LEGISLACIÓN Y SALUD EN AMÉRICA LATINA

Abstract

La legislación representa uno de los grandes caminos de la humanidad hacia la civilización, promotora del desarrollo de las sociedades y herramienta fundamental para orientar la política pública (1). El Estado encuentra en la legislación el conjunto de preceptos para el desarrollo de su actividad y la consecución de sus fines, siendo necesaria la efectiva participación de los diferentes actores sociales en la ejecución y control de las políticas públicas diseñadas para solucionar un problema o responder a las demandas de la población.

En líneas generales, el derecho a la salud universalmente reconocido comprende el acceso oportuno, aceptable y asequible de las personas a servicios de atención sanitaria de calidad suficiente, e impone al Estado la obligación de garantizar condiciones mínimas de salud pública a la sociedad. En efecto, el Estado a través de la legislación se convierte en garante del ejercicio de este derecho humano, mediante la creación de instrumentos normativos que orienten políticas públicas adecuadas, capaces de equilibrar los intereses contrapuestos y alcanzar la equitativa con justa inclusión de las personas al acceso a la salud.

Asimismo, el derecho a la salud es una institución jurídica basada en nociones constitucionales como derecho fundamental amparado por legislación supranacional y tratados internacionales, dentro de los cuales, los países latinoamericanos se encuentran suscritos desde hace más de cinco lustros. La garantía del derecho a la salud, con fundamento en las cartas magnas de países suramericanos, cuenta con la articulación y el carácter tuitivo de los Estados en el marco de la justicia distributiva, la naturaleza del bien jurídico es asociado al concepto del bien común, construido con objetivos sociales colectivos perseguidos por las sociedades, cuyo propósito es adaptarse a las necesidades cambiantes en cada contexto situacional (2).

En virtud de lo anterior, corresponde al Estado la facultad normativa de regular el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el derecho a la salud mediante la adecuación de su ordenamiento jurídico a las nuevas exigencias de la sociedad, ajustando sus políticas públicas hacia la protección de los más desprotegidos. Esta tarea representa un gran desafío, pues alrededor del bien jurídico tutelado se encuentran valores inherentes a la dignidad humana que reclaman su reconocimiento.