ofreciéndoles reembolsos en efectivo o incentivos para
utilizar más dichas aplicaciones de servicios de pago digital
y realizar sus transacciones.
En las áreas urbanas y rurales donde la compra y venta de
artículos esenciales a través de dinero en efectivo resultaba
complicada, los pagos digitales han ayudado a los
vendedores a incrementar sus ventas y mejorar su
experiencia al permitirles recibir pagos digitales
directamente en sus cuentas bancarias (Khatri, 2023). Esto
también ha reducido la necesidad de realizar depósitos
bancarios en un momento en que incluso las sucursales
bancarias estaban cerradas. Los pagos digitales facilitan a
la población liquidar sus obligaciones, incluso desde lugares
remotos, y brindar apoyo a quienes lo necesitan, los pagos
digitales no están limitados por la ubicación geográfica ni la
ubicación de los pagadores o beneficiarios (Shah & Bhatt,
2023), lo que ha resultado muy útil para abonar servicios
públicos como la factura de electricidad, el combustible y las
cuotas escolares o universitarias, los alquileres de
viviendas, y han facilitado considerablemente la gestión de
inversiones.
En el contexto peruano, el gobierno central, consciente de
los beneficios que derivan del acceso de los hogares al
mercado financiero, ha formulado una estrategia de
inclusión financiera con el propósito de implementar
diversas medidas destinadas a incrementar la tasa de
bancarización a nivel nacional (Centro de Estudios
Monetarios Latinoamericanos, 2018). Los avances
experimentados en el entorno financiero han contribuido a
reforzar la solidez y solvencia del sistema, facilitando con
ello las operaciones financieras. No obstante, a pesar de los
progresos que ha experimentado la bancarización en Perú
en términos de su penetración y de la diversidad de
servicios financieros disponibles, los indicadores de este
proceso muestran un rezago en comparación con naciones
como Chile, Brasil o Colombia.
La Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) en Perú,
firmada mediante el Decreto Supremo N° 255-2019-EF
(2019), se erige como el marco que orienta las políticas
relativas a la inclusión financiera, definiéndola como el
acceso y uso de Servicios Financieros de calidad por parte
de la población. En este contexto, la inclusión financiera se
concibe como un proceso destinado a mejorar el bienestar
de la población mediante la accesibilidad a los mercados
financieros. En este sentido, el acceso se refiere a la
existencia de una infraestructura y puntos de atención que
permitan a la población utilizar productos y servicios
financieros, el uso está condicionado por la oferta de
servicios financieros que se adapte a las necesidades de los
consumidores y a la confianza que estos tengan en dichos
servicios, y la calidad se relaciona con la idoneidad en la
oferta de productos y servicios financieros, garantizando al
mismo tiempo la protección del consumidor.
Es innegable que Perú ha experimentado notables avances
en materia de inclusión financiera en los últimos años. De
acuerdo con datos proporcionados por la Superintendencia
de Banco, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones (2021), la tasa de créditos pasó del 40,44%
en diciembre de 2016 al 44,66% en diciembre de 2021,
mientras que los depósitos aumentaron del 38,71% en 2016
al 46,65% en 2021. Además, la expansión de puntos de
acceso al sistema financiero en todo el territorio peruano ha
contribuido a un incremento en la disponibilidad de
productos y servicios financieros.
En los últimos años, se ha observado un crecimiento
significativo en el uso de medios digitales, lo que ha dado
lugar al fortalecimiento de la industria tecnológica en el
sector financiero, la cual ha adquirido mayor relevancia en
el contexto de la crisis sanitaria. La pandemia ha actuado
como un catalizador en la consolidación de la industria
referida, que promueve productos innovadores que pueden
mejorar la accesibilidad, la asequibilidad y la utilidad de los
servicios financieros básicos (Fay, 2021).
De este modo, se evidencia que los avances en términos de
acceso a tecnologías relacionadas con la digitalización de
servicios se han vuelto imperativos tanto para las empresas
como para los hogares. Perú presentaba un uso
relativamente bajo de internet en comparación con otros
países de la región, con solo el 45% de la población peruana
haciendo uso de la red. No obstante, a partir de 2020, el uso
de tecnologías a través de internet, teléfonos móviles y
tabletas experimentó un rápido crecimiento como medida
para evitar el contacto físico (Salas Quenta et al., 2022).
Este proceso de digitalización también ha llegado a la
población en diversos aspectos (Demirgüç-Kunt et al.,
2022): el porcentaje de adultos con una cuenta bancaria se
incrementó al 57%, lo que representa un aumento de 14
puntos porcentuales con respecto a 2017; el 38% de los
adultos llevó a cabo algún tipo de pago, mostrando un
incremento de 13 puntos porcentuales en comparación con
2017; y el 10% de los adultos indicó haber abierto su
primera cuenta de ahorro para recibir asistencia estatal a
través de la Cuenta DNI y otras cuentas digitales. Sin
embargo, a pesar de los avances en inclusión financiera
impulsados por la digitalización, es importante destacar que
todavía existe un porcentaje significativo de adultos en Perú
que carecen de acceso a servicios financieros básicos.
Según Beck y De la Torre (2006), las limitaciones o barreras
a la inclusión financiera suelen ser de naturaleza geográfica
(especialmente en zonas rurales remotas y dispersas),
socioeconómica (incluyendo costos elevados y
discriminación de género o etnia), y de oportunidad (como
la falta de garantías o la ausencia de pertenencia a una red
bien conectada).
A pesar de la abundancia de investigaciones que han
abordado los determinantes y facilitadores de la adopción y
utilización de los servicios de banca electrónica, existe una
reducida atención otorgada a los factores demográficos que
inciden en la adopción de esta innovadora modalidad, sobre
todo en mercados emergentes. Para llevar a cabo una
indagación integral y contextualmente informada sobre la
influencia de las variables demográficas en el proceso de
adopción de los medios de pago digitales, resulta imperativo
realizar un examen detenido de la literatura académica
previa que ha explorado dicha temática.