metaneumovirus,
tampoco se utilizaron de forma rutinaria para el diagnóstico durante las epidemias mundiales de síndrome respiratorio agudo
severo [SARS] Síndrome respiratorio de Oriente Medio [MERS], e influenza de H1N1. Sin embargo, debido la pandemia de
COVID-19, la cual ha ocasionado el consumo de estuches diagnósticos para detección de ácido nucleico, la disponibilidad de
infraestructura el equipamiento de los laboratorios en ciertas áreas geográficas, se ha planteado la posibilidad de recurrir a la
serología como alternativa a las pruebas directas del virus, y surge la pregunta: Qué tan útiles pueden ser las pruebas serológicas?
ABSTRACT
Science and technology are everywhere in today society. Many of the stories we are told in the present contain elements of a
technical or scientific nature. That is why there are several factors that explain why in recent years the frequency of the
irruption of new infectious agents among the human population has multiplied. These include the current SARS-CoV-2
pandemic. In light of the rapid and unexpected spread of SARS-CoV-2, numerous offers have emerged in the laboratory
diagnostic context, and although it is now sufficiently defined that a positive molecular test is used to let people know that
they have RNA of the virus and are therefore, considered infected and infectious, indirect tests for antibodies are now used
under the assumption that by testing positive for the presence of antibodies to COVID-19 a person has previously been
infected and, that if they have recovered from symptoms, they are now immune. Serological antibody tests were not routinely
used to diagnose infections with respiratory viruses such as influenza virus, parainfluenza virus, respiratory syncytial virus,
adenovirus, or metaneumovirus, nor were they routinely used for diagnosis during the global epidemics of severe acute respi-
ratory syndrome [SARS], Middle East Respiratory Syndrome [MERS], and H1N1 influenza. However, due to the COVID-19
pandemic, which has led to the consumption of diagnostic kits for nucleic acid detection, the availability of laboratory infras-
tructure and equipment in certain geographic areas, the possibility of using serology as an alternative to direct virus testing
has been considered, and the question arises: How useful can serological tests be?
EL ALCANCE DEL DIAGNÓSTICO EN LA INFECCIÓN POR SARS-COV-2
THE SCOPE OF DIAGNOSIS IN SARS-COV-2 INFECTION
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3
Facultad Ciencias de la Salud Departamento Ciencias Biológicas Universidad Técnica de Manabí Portoviejo- Ecuador.
E mail: callejas.diana60@gmail.com
Facultad Ciencias de la Salud Departamento Ciencias Biológicas Universidad Técnica de Manabí Portoviejo- Ecuador.
E mail: lesbia.obando@utm.edu.ec
Facultad Ciencias de la Salud Departamento Ciencias Biológicas Universidad Técnica de Manabí Portoviejo- Ecuador.
E mail: fanny.reyes@utm.edu.ec
Diana Callejas de Valero , Lesbia María Obando , Soraya Reyes-Mena
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E-ISSN-2361-2557
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• Diana Callejas de Valero
• Lesbia María Obando
• Soraya Reyes Mena
INTRODUCCIÓN
Actualmente, el mundo está inmerso en la última emergencia viral, protagonizada por el coronavirus conocido como
COVID-19 cuyo nombre será, en nomenclatura oficial, SARS-CoV-2. Este virus que brotó en una provincia del suroeste de
China en noviembre de 2019, y tras extenderse en Asia, principalmente a Japón, Corea del Sur, Singapúr y Taiwan, se movió
hacia el oeste estableciendo dos focos secundarios de expansión: uno en Irán y, unos días más tarde, otro en el norte de Italia.
Parece muy probable que su origen esté, una vez más, en un coronavirus de los muchos que infectan a los murciélagos. Tal
vez, el pangolín malayo haya jugado ahora el mismo papel de especie puente que jugó la civeta con el SARS-CoV-1, pero
esto es, por ahora, solo una especulación (Banerjee, 2019). La infección por SARS-CoV-2 presenta un amplio espectro de
síntomas, que van desde síntomas leves de las vías respiratorias superiores, infección del tracto respiratorio y sepsis potencial-
mente mortal. Este virus hasta la fecha del 3 noviembre 2020 ha afectado a más de 200 países, con 47.742.174 casos y
1.217.930 fallecidos (Rodríguez et al.,2020; Xu et al.,2020; Meo et al.,2020; Wiersinga et al.,2020).
En vista de la rápida e inesperada propagación del SARS-COV-2, surgieron numerosas ofertas en el contexto diagnóstico.
Entre las principales prioridades para facilitar las intervenciones de salud pública en los pacientes se encuentra el diagnóstico
de laboratorio. El diagnóstico de esta enfermedad se basa actualmente en la detección de ácidos nucleicos utilizando la técnica
de PCR en tiempo real [RT-PCR]. Sin embargo, la implementación de esta metodología en países en desarrollo presenta
algunas limitantes como el tiempo de respuesta que pueden tomar más de 4 o 5 días para la emisión de los resultados; la
acreditación o certificación del laboratorio, equipos costosos y un personal capacitado para la implementación de esta,
además, que muchos de los reactivos e insumos deben ser importados debido a la falta de capacidad de producción en el país.
Otro aspecto importante es en cuanto a los resultados, los cuales van a depender del tipo de muestra utilizada, como el aspirado
traqueal y el lavado/cepillado bronquial, los hisopados orofaríngeos y nasofaríngeos. Todos estos factores para la
implementación de estas pruebas moleculares son aplicables en laboratorios de referencia en las ciudades donde la
infraestructura y equipamientos están disponibles, mientras que el diagnóstico en ciudades pequeñas o áreas rurales se
convierte en un gran reto, ya que las muestras deben ser remitidas a laboratorios de referencias bajo ciertas condiciones que
eviten la degradación del RNA, el cual es muy lábil a los cambios de temperatura (Meo et al., 2020). Debido a esto, surge
también la utilización de pruebas inmunoserológicas, como alternativa diagnóstica. Estas pruebas detectan tanto en sangre,
suero o plasma, los anticuerpos como respuesta a la infección por SARS-CoV-2. Las metodologías utilizadas son las pruebas
de inmunoensayo enzimáticos ELISA e inmunocromatografía flujo lateral con partículas de oro coloidal y se debe considerar
su amplio uso, básicamente con fines epidemiológicos y de esta forma determinar la dinámica de la transmisión del virus en
una comunidad (Younes et al.,2020; Amanat et al., 2020).
¿Cuándo PCR y cuando prueba rápida?
La respuesta a esta interrogante va a depender del escenario que se presente. Muchos países anunciaron compras masivas de
pruebas rápidas (inmunocromatográficas para el diagnóstico de COVID-19, los cuales presentan diversa utilidad frente a los
distintos escenarios de transmisión en cada país y por ello es primordial saber en qué situaciones deben ser utilizadas. En
zonas donde existen pocos casos de infección es recomendable la realización de pruebas moleculares, con el fin de obtener
un diagnóstico rápido y adecuado, y la aplicación de medidas de contención oportunas. Sin embargo, si la transmisión
comunitaria se mantiene, la aplicación de pruebas moleculares a todos los casos sospechosos resultará poco eficiente, ya que
puede saturar los servicios de salud, debido a la sobredemanda, al tiempo y al elevado costo de este tipo de prueba; en estos
casos una prueba rápida tiene mayor eficiencia. Los primeros marcadores de serología detectables en sangre son los anticuerpos
totales seguido de IgM e IgG, con un tiempo medio de seroconversión evidente entre 15, 18 y 20 días después de la exposición
lo cual es útil debido a que su detección servirá como un indicativo de infección (8,10). Estudios recientes describen la cinética
de aparición de anticuerpos frente al virus en personas infectadas, indicando que la mediana de seroconversión fue de 13 días
desde el inicio de síntomas, tanto para IgM como para IgG y el 100% de los infectados había seroconvertido a los 20 días del
inicio de síntomas.
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ARTÍCULO ACEPTADO: 08/12/2020
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Debido a esta situación, este tipo de ensayos resultan útiles para el rastreo de contactos, la vigilancia serológica, identificación
de pacientes que sufrieron la enfermedad y que pueden ser inmunes y para la detección de pacientes con RT-PCR negativa en
fase de convalecencia. La aplicación simultánea de PCR y la detección de niveles de anticuerpos puede mejorar la sensibilidad
diagnóstica de COVID-19, lo cual contribuiría a identificar personas infectadas con cuadros atípicos o con infecciones subclínicas
(Zhao et al., 2020; Long et al., 2020; Xiaoqin et al., 2020). Cuando se realizan estudios retrospectivos sobre la presencia de
anticuerpos contra SARS-CoV-2, la mayoría de los pacientes que resultan positivo desconocían que estaban infectadas
previamente, y la probable fecha de contagio. Por lo tanto, el período de incubación del virus es imposible de determinar con
precisión, así como el rango de días después de la infección en que la IgM y la IgG comienzan a desarrollarse. Esto hace que
sea imposible construir un modelo preciso de anticuerpos basado en los datos actualmente disponibles, a pesar de los numerosos
y hermosos gráficos que muestran este modelo en forma idealizada. Existe evidencia científica para pensar que un alto
porcentaje de los pacientes con COVID-19 desarrollan anticuerpos protectores (Long et al., 2020; Gao et al., 2020).
En conclusión, las pruebas rápidas en la práctica clínica pueden servir de apoyo al diagnóstico de los pacientes con más de
una semana de inicio de los síntomas. Sin embargo, su resultado tanto positivo como negativo, no debería ser lo único que
prevalezca a la hora de hacer el diagnóstico. En un paciente infectado con el SARS-CoV-2 el diagnóstico no debe depender
de una sola prueba, debe ser el resultado final de la evaluación crítica por parte del médico tratante y otros profesionales de
la salud, de los resultados que incluyen imágenes (tomografías, radiografías, ecosonografía), biomarcadores hematológicos,
bioquímicos e inflamatorios de laboratorio clínico y pruebas microbiológicas específicas para la detección directa o indirecta
de la infección (Aguilar et al., 2020).
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